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El gobierno de Estados Unidos instaló su estructura de espionaje político, social y comercial contra México a través de las propias instituciones de seguridad, defensa e inteligencia mexicanas: Sedena, Semar, Cisen, Policía Federal, PGR y SAT, entre otras. Durante 12 años de panismo (con más énfasis en el calderonismo) se firmaron decenas de contratos con empresas estadunidenses que, bajo el señuelo de la innovación y la excelencia tecnológica, obligaban a las instituciones mexicanas a “compartir” la información recabada. Por ello, incluso Estados Unidos financiaba el ciento por ciento de algunas compras y, en un caso, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, autorizó directamente la venta de un equipo que se instalaría en México

  
 
Estados Unidos instaló su estructura de espionaje en México a través de las propias instituciones mexicanas de seguridad nacional e inteligencia. Se valió de la política de puertas abiertas que le ofrecieron las administraciones federales panistas entre 2000 y 2012. La supuesta guerra contra el narcotráfico con la que Felipe Calderón militarizó el territorio nacional a partir de 2006 sirvió para introducir poderosos aparatos de espionaje que operarían los mexicanos pero a los que también tendrían acceso los estadunidenses.
 
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a cargo de los servicios de inteligencia civil del Estado mexicano; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Marina; la Procuraduría General de la República; la Policía Federal; el Servicio de Administración Tributaria, todas instituciones federales de seguridad nacional, adjudicaron de manera directa decenas de contratos por miles de millones de pesos a empresas como Verint Systems Inc, Security Tracking Devices y Broadlink, entre otras.
 
Con ellas erigieron estructuras capaces de intervenir masivamente todo tipo de comunicaciones electrónicas: desde llamadas telefónicas hasta computadoras, teléfonos inteligentes y sistemas encriptados. Con estas empresas, el gobierno federal del sexenio pasado construyó el Sistema de Intervención de Comunicaciones del Cisen, la Plataforma México (en la Policía Federal) e instaló el sistema más importante de espionaje masivo jamás instalado en el país: la Plataforma Pegasus (en la Sedena).
 
En este último caso, Hillary Clinton –entonces secretaria de Estado de Estados Unidos– autorizó personalmente la salida del equipo de ese país para instalarse en la Sedena.
 
De todo ello Contralínea dio cuenta a lo largo de los dos sexenios anteriores. Este semanario documentó en 2008 la firma de 14 contratos entre el Cisen y Verint Systems Inc, a través de su filial Sogams, SA de CV. En el reportaje se señalaba que con la adquisición de los equipos, México se obligaba a “compartir” la información con las agencias de inteligencia estadunidenses. Para el 1 de julio de 2012, la columna Oficio de papel reveló la existencia de 12 contratos firmados entre la Sedena y Security Tracking Devices y otras empresas. Reportajes posteriores de Contralínea darían cuenta de un total de 18 contratos. Construían la Plataforma Pegasus.
 
A continuación, algunas ligas a las publicaciones originales del espionaje estadunidense en México y las erogaciones mexicanas en equipos de intervención de comunicaciones.
 
 
 
 
 

 

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