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Entre los abogados corporativos en México, la noticia de que un caso llegue al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) se convierte en un escenario de pronóstico reservado, cuyas variables no se descifrarán en los códigos o en las legislaciones del derecho mercantil, civil o penal, sino en el tamaño de la bolsa que estén dispuestos a aportar.

Para muchos litigantes, el único camino para  obtener un resultado imparcial en sus juicios –de manera independiente a si les favorece o no la impartición de justicia– es llegar a los juzgados federales y, de ser posible, hasta a la Suprema Corte de Justicia, porque en los tribunales de la Ciudad de México campean las componendas y la corrupción.

Decenas de notas en diversos medios, incluidas las redes sociales, documentan ese sentimiento de frustración de la población hacia nuestra justicia capitalina. Éste es un secreto a voces entre abogados y víctimas de la lenta y muchas veces torcida aplicación de la “ley” en el TSJDF, en donde los propios jueces, secretarios y exempleados del Tribunal han revelado los problemas que enfrenta esta entidad judicial.

La impartición de justicia, entonces, se convierte en una guerra de dinero en donde sólo aquellos con recursos ganan litigios y salvaguardan los intereses de sus clientes, quienes también se convierten en víctimas de abogados corruptos y voraces.

Hay un caso en tribunales que llama poderosamente la atención. La demanda contra Yahoo!, que aquí comentamos hace algunas semanas, en donde el juez Juan Francisco García Segu, del Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil, resolvió en primera instancia del proceso judicial que el gigante estadunidense del internet tenía que pagar 2 mil 700 millones de dólares a las empresas mexicanas Ideas Interactivas y Worldwide Directories.

Yahoo!, Inc, fue sentenciada por el incumplimiento de un contrato de licenciamiento de marca que puso en jaque las inversiones y los activos de esas compañías mexicanas, al pago –además de la indemnización– de intereses moratorios por los daños y perjuicios ocasionados.

La sentencia que dio la vuelta al mundo y que generó que las acciones de Yahoo!, Inc, perdieran más de 200 millones de dólares de su valor de capitalización en tan sólo un par de horas en su operación al darse a conocer el caso, fue impugnada por los abogados de la multinacional. El monto no era para menos.

Hoy el caso forma parte de las investigaciones de las cuales se ocupa la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), en donde ya están testificando los involucrados en el caso que trascendió el ámbito de los intereses económicos de las empresas mexicanas, para ocuparse de las estrategias y prácticas de corrupción que supuestamente se habrían utilizado para lograr cambiar el fallo en una segunda instancia, sino para descalificar al juez Francisco García Segu, al abrir un proceso en su contra bajo el argumento de que no contaba con las facultades necesarias para dictar sentencia y “la rapidez con que dictó sentencia en la primera etapa”.

Esta arista del caso contra la multinacional Yahoo!, Inc, ya se encuentra en el Consejo de la Judicatura de México, instancia que dio vista a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a cargo Rodolfo Ríos Garza. El caso también ha sido del conocimiento del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Mientras tanto, las autoridades bursátiles de Estados Unidos recuperan las pistas de un caso que preocupa en ese país por las repercusiones a la reputación no sólo de Yahoo!, Inc, sino de las compañías estadunidenses con negocios en México. Un mal precedente. La primera estrategia fue poner en tela de juicio el procedimiento del caso y revisar cuidadosamente el perfil y expediente del juez Francisco García Segu.

Los abogados de Yahoo! (Baker & McKenzie) y los despachos de asesores de la multinacional estadunidense presentaron una queja contra García Segu, al asegurar que no tenía facultades para dictar sentencia porque no era un juez definitivo. Tras rendir su declaración, García Segu fue sancionado y encontrado culpable de responsabilidad administrativa.

Esa resolución fue impugnada por García Segu, quien sostiene que se incurre en falsas interpretaciones. Así se inició un juicio de amparo y lo que García Segu relatará la próxima semana ante las autoridades de la SEC es que fue víctima de acoso laboral y judicial ordenado desde el TSJDF, por haber emitido una sentencia en contra de Yahoo!, Inc.

En esta columna revelamos hace algunas semanas que los accionistas de Ideas Interactivas aseguran que cuentan con evidencia contundente, a través de declaraciones firmadas, grabaciones de audio y video que demostrarían cómo los abogados de Yahoo!, Inc –los litigantes de Baker & McKenzie–, se reunieron con autoridades del TSJDF bajo la responsabilidad del magistrado Édgar Elías Azar, con el propósito de negociar un fallo a su favor.

El problema y grave conflicto de interés que analizan los investigadores de la SEC y del Departamento de Justicia de Estados Unidos es que esas reuniones se habrían presentado apenas unas horas antes de que se dictara una sentencia en segunda instancia que dio la razón a Yahoo!, Inc, y revocó todos los cargos y compensaciones por 2 mil 700 millones de dólares que se habían marcado, documentado y sustentado en la primera instancia.

Para lograr la segunda instancia, el caso contra García Segu que se ventila en tribunales fue determinante. Ahora, por asegurar que, además del acoso laboral, su integridad y seguridad personal se encuentra en riesgo, este funcionario del Poder Judicial del Gobierno del Distrito Federal ha decidido huir del país para buscar la protección de autoridades estadunidenses.

Será en breve cuando presente su testimonio ante la SEC y revele lo que, asegura, ha sido una persecución judicial, laboral y personal por fallar en contra de la multinacional Yahoo!, Inc.

En Estados Unidos, las preguntas a García Segu, quien no será el único excolaborador del TSJDF que declare sobre este expediente, se dirigirán a conocer su versión sobre las supuestas vinculaciones y tráfico de influencias que habría puesto en marcha Yahoo! México y Yahoo!, Inc. para detener el alud de compensaciones económicas a favor de dos empresas mexicanas, lo que hubiera sentando un mal precedente en la historia del gobierno corporativo de Yahoo!, Inc.

De confirmarse la versión de García Segu –quien asegura ahora también proteger su vida más allá de su prestigio como funcionario del Poder Judicial–, también se establecería que la corrupción en el TSJDF no se encuentra sólo en los mandos bajos y medios. En la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y bajo el expediente FSP/BT1/894/13-04, se sigue una averiguación previa en contra de García Segu. Las diligencias son intensas.

No son pocos los casos contra proyectistas, secretarios o jueces –como ya está confirmado– que las autoridades del TSJDF han iniciado para deslindar responsabilidades. La pregunta es si como en el caso de Paulino Domínguez, el secretario proyectista que huyó luego de ser acusado de solicitar 600 mil pesos a los abogados y familiares de un homicida que resultó absuelto, un empleado de ese nivel puede lograr tal nivel de influencia. Ese caso llegó a los tribunales federales y allí se develó el acto de corrupción.

¿Hasta dónde llega entonces la corrupción en el TSJDF?

Es una pena que sea en la SEC y en el Departamento de Justicia de Estados Unidos donde se discuta esto y no en los órganos mexicanos responsables de vigilar una eficaz impartición de justicia.

En México, la Barra Mexicana de Abogados que preside Xavier F Gómez Coronel  –que cuenta con un estricto código de ética respecto de la buena actuación de sus barristas– debería hacer un pronunciamiento sobre este problema que en corrillos y pasillos de los tribunales, pero también de los juzgados, se comenta con insistencia.

La familia García Villegas Sánchez Cordero

Para continuar con el Poder Judicial, comentemos que lejos de erradicar el nepotismo entre los que imparten justicia, este mal se arraiga con vigor desde las altas esferas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta los más pequeños juzgados. Un ministro de la Corte me decía al oído que hay casos en los que familias enteras viven descarada e impunemente del presupuesto público del Poder Judicial. Y no es para menos dados los enormes presupuestos que destina el Congreso para tener contentos a jueces, magistrados y ministros, sin que la mayoría de las veces lo merezcan o, por lo menos, se lo ganen.

Por ejemplo, sería importante una explicación de cómo una de las hijas de la ministra Olga Sánchez Cordero ha escalado rápidamente el escalafón judicial. Se trata de Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien en recientes días consiguió la titularidad del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

Su llegada se dio en el contexto de la creación del sistema de justicia en telecomunicaciones (primero y segundo tribunales colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y primero y segundo juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones).

La jueza Paula María sustituye a Silvia Cerón Fernández, quien el pasado 27 de septiembre asumió la titularidad del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Paula María inició su carrera judicial muy cerca de su madre: fue secretaria particular y secretaria adjunta de la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A mediados de mayo de 2010, junto con otros ocho secretarios de estudio y cuenta de la Corte, la hija de Olga Sánchez Cordero protagonizó un acto de inconformidad contra las evaluaciones aplicadas por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese entonces, los inconformes pidieron a la propia SCJN que los nombrara en forma directa jueces de distrito, tras reprobar en cinco ocasiones los concursos de evaluación realizados por la Judicatura.

En esa misma “rebelión” de secretarios de la Corte se encontraba Carlos Hugo Luna Baráibar, sobrino de Margarita Luna Ramos, quien entonces estaba adscrito a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y actualmente se desempeña como magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Distrito Federal.

 

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