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Exigen justicia ante asesinato de Rocío Mesino

Ciudadano Ángel Aguirre Rivero, gobernador constitucional del estado de Guerrero, México

Atención: Licenciado Iñaky Blanco Cabrera, procurador general del estado de Guerrero; licenciado Jesús Martínez Garnelo, secretario general de gobierno del estado de Guerrero

Octubre 22, 2013

Señor gobernador:

Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México manifestamos nuestra preocupación por el asesinato de nuestra compañera Rocío Mesino Mesino, incansable luchadora social de quien conocimos su labor y compromiso con la defensa de los derechos humanos de los que menos tienen.

Para la Red Nacional es preocupante la situación que viven las y los defensores de derechos humanos en Guerrero y el incremento en el número de asesinatos y agresiones a defensores y defensoras en el estado.

De 2012 a la fecha, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México ha documentado el asesinato de tres defensoras de derechos humanos: Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de junio de 2012; Juventina Villa Mojica, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, ocurrido el 28 de noviembre de 2012 en la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, y ahora el asesinato de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quien fue asesinada a plena luz del día el 19 de octubre pasado, en la comunidad Mexcaltepec, del municipio de Atoyac de Álvarez.

Ante el contexto de impunidad que ha permeado en los asesinatos de Fabiola y Juventina, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México insta a su gobierno a establecer mecanismos de investigación que permitan sancionar los asesinatos y agresiones hacia las defensoras; así como el establecimiento de protocolos de seguridad que garanticen la labor de las y los defensores de derechos humanos en Guerrero. Dichas medidas se tornan imprescindibles al reconocer que de acuerdo con el diagnóstico 2012 de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, denominado Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, Guerrero es uno de los cinco estados de la República con el mayor número de agresiones a defensoras de derechos humanos, sólo a lado de estados como Chihuahua o Oaxaca.

Las agresiones y asesinatos documentados se unen a la arbitraria detención de Nestora Salgado Romero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, el pasado 21 de agosto de 2013; así como la ejecución de los defensores Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, integrantes de la organización Unidad Popular de Iguala, quienes junto con cinco más de sus compañeros fueron desaparecidos el pasado 30 de mayo de 2013, luego de la manifestación pública que realizaron en la caseta de cobro ubicada en la periferia de Iguala; el asesinato de los integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, entre ellos su dirigente Raymundo Velázquez Flores, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 5 de agosto de 2013 en Coyuca de Benítez; y por otra parte, la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores ecologistas de la Sierra de Petatlán, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 7 de diciembre de 2011.

Ante ello, exigimos que la labor de las y los defensores de derechos humanos sea considerado en las líneas de investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado y que su gobierno brinde garantías de seguridad y justicia a las y los defensores de derechos humanos en las ciudades, así como de las defensoras comunitarias en el estado, con el objetivo de evitar que la impunidad siga prevaleciendo. De esta forma su gobierno estaría cumpliendo con los más altos estándares internacionales, como la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos que establece “los principios básicos que todo gobierno debe respetar sin reservas para garantizar que las personas que defienden los derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo libremente y sin temor a represalias.”

En el caso específico de Rocío Mesino, exigimos protección para sus familiares, quienes presenciaron el asesinato de la dirigente social y que los culpables materiales e intelectuales sean investigados y sancionados a la brevedad.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México está conformada por 135 activistas, defensoras de derechos humanos, organizaciones y periodistas de 20 distintos estados de la República, cuyo compromiso es la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, el derecho a la información y la libertad de expresión, y defender el derecho a defender derechos humanos. Esta Red estará atenta a las acciones que su gobierno emprenda para el esclarecimiento de este lamentable hecho.

Sin más por el momento, quedamos atentas para cualquier información.

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

 

Denuncia prepotencia de funcionario delegacional

Doctor Miguel Ángel Mancera:

Sabido es que al desempeñar un cargo público, las fuerzas opositoras tendrán un papel preponderante como fiscalizadores de nuestros actos y omisiones. Es decir, tendremos opositores y hasta detractores. Esto quiere decir que nuestra conducta para con los que reciben nuestros servicios debe ser ética.

También es sabido que su administración, señor Mancera, tiene tanto opositores como detractores sobre todo en lo que a la conducción de las diferentes delegaciones políticas se refiere.

Es por eso que llamo su atención con respecto al ciudadano Sergio Cárdenas Galicia, titular de la Unidad Departamental de Relaciones Laborales, dependiente de la Dirección General de Administración de la delegación Iztacalco.

Resulta que este personaje se ha negado durante muchos meses a liquidar una deuda personal que tiene con la que suscribe y, pretendiendo intimidarme con el objetivo de no pagarla, abusando del cargo que ostenta, amenaza con hacer uso de la fuerza pública en mi contra.

Cierto es que, repito, se trata de una deuda personal que aparentemente nada atañe a su administración. Pero también es cierto que la sabia conseja popular reza que por la muestra se conoce el paño.

Dicho lo anterior, si el señor Cárdenas se conduce de ese modo deshonesto en su vida personal, quién nos asegura que no lo hará de la misma manera como servidor público, y más aún, en el manejo del personal de esa delegación; además de que, al parecer, presume de un padrinazgo a toda prueba.

La calidad moral de este individuo ya está en entredicho y sin descargo alguno al no saldar sus compromisos personales y abusar de la buena voluntad de la gente, pero aprovecharse de su cargo para amedrentar y deshacerse de sus obligaciones son acciones que no deben permitirse.

Cierto filósofo dijo: “el presidente de una empresa o el ejecutivo de cualquier gobierno debe estar informado acerca del desempeño de sus alfiles, caballos, torres y hasta peones. Una mala jugada del más ínfimo peón, puede poner en jaque al rey”. Es por esto que pido su intervención para que el señor Cárdenas deje de actuar de manera prepotente y no se valga de su cargo para amedrentar y evadir sus responsabilidades como ciudadano, que salde su deuda conmigo, y como servidor público, cumpla con sus obligaciones sin excederse en su cargo.

En espera de que mi petición sea atendida, quedo a sus órdenes.

Nieves Candanedo Trejo

 

Se oponen a la privatización del agua en Puebla

A los medios de comunicación, a los organismos defensores de derechos humanos, a la sociedad poblana, al pueblo de México:

El pasado 5 de septiembre del presente año, el Ejecutivo del estado encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, Luis Maldonado Venegas, secretario general de Gobierno, y el secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Julio César Lorenzini Rangel, presentaron al Congreso del estado de Puebla una iniciativa de reforma a la Ley del Agua del Estado de Puebla. En dicha iniciativa, en el apartado “Considerando”, sus presentadores hacen una vaga justificación de carácter administrativo “con el objeto de otorgar certidumbre a las acciones que se realizan con los sectores social y privado, aclarando los alcances de los instrumentos que se celebren, así como precisar la facultad para determinar y actualizar la Estructura Tarifaria de los servicios públicos” [sic], y lo que es peor, con la categoría de “Derecho Fundamental” justifican una medida violatoria de derechos humanos, entre las cuales destaca la legalización de la concesión del servicio a empresas privadas (privatización); por tanto, las tarifas serán arbitrarias de acuerdo a las propias empresas y considerar adeudos derivados de este servicio como créditos fiscales para llevar a cabo embargos a los “morosos”.

Al respecto es importante resaltar que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La Observación número 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 4 dice textualmente: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Por lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos el presente posicionamiento político, manifestamos:

1. La reforma a la Ley del Agua del Estado de Puebla es una más de las políticas neoliberales como parte de la imposición del paquete de privatizaciones de nuestros recursos naturales y energéticos por el gobierno de Enrique Peña Nieto en alianza con la oligarquía local (encabezada por el gobernador Moreno Valle) nacional y extranjera.

2. Este vital líquido, elevado a rango de derecho humano, puesto en manos privadas a través de esta reforma de ley se consolida así como un negocio redondo que va desde la captación, suministro y distribución del agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

3. Las empresas “concesionarias” de la gestión del agua tendrán en su poder la información y control de los principales mantos freáticos en el estado que les permitirá la manipulación económico-política de la distribución y usos del agua; es decir, la imposición de tarifas de agua donde los únicos beneficiados serán empresas, bancos y burócratas, dejando a la población ajena a estas decisiones.

4. Las determinaciones del Estado mexicano y en particular del Ejecutivo y el Congreso del estado de Puebla no representan el sentir de la sociedad poblana; dichos acuerdos son mecanismos unilaterales para el control privado de recursos estratégicos naturales y energéticos que pertenecen al pueblo mexicano.

5. Esta modificación a la Ley del Agua del Estado de Puebla agravará más el deterioro de la calidad de vida de la población en general y en especial a los sectores populares, quienes en las últimas décadas somos los que hemos sufrido las consecuencias de las crisis económicas, la falta de empleo, trabajos con salarios paupérrimos, el aumento de precios en la canasta básica, etcétera.

6. Con esta Ley, los esfuerzos comunitarios de gestión, administración y de creación de infraestructura para la exploración, explotación, distribución y suministro de agua realizados por grupos organizados independientes de la estructura de gobierno, sin consulta ni información previa, serán otorgadas a las empresas privadas, es decir, de un bien colectivo o social pasará a un beneficio privado.

7. En los hechos, el suministro del agua ha estado condicionado por las nefastas prácticas políticas electoreras de los grupos de poder incrustados en la propia estructura de gobierno, lo que ha convertido a los organismos prestadores del servicio en centros de corrupción y burocracia, por lo que los sistemas operadores de agua deben ser sometidos a una profunda depuración y reestructuración.

8. El Estado mexicano legitima su estrategia de intervención policiaco-militar justificando que el agua es un recurso de seguridad nacional, para así criminalizar la defensa del derecho humano al agua y de la protesta social en general.

En este contexto exigimos la derogación de la modificación a la Ley del Agua del Estado de Puebla aprobada por la aquiescencia de los diputados del actual Congreso del estado de Puebla.

Exigimos al gobierno estatal que los adeudos no sean constituidos ni ejecutados como créditos fiscales, situación que se dispone en la ilegitima modificación a la Ley del Agua del Estado de Puebla.

Exigimos que el Estado asuma su obligación de garantizar el derecho humano al agua hacia toda la población en la entidad a través de las instituciones correspondientes y de los sistemas independientes comunitarios de gestión del agua.

Emplazamos a los diputados que en minoría fueron derrotados en la modificación a la Ley del Agua del Estado de Puebla aprobada por la aquiescencia de los diputados del actual Congreso del estado para que presenten en lo inmediato una Acción de Inconstitucionalidad.

Conminamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una Acción de Inconstitucionalidad ante la modificación a la Ley del Agua del Estado de Puebla aprobada en septiembre de este año por la aquiescencia de los diputados del actual Congreso del estado.

Tenemos claro que la lucha porque no se privatice el derecho humano al agua es contra las reformas neoliberales que impulsa el Estado mexicano a través de sus diferentes instancias y niveles de gobierno. Por lo que hacemos un llamado a la sociedad poblana a conformar Comités de Defensa del Agua como derecho humano y a organizarnos para la democratización del país entorno a la coordinación y alianza de todos los sectores populares.

Atentamente

 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-región Malinche; Movimiento Agua para Amozoc; Comité Pro Agua Potable y Obras de Beneficio Social para la Villa de Amozoc, AC; Transportistas Unidos Del Valle de la Malinche, AC; Coalición de Colonias de Atlixco y de la Región, AC; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural; Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, AC; Programa Mesoamérica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ-Universidad Iberoamericana Puebla; Red de Defensa de los Derechos Humanos; Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi “Unidos Todos Como Pueblo”; Frente de Colonos Ampliacion Xilotzoni

 

 

 

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