La llamada democracia representativa, es decir, presidentes municipales, gobernadores, diputados estatales y federales, senadores y el presidente de la República (si es que al menos permanece en el papel), así como los funcionarios designados por nombramientos como jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, directamente o en complicidad con los enemigos de los derechos de libertades constitucionales no han dejado de embestir, sobre todo, a los medios de comunicación escritos en sus modalidades de periódicos y revistas que se editan en todo el territorio.
Una y otra vez, con el autoritarismo de los funcionarios y las perversas resoluciones judiciales que se compran con sobornos o influencias, atacan y violan esos derechos humanos para tratar de silenciar la información, censurar las opiniones e impugnar los análisis de reporteros, columnistas, investigadores y caricaturistas, no solamente con agresiones, secuestros, desapariciones, exilios y homicidios, sino también con inquisiciones administrativas y judiciales, no sin antes intentar y consumar censuras a la “libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”.
Incluso los particulares abusan de su poder económico para sobornar y de sus relaciones con jueces, magistrados y ministros del fuero estatal-municipal y del fuero federal, y constantemente están ejerciendo toda clase de presiones administrativas y judiciales para imponer la censura previa al enterarse que aparecerá alguna investigación periodística; o solicitar sanciones civiles y/o económicas por las que ya se han publicado. Y hoy, con la ley reglamentaria del derecho de réplica, sobre todo el periodismo de reporteros, está más en la de limitar las libertades de prensa a su mínimo ejercicio en los medios de comunicación. La democracia representativa ha endurecido autoritariamente las medidas que violan los derechos de los periodistas. Así obtienen sentencias judiciales para suspender el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llegando al extremo de establecer, administrativa y judicialmente, con el apoyo legislativo, “un gobierno contrario a los principios que ella sanciona”.
Estamos en vías de que se establezca un gobierno que contrarreforme la Constitución para ponerla de acuerdo con los fines antidemocráticos de la nación. Hay síntomas de un golpe de Estado para acabar con la democracia directa; con la manifestación directa de ciudadanos, estudiantes, campesinos, maestros, trabajadores y todos los que sufren injusticias o sus peticiones no son atendidas. Y cancelar hasta la democracia representativa para instalar un gobierno de facto, empezando por arremeter contra los derechos de los mexicanos.
Entre esos derechos están las libertades de prensa, que han sido sitiadas con homicidios, agresiones y resoluciones judiciales, como las dictadas por el Juzgado Noveno de lo Civil del estado de Jalisco contra la revista semanal Contralínea. Primero sin el debido proceso, que debió radicarse en la Ciudad de México y no en la jurisdicción jalisciense, donde los demandantes gozan del favoritismo y la impartición parcial de justicia. Segundo, ese aparente juicio civil se llevó a cabo en secreto (si es que fue un proceso con todas las de la ley), sancionando con la orden de rematar la vivienda del director de Contralínea, Miguel Badillo, para pagar la sanción o multa. Tercero, el Juzgado nunca puso en conocimiento de Contralínea ni de su director citación alguna para comparecer en un proceso civil que debió realizarse en la capital del país, que es donde se edita y publica la revista sobre la que pesa la resolución de un juzgado que actuó como juzgado privado y tribunal especial, al no cumplirse las formalidades esenciales de un procedimiento.
Esto es hacerse justicia por propia mano del juzgador y la demandante.
Desde 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 57/2009 –dirigida al Poder Judicial del estado de Jalisco– contra el abuso de poder de funcionarios judiciales que estaban violando derechos de libertades de prensa de los reporteros y el director de Contralínea. Demandante y juez de lo civil han pisoteado la Constitución, violando los derechos humanos y sus garantías, para dictar una sentencia infundada jurídica y constitucionalmente. Porque la revista Contralínea, editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV, se ha fijado sujeta a la jurisdicción de la Ciudad de México en todo lo concerniente a la competencia de los tribunales del Distrito Federal y federal, ya que en esta doble jurisdicción se edita Contralínea.
Esta enésima embestida a la revista Contralínea para que desista de informar veraz y contrastadamente, así como de opinar y analizar las cuestiones del país, no mellan su ejercicio de las libertades de prensa hasta las últimas consecuencias. “Ladran [los perros], Sancho… Luego cabalgamos…”.
*Periodista
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Contralínea 365 / 16 – 22 de diciembre de 2013
