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En riesgo de quiebra, estados y municipios que tienen deudas con la banca privada y de desarrollo: la propuesta del gobierno federal para centralizar el Ramo 33 dejaría en el desamparo los créditos por, al menos, 443 mil 38 millones de pesos. El problema podría ser mayor, pues la retención de las aportaciones federales que se registró en el primer semestre de 2013 habría propiciado un incremento en las deudas de entidades y municipios con la banca privada. Banorte, BBVA Bancomer e Interacciones concentran el 64.2 por ciento de los adeudos, indica información de la CNBV

En caso de aprobarse la propuesta del gobierno federal, que busca centralizar el Ramo 33, las deudas de entidades y municipios quedarían desamparadas. En su mayoría, los créditos –que suman 443 mil 38 millones de pesos– están soportados en esos recursos.

Aunado a ello, la política que asumió la administración federal para “recuperar” el control político nacional habría asfixiado las de por sí débiles economías estatales y municipales. Y es que la retención de las aportaciones federales, que se dio en el primer semestre de 2013 a la par de los multimillonarios subejercicios, derivará en el incremento de esas deudas con la banca privada, en particular con Banorte, BBVA Bancomer e Interacciones (instituciones que se han “especializado” en el manejo de cartera con este sector).

Tan sólo entre enero y junio, la deuda pública total de los estados y municipios, incluida la capital del país, aumentó 8 mil 276 millones de pesos respecto del monto registrado al cierre de 2012, pues en diciembre ascendía a 434 mil 761 millones 200 mil, refiere información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El monto, indica en entrevista el investigador Juan José Dávalos López, no es menor: es 15 veces el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ejemplo. “No es fácil pagar esa cantidad. Es un boquete que si no se salda generará penalizaciones”, advierte.

Para las finanzas estatales y municipales, el segundo trimestre fue el más crítico. Los datos oficiales revelan que la deuda contratada entre abril y junio representó el 82 por ciento del aumento total: 6 mil 795 millones de pesos.

Pero estos pasivos reportados a Hacienda no son los únicos. En ese mismo periodo, las entidades y los ayuntamientos habrían recurrido a otros mecanismos de financiamiento privado que no están obligados a informar: los créditos a corto plazo y los quirografarios.

Uno de los factores que incide en la contratación de créditos es la falta de recursos para cubrir las cuestiones operativas y administrativas urgentes del municipio o la entidad federativa, explica el maestro Jesús Sánchez Arciniega, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Entre éstas se encuentra la atención médica, los servicios educativos, la colecta de basura, el alumbrado público, el pago de nóminas y de contratos con terceros.

El académico indica que, año con año, este tipo de urgencias se suelen resolver con los créditos a corto plazo y los quirografarios, que no requieren garantía y además no se reportan a la federación. “Esta deuda ha venido creciendo constantemente debido a la falta de ministraciones federales, y de ella no se conoce mucho, porque se liquida en 1 año”.

El maestro en administración y desarrollo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas explica que, debido a cuestiones operativas, la federación empieza a recibir recursos hasta marzo y abril, meses en los que se presentan las declaraciones impositivas de personas físicas y morales. Es hasta entonces cuando empieza a transferir los recursos de los ramos 28 y 33 a las entidades federativas y los municipios.

Sin embargo, en 2013 la situación para los estados, el Distrito Federal y las alcaldías se agravó, pues el gobierno federal retuvo por más de 6 meses el dinero público y aún no se pone al corriente con las transferencias.

Si las entidades no tienen un ingreso estable durante el transcurso del año recurren a los créditos. Por ello, Sánchez Arciniega considera que se debe ministrar de forma continua: “En la medida en que esto suceda, los gobiernos estatales no tendrían ninguna necesidad de acudir a tanta deuda de corto plazo”.

Respecto de los créditos quirografarios, el académico de la UNAM opina que se han convertido en la caja chica de los gobiernos locales porque las instituciones financieras no les piden nada en garantía. “Esto se tiene que transparentar. Es una de las deudas más opacas”.

Sánchez Arciniega señala que la federación sabe perfectamente que los estados necesitan recursos para poder funcionar. Sus ingresos, explica, son muy escasos porque la captación de ingresos está centralizada. “A los estados les queda lo de la tenencia vehicular, los predios y algunas actividades mercantiles. Eso es todo. La mayor parte de los ingresos son por aprovechamientos que son cobrados por la federación”.

Los beneficiarios de la deuda

Con el pretexto de resolver las urgencias administrativas, en el sexenio pasado, las entidades federativas y los municipios se consolidaron como uno de los principales clientes de la banca privada.

Actualmente, más del 60 por ciento de las deudas se concentra en tres instituciones, revelan datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se trata de las firmas mexicanas Banorte e Interacciones y de la española BBVA Bancomer.

Aunque la deuda total de entidades y municipios que reporta la Comisión al cierre de junio de 2013 no coincide con la que registra la Secretaría de Hacienda, sí refleja la composición de este mercado: de la cartera total en el ámbito privado por 282 mil 675 millones, el 28 por ciento, 79 mil 184 millones, fue prestado por Banorte; el 20.7 por ciento, 58 mil 530 millones, por BBVA Bancomer, y el 15.5 por ciento, 44 mil 34 millones, por Interacciones.

Otros bancos que mantienen carteras multimillonarias con estados y municipios son Banamex, con 19 mil 935 millones de pesos; Multiva, con 18 mil 476 millones; Inbursa, con 15 mil 562 millones; Banco del Bajío, con 12 mil 691 millones; HSBC, con 10 mil 466 millones, y Santander, con 9 mil 265 millones.

Juan José Dávalos, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, señala que los bancos tienen responsabilidad respecto de las deudas contratadas con las entidades federativas y los ayuntamientos: las instituciones financieras no deben dar créditos chatarra, deben asegurarse de que el cliente es solvente y les va a pagar.

También critica que las entidades federativas y los municipios contraten deuda para pagar los intereses de los créditos previos. “La deuda se está reciclando”, señala. “Cuando se vence el plazo, contratan deuda para pagar el crédito con la idea de que algún día, como el burro y la zanahoria, teóricamente tendrán finanzas sanas; pero eso no va a pasar, porque sólo están contratando más deuda para pagar la previa”.

El problema, explica el catedrático, es que el esquema de los estados y los municipios, así como del propio gobierno federal, no funcione con base en ingresos propios y recursos federales, sino con base en contratación de créditos con la banca extranjera, porque en México el sector está dominado por filiales de trasnacionales.

Las deudas por entidad

El maestro Jesús Sánchez Arciniega considera que de existir un problema con la deuda de estados y municipios éste se encuentra focalizado. En el caso de las entidades, cita a Coahuila, Morelos, Jalisco y Guanajuato, al tiempo que aclara que no se trata de las que registran más pasivos.

El académico señala que, aún con esos casos, no hay una situación de riesgo para la federación ni para los propios estados, porque sí tienen capacidad de pago. “En términos generales, la deuda de éstos representa menos del 5 por ciento del producto interno bruto [PIB] y del 18 por ciento de las aportaciones federales. Hay estados que superan esta media, como Coahuila, que es del 8 por ciento de su PIB. Pero por el lado de las aportaciones federales, no llega al 30 por ciento”.

Sánchez Arciniega explica que “el Distrito Federal representa el 17 por ciento del total de la deuda, y el Estado de México, alrededor del 9 por ciento, en función de la disposición de recursos que tiene cada estado; sin embargo, si lo vemos en función de los ingresos que tiene cada una de las entidades, pues en el Distrito Federal se produce la cuarta parte de toda la actividad nacional, entonces no es mucho”. Para el segundo caso, indica que las finanzas mexiquenses también solventan los créditos contratados.

Agrega que el riesgo de la deuda es que no se haya aplicado correctamente. “Las malversaciones, la corrupción en la consecución de la deuda, la mala aplicación de los recursos, pero en especial la corrupción para obtener la deuda es lo que está mal y eso es contra lo que hay que ir. Si sigue esta forma de obtener recursos entonces sí estarían en riesgo las finanzas públicas de los estados”.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, al cierre de junio pasado el Distrito Federal se mantenía como la entidad que más deuda ha contratado: 57 mil 56 millones de pesos; seguida por Nuevo León, con pasivos por 49 mil 57 millones 400 mil pesos; Veracruz, con 40 mil 682 millones 500 mil; Estado de México, con 39 mil 396 millones 600 mil; Coahuila, con 36 mil 335 millones 800 mil; Chihuahua, con 26 mil 135 millones 900 mil; y Jalisco, con 24 mil 520 millones 900 mil pesos.

Otros estados cuyas deudas superan los 10 mil millones de pesos son Chiapas, con 18 mil 317 millones; Sonora, con 17 mil 336 millones 800 mil; Michoacán, con 16 mil 402 millones 100 mil; Quintana Roo, con 16 mil 180 millones 600 mil; Baja California, con 13 mil 766 millones 600 mil; y Tamaulipas, con 10 mil 754 millones.

Para la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados resulta preocupante el “explosivo crecimiento real de la deuda estatal”, apunta en su análisis Sistema financiero y riesgos de las finanzas públicas.

Y es que, indica, “con base en las cifras de 2011 y con relación a 2009, diversos estados registraron crecimientos sin precedentes de su deuda. Entre éstos destacan los casos de Coahuila (429.4 por ciento), Morelos (266.7 por ciento), Quintana Roo (168 por ciento), Veracruz (130 por ciento), Sonora (53.6 por ciento), Tamaulipas (51.7 por ciento), Nayarit (42.2 por ciento) y Michoacán (29.6 por ciento)”.

El riesgo es que esas entidades se declaren en quiebra por su incapacidad para solventar los créditos. Algo que parece inminente en el caso de los municipios de Benito Juárez, Quintana Roo, y Acapulco, Guerrero.

 

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Contralínea 353 / 23 septiembre de 2013