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En 4 años, la población callejera del Distrito Federal se duplicó. Más de 4 mil personas sobreviven en la calle, revela el propio gobierno de la ciudad. Sin una política de atención con enfoque de derechos humanos, continúa como desde hace 20 años la limpieza social, el hostigamiento y la discriminación, señalan defensores. Una investigación en marcha en la Procuraduría capitalina y 16 expedientes abiertos en la Comisión de Derechos Humanos local describen el asedio bajo el cual se encuentra la población callejera y quienes velan por sus derechos

Hilario –cuyo nombre se ha cambiado por su propia seguridad– vive en la calle desde hace 17 años. Ahí ha sufrido todo, desde un secuestro perpetrado por policías hasta un tipo de reclusión forzada en uno de los centros supuestamente habilitados por el gobierno capitalino para atender a la población callejera.

—El gobierno dice que nos va a apoyar; pero cómo nos apoya: matándonos ellos mismos, llevándonos a un “anexo” donde nos hacen agresivos y delincuentes. El gobierno se esconde en diferentes caras, poniendo comedores y mandándonos tirar lejos –señala en entrevista con Contralínea.

Y es que la política de los gobiernos locales para atender a las poblaciones callejeras se ha caracterizado por el hostigamiento, la discriminación y la limpieza social, considera El Caracol, AC. Tras 18 años de trabajo en la calle, la organización ha documentado y denunciado los abusos de las autoridades locales. Nada ha cambiado con la llegada de la “izquierda” al poder local.

El Caracol es una asociación mexicana fundada en 1994 por profesionales, que contribuye a la visibilidad e inclusión social de las poblaciones callejeras y en riesgo social.

El término de limpieza social, tal como quedó asentado en la recomendación 23/2009 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se refiere al retiro de personas non gratas sin que medie justificación legal alguna. “Sólo por su condición de vida en la calle”.

Cuatro recomendaciones emitidas por la CDHDF y 16 expedientes abiertos en el organismo, 13 amparos, dos denuncias penales y una investigación en marcha en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dan cuenta del asedio bajo el cual se encuentran las poblaciones callejeras de la ciudad y los defensores de los derechos humanos de quienes habitan en la calle.

No obstante las acciones judiciales y los instrumentos recomendatorios, hasta el momento no se ha garantizado la investigación y el acceso a la justicia por parte de las autoridades, denuncian la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

Los recientes hechos registrados en las calles de Humboldt y Artículo 123, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, forman parte del amplio expediente de hostigamientos y amenazas en su contra.

A través de un comunicado urgente fechado el 15 de agosto de 2013, las organizaciones denunciaron hechos que involucran privación de la libertad, violencia y amenazas en contra de un grupo de callejeros y de El Caracol, AC. En el escrito, urgieron a las autoridades correspondientes a investigar, localizar a los responsables, garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, además de brindar protección inmediata y apropiada.

De acuerdo con el documento, horas antes, en la madrugada del 14 de agosto, aproximadamente a las 4 de la mañana, un grupo de al menos ocho hombres y mujeres encapuchados privaron de su libertad a cinco personas que forman parte de la comunidad que pernocta sobre las aceras de Humboldt y Artículo 123, a quienes subieron a una camioneta con uso excesivo de la fuerza.

Durante 2 horas recibieron golpes y amenazas de hacerles más daño si no se retiraban del lugar. Cerca de las 6 de la mañana fueron abandonados en las inmediaciones del metro Pantitlán, al Oriente de la Ciudad.

A decir de los testimonios, los encapuchados les dijeron que no les importaban las acciones de la Comisión de Derechos Humanos y de El Caracol, por lo que se interpuso una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y una queja ante la CDHDF.

El grupo de Humboldt y Artículo 123 ha sido víctima permanente de agresiones, entre las que destaca el caso del anexo “Los Elegidos de Dios”, por el que la Comisión de Derechos Humanos local emitió la Recomendación 13/2011 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Procuraduría General de Justicia, la Delegación Cuauhtémoc y la Delegación Venustiano Carranza.

––Yo pasé 10 días [en el anexo Los Elegidos de Dios] y fueron un infierno. Debería llamarse los elegidos de la muerte; a eso íbamos nosotros, a terminar como muertos –dice Hilario a Contralínea, sobreviviente del Instituto de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción, Hospital Santo Tomás, Los Elegidos de Dios, al recordar cuando la asociación civil El Caracol lo sacó del encierro.

Fue levantado el 16 de mayo de 2009. Luego de pasar el día cuidando carros, llegó a la esquina de Artículo 123 y Humboldt para descansar. Faltaban 15 minutos para las 2 de la mañana cuando dos camionetas, acompañadas de la patrulla P2315, se detuvieron sobre la acera donde dormía. “Nos pusieron una trampa”, asegura el joven.

Esa madrugada, entre seis y siete sujetos, altos y de complexión robusta, subieron contra su voluntad a seis jóvenes del Grupo de Juárez, comunidad de aproximadamente 25 jóvenes que pernocta sobre una banqueta de la calle Artículo 123.

Refiere el comunicado que en agosto de 2012, otro grupo de choque atacó en la madrugada para desalojar al grupo e iniciar la construcción de una estación de EcoBici en el mismo sitio. Con ello, señala, se confirma que la discriminación y violación a los derechos de la población callejera continúa teniendo como objetivo la limpieza social del Centro Histórico, al usar para ello grupos de choque que actúan impunemente.

A decir de Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, los habitantes de Humboldt y Artículo 123 son un grupo paradigmático porque dan cuenta de cómo frente a la ausencia de una política para atenderlos, para mejorar sus condiciones de vida, para garantizarles el acceso a la salud y frente a la frustración institucional de que nadie sabe qué hacer, lo que ha quedado es la violencia en todas sus expresiones: policiaca, privación ilegal de la libertad, negación de servicios de salud en caso de urgencia, acusaciones falsas, intimidación, hostigamiento mediático. Un grupo sobre el que converge la presión de las autoridades y de los empresarios.

Guadalupe Cabrera, al frente de la Cuarta Visitaduría General de la CDHDF y quien da seguimiento al tema de las poblaciones callejeras, apunta que la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis), es la institución responsable de coordinar y de articular las políticas dirigidas a las poblaciones callejeras. Pero, dice, “hasta hoy no encontramos una política que realmente nos permita tener una idea de que esto va a arrancar en corto tiempo. Sigue existiendo una ausencia importante de su trabajo”.

Para la cuarta visitadora, el asistencialismo bajo el que actúa el gobierno capitalino únicamente perpetúa el escenario adverso en el que se mueven las personas en condición de calle o extrema pobreza.

 “No hay posibilidades institucionales para atender a esta población. Por lo tanto, defender sus derechos es una necesidad urgente y, en ese camino, quienes lo hacemos no somos los mejor vistos”, señala en entrevista con Contralínea Luis Enrique Hernández. Tanto la organización como los habitantes de Artículo 123 cuentan con medidas cautelares.

Dos décadas de olvido e indiferencia

Al menos desde 1994, los jóvenes, niños y adultos mayores que habitan las calles del Distrito Federal han sido víctimas de retiro forzado, levantones, golpes, intimidación y negación de sus derechos básicos, como el acceso a la salud.

Fue en ese año, durante la administración de Óscar Espinosa Villarreal, cuando la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió la Recomendación 4/1995 por el uso excesivo de la fuerza. En el instrumento consta que el 27 de septiembre de 1994, aproximadamente a las 6 de la tarde, en el inmueble conocido como la Casa de Todos –donde habitaban alrededor de 70 personas, en su mayoría menores de edad–, ubicado entre las calles de José María Marroquí e Independencia, colonia Centro Alameda, se realizó el operativo policiaco Cóndor.

Esa noche se desplegaron agentes de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y policías preventivos del grupo especial Zorros, de la entonces Secretaría General de Protección y Vialidad, bajo el pretexto de detener a dos jóvenes que supuestamente habían robado dos cajas de refrescos.

Los elementos policiacos ametrallaron la fachada del inmueble y se introdujeron en él con lujo de violencia. En la planta baja, destruyeron instrumentos de trabajo y un pequeño altar; detuvieron a Alejandra Méndez Martínez, a quien intentaron violar y arrastraron por las escaleras hasta introducirla en una patrulla. Los elementos golpearon y detuvieron a 13 personas (entre las que se encontraban menores de edad y una mujer embarazada).

A casi 20 años “todavía tenemos mucho que hacer”, asegura Luis Enrique Hernández. No obstante que con base en el trabajo de las organizaciones el tema se ha logrado colocar en la agenda de la ciudad, ante el vacío institucional y la falta de oportunidades, no han cambiado mucho las escenas de violencia, en contra de la población callejera, a la de aquel operativo de 1994.

“Dante Alighieri se queda corto con la Divina Comedia”, exclama Juan Martín Pérez, de la Redim. El también fundador de El Caracol se refiere a “las condiciones infrahumanas, violatorias de todo derecho, sin gente profesional, sin programa educativo”, que ofrece Coruña, uno de los 10 Centros de Asistencia e Integración Social del Iasis.

Guadalupe Cabrera observa hoy un escenario más grave y más complejo para las personas en condición de calle. La visitadora denuncia que no hay una política ni acción de la autoridad que permita identificar que se van a garantizar sus derechos en un corto tiempo.

Apunta que la Comisión tramita alrededor de 16 casos vinculados con poblaciones callejeras. Los expedientes que se inician de oficio o a petición del particular, van desde la falta de programas para la atención de su salud, la falta de apoyo y atención oportuna de instancias como la Secretaría de Seguridad Pública, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas o condiciones de discriminación; pero el tema fundamental en prácticamente todas las quejas está vinculado con la falta de una política que garantice sus derechos.

Refiere que lo que enfrenta la población de la calle Artículo 123 se replica en otros puntos de la delegación Cuauhtémoc: en el predio conocido como Epopeya de los Sismos, en Candelaria, o en el bajo puente Taxqueña… “Pero quien encabeza la lista de investigaciones por las distintas violaciones es la población de Artículo 123”.

De 1995 a 2005, El Caracol reportó la muerte de 184 niños, jóvenes y adultos de la calle en la Ciudad de México. A la lista se suma Paulina, quien murió el 24 de agosto pasado al negársele los servicios de salud; Jazmín Pastor Sánchez, de 23 años, murió en 2008, después de 2 horas de agonía al no llegar los servicios de emergencia; en 2010, Claudia Martínez Cruz, de 23 años, cuando estaba en proceso de parto, ninguna ambulancia acudió en su ayuda, y por su propio pie se trasladó a diferentes hospitales, en dos de los cuales le negaron el servicio, 5 horas más tarde fue ingresada al hospital Rubén Leñero en el que falleció después de haber nacido su bebé; y Cristian González Tamayo, quien murió en 2010, en la calle, después de 10 horas de agonía. Los servicios de salud argumentaron que su padecimiento no representaba emergencia médica.

En septiembre de 2009, la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió la Recomendación 23/ 2009. A través de nueve expedientes documenta los abusos por parte de autoridades y cuerpos policiacos, como privación arbitraria de la libertad, discriminación, conducción forzada a los llamados “anexos” y criminalización contra personas que viven en la calle.

La recomendación señala que los operativos encabezados por autoridades de las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) violan el derecho a la igualdad y a la no discriminación; a la libertad y seguridad personales; a la integridad personal, y de la niñez de las poblaciones callejeras.

En 4 años se duplica la población callejera

En apenas 4 años, la población callejera se ha duplicado, revelan datos del Instituto de Asistencia e Integración Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. El censo Tú también cuentas 2008-2009 arrojó que en las 16 delegaciones 2 mil 759 personas vivían en la calle. El último censo, 2011-2012, reportó 4 mil 14.

Con todo y las deficiencias metodológicas, para el defensor de derechos humanos Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, los datos son el único referente con el que cuentan las organizaciones.

 “El conteo es un pendiente histórico”, resalta Guadalupe Cabrera. La defensora recuerda que aunque el tema fue presentado en la Audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “las autoridades nos dicen que lo están preparando”. Las cifras del censo, advierte, “nos son exactas”.

Sin que el titular de El Caracol afirme o desmienta los números oficiales, habla del cambio que ha notado en la vida de calle. “No sólo hay niños, como sucedía en la década de 1990. Hay familias con hijos, familias completas que recientemente salieron expulsadas por la pobreza, personas de la tercera edad, adultos jóvenes, parejas…” .

Recuerda el caso de Olimpia Lozada Martínez, recientemente publicado por el diario Reforma. La mujer de 36 años llegó a vivir, en agosto de 2010, bajo un puente vehicular de la Ciudad junto con sus cuatro hijos de 3, 5, 6 y 8 años de edad, víctima de la pobreza.

Lo menos importante de un conteo de población callejera es el número de personas, enfatiza Juan Martín Pérez, lo más rico es la movilización social que se hace para que la gente participe en el conteo, que la población se sienta vista, que se dé a conocer cualitativamente cuáles son las enfermedades, las preocupaciones.

“No sólo necesitamos un censo, necesitamos una campaña contra la discriminación que sufren estos grupos”, y de las organizaciones para evolucionar a la par del fenómeno callejero. “Hay grandes vacíos con la población de la tercera edad y las familias”.

A decir de Luis Enrique Hernández, la responsabilidad para con las poblaciones callejeras es de la sociedad en su conjunto: ciudadanos, autoridades y organizaciones. Argumenta que los ciudadanos tienen la responsabilidad de informarse para discriminar menos; y la autoridad proporcionar información.

El Caracol –que recibe el 60 por ciento de su financiamiento a través de organizaciones extranjeras– ha evolucionado su trabajo con los y las callejeras de la Ciudad. En 2005 se consolidaron y ampliaron sus objetivos para, además de atender a la población joven que sobrevive en la calle, desarrollar procesos educativos que les permitan a los jóvenes decidir su proyecto de vida, sin depender de las instituciones y pugnar por la vida independiente a hacer defensoría de derechos humanos, incidencia pública y gestión del conocimiento.

—¿Por qué consideras que el trabajo que desarrolla El Caracol resulta tan incómodo para las autoridades de la ciudad? –se le pregunta a Juan Martín Pérez.

—Porque la tarea de defensa de derechos humanos, cuando no hay cultura democrática, cuando la visión que se tiene es ajena a los derechos humanos y reducida a la asistencia, siempre termina siendo incómoda.

Ante la falta del cumplimiento cabal de los instrumentos recomendatorios emitidos por la CDHDF, el organismo prepara un informe especial que será publicado este mismo año.

Cuestionada sobre el papel del jefe de gobierno entrante, la Cuarta Visitaduría señala que Miguel Ángel Mancera ha planteado la apertura. “Ha expresado abiertamente su disposición y colaboración para trabajar en el tema. Públicamente ha dicho que ha instruido a la Secretaría de Desarrollo Social para trabajar”. A partir de ello, la CDHDF y la Secretaría han tenido dos encuentros; sin embargo “faltan las propuestas”.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con Miguel Ángel Mancera, jefe del Gobierno del Distrito Federal; Rubén Fuentes Rodríguez, director General del Iasis; Inti Muñoz Santini, titular del Fideicomiso Centro Histórico, y Alejandra Moreno Toscano, autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. Al cierre de edición, ninguno de los funcionarios habían accedido a informar a Contralínea.

 

 

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Fuente: Contralínea 356 / 14-19 octubre de 2013

 

 

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