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Desde el gobierno pasado, la Semar ha sido objeto de 1 mil 511 quejas y 23 recomendaciones en materia de derechos humanos. En 1 sexenio se convirtió en una de las 10 dependencias del Estado mexicano con más casos en la CNDH. Víctor Vázquez, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la dependencia, señala como una de las causas la participación de los militares en actividades que tradicionalmente no les competen y que implican un contacto directo con la población. Agrega que todos los efectivos de la Armada reciben capacitación en materia de derechos humanos y por ello en lo que va de la presente administración no se ha presentado queja alguna contra la dependencia ante la CNDH, aunque sí se han registrado 221 nuevas denuncias, consta en la Comisión

En años recientes, la Secretaría de Marina (Semar) ha figurado como una de las dependencias que más quejas por violaciones a los derechos humanos ha recibido de la población.
 
De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a partir del sexenio pasado la dependencia que administra y organiza a la Armada de México ha sido objeto de 1 mil 511 quejas y 23 recomendaciones en materia de derechos humanos. En su mayoría datan de la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, quien privilegió el uso de la institución militar en tareas de seguridad pública.
 
El incremento en los hechos violatorios de derechos fundamentales por parte de la Semar comenzó a ser evidente en 2010, cuando el número de quejas en su contra fue 4.7 veces mayor que el año anterior: pasó de 42 a 198.
 
Ya para 2011 y 2012, la Secretaría –entonces encabezada por Mariano Francisco Saynez Mendoza– registró 495 y 481 quejas, respectivamente. Fue en estos 2 años, los últimos del gobierno calderonista, que la Semar ocupó los lugares nueve y 10 en la lista de las autoridades más señaladas como presuntas violadoras de derechos humanos.
 
Respecto de las recomendaciones de que fue objeto la Semar por hechos ocurridos a partir de 2007, se desprende que mientras en 2008 la CNDH le dirigió dos, para 2010, 2011 y 2012 fueron seis cada año.
 
Los temas de estas recomendaciones son diversos. Por orden de incidencia se trata de tortura, retención ilegal, detención arbitraria, tratos crueles e inhumanos, privación de la vida, uso arbitrario de la fuerza pública, cateo ilegal, incomunicación, imputación indebida, desaparición forzada, intimidación, ejercicio indebido de la función pública, alteración de la escena de los hechos, privación arbitraria de la libertad, atentados a la vida, tortura sexual, violación sexual, agresión sexual, transgresión, uso arbitrario de las armas de fuego, inadecuada presentación del servicio público de salud, discriminación por razón de salud, omisión contraria a la intimidad y seguridad personal, indebida preservación de indicios delictivos y diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente.
 
En entrevista con Contralínea, Jorge Víctor Vázquez Zárate, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Semar, habla de uno de los factores que ha provocado que esta instancia sea señalada como responsable de violar derechos humanos. El capitán de navío explica que todo parte del requerimiento que hacen las instancias de gobierno a las Fuerzas Armadas mexicanas para que participen en actividades que tradicionalmente no hacen y que implican un contacto directo con la población: que coadyuven con las autoridades civiles en el resguardo de la seguridad pública.
 
“Es en esa interacción directa con la población en la que se da justamente el incremento, por el tipo de intervención en operaciones de colaboración a la seguridad pública… Es una acción directa de las Fuerzas Armadas en contacto con la población y, por lo tanto, son más proclives a ser objeto de alguna queja”, dice el funcionario.
 
—¿Considera, entonces, que ha sido incorrecto involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas que no le son propias? ¿Éste es en realidad el origen del problema? –se le pregunta.
 
—No es el origen del problema, pero es uno de los factores que evidentemente incrementan esta incidencia de quejas. Y, por supuesto, que las fuerzas del Estado tienen que intervenir; para eso existen, para garantizar la seguridad nacional y, en este caso, para coadyuvar en la seguridad interior. Por lo tanto, sí es correcta esa participación. Lo que se tiene que hacer, que se ha hecho, es preparar mejor a las Fuerzas Armadas para ejercer este rol que tradicionalmente no les compete.
 
A decir de Vázquez Zárate, desde 2001 la Semar ha emprendido una serie de acciones con el objetivo de intensificar la capacitación y concientización de su personal en temas de derechos humanos. Destaca la impartición de 48 mil cursos, talleres y seminarios de diversa índole, la incorporación de asignaturas de derechos humanos al currículo de los planteles educativos navales, así como la elaboración y difusión de un manual en la materia.
 
El 2 de julio pasado, con la firma del Convenio General de Colaboración y Apoyo para la Instrumentación de Actividades de Capacitación, Formación y Divulgación en Materia de Derechos Humanos, con la CNDH, la gestión del almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Semar desde el 1 de diciembre de 2012, refrendó su compromiso en la materia.
 
Las acciones impulsadas ya han rendido frutos, asegura el jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Semar. Prueba de ello, dice, es que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto las quejas en contra de esta dependencia han sido mínimas en comparación con el número de operaciones que han efectuado: 221 quejas en contra de 25 mil acciones. También, que durante este periodo la Armada de México ha estado exenta de recomendaciones por parte de la CNDH. Y es que, si bien durante 2013 recibió dos recomendaciones, éstas se derivan de hechos que datan del sexenio pasado.
 
“Hasta el momento, en esta administración no hemos tenido ninguna recomendación y esperamos no tenerla, porque estamos cuidando mucho este aspecto de capacitación y concientización de nuestro personal. Estos números reflejan cuál es la verdadera proporción de nuestra actuación”, menciona Vázquez Zárate.
 
La última recomendación dirigida a la Semar es la 16/2013. La madrugada del 2 de octubre de 2011, un grupo de marinos irrumpió, sin orden judicial, en un domicilio ubicado en Acayucan, región Olmeca de Veracruz. Con violencia, sustrajeron a una de las dos personas que se encontraban ahí; la trasladaron a las instalaciones de la Antigua Universidad de Acayucan, habilitadas como cuartel militar.
 
Pasados 8 días, en los que las instancias castrenses negaron conocer el paradero del agraviado, éste fue puesto en libertad: en realidad, abandonado en una calle solitaria junto con otros dos civiles. Entonces, el hombre denunció las agresiones de que fue objeto durante su reclusión, primero en el cuartel miliar, luego en la batea de una camioneta. Mientras se encontraba con los ojos vendados y las manos atadas, en ocasiones con una bolsa de agua sobre el rostro, recibió puñetazos y patadas en diversas partes del cuerpo; el aérea de los glúteos fue una de las más castigadas puesto que los golpes provinieron de una tabla.
 
No conformes con la tortura física, los uniformados recurrieron al terror sicológico: amenazaron al hombre con lastimar a su esposa e hija, así como con sembrarle mariguana y uniformes de policías. Durante todo este tiempo, le preguntaban los nombres de diversas personas que él desconocía y lo persuadían para que reconociera su supuesta pertenencia a grupos criminales. Finalmente, en las horas previas a su liberación, fue obligado a firmar unos papeles que, según le explicaron (no le permitieron leerlos), eran para deslindar a la Semar de cualquier responsabilidad.
 
 

Semar cumple a cabalidad 3 de 23 recomendaciones

De los informes de actividades de la CNDH se desprende el estatus actual de las 23 recomendaciones dirigidas a la Semar de 2008 a 2013. Según el criterio del organismo autónomo, 10 fueron aceptadas y cumplidas parcialmente, cinco aceptadas pero sin pruebas de cumplimiento, tres aceptadas y cumplidas totalmente, y dos no aceptadas. A la fecha, se desconocen los pormenores en tres recomendaciones.
 
En entrevista con este semanario, Luis García, primer visitador de la CNDH, utiliza el término “insuficiente” para referirse, en general, a la respuesta del Estado mexicano a las recomendaciones de esa Comisión.
 
Explica que “la respuesta es insuficiente porque no basta con la mera aceptación. Hay que buscar todos los mecanismos al alcance para que haya una reparación integral: que existan garantías de no repetición y un acceso a la justicia plena en términos de lo que establecen los tratados internacionales”.
 
Cuestionado al respecto, Jorge Víctor Vázquez Zárate, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Semar, asegura que en lo que compete a la Armada de México “no podríamos calificar de insuficiente porque estamos esforzándonos y lo que debemos esperar es justamente llegar a cumplir a satisfacción con estas recomendaciones. Primeramente, actuar estrictamente bajo el marco legal, cumplir con las normas jurídicas y la legislación vigente y con estricto apego a los derechos humanos”.
 
El funcionario detalla el procedimiento que sigue esta institución cuando es objeto de una recomendación por violación de derechos humanos. Ésta se turna a la Unidad de Inspección y Contraloría General, quien gira instrucciones para que la Unidad Jurídica y la de Atención y Procuración Ciudadana inicien el análisis jurídico de la misma. Inspección y Contraloría General es también la encargada de garantizar que las entidades de la Semar señaladas como presuntas responsables inicien la investigación correspondiente. Finalmente los resultados se concentran, concilian y comunican a la CNDH.
 
En caso de que se determine la presunción de responsabilidad legal en contra del personal de la Semar, los hechos se hacen del conocimiento de las autoridades civiles (Ministerio Público) para efectos de integrar la averiguación previa, pero también de los órganos jurisdiccionales militares.
 
—¿Actualmente, ante las instancias internas de la Semar, como la Procuraduría General de Justicia Militar, se desahogan otros casos de violaciones a los derechos humanos distintos de los que conoce la CNDH?
 
—Hay otros casos que se han presentado como quejas y recomendaciones, y que han sido desahogados en su mayoría. Al estar integrados ante la Procuraduría [General] de Justicia Militar, es un proceso judicial; por lo tanto, en aras del proceso legal, la información queda reservada hasta que el órgano de justicia competente emita un veredicto o una posición al respecto.
 
 

 

Al interior de la Semar también se violan derechos humanos 

Una de las recomendaciones que fue rechazada por la Semar, la 45/2008, alude al caso de dos exmarinos que fueron dados de baja de la Armada una vez que se les identificó como portadores del VIH (virus de inmunodeficiencia humana). Los hechos que ocurrieron en Veracruz y en el Distrito Federal en 2007 constituyen un claro acto de discriminación por razón de salud, determinó la CNDH.
 
—¿Qué tan común es que al interior de la Semar se presenten casos de violaciones a los derechos humanos de los propios elementos? –se le pregunta a Vázquez Zárate, jefe de la Unidad de Comunicación Social de esta Secretaría.
 
—No podríamos hablar que fuera algo sistemático de violaciones a los derechos de nuestro personal. Es un caso en particular, que puede darse. Estamos hablando de más de 50 mil efectivos en la Armada que operan en una base diaria de trabajo. Entonces, yo creo que es muy claro que no podemos considerar que sea algo sistemático o incluso frecuente al grado de ser una violación a los derechos fundamentales.
 
A decir de Vázquez Zárate, la institución que representa siempre ha “cuidado mucho el actuar dentro del marco de la ley”, pues su formación así se los exige. De ahí, explica, “que si llegara a tipificarse una acción atribuible de presunta violación a los derechos del individuo, lo que procede es que ellos elevan su queja ante la respectiva instancia de derechos humanos, y así es como podríamos, en un momento dado, determinar si existe o no una presunta violación”.
 
La recomendación 62/2008 de la CNDH constituye otro ejemplo de las violaciones a los derechos humanos que ocurren al interior de la Marina. Micaela trabajó 7 años en la Semar, dependencia que la condujo al lecho de muerte. La mujer falleció como consecuencia de la negligencia médica del personal del Hospital Naval de Salina Cruz, Oaxaca, y del Hospital Naval de Veracruz.
 
          
 
 

Recomendaciones por desaparición forzada, muestra de incumplimiento de la Semar 

Entre el 2 y 5 de junio de 2011, seis hombres fueron detenidos de manera similar dentro de sus domicilios, lugares de trabajo o en establecimientos comerciales, ubicados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Posteriormente, fueron trasladados en vehículos de la Secretaría de Marina con rumbo desconocido, sin orden judicial de por medio, y sin que fueran puestos a disposición de alguna otra autoridad. A la fecha, se desconoce su paradero.
 
Estas historias, crudos retratos de la realidad mexicana, forman parte de una de las dos recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió a la Semar en materia de desapariciones forzadas (39/2012 y 34/2011).
 
De acuerdo con Luis González, primer visitador de la CNDH, esta Secretaría figura entre las tres dependencias del Estado mexicano que más incurren en esta práctica, considerada de lesa humanidad. Las otras son la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, ahora Comisión Nacional de Seguridad.
 
Las recomendaciones por desaparición forzada fueron aceptadas por la Secretaría de Marina que, según los informes de actividades de la CNDH, sólo las satisfizo de manera parcial.
 
Por ejemplo, en el caso de los hombres desaparecidos en Tamaulipas, la Armada de México se negó a proporcionar los nombres y cargos de los militares que tuvieron contacto con éstos. Además incurrió en una serie de contradicciones: primero negó la detención de las víctimas; luego dijo que su personal sí tuvo contacto con ellas pero que no las privó de su libertad; finalmente aceptó que las había retenido.
 
—¿Cuál es el estatus actual de las dos recomendaciones que ha recibido la Semar en materia de desapariciones forzadas –se le pregunta a Víctor Vázquez Zárate, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría.
 
—El dato puntual sobre estas recomendaciones personalmente no lo tengo en este momento. Hasta el momento no han sido rechazadas ninguna de estas recomendaciones; eso sí te lo puedo decir. Todas estas recomendaciones han sido aceptadas y se desata el proceso, justamente siguiendo las recomendaciones puntuales de la CNDH.
 
—¿Ya tiene ubicados a los elementos involucrados? ¿Se encuentran en proceso de investigación o ya fueron sancionados? ¿Fueron consignados, ante qué instancia?
 
—Está en proceso. Por supuesto que sí se inicia un proceso de investigación, es parte de las recomendaciones. Y se están atendiendo puntualmente estas recomendaciones. Dentro de ese proceso evidentemente está la atención de los presuntos responsables. En este momento no tengo la información sobre la ubicación, si es que ya fueron identificados presuntos responsables. Te puedo decir que sí está en proceso de investigación. Y sería, obviamente, el compromiso que se tiene de cumplir con estas investigaciones.
 
El funcionario de la Secretaría de Marina envía un mensaje a todas aquellas personas que, por alguna razón, han sido víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales por parte de las instituciones castrenses. Les ratifica “el compromiso de la Semar de llegar a determinar con precisión las responsabilidades y, en el caso de que se determinen estas responsabilidades, ahora sí aplicar el marco legal para que se establezcan las penalizaciones correspondientes”.
 
Al resto de la población, “sobre todo a la que sigue confiando en las Fuerzas Armadas”, al grado de solicitar “que se refuerce y se mantenga esta colaboración hasta que en su localidad existan las condiciones”, les dice que “también es compromiso de la Armada de México el corresponder a este gesto de confianza con la mayor transparencia y estricto apego a la legalidad”.

 

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 Fuente: Contralínea 344 / julio 2013

 

 

 

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