Autor:

Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias
 
Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), defiende los recortes sociales en España e Italia. No es nuevo. Lo indignante es que elogia a sus gobiernos porque han “reestructurado sus mercados laborales a pesar de intrincados intereses y férreas tendencias culturales”. Tiene la desfachatez de llamar “férreas tendencias culturales” a los derechos de la ciudadanía.
 
Para rematar tal miserable despropósito, dice Lagarde que la economía mundial es “adicta” a los años de bienestar y se ha de “desenganchar” con decisiones correctas en medidas estructurales. Con contrarreformas. Pretende que el intento de justicia, de cierta distribución de riqueza, mal llamado Estado de bienestar, es una “adicción”. Para Lagarde cobrar una pensión, por ejemplo, es como esnifar cocaína o chutarse heroína.
 
Hace 4 mil años alguien grabó un criptograma en Egipto que decía: “He hecho al hombre igual a su prójimo y no he ordenado que los hombres cometan injusticia”. Religiosidad aparte, tal vez el primer texto en la lucha por la justicia, por el imperio de los derechos humanos. Desde entonces se ha recorrido un largo camino, difícil, lento, doloroso y lleno de contradicciones. Hasta 1948.
 
El 10 de diciembre de ese año, la Asamblea General de la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaba sin ningún voto en contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una Declaración que no son sólo principios, sino fuente de derecho internacional, que se ha desarrollado desde entonces y, como ley, obliga.
 
Más aún, todas las constituciones de los países de la Unión Europea recogen esos derechos sin excepciones. Por ejemplo, recogen el contenido del artículo 25 de la Declaración que proclama la “adicción”, según Lagarde, del derecho a una pensión que asegure un nivel de vida adecuado.
 
Viene a cuento, porque las pensiones públicas son hoy objeto de un descomunal ataque por parte de la minoría rica de la que Lagarde forma parte. Una minoría que no quiere que haya dinero público para pensiones también públicas, pues pretenden sustituir el sistema público por otro de pensiones privadas. Para especular. En el reino de España las pensiones públicas suponen 117 mil millones de euros anuales. Y quieren apropiarse (indebidamente) de ese pastel.
 
Y puesto que es cuestión de codicia y saqueo, no cabe entrar en el falso debate de la sostenibilidad de las pensiones públicas. Aportemos datos y hechos que demuestren que la insostenibilidad de las pensiones públicas es un cuento chino. Pero no caigamos en la trampa de debatir si habrá bastantes empleos para pagar pensiones de jubilados. Un planteamiento falaz, tramposo y estúpido. Hay que proclamar sin resquicio de duda que cobrar una pensión es un derecho, no sujeto a presuntos debates técnicos. Como no es admisible someter a debate el derecho a la vida, a no sufrir tortura o a no ser sometido a esclavitud. Porque todos los derechos son igualmente respetables.
 
El derecho se respeta, se satisface y no hay cuestión técnica ni pretexto de sostenibilidad que valga. Sobre todo cuando hay dinero más que suficiente. Lo hay, pero se lo quedan ilegítimamente unos pocos. Sólo hay que recuperar la fiscalidad anterior a la década de 1980, cuando quienes más tienen y atesoran pagaban más impuestos. Impuestos justos.
 
La cuestión no es si las pensiones son sostenibles, como tampoco si es sostenible la sanidad y educación públicas. La cuestión es si la minoría rica continuará con su latrocinio descarado por medio de gobiernos desleales a su servicio que esgrimen la crisis y la deuda como pretexto. Por su parte, la ciudadanía se ha de convencer del todo de que su postura, su lucha, es por los derechos que le arrebatan. Y los derechos se consiguen y se respetan, no se debaten. La legitimidad ciudadana es tan plena que le permite enfrentarse a la ilegítima legalidad de la minoría y sus cómplices.
 
Y sobre bondad y exigencia del respeto de la legalidad, cabe recordar que hay diversas legalidades. Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, Pinochet, Videla… establecieron legalidades, por supuesto. Pero no eran respetables.
 
La ciudadanía parte de la más indiscutible legitimidad contra la estafa y el saqueo: sus derechos. Y, cuando el miedo cambie de bando, convertirá su legitimidad en legalidad. En un país, un continente, un mundo más decente y justo. Una legalidad digna de ser respetada.
 
 *Periodista y escritor
 
  
 
Fuente: Contralínea 343 / julio 2013
 
 
 

 

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