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Aunque la PGR se ha propuesto “remediar” las pifias de la anterior administración relacionadas con el uso arbitrario de testigos protegidos, no todas las víctimas están en libertad o en vías de estarlo. El caso del mayor de justicia militar Francisco Pérez Chávez –acusado por cinco testigos colaboradores de la SIEDO de supuestamente proteger al Cártel de los Beltrán Leyva– es ejemplo de ello, asegura su familia. Enfermo de diabetes y en un penal de máxima seguridad, espera como último recurso que su caso sea turnado al fuero militar. “Se han violentado gravemente mis derechos humanos”, indica en una carta manuscrita enviada a Contralínea

 
 
 
“Han destruido mi vida y la de mi familia”, señala el militar Francisco de Jesús Pérez Chávez en una carta manuscrita, enviada a Contralínea para que la visibilización de su caso le garantice lo que hasta ahora se le ha negado, indican sus familiares: un juicio justo y apegado a derecho. En la misiva, el mayor de justicia militar asegura que desde su detención, ocurrida en enero de 2008, el sistema judicial mexicano “ha violentado gravemente mis derechos humanos”.
 
Su caso forma parte del cúmulo de juicios iniciados a petición de la Procuraduría General de la República (PGR) en el contexto de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, que aportaron como única o fundamental prueba las declaraciones de testigos colaboradores.
 
Y aunque la nueva administración que encabeza el procurador Jesús Murillo Karam se ha propuesto corregir los excesos en este tema cometidos por el pasado gobierno de Felipe Calderón, el juicio de Pérez Chávez parece no estar en esa situación, advierten sus familiares.
 
Con una evidente limitación de recursos económicos, la defensa del militar ha recaído en sus parientes y en él mismo. Recluido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, ubicado en Jalisco, por delitos que –asegura– no cometió, Pérez Chávez espera que su causa sea remitida al fuero militar. Esto, tras apelar la condena a 25 años de prisión que le dictó el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Jalisco, por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de fomento, bajo la causa penal 59/ 2008.
 
Según la acusación elaborada por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), el militar de rango medio brindó protección al Cártel de los Beltrán Leyva.
 
Como “pruebas”, la PGR aportó las declaraciones de cinco testigos protegidos (uno de ellos, el teniente de arma blindada Pedro Sergio Jonguitud Barragán, con nombre clave Emiliano; los otros: Julio, Karen, César y Juan Galván Lara), un audiocasete y una libreta donde figura el nombre del mayor, misma que a decir de la Procuraduría General de la República es una narconómina.
 
No obstante, en el expediente –al cual se tuvo acceso– consta que las declaraciones de los cinco testigos protegidos fueron de oídas (es decir, ninguno de ellos señaló haber visto directamente al militar cometer actos ilícitos) y que el audiocasete y la libreta no formaron parte de los artículos decomisados el 21 de enero de 2008, durante la detención de Alfredo Beltrán Leyva, alias el Mochomo;?esto último, a pesar de que el supuesto origen de esas pruebas es dicho criminal.
 
Y es que el parte informativo elaborado por Laureano Nabor Hernández y Jaime Enrique Santos Muñoz –elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación que detuvieron al narcotraficante– se enlistan 66 tipos de objetos y artículos confiscados al momento de la detención (armas, numerario, joyería, equipos de radiocomunicación), ninguno de los cuales coincide con las pruebas aportadas por la PGR en contra de Pérez Chávez.
“Es increíble que se me mantenga recluido sin prueba alguna, sólo porque la misma Secretaría de la Defensa Nacional, institución a la cual pertenezco, me relacione con Alfredo Beltrán Leyva sin ninguna prueba, le repito”, indica el mayor de justicia militar en su carta.
 
Agrega: “Supuestamente localizaron una libreta conteniendo mi nombre completo, así como un audiocasete en cuyo contenido se menciona ‘Pérez Chávez’. Esta localización se suscitó supuestamente tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva. Sin embargo esta libreta y este audiocasete nunca quedaron incluidas en la documentación de puesta a disposición [del Ministerio Público] de Beltrán Leyva”.
 
El militar destaca que “la libreta y el audiocasete no se los imputan al mismo Beltrán Leyva, pero sí al suscrito. Hasta la fecha no entiendo por qué motivo me los imputan a mí, si ignoro quién las elaboró (no existe ninguna persona [a la] que se le atribuya su autoría)”.
 
Pérez Chávez también explica que “está acreditado en autos que [Alfredo] Beltrán Leyva no está siendo procesado por ningún delito contra la salud. Entonces, cómo es posible que se me acuse de estos ilícitos. Es decir, si el principal [responsable] no los cometió, mucho menos el partícipe”.
 
 

El drama familiar

A las oficinas de Contralínea acude la madre del mayor Pérez Chávez a entregar la carta y la documentación extraída del expediente, que acredita las afirmaciones del manuscrito. Ha viajado más de 2 horas desde su casa, ubicada en Hidalgo.
 
A ella no le preocupa el cansancio del trayecto ni su salud, sino todo el sufrimiento que enfrenta su hijo: enfermo de diabetes y sin un tratamiento ni alimentación adecuados.
 
El mayor también sabe las penurias de su madre. Al inicio de su misiva, agradece “infinitamente” las atenciones que se le puedan brindar. El drama de la familia inició aquel día de la detención de Francisco de Jesús y parece no terminar.
 
“A mis pequeños hijos no los he visto desde el día de mi detención”, narra en su carta el militar. “No he querido que vengan [a la cárcel] porque ellos siempre vieron una persona honorable en todas mis actividades y más como militar. Ahora no quiero que me vean en estas condiciones tan deplorables.”
 
Los más de 5 años en prisión han repercutido en la educación de sus hijos, pues “han tenido problemas en la escuela porque no me encuentro a su lado”. También en su matrimonio, que ya terminó por decisión de quien fuera su esposa.
 
“Es probable que exista alguna consigna en mi contra, porque es increíble que a pesar de existir infinidad de circunstancias, por no decir pruebas plenas, que acreditan mi inocencia […], estoy siendo procesado sin prueba alguna que demuestre mi involucramiento con grupos delictivos”, indica.
 
“Está documentado en autos (causa penal 99/2008, Juzgado Cuarto de Distrito de Sinaloa) cómo se han violentado gravemente mis derechos humanos”, sentencia Pérez Chávez en su carta.
 
 
 
         
 
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Fuente: Contralínea 345 / julio 2013