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La reforma del gobierno federal en materia energética no sólo busca privatizar los recursos petroleros: el esquema de explotación del que se beneficiarían las empresas privadas extranjeras es tan rapaz que en poco tiempo las reservas de hidrocarburos quedarían agotadas

 

En a disputa por la nación, los peñistas han elegido la peor decisión petrolera desde el punto de vista del interés social, económico, nacional, geopolítico, entre las dos principales estrategias en la materia que definen el presente y el futuro de dicho energético a escala internacional: aquella que ha fortalecido el malestar y la irritación de las mayorías, las cuales, eventualmente, pueden transformase en saludables días de furia; en una posible revuelta social que pondría a prueba a la estabilidad política del gobierno y el sistema, como respuesta a las obstinaciones despóticas del bloque hegemónico, integrado por la elite política dominante, la oligarquía y los capitalistas monopólicos trasnacionales.

Han arrojado el guante del desafío

Enrique Peña Nieto ha señalado su disposición por asumir los costos políticos de sus contrarreformas estructurales extremas que impone con endemoniada celeridad, de acuerdo con los consejos de Milton Friedman. Como se sabe, el patriarca de los Chicago Boys gustaba recordarles a sus discípulos que “una nueva administración disfruta de 6 a 9 meses para poner en marcha cambios legislativos importantes”, por lo que deben aprovechar “la oportunidad de actuar durante ese periodo concreto, [pues] “no [se] volverá a disfrutar de ocasión igual”. Por esa razón, les reiteraba maquiavélicamente que el éxito de los cambios económicos que deben imponerse para instaurar la dictadura del “mercado libre” depende de la velocidad, la inmediatez, la intensidad y la amplitud con que sean instrumentados, una verdadera terapia de choque que sumirá a la población en un estado de conmoción, el cual “facilitaría el proceso de ajuste” estructural. Así han actuado Enrique Peña, su equipo, sus falanges y sus socios de circunstancia del Congreso de la Unión.

El turno del ofendido

Es el tiempo de los ofendidos sobre todo porque –para usar las palabras de Tariq Ali, el historiador y escritor pakistaní que recientemente estuvo en México– “las reglas dominantes del capitalismo no sienten la necesidad de hacer concesiones a los pobres”. Peña Nieto ha mostrado reiteradamente su decisión por emplear los músculos del poder desde el inicio de su gobierno para alcanzar sus fines. La represión en contra de los maestros, la toma de los espacios públicos (el Centro de la capital) por los aparatos represivos del Estado, asociado con autoridades locales, como Miguel Ángel Mancera, para tratar de arrancárselos a los descontentos, junto con los viejos símbolos nacionalistas, la persecución de la oposición o la extraña y mortal epidemia que asola a sus dirigentes, son algunas expresiones de sus tentaciones autoritarias.

Enrique Peña tuvo la oportunidad de inclinarse por una política que recuperara la rectoría estatal sobre los hidrocarburos para ponerlos a disposición de las necesidades del desarrollo del país, tal y como lo hace un gran número de naciones ­–como Rusia, Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela, entre otros– con mejores resultados a los mexicanos. Que restaurara la integración de la industria petrolera –la exploración, la extracción, la refinación, la petroquímica, la distribución, la innovación tecnológica–, descuartizada desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Felipe Calderón, e impulsara la sustitución de importaciones requeridas por el sector por medio de proveedores nacionales, con el objeto de que sus efectos multiplicadores beneficien a la economía mexicana; que reconquistara la soberanía nacional de la codiciada materia prima estratégica como un instrumento para garantizar una mayor autonomía de México en la economía mundial.

Sin embargo, decidió inclinarse por el legado neoliberal petrolero de los gobiernos predecesores priísta-panistas, funcionales a su ideología, los intereses y sus compromisos políticos, los cuales posibilitaron su ascenso a la Presidencia.

La contrarreforma petrolera peñista busca:

1) Acelerar la irracional sobreexplotación de los dañados yacimientos. En particular de Akal-Nohoch-A, de Cantarell, ubicado en la región marina Noroeste, la cual fue la zona productora más importante del país (Akal-Nohoch-A todavía lo es), lo que en gran medida explica la ostensible declinación de las reservas probadas de hidrocarburos. Agotamiento que no ha sido contrarrestado por las cuantiosas inversiones realizadas en otras áreas, con la turbia y anticonstitucional participación del capital privado, sobre todo en Chicontepec, Veracruz. Pese a ello, Peña Nieto propone modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que, a través de las leyes secundarias, se abran completamente las puertas a las grandes corporaciones en las actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos, además de compartir con ellas la renta petrolera.

2) Apresurar las exportaciones de crudo, sin preocuparse, primero, por elevar la oferta necesaria para bastecer la creciente demanda interna de derivados de los hidrocarburos y cuya dependencia del mercado internacional es alarmantemente (gasolinas, gas, petroquímicos) reflejo del proceso de desustitución de importaciones, o destrucción de los eslabones de la industria, si se prefiere hablar con precisión, o al menos para vender externamente productos de mayor valor agregado (petrolíferos y petroquímicos), cuyos precios son mayores y menos sensibles a la volatilidad de la economía mundial. Tampoco interesan las consecuencias de la monodependencia de la demanda del mercado estadunidense, ni de los costos que implica para la soberanía nacional la integración y subordinación a los intereses energéticos y geopolíticos del vecino del Norte; ni el reciente escándalo provocado por los documentos filtrados por el exconsultor de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional estadunidense, Edward Snowden, donde se manifiesta la vigilancia a la que fue o es sometida la empresa brasileña Petrobras, presumiblemente para obtener ilegalmente información confidencial que permitiera o permita a las corporaciones de aquel país actuar con dolosa ventaja en las licitaciones que lleva a cabo la nación suramericana, hecho que generó la protesta airada de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Los gobiernos de Alemania y Francia, también sometidos a espionaje, hicieron lo mismo. En cambio, el caso mexicano –donde pasa lo mismo–, sólo suscitó una sumisa, balbuceante y vergonzosa respuesta por parte de Enrique Peña, José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, y la elite política local.

3) Que Petróleos Mexicanos (Pemex), convertida en simple administradora de convenciones, opere bajo la lógica y los criterios de empresa privada, cuyo propósito –como cualquier entidad capitalista– no son los intereses nacionales, sino asegurar, por cualquier medio, la mayor explotación de sus activos y el máximo rendimiento posible para sus futuros accionistas, el Estado y los “socios”, que serán mayoritariamente extranjeros, de los contratos de la renta compartida.

Así, prevalecerán los peores vicios de una economía de enclave, que descansa en las “ventajas comparativas” de la producción de bienes primario-exportadores. No propone una definida rearticulación e integración de la industria petrolera, ni la sustitución de importaciones de los productos y servicios que requiere su actividad, por lo que sus efectos multiplicadores se trasladarán hacia fuera. En ese sentido se agravará la dependencia tecnológica, financiera y de los bienes y servicios asociados, la depredación del petróleo y sus derivados hasta el agotamiento, y la destrucción y contaminación ambiental, fenómenos típicos del subdesarrollo, actualmente sometidos a la sobreexplotación capitalista neoliberal.

Petrobras, considerado como el ejemplo paradigmático por los neoliberales mexicanos, se caracteriza, entre otras delicias, por el deterioro de las relaciones laborales, cada vez más precarias y desiguales; la tercerización (subcontratación) de las tres cuartas partes de sus trabajadores; su voraz trasnacionalización y el salvaje saqueo de los recursos petroleros de los países anfitriones, como opera cualquier monopolio privado, lo que ha provocado serias protestas en Bolivia, Argentina o Ecuador; la maximización de sus utilidades a costa de la misma población brasileña a las que les cobra sus productos con precios internacionales. Una empresa de esas características no puede funcionar con tasas de ganancias bajas para ofrecer precios baratos a la población local. Mucho menos puede venderlos subsidiadamente como parte de una política de bienestar, porque entonces sus hojas de balance arrojarán pérdidas.

Sólo los ilusos pueden creer que con la reprivatización del petróleo mexicano bajarán los precios de las gasolinas, el gas y demás derivados, o al menos se atemperarán sus criminales alzas. A lo que aspiran los peñistas es elevarlos a sus niveles prevalecientes en el mercado internacional o por encima de ellos, sin abatirlos; cuando afuera se reducen en aras de ofrecer a los inminentes “socios” beneficios atractivos. El nuevo contrato “negociado” con los capos que regentean el sindicato petrolero ya recortó las prestaciones sociales de los agremiados.

A los peñistas no les importa que, el 20 de octubre, para llevar a cabo la primera subasta de la concesión de un yacimiento petrolero del Presal (se refiere a un conjunto de rocas ubicadas frente a la costa brasileña con alto potencial petrolero; se le llamó Presal porque existe un “intervalo de rocas” que se extiende por debajo de una extensa capa de sal sobre el fondo marino que alcanza un espesor de 2 mil metros; la profundidad del yacimiento se ubica a más de 7 mil metros), el campo de Libra, el cual arrojó un resultado dudoso para Brasil, haya provocado una huelga indefinida que paralizó las actividades del 90 por ciento del personal de la empresa, incluidas las grandes plataformas marinas, y que la desacreditada gobernante “izquierdista” Dilma Rousseff se viera obligada a reprimir brutalmente a los opositores; o que en el Reino Unido, una de las cunas de las contrarreformas energéticas neoliberales, donde los salarios están semicongelados y las tarifas del gas y la electricidad aumentan excesivamente (sólo el 17 de octubre la British Gas subió esas tarifas en 8.4 por ciento y 10.4 por ciento, entre tres y cuatro veces el nivel de la inflación), como sucede en México, se resiente el descontento de la población. El 69 por ciento de ella exige la nueva nacionalización y otra parte, el congelamiento de las tarifas, por considerar que fracasaron las promesas que justificaron la reprivatización, similares a las empleadas por los peñistas: crear un mercado eficiente que mejoraría exponencialmente el servicio y abarataría los costos.

Bajo el supuesto que la reprivatización petrolera, por la vía de contratos de renta compartida o contratismo, revertirá la caída de las reservas probadas, a Peña Nieto no le preocupa estimular, como política de Estado, el ahorro y el uso racional de la energía para extender el periodo de vida de los hidrocarburos. Sólo quiere acelerar su extracción.

En 1983, el nivel controvertido de las reservas totales fue estimado en 72.5 mil millones de barriles y a principios de 2013, en 44.5 mil millones de barriles. Es decir, cayeron 39 por ciento. En aquel año se supuso que, dado el ritmo de extracción, tendrían un nivel de vida de 55 años. Este año bajó a 33 años, por lo que teóricamente se agotarán hacia principios de la década de 2040. Pero dichas reservas se integran de tres maneras: 1) las reservas probadas: que pueden ser recuperadas comercialmente, y se dividen en desarrolladas (pueden recuperarse de los pozos existentes, incluyendo las reservas detrás de la tubería) y no desarrolladas (pueden recuperarse a través de pozos nuevos en áreas no perforadas); 2) las reservas probables: aquellas que no están probadas, pero que el análisis de la información geológica y de ingeniería del yacimiento sugiere que son más factibles de ser comercialmente recuperables; 3) las reservas posibles: son aquellos volúmenes de hidrocarburos cuya información geológica y de ingeniería sugiere que es menos factible su recuperación comercial que las reservas probables (Pemex, Las reservas de hidrocarburos de México, 2011).

Bajo esos conceptos, las únicas contantes y sonantes por el momento son las probadas. Su cuantía fue valorada por Pemex, por primera vez –según tengo entendido– en 1999: 24.9 mil millones de barriles, con un periodo de vida de 17 años. A principios de 2013, las revaloró a 13.9 mil millones de barriles, 44 por ciento menos, y se espera que se agoten en 10 años, a principios de la siguiente década. La ampliación de su horizonte dependerá del éxito de las inversiones privadas y de la conversión de las reservas probables en probadas. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo se registran cuantiosas inversiones públicas y empresariales anticonstitucionales para ampliar las reservas probadas. En 2000 se perforaron 449 pozos de exploración y 236 en desarrollo. En 2012 pasaron a 1 mil 290 y 1 mil 254. Pero desde 2006 sólo se ha logrado contener su durabilidad en 1 década y no su deterioro. Ese año las reservas probadas eran de 16.4 mil millones de barriles.

Lo que sí es claro es que la futura extracción, técnica y financieramente, será más costosa. Actualmente el costo de producción de crudo es calculado en 5.22 dólares por barril y su precio de venta medio en 2013 ha sido de 100.64. Si es así, ¿cómo esperar que bajen las tarifas internas de sus derivados? Una menor renta petrolera distribuida “desalienta” a cualquier “honrado inversionista” experto en el pillaje.

No obstante, Peña Nieto hace cuentas alegres con las reservas y, por medio de los Criterios de política económica de 2014, ya avisó que una vez aprobada su contrarreforma elevará la producción de crudo. En 2014 será de 2 millones 520 mil barriles diarios. Pero en 2015 aumentaría adicionalmente en 101 mil más para llegar a 2 millones 621 mil. En 2018 subirían hasta 481 mil más para totalizar 3 millones 1 mil barriles diarios.

La única certeza es que, pese a la baja de las reservas probadas, en 2003 se alcanzó la producción máxima de crudo: 3 millones 370 mil barriles diarios; y en 2013, de 2 millones 518 mil: 23 por ciento menos o 553 mil barriles menos. La producción total de hidrocarburos cayó de 3 millones 826 mil barriles en 2004 a 2 millones 877 mil, 25 por ciento menos, o 949 mil menos. En gran medida, lo anterior se explica por la pérdida productiva de Cantarell (ubicado en la Sonda de Campeche), cuya producción bajó de 1 millón 349 mil barriles diarios en 1998 a 454 mil en 2012, 66 por ciento menos (895 mil barriles). Su participación en el total pasó de 44 a 18 por ciento. En esa región destaca el deterioro de Akal-Nohoch-A, cuya producción en esos años se desplomó en 1 millón 44 mil barriles, de 1 millón 240 mil a 240 mil, 81 por ciento menos.

¿Qué pasaría si las nuevas inversiones repiten el desastre de Chicontepec, cuya producción apenas aumentó de 74 mil barriles diarios en 2004 a 145 mil en 2013? Ello es improbable, pues se subastarán zonas probadas.

En el éxtasis productivista se planea elevar las exportaciones de 1 millón 171 mil barriles diarios en 2013 a 1 millón 616 mil en 2018, 38 por ciento más. El esfuerzo será notable, ya que las ventas externas máximas se registraron en 2004, 1 millón 870 mil barriles diarios, y hasta en 2013 habían caído 37 por ciento.

Por desgracia, nada se dice del problema de la petrodependencia exportadora de Estados Unidos, donde se vende el 73 por ciento del crudo.

Acaso por ello nos consideran como parte de sus intereses geopolíticos, de su área de interés nacional. Llanamente, como su patio trasero.

Mientras llega el futuro luminoso prometido por Enrique Peña, si es que llega y se cumplen las promesas, continuará deteriorándose la balanza comercial petrolera debido a las crecientes importaciones de petrolíferos (gas licuado y gasolinas), petroquímicos y gas. En 2006 el salto total fue positivo en 27.4 mil millones de dólares y en 2012 de 21.5 mil millones. El déficit comercial de los petrolíferos pasó de 8.7 mil millones a 24.6 mil millones entre 2008 y 2012, y el gas natural, de 529 millones a 1 mil 216 millones.

¿Y qué tal si todo es una farsa?

 

*Economista

 



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Contralínea 359 / Noviembre 2013