Se buscan presos

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El número de presos en Estados Unidos se ha multiplicado por seis en 30 años, lo que se traduce en 2 millones de personas, la mayor población carcelaria del mundo. La mitad de los reclusos son inmigrantes indocumentados en manos de las cárceles privadas o “correccionales”. Con la externalización de las prisiones, grandes empresas del sector ya han creado su negocio: a más presos, más beneficios. Cuanto más tiempo se queden los reclusos entre rejas, más dinero de los contribuyentes irá a los bolsillos de las grandes corporaciones. Este sistema penitenciario antepone así el castigo a cualquier programa de reinserción social.

El problema reside en las leyes que criminalizan a los inmigrantes. Han aumentado las penas por ofensas que hace unos años se consideraban leves y podían resolverse mediante una multa. Ser deportado de Estados Unidos y reingresar en el país es motivo de encarcelamiento. Si a ello le sumamos que la mayoría de detenidos por “delitos” migratorios terminan en una cárcel privada, podemos deducir que los empresarios han encontrado un mercado rentable. También los consejeros de Wall Street recomiendan al público comprar acciones de compañías de prisiones privadas, como CCA y GEO.

Estos centros ni siquiera son controlados por la administración pública:

“Por ley, no puede haber monitoreo de prisiones subcontratadas. Aunque hay guías establecidas para las condiciones mínimas, no se cumplen. Se salen con la suya en todo”, explica Peter Cervantes-Gautschi, director de la organización Enlace.

Mientras la tasa total de prisioneros ha aumentado en un 50 por ciento, la población carcelaria en centros privados ha crecido en un 350 por ciento, revelan estadísticas federales. Según el director del grupo Más Allá de las Rejas, Jesse Lava, los estudios muestran que si alguien tiene una prisión privada y un contrato con el Estado o el gobierno local, tiene asegurado un número de ocupantes en sus instalaciones, con independencia de que la criminalidad baje o no. El interés de los gobiernos locales se debe a la riqueza económica que produce el sector. En Estados Unidos, las cárceles emplean a más personas que la General Motors, Ford y Walmart juntas.

En Cañon City, Colorado, hay 14 centros penitenciarios con 8 mil presos. George Turner, que fue director de la Cámara de Comercio, ya advirtió: “Lo necesitábamos para revitalizar nuestra economía”. Hasta los escolares donaron 2 o 3 dólares para construir más cárceles. “Los ciudadanos quieren que las prisiones estén aquí”, aseguraba Turner. Es un ejemplo de las muchas regiones del país dependientes de que los presos sigan presos.

Cualquier persona puede participar en este negocio. “Mi mujer y yo diseñamos esta silla de sujeción para los reclusos de nuestra cárcel. La fabricamos en la cochera de la casa. A nuestro vecino, que es comisario, le gustó y nos empezó a hacer encargos. Así creamos nuestra empresa”, dice un propietario anónimo.

El veterano de la guerra de Vietnam Gerald K Hege, cuyas funciones han sido restringidas, dirigió una prisión con 300 reclusos en Carolina del Norte. Detrás de las paredes rosas de sus celdas, los presos no tenían acceso ni a leer un libro. “Les basta con la Biblia”, sostenía Hege. “No les queda más remedio que seguir mis normas”. Cuando el Estado no gestiona ni vigila las cárceles, ésta es la consecuencia.

Las grandes multinacionales no pierden la oportunidad de sacar tajada. Microsoft, Starbucks y Colgate son algunas de las empresas que se benefician con la mano de obra barata que proporcionan las cárceles privadas en Estados Unidos. Incluso instalan sus factorías dentro de los centros penitenciarios. Si bien los reclusos aseguran que trabajar es una forma de estar activo y sentirse útil, no podemos olvidar que estas compañías colocan 2 mil productos anuales en el mercado producidos en las cárceles. Han venido en masa, atraídas por la exención de impuestos y unos costos mínimos que incluyen salarios de 1 dólar la hora.

No es permisible una política penitenciaria basada en la represión, que da la espalda a la educación y a la reinserción. Es el gobierno quien debe responsabilizarse de la gestión y la vigilancia en las cárceles para asegurar un buen cumplimiento de los servicios y los derechos de los presos. Según el periodista José A Fernández Carrasco: “la privación de libertad humana es la condena; el respeto y otra oportunidad, son sus derechos”.

 

*Periodista

 

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 Fuente: Contralínea 363 / 01 diciembre de 2013

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