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Los cineastas Layda Negrete y Roberto Hernández denunciaron el acoso y hostigamiento del que han sido objeto desde que filmaron el documental Presunto Culpable –obra que muestra como la justicia condena a un inocente–. Ahora, ambos abogados son acusados “de haber incurrido en daño moral” y actualmente enfrentan a la justicia.
 
Ayer, Negrete se presentó a una audiencia judicial como parte de las 19 demandas que enfrentan luego de que narraron la historia de un joven de Iztapalapa que fue sentenciado por homicidio; en la cinta muestran los errores en las investigaciones y en el proceso. Las demandas son de Víctor Daniel Reyes Bravo, (testigo del homicidio); del exagente de la Policía Judicial del Distrito Federal, José Manuel Ortega Saavedra, y de los familiares de la víctima.
 
Presunto Culpable es el documental más visto, hasta el momento, con más de 1.8 millones de espectadores en cines. Éste también fue transmitido por televisión en Estados Unidos y, tras competir contra miles de programas en esa nación, se hizo acreedor a un Emmy como mejor investigación periodística del año.
 
A sólo 10 días de haberse estrenado, el grupo de productores, distribuidores y exhibidores de la cinta comenzaron a ser objeto de acoso judicial. El primer amparo en contra de los productores ocasionó que se suspendiera su exhibición y se detuvo su proyección en cines, lo que ocasionó la circulación informal de la cinta.
 
A partir de esa demanda, que generó la censura de Presunto Culpable, se han sumado múltiples procesos.
 
Los productores indican que “la mayoría de estas demandas contienen reclamos idénticos por el mismo hecho. Esta multiplicidad de procesos con una misma causa opera como una sanción en sí misma con efectos disuasivos en nuestra labor de continuar nuestro trabajo periodístico sobre el poder judicial”.
 
La Casa de los Derechos de Periodistas ofrece su apoyo moral a los productores en este proceso, porque considera que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, esencial para el desarrollo de la sociedad.
 
Esta asociación reivindica, como lo establecen las declaraciones internacionales en esta materia, que todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo.

 

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