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Miles de personas de diversos grupos indígenas llegan a la Ciudad de México con la expectativa de superar la miseria padecida en sus pueblos de origen. Pero en la capital del país apenas encuentran comida de mala calidad y trabajo precario, cuando lo hay. Sin tierra, son los olvidados en la gran urbe: aquí enfrentan discriminación, abuso y pobreza urbana. El Inegi estima que son aproximadamente 120 mil; pero la Sederec, del Gobierno del Distrito Federal, señala que son más de 400 mil y reconoce que no ha destinado los recursos suficientes para los programas de atención a los pueblos originarios

 

Viviana escuchó de su hijo que tenía que presentarse en la escuela secundaria para conocer y firmar las calificaciones. Enseguida, el adolescente le suplicó que, “¡por favor!”, no acudiera a la institución vistiendo como normalmente lo hace: falda larga estampada, blusa de algodón con holanes y bordados de colores, huaraches.

Su hijo de 13 años de edad, que cursa el primer grado de secundaria, lloraba y le advertía que sus compañeros lo volverían a molestar por verla vestida así. “Le dicen que su mamá es una india y él se siente mal”, relata la mujer wirrárica (o huichol), originaria del municipio más pobre de Jalisco:Mezquitic.

Hace 5 años llegó a la Ciudad de México. Trató de escapar de la miseria que priva en la comunidad jalisciense de Santa Catarina, donde el trabajo escasea, el acceso a la salud está imposibilitado, no hay servicio eléctrico, las casas son construidas con piedra y lodo, y la alimentación depende del maíz y el frijol de autoconsumo.

Viviana Reyes López tiene 30 años de edad. Es artesana y madre. Un “buen día” decidió venir con su esposo e hijos a ver cómo les iba en la capital. Contactaron a familiares que vivían en el pueblo de San Andrés Totoltepec, en la delegación Tlalpan, y emprendieron la búsqueda de un mejor nivel de vida.

 “Santa Catarina está en la sierra de Jalisco; allá hay mucha pobreza. Me gusta porque es mi pueblo y es tranquilo; está bonito porque no hay mucha maldad como aquí. Lo único que no me gusta es que no hay trabajo en el que te paguen bien para comer, vestir o calzarte. Es lo único que nos hace falta”, dice.

La región jalisciense ha sido calificada con grado de marginación “muy alto”; es el municipio con más bajo Índice de Desarrollo Humano de todo el estado y el onceavo a nivel nacional, según el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Allá, Viviana dejó a su madre sola: sus siete hermanos también abandonaron la sierra conforme formaban sus propias familias. Ahora están dispersos en Guadalajara, Durango y el Distrito Federal. Todos probando suerte.

Al llegar a la urbe sintió miedo. Vivía encerrada, no sabía cómo trasladarse de un lugar a otro. Temía perderse. Todas las calles le parecían iguales. Casi no hablaba español. De leer y escribir, apenas sabe lo que pudo enseñarle su esposo, quien alcanzó a estudiar hasta el tercer grado de primaria.

Sus hijos se adaptaron fácilmente a las nuevas condiciones de vida. Les gusta ver televisión, viajar en transporte público, la escuela. Viviana tiene la esperanza de que ellos lleguen a tener un “buen empleo” cuando sean un poco más grandes.

 “Yo les digo que le echen ganas [a los estudios] porque ellos no saben cómo nos va a nosotros. A veces nos desesperamos porque no sacamos ni para las tortillas. Así, si estudian, el día que no quieran hacer este trabajo [el de las artesanías] sabrán otro; a lo mejor pueden trabajar en un restaurante o una tienda”, dice.

Y es que la “fortuna” que vino a buscar no llega: sus ventas diarias van de los 50 a los 60 pesos. En un mal día, puede ganar menos. En un buen día, cuando le compran alguna de sus obras más elaboradas, hasta 500 pesos. Pero son escasas las jornadas con éxito.

Derechos humanos vulnerados

Viviana es una de miles de personas originarias de otros estados y pertenecientes a un grupo étnico que viven en la Ciudad de México. Su condición indígena y de pobreza las coloca en una situación de vulnerabilidad, expuestas a la discriminación y la violencia constante.

Karla Valeria Gómez Blancas, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos, Barrios y Atención a Migrantes, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, comenta que no existe un diagnóstico real de las comunidades migrantes en la capital del país. “Las cifras que se tienen están muy disparadas. Muchos de ellos no tienen documentos y en una situación de procuración de justicia están completamente indefensos porque no saben cómo comunicarse”.

Y es que mientras los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apuntan que en el Distrito Federal hay 122 mil 411 personas de 5 años y más que hablan una lengua indígena (lo que representa menos del 1 por ciento de la población), la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), del gobierno capitalino, tiene registro de 400 mil indígenas migrantes que viven aquí.

El Inegi también documenta que de cada 100 personas que declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan español. Los datos oficiales muestran que el náhuatl es la lengua más hablada, con 33 mil 796 personas. Le siguen el na’saavi (o mixteco), con 13 mil 259; el hñahñú (u otomí), con 12 mil 623; y el ha shuta enima (o mazateco), con 11 mil 878 hablantes.

Gómez Blancas, diputada por el Partido Revolucionario Institucional, alerta que además de la falta de apoyos, muchos de los migrantes que se instalan en la Ciudad de México son víctimas de la delincuencia organizada: “Estamos cerrando los ojos a la explotación, no hay algo que lo frene; son temas que se han rezagado con el tiempo y no se atienden”.

Expone que la falta de empleo y la alimentación precaria que enfrentan los pueblos originarios responden a que el nivel de vida en la capital es caro. Antes se les veía en el comercio informal, ahora ya no está permitido, dice en entrevista con Contralínea.

Ciudad sin esperanza

María reposa sobre un tapete bordado. El frío comienza a calar en los primeros días de invierno. Su cuerpo fatigado se mueve lento. La voz es tenue, casi inaudible. Todo le duele, dice en precario español.

Hace 1 año tropezó, se lastimó la cadera. Era candidata a cirugía pero la diabetes hizo imposible la operación: el riesgo era alto. Las recomendaciones médicas fueron: medicamento, reposo, dieta y bajar los niveles de azúcar para poder ser intervenida quirúrgicamente.

Sin embargo, no ha habido seguimiento apropiado a su caso. El tratamiento médico debe ser interrumpido por la falta de recursos. Parece que muere lentamente en un cuarto frío y húmedo de apenas 3 por 4 metros, sin muebles, rodeada de montones de cartón, telas y algunos hilos que sirven para las artesanías que realizan sus familiares.

María también vive en la Ciudad de México, en el céntrico mercado de artesanías de la Ciudadela, en la delegación Cuauhtémoc, donde, aparentemente, se tiene acceso a medios de transporte, agua, luz, trabajo, salud, empleo. Ella es indígena triqui, originaria de la región de San Juan Copala, Oaxaca.

Vive con su esposo, Juan Martínez Merino, quien no sabe exactamente el año en que nació. Llegó al Distrito Federal y tramitó su acta de nacimiento con la fecha de 1947; luego se enteró que era de 1944. Su esposa está en la misma situación.

“Cuando llegó Lázaro Cárdenas a nuestro pueblo dijo que iban a abrir la carretera para que saliéramos a vender los telares que hacen las señoras y que nos iba a ir bien”, relata. Se abrieron los caminos y viajaron a Oaxaca, donde hicieron sus primeras ventas. Al paso de los años decidieron venir a la capital del país.

Era 1975, las oportunidades para los artesanos indígenas eran alentadoras para salir de la extrema pobreza que padecían en sus lugares de origen. “Cuando llegamos, salíamos con un señor que organizaba exposiciones artesanales por las 16 delegaciones, pero ahorita ya se cayó la venta. Sacamos lo necesario para vivir, nada más.

 “La gente piensa que las artesanías que tejemos son muy caras; un telar hecho a mano, que tarda 1 semana en hacerse, cuesta 300 pesos. Es mucho el trabajo que hay en él y no lo quieren pagar”, lamenta.

Ante la escasa venta de huipiles o artesanías más elaboradas, Juan Merino ha decidido surtir su local con mercancía “barata”: diademas, pulseras, monederos que no rebasan el costo de 30 o 50 pesos. “Llevamos unos cuantos años aquí, pero no hemos avanzado nada”, dice.

 “Cuando el gobierno [capitalino] quiere ganarse a la gente, dice que hay apoyos y que va a ayudar a los artesanos, pero nada. Voy a preguntar, a pedir los apoyos prometidos y no, que no hay. Nosotros necesitamos comprar hilo y materiales”, reclama.

—¿Qué más les hace falta?

—Las mujeres han decidido salir a vender a las calles, pero tampoco hay espacio. Llega la camioneta [delegacional que impide el ambulantaje] y ya no las deja. Nos hace falta trabajo.

Antonia Martínez es su hija. Tiene 29 años de edad. Es madre de tres pequeños y atiende a sus padres. Para ella la vida en la ciudad se juega día con día. La dieta de su familia consiste, principalmente, en una comida cada 24 horas, basada en caldo de pollo o res (elaborado con retazos) o huevo con salsa y tortillas, “lo que se pueda”. No más.

Regresar a su comunidad es imposible, porque aunque allá hay donde sembrar, es muy difícil vivir. La división social ha puesto en pugna a sus propios habitantes. Sobreviven en medio de la violencia armada, ataques entre comunidades, pobreza y abandono oficial.

San Juan Copala pertenece al municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, con un índice de marginación “muy alto”: ocupa el lugar 115 de los municipios más pobres del estado, de un total de 570, reporta el Conapo.

 

Investigadores avizoran incremento migratorio

El documento La comunidad indígena en el contexto urbano. Desafíos de sobrevivencia, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, sugiere que para 2025 el 55.2 por ciento de la población total del país se concentrará en zonas metropolitanas. Los indígenas no quedarán al margen de esta tendencia, ya que uno de cada tres vive hoy en ciudades.

La investigación del CESOP indica que “las comunidades indígenas del país, en su gran mayoría, se encuentran en condiciones de marginación y pobreza: carencia de servicios públicos, ausencia de instituciones educativas y de salud, cuestionable respeto a sus derechos humanos y sociales, el olvido, el desempleo y niveles de desarrollo humano por debajo de la media nacional. Éstos son tan sólo algunos de los problemas que las caracterizan.

 “La falta de oportunidades, los bajos niveles de desarrollo humano, la marginación y la pobreza se convierten, por tanto, en un incentivo para que la población indígena decida dejar sus territorios y migre hacia los centros urbanos.”

Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos, antropólogo e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dice en entrevista que el estudio del fenómeno migratorio al Distrito Federal se ha abordado desde antes de la década de 1960 como resultado de las crisis económicas y el abandono del campo por parte del Estado. “El fenómeno migratorio es multicausal, pero la crisis económica lo detona, se acentúa después de la instalación de las políticas neoliberales”, expone.

 “Vemos cómo llegan y viven sumamente precarios, con empleos de salarios bajos, subempleos. Construyen una red social de manera que todas las necesidades básicas esenciales sean resueltas entre todos ellos. Recrean sus propios procesos al interior de la ciudad y mantienen su membresía étnica, celebran sus fiestas patronales y crean una multilocalidad de su identidad”, comenta Ordóñez Mazariegos en entrevista con Contralínea.

Sin embargo, dice, no existe una ley expresa respecto de las comunidades indígenas que viven al interior de la Ciudad de México, y esto es una deuda histórica. Con esa ley no sólo se trataría de hacer una visibilización de los grupos, sino de los derechos que tienen para acceder a la salud, educación y a una vida digna.

Mazahuas, décadas de abuso

 “¡La Julia!”, así le decían a la camioneta que significaba el terror de las comerciantes, vendedoras de fruta de temporada en las calles del primer cuadro de la ciudad. De ahí bajaban los oficiales de policía, “agarraban a nuestras mamás de las trenzas, le echaban gasolina a la fruta, les cortaban el cabello, había gente que estaba embarazada y la pateaban”. Así es como recuerda Josefina Flores sus primeros días en la Ciudad de México.

Originaria de San Antonio Pueblo Nuevo, Estado de México, la indígena jñatio (o mazahua) lleva décadas entre las principales calles del Centro Histórico sorteando la vida, expuesta a la discriminación, el abuso y el desempleo.

Vive en un predio expropiado cuando Andrés Manuel López Obrador estaba al frente del Gobierno del Distrito Federal, en la calle de Mesones. Ahí hay otras 57 familias que cada vez se hacen más grandes y que ocupan los departamentos otorgados a crédito por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal.

“Nos vinimos para acá por necesidad. Eso fue en 1940, cuando llegaron nuestros abuelos, porque no había qué comer allá. Yo vine ya grandecita, tenía como 7 u 8 años [de edad]. Me traían y me llevaban porque tenía que trabajar aquí y allá. Éramos tres huérfanos que vivíamos con un tío. Mi mamá venía aquí a hacer la lucha para que nos pudiera dar de comer”, relata Josefina.

Han pasado más de 60 años desde las primeras migraciones de ese pueblo y fue hasta 2007 que esta comunidad pudo tener un espacio digno donde vivir, el mismo que pagan mes con mes.

Sin embargo, la falta de empleo pone en riesgo la economía de estas familias, que no dejan de crecer.

Las disposiciones del Gobierno del Distrito Federal impiden el ambulantaje en las principales calles de la ciudad, actividad a la que se dedicaban primordialmente.

—¿Cómo recuerda su infancia?

—Estábamos acostumbrados a trabajar en el campo. Yo era pastora. Ahí jugábamos, pero teníamos que estar al pendiente de los animales que cuidábamos.

 “Cuando me trajeron para acá tenía como 10 años. Primero vivía en Martínez de la Torre; después por Zaragoza, rumbo a la carretera de Puebla; luego en la colonia Moctezuma, donde vendíamos limas reales. Mi mamá vendía en la calle de Correo Mayor, en el Centro.

 “Hablaba sólo mazahua, nada de español. Se me hizo un poco difícil aprenderlo. Yo decía: ‘es que no me va a salir pronunciarlo’. Luego empecé a trabajar con una señora que me enseñaba cómo decir las cosas.”

—¿Ha sufrido discriminación?

—Sí, y sigue. Nosotros usamos nuestro traje mazahua pero ya casi no me lo pongo, porque cuando vamos a algún lado nos miran feo.

Josefina es una de las principales promotoras de apoyos para la comunidad mazahua en el Distrito Federal. Gestiona recursos para sus compañeros. Se mantiene de la venta de bordados y manteles que sus hijos ofrecen en los mercados.

Avanza lentamente. Es de las pocas que han conseguido un bienestar para su gente fuera de su lugar de origen. Sin embargo, todos los días ve cómo sus vecinos, compañeros y familiares no tienen donde trabajar.

Cuenta que y cuando se atreven a salir a las calles “se la pasan toreando a la policía para que no los levanten con su mercancía. Eso no es vida. Tratamos de encontrar un espacio donde vender, tener un empleo; ya tenemos muchos años así, no somos nuevos”, dice.

Sederec, falta de presupuesto

Hegel Cortés Miranda, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, acepta la falta de atención y visibilización que hay en torno a las comunidades indígenas migrantes en la Ciudad de México. A ello se suma el precario presupuesto que, calcula, debería ser tres veces mayor para ampliar los programas de atención a estos grupos.

Sin embargo, expone que la dependencia que encabeza tiene la tarea de instrumentar políticas públicas que generen, principalmente, la visibilización de más de 400 mil personas indígenas por autoadscripción.

Esta política de visibilización, explica, se hace a través del otorgamiento de una tarjeta de huésped migrante. Con ella se les da nombre, pertenencia a un grupo étnico, seguros médico y de desempleo, derechos sociales y humanos.

Lo anterior, dice en entrevista con Contralínea, también responde a la necesidad de sensibilizar a todas las dependencias públicas y a la misma sociedad, porque estos grupos sociales están permanentemente sujetos a discriminación por su color de piel, estatura, forma de hablar y vestir.

 “Con la tarjeta van a tener derecho a medicamento, acceso a hospitales y clínicas del sector salud, a un seguro de desempleo (con un salario mínimo al día, por 6 meses).

 “Buscamos generar una política de apoyos y becas para los niños, alimentarias y educativas, con 1 mil 800 pesos mensuales hasta concluir la educación media básica para ir igualando la desventaja social, económica, cultural, educativa en la que se encuentran”, dice Cortés Miranda.

Además, la Sederec pretende llevar a cabo la construcción del Centro de la Interculturalidad de México, que necesita de una inversión de 35 millones de pesos. Éste sería un espacio para tratar todos los temas relacionados con las comunidades migrantes, barrios y pueblos originarios. Aquí se desarrollarían talleres, mesas, debates, discusiones y programas de atención.

El secretario capitalino comenta que además se está impulsando una ley de asuntos indígenas en el Distrito Federal, la misma que lleva más de tres legislaturas en la congeladora. “Una vez aprobada sería un caso inédito”, indica.

No obstante los buenos propósitos: proyectos de programas, de talleres y la creación de una ley, la Sederec enfrenta la dotación de un presupuesto insuficiente para el desarrollo de sus funciones.

Cortés Miranda puntualiza: “Es una lucha que tenemos que dar: la Sederec no cuenta con el mejor presupuesto. Tan sólo para programas contamos con 150 millones de pesos, cuando la demanda es casi por el triple; no entramos en los proyectos de vivienda o productivos; necesitamos elaborar una política de trabajo que integre plazas comerciales, artesanales y sacar toda la cuestión de retraso económico de estas comunidades”.

 

Infografía

 

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Fuente: Contralínea 366 / 

 

 

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