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Los pueblos que orientaron nuestro camino hace más de 17 años, vieron el riesgo de que nuestro sistema de justicia fuera cooptado por el Estado o por grupos oportunistas, por eso la base siempre serán las asambleas comunitarias y la asamblea regional
 
Cirino Plácido Valerio (fundador del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia; acompañante del Congreso Nacional Indígena desde 1996 y de la Marcha del Color de la Tierra con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 2001; fundador, excoordinador y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria y actual comisariado de Buenavista de Cuéllar, Guerrero)
 
 
Corredor Costa Chica-Montaña, Guerrero. Sus rostros muestran alegrías, recuerdos, sonrisas; se oyen las voces costeñas. La mayoría son mujeres y hombres maduros, con la piel curtida por la montaña. Afuera del auditorio sin paredes, el sol calienta con fuerza; inmensas montañas, que recién reverdecen, rodean, vigilantes, la reunión. Los asistentes a la asamblea regional son indígenas me’phaa y na’saavi, de la región Costa-Montaña de Guerrero. Es el 16 de junio de 2013 en la comunidad de Santa Cruz el Rincón, municipio de Malinaltepec, donde hace más de 17 años una asamblea, que reunió a muchos de los hoy presentes, acordó la creación de la Policía Comunitaria un 15 de octubre de 1995.
 
Las participaciones buscan rescatar la memoria. La asamblea es testimonio de la convicción de más de 20 comunidades por reconstituir su Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, articulado en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que –dicen– les ha sido despojado por grupos oportunistas con intereses y visiones ajenas a su proyecto comunitario.
 
La tarde ha comenzado y la Asamblea Regional ha revocado ya el mandato a la Coordinadora de San Luis Acatlán y ahora procede a elegir nuevos coordinadores y comandantes regionales para la CRAC-PC de los pueblos fundadores. Con la distinción de “pueblos fundadores”, no buscan un reconocimiento a sus sacrificios; aseguran que tampoco se trata de un afán protagónico: buscan reivindicar su historia y diferenciarse de la CRAC-PC que opera en San Luis Acatlán, la cual los considera “una disidencia”.
 
Hoy, una de las luchas indígenas más emblemáticas del país, la CRAC-PC, está dividida y, a 17 años de su fundación, vive uno de los retos más duros de su largo camino. El gobierno del estado, que siempre ha buscado la desaparición o subordinación de este proyecto comunitario, hoy aprovecha la confrontación interna.
 
Los gobiernos federal y estatal utilizan la situación para militarizar e imponer su lógica de golpear-negociar para desaparecer todo proceso con margen de autonomía. El grupo que desde hace algunos años pretende dirigir a la CRAC, a decir de algunos principales y autoridades comunitarias, son personas que “llegaron de otro lugar, se apoderaron del proyecto y han utilizando la legitimidad que la institución se ha ganado para dividir a nuestros pueblos”. Actualmente, afirman, “estamos viendo muy seriamente las agresiones y amenazas contra líderes y principales de nuestras comunidades”. Las autoridades comunitarias lo tienen claro: “Estamos frente a un grupo que trae un interés muy fuerte. Corremos un gran riesgo de que nos manden a matar”, afirman.
 
7 de julio de 2013, Tlaxcalixtlahuaca, municipio de San Luis Acatlán. Nuevamente se encuentran reunidas las autoridades de más de 20 comunidades.
 
La asamblea regional vuelve a sesionar, presidida por comisarios y comisariados que acompañan a las recién nombradas autoridades regionales de la CRAC-PC de los pueblos fundadores. Los asistentes son en su mayoría hombres y mujeres adultos, pero también se encuentran varios grupos de jóvenes. Los policías comunitarios portan sus uniformes verde olivo con el estampado de la CRAC-PC, así como sus rifles de caza y las armas con las que cada comunidad los equipó para proteger al pueblo.
 
Cada grupo acompaña a su comisario, representante de la asamblea de su comunidad. Se sientan alrededor de la Asamblea como guardianes del pueblo, pero sobre todo como parte del pueblo. Atentos a la palabra, algunos incluso participan, pero tienen claro que es la asamblea regional y las autoridades comunitarias quienes han de orientar la reconstitución del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia, proceso que las comunidades han decidido caminar, como hace 17 años, sin importar los riesgos y los sacrificios.
 
Las nuevas autoridades regionales, coordinadores y comandantes han sido ratificados en sus comunidades, por lo que la asamblea regional les reconoce su nombramiento definitivo, que vuelve a ser por el periodo de 1 año para evitar la corrupción, como había sido desde un inicio en 1995 y hasta el periodo de Pablo Guzmán Hernández, quien lo modificó a 3 años. Para evitar cualquier confrontación con la CRAC de San Luis Acatlán y de El Paraíso, en Ayutla, los pueblos fundadores han decidido establecer su Casa de Justicia provisional en la comunidad de Santa Cruz del Rincón.
 
8 de julio de 2013. La CRAC-PC de los pueblos fundadores ha comenzado a recibir detenidos. Reorganizan el camino de la justicia comunitaria y la reeducación con las comunidades, que desde el 2 de junio habían dejado de recibir detenidos, de realizar guardias y de responder a la CRAC que opera en San Luis Acatlán: “Las graves denuncias e irregularidades cometidas [por la Coordinadora de San Luis Acatlán] han sido documentadas y expuestas en las actas de esta Asamblea de Autoridades Comunitarias de los días 19 de mayo y 2 de junio del presente” [sic], dice el Acta de Nombramiento de los Nuevos Coordinadores y Comandantes Regionales.
 
Ante la gravedad de la confrontación “interna” por amenazas, detenciones ilegales y las señales gubernamentales poco alentadoras de paz en el estado, la asamblea regional ha decidido lanzar un llamado de alerta: contra la represión y por la solidaridad al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a la Red Nacional contra la Represión y por la Solidaridad, a través del cual denuncian una campaña mediática en la que la propia CRAC, que opera en San Luis Acatlán, ha señalado injustamente a las comunidades y a luchadores sociales de la región, como Cirino Plácido Valerio, comisariado ejidal de Buena Vista, y Apolonio Cruz Rosas, comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz del Rincón, de ser traidores, paramilitares, pistoleros, agentes del gobierno, agentes de empresas mineras, sin pruebas ni argumentos. El texto señala que “reiteradamente se ha utilizado la frase derramamiento de sangre, lo cual es absurdo, porque nuestros pueblos siempre han sabido caminar con la palabra”.
 

El gobierno de Guerrero

 
El 25 de junio de 2013, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció en reunión con el subsecretario estadunidense del Departamento de Comercio para asuntos del Hemisferio Occidental, Walter Bastian, “que no quiere que se vea a Guerrero solamente como un destino turístico, sino como una entidad con desarrollo comercial, con el impulso a las áreas agroindustrial y minera”. Especialistas del Departamento de Comercio de Estados Unidos recomendaron la conformación de centros de investigación para perfeccionar la producción agroindustrial y minera en Guerrero, con el impulso de nuevas tecnologías, en donde participen empresarios, investigadores y autoridades gubernamentales.
 
La gira del gobernador contempló, además del Departamento de Comercio y la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, una reunión con la vicepresidenta del Chicago Council on Global Affairs, Rachel Bronson, y otra reunión con hoteleros y representantes de agencias de viajes. Durante esta gira de trabajo en Estados Unidos no se realizaron acuerdos en materia de seguridad, educación o salud. La promoción del turismo, la extracción de minerales y la agroindustria fueron los ejes principales a tratar, ofreciendo “certeza jurídica” para la realización de dichas actividades.
 
El 11 de julio de 2013 –después de una reunión a puerta cerrada en Chilpancingo, la ciudad capital del estado, donde participaron alcaldes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática; el secretario estatal de Seguridad Pública, Sergio Javier Lara Montellano; altos mandos de la Armada de México y de la Novena Región Militar; así como el recién nombrado secretario general de Gobierno estatal, Jesús Martínez Garnelo– Ángel Aguirre Rivero envió al Congreso del estado el Decreto de Creación de la Policía Rural, la cual iniciaría operaciones con 2 mil elementos para dar seguridad en las zonas rurales, y se les asignará un sueldo bajo la dirección del Mando Único, a la cual se tendrán que integrar “todas las policías comunitarias y autodefensas del estado de Guerrero”.
 
En el llamado de alerta emitido por la asamblea regional de la CRAC-PC de los pueblos fundadores se analiza la relación que los gobiernos federal y estatal han generado con las principales organizaciones que encabezan nuevos movimientos de autodefensa e impulsan policías comunitarias en diferentes regiones del estado y cómo esto ha repercutido en la vida interna del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia: “hoy los que pretenden dirigir a la CRAC-PC desde San Luis Acatlán y El Paraíso, en Ayutla, igual que la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) y su Sistema de Seguridad Ciudadana, se han sentado a la mesa de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, del gobierno federal, y reciben dinero del gobierno del estado. Es con esos recursos que los que hoy dirigen esa CRAC mantienen a su grupo de fuerzas especiales y recorren las comunidades en camionetas con esta campaña de agresiones, ofreciendo proyectos y obras públicas a los comisarios”. En efecto, una invitación de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, dirigida a los comisarios municipales, firmada por Eliseo Villar Castillo y demás coordinadores, expresamente dice: “traer una obra prioritaria para su comunidad” a resolverse en una reunión con el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz.
 

Los asesores externos y el actual conflicto de la CRAC

 
13 de julio de 2013, San Luis Acatlán. Se realiza la asamblea de la CRAC que opera en esta localidad. El auditorio tiene una sola entrada y sus paredes son altas, las gradas lucen llenas de policías comunitarios uniformados; destacan grupos de policías de comunidades afromexicanas recién incorporadas a la Policía Comunitaria y las llamadas “fuerzas especiales”, que coordinan la logística de la reunión. Con 3 horas de retraso y con la asistencia de aproximadamente cinco comisarios municipales inicia la reunión. Al frente de la mesa que preside dicho evento destaca el senador Armando Ríos Piter. El dirigente de la Unión de Ejidos La Luz de la Montaña, que en el XV aniversario de la Policía Comunitaria le abrió las puertas a Adolfo Oribe, lee el orden del día. Con sorna, se refiere al principal punto a tratar: “la supuesta casita de justicia del grupito que se dice fundador de la CRAC”.
 
El denominado “asesor jurídico” de la CRAC, Valentín Hernández Chapa, interrumpe el curso de la Asamblea para pedir frente a los asistentes, incluidas organizaciones de derechos humanos, que este reportero sea expulsado de la reunión, que fue convocada de manera pública. El argumento es que este reportero no ha favorecido a su grupo y ha publicado los testimonios de las comunidades fundadoras.
 
Valentín Hernández Chapa aparece desde marzo de 2011 en la nómina del personal administrativo de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), con el cargo de auxiliar jurídico. Cabe señalar que desde la Rectoría, encabezada por Rafael Aréstegui, y con la asesoría evidente del auxiliar jurídico, se impulsó desde mediados de 2012 el convenio de esta institución con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que la UIEG, ubicada en la comunidad de La Ciénega, fuera la que promoviera el proyecto de Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero.
 
Si bien la CRAC de San Luis Acatlán ha manifestado en los medios de comunicación su papel en la defensa del territorio, como supuesto asesor jurídico de una de las instituciones que han articulado el territorio comunitario, a Valentín Hernández Chapa no pareció preocuparle la certificación realizada en los últimos años de grandes predios situados en la mayoría de los núcleos agrarios que integran el territorio comunitario como áreas naturales protegidas bajo la figura de áreas voluntarias destinadas a la conservación.
 
Su presencia en la región, sin embargo, es anterior, pues en 2004 llegó a la CRAC-PC como delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instancia en la que laboró con el IDFILIACION: F HECV-730203, bajo la clave CEN_TRAB CLAVE ADSCRIP: 12046R823CCI, Ometepec, Guerrero.
 
Hernández Chapa ha sido cuestionado desde que volvió como “asesor jurídico” de la CRAC-PC en 2010 con Pablo Guzmán Hernández como coordinador regional, cuando ya había sido expulsado de la institución por la asamblea regional en más de una ocasión. Las comunidades lo han cuestionado por portar indebidamente el uniforme de policía comunitario, cargo que se gana en la asamblea comunitaria; por crear la figura jurídica de la CRAC para gestionar proyectos productivos; por autonombrarse “asesor jurídico” y “vocero”, figuras que no existen en el reglamento interno ni han sido avaladas en asamblea regional.
 
Actualmente existen dos CRAC-PC: la que está reconstituyendo las comunidades que fundaron la Policía Comunitaria, cuya Acta Constitutiva muestran notariada y fechada un 15 de octubre de 1995 en Santa Cruz del Rincón, donde se exige sea respetada la “autonomía y autodeterminación de los pueblos para ejercer la seguridad y justicia”; y la que opera en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, cuyos dirigentes afirmaron el 20 de enero de este año que el proyecto nació en Cuanacaxtitlan. Si bien es cierto que en esa comunidad solicitaban previamente un grupo de seguridad, en su Acta de 1995 se habla de “pedir un destacamento del Ejército y la presencia permanente de la Policía Judicial”.
 
La CRAC-PC de San Luis Acatlán es “coordinada” actualmente por Eliseo Villar Castillo, quien se presentó ante autoridades federales como “encargado de todas las casas de justicia” el 27 de junio de 2013, en la carretera Cruz Grande-Ayutla, cuando elementos castrenses del 48 Batallón de Infantería lo detuvieron por segunda ocasión fuera del territorio comunitario. Villar Castillo tomó protesta para comenzar su participación en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia el 5 de noviembre de 2011. Fue nombrado, a pesar de las inconformidades de la gente de su propia comunidad (Capulín Chocolate), en la asamblea del 23 de febrero de 2013 como coordinador de la CRAC-PC (asamblea en la que se prohibió la participación de la gente y cuyas reglas fueron pactadas por dirigentes de la CRAC y líderes de UPOEG), y a 4 meses de su nombramiento, el 25 de junio de 2013, ya se encontraba expulsando, sin el debido proceso de justicia comunitaria, a ocho integrantes de la CRAC-PC, entre ellos a los comandantes regionales na’saavi y me’phaa y a consejeros, excoordinadores y fundadores en 1995 de la institución comunitaria.
 
Esta división de la CRAC-PC se ha ido generando desde hace varios años y está enmarcada en un convulsionado estado de Guerrero, donde han gobernado partidos políticos de la “izquierda” institucional sin resolver las históricas demandas de la entidad con los índices de miseria más altos del país. Guerrero es, como todos lo señalan sin temor a equivocarse, un territorio lleno de riquezas naturales, en la mira del gran capital y sus proyectos extractivistas (presas, hidroeléctricas y minería a cielo abierto).
 
En lo que va de 2013, sorprendió al país el surgimiento de numerosas policías comunitarias y grupos de autodefensa, el recrudecimiento del crimen organizado, la militarización del estado, la inoperancia de los sistemas de seguridad pública, los asesinatos impunes de luchadores sociales y el desplazamiento masivo de poblaciones enteras agredidas por grupos del crimen organizado que han dejado grandes territorios despoblados. Nada más y nada menos.
 
El gobierno estatal y altos mandos del Ejército y la Armada de México han señalado en diversas ocasiones que detrás de los movimientos populares, de las policías comunitarias y de los grupos de autodefensa existen lo que catalogan como “grupos subversivos” y grupos del crimen organizado.
 
Al tratar de entender los comunicados, documentos y posturas de diversos actores sociales, pueblos y comunidades de Guerrero, nos viene a la imaginación un viejo western donde cuatro o cinco actores se apuntan simultáneamente a la cabeza, y quien dispare el primer tiro desencadenará una reacción fatídica. En nuestra realidad, ni los pueblos ni las organizaciones armadas van a aceptar la subordinación de las autodefensas y policías comunitarias a la Policía Rural, aunque la mayoría busca obtener recursos en sus respectivas negociaciones, donde también van midiendo fuerzas. El peor de los escenarios podría ser una situación bélica.
 
Bajo este contexto cobra vital importancia escuchar y entender, sin intermediarios, a los pueblos na’saavi y me’phaa, que fundaron hace casi 18 años la Policía Comunitaria y que hoy están dándose a la tarea de construir el territorio comunitario reconstituyendo el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia. A través de la página en internet www.territoriocomunitario.weebly.com están dando transparencia de dicho proceso. Y nada mejor que escuchar y aprender de las asambleas regionales de los pueblos fundadores, que han sido en todo momento abiertas, públicas y tolerantes.
 
¿Quién puede salir ganado? ¿Quiénes están haciendo cálculos militares? ¿Cómo se sienten el cerco mediático en las comunidades y los disparos de desinformación?
 
Las Fuerzas Armadas del Estado mexicano, los grupos revolucionarios armados, los grupos armados de la delincuencia organizada, las autodefensas y las policías comunitarias pudieran estar enfrentándose (o defendiéndose) simultáneamente en distintos espacios geográficos del territorio. Y ¿quién podrá interpretar lo que esté sucediendo? ¿Quién podrá distinguir a los que iniciaron las ofensivas? ¿Quién, los bandos y sus intenciones? Eso sí, en río revuelto, luchadores sociales históricos podrán ser acusados de paramilitares (ya lo están siendo); personas infiltradas en las organizaciones sociales podrán ser reconocidas como representantes de los pueblos; y los gobiernos estatal y federal podrán tener diferentes pretextos y terreno mediático preparado para “ejercer toda la fuerza del Estado”.
 
*Periodista
 
 
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Fuente: Contralínea 347 / agosto 2013
 
 
 

 

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