Toros: fraude e impunidad

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Cada temporada se cometen decenas de fraudes en las corridas de toros celebradas en la Plaza México. De acuerdo con reportes oficiales obtenidos por Contralínea, cada tarde de lidia son aventados al ruedo becerros o novillos –no toros– lastimados, con los cuernos recortados o sin las condiciones adecuadas de peso o de trasladado. Los empresarios dueños del negocio –encabezados por Rafael Herrerías, socio y apadrinado de Miguel Alemán Magnani– controlan todo el proceso de “verificación” de la edad y cumplimiento de los requisitos. Las autoridades del Distrito Federal, tanto del gobierno central como del delegacional, se muestran condescendientes con la Productora Global EMT, a cargo de todo lo que ocurre en “el coso más importante de América”. Ante cada denuncia, los dueños adquieren mayor control: en la temporada de novilladas que inició este 7 de julio se estrena como veterinario sancionador Javier García de la Peña, apenas unas semanas antes, empleado de Herrerías

 
Los insultos y chiflidos atraviesan el oro del traje de quien es considerado una de las máximas figuras del toreo. El ídolo, admirado por su elegancia, pierde la compostura: suda, escupe, está despeinado. La piel se transparenta en el rostro desencajado. El abucheo aplasta. Algunos viejos aficionados observan en silencio; otros, se desgañitan al proferir cada injuria o lanzar tan fuerte como se pueda la almohadilla que busca la cabeza del torero. En una plaza de toros el hartazgo se expresa a cojinazos.
 
En la corrida inaugural de la pasada Temporada Grande 2012-2013 en la Plaza México, irónicamente con un astado nombrado Tapabocas (547, de la ganadería de Xaxay), el valenciano Enrique Ponce padeció la peor bronca por parte de la afición capitalina en las 2 décadas en las que ha visitado el país.
 
La relación del matador español con la afición mexicana ha oscilado entre la idolatría por su toreo plástico y la sombra permanente de la duda sobre la edad de los toros lidiados. Cada año la afición protesta por la pobre presencia (apariencia física) de los toros con los que se presenta en la Plaza México; cada año se sospecha, se percibe, un fraude; pero cada año el torero regresa a su patria sin que se pruebe nada.
 
Tras el desastre de su última actuación, un aficionado remarcó por medio de su cuenta de Twitter al entonces coordinador taurino de la delegación Benito Juárez –demarcación en la que se encuentra el coso–, el panista Daniel Chimal, lo indispensable de dar a conocer los resultados de los exámenes post mórtem de los bovinos lidiados por Ponce. El funcionario escuetamente contestó: “es atribución del Juez y este no lo solicitó” (sic).
 
La respuesta dejó claro que las únicas consecuencias serían los malos recuerdos en la mente del espada; que la presunción de timo a quienes pagaron costosas localidades –en taquilla o reventa–, en eso quedaría, gracias al juez de plaza en turno, Jorge Ramos, a quien no se le ocurrió pedir los análisis necesarios para evidenciar la edad de las reses ni tampoco otra autoridad presionó por ello.
 
 
 

Novillos por toros, lo común en La México

 
Ni Enrique Ponce es el único acusado de matar novillos en vez de toros ni los cojinazos son la única forma de señalarlo. De acuerdo con los informes de actividades del médico veterinario zootecnista Benjamín Calva Rodríguez, correspondientes a la última temporada en el coso de Insurgentes, cada tarde ocurre un fraude en la Plaza México.
 
En los comentarios firmados por el médico asignado por la delegación Benito Juárez para inspeccionar los animales antes y después de las corridas impera una frase: “no concordaron las edades biológicas de los toros lidiados con las declaradas por el ganadero”.
 
Las aseveraciones van desde que un encierro completo –en la mayoría de los casos– no cumplió con la edad reglamentaria mínima de 4 años (asentada desde 1940 por el general Lázaro Cárdenas), hasta precisiones como las hechas en la decimotercera tarde, cuando no coincidió la edad del astado “56 por meses y la del 913 por años”. El primero fue de la ganadería de Lebrija, de Álvaro Lebrija Saavedra y Raúl Lebrija Bailleres; el segundo de Jorge María, propiedad del gerente de la plaza, Rafael Herrerías, y de su socio y protector Miguel Alemán Magnani.
 
La corrida del 5 de febrero pasado fue un caso extraordinario en la temporada organizada por la Productora Global EMT, SA de CV –antes llamada Plaza México, SA de CV, y, previo a ésta, Promotora Alfaga, SA de CV–, ya que “sólo un animal no cumplió con la edad declarada”, remarcó el galeno.
 
A pesar de no realizar los estudios en laboratorio, la edad y la integridad de los bureles pueden determinarse visualmente, labor que se realiza cada semana, explica a Contralínea el doctor Benjamín Calva. “La edad dental es segura; desde hace siglos es la más utilizada para la compra-venta de ganado. Además tenemos la ventaja de tener un rastro. Ahí destazan al… animal [dice así por no usar la palabra novillo]. Entonces nosotros podemos ver otras características, como los huesos, la médula roja, cartílagos y demás tejidos del organismo para reforzar esa edad bucal”.
 
Al desglosar la información (entregada a Contralínea por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitud 0403000074013), se observa que el veterinario advirtió siempre a las autoridades desde la llegada de los toros a la plaza, días antes de los festejos.
 
En cada reseña (acto en el cual las autoridades de la delegación y el Gobierno del Distrito Federal registran y dan visto bueno a los astados), Calva Rodríguez pidió al juez de plaza rechazar múltiples toros por diversos motivos: escasa presencia o ser anovillados, tener los pitones rasurados (ganaderías de San Isidro y Marrón) o pobre cornamenta para la supuesta categoría de La México; estar evidentemente lastimados o haber llegado a los corrales de la Plaza a última hora, cuando reglamentariamente el tiempo mínimo es 4 días antes de la corrida, para permitir la recuperación del animal tras el viaje.
 
También solicitó el rechazo de toros con fechas de nacimiento desconocidas, que no estaban inscritos en el Registro Obligatorio de Edades de los Astados (Hulián Hamdan) o de plano ser menores de 4 años según la propia información dada por el ganadero (Hulián Hamdan, nuevamente).
 
Nunca se le hizo caso. Incluso, más de la mitad saltaron al ruedo para ser toreados en la llamada “plaza más importante del continente”. Si se rechaza algún toro en “la Monumental” no es porque éste no haya cumplido con el reglamento, sino porque “se le da la gana a la empresa” y la autoridad sólo obedece, precisa el veterinario.
 
Contralínea solicitó los informes de Santiago Aja Guardiola, el segundo veterinario de la delegación Benito Juárez. Por medio del oficio DGJG/DJ/SJ/UDR JRSC/7029/2013, el ente aseguró que el médico “no cumplió con la entrega de los reportes”. Aja Guardiola fue separado de su puesto y para suerte de la sociedad de La México será reemplazado por Javier García de la Peña, empleado de Alemán Magnani y el doctor Herrerías.
 
 

Impunidad

 
No obstante la contundencia de los comentarios asentados en los informes del veterinario Benjamín Calva –acorde con lo escrito en el artículo 9, fracción cuarta, del Reglamento Taurino para el Distrito Federal– el único facultado para la solicitar la realización del examen post mórtem en laboratorio es el juez de plaza.
 
Ello significa que si el representante del jefe de gobierno –sin importar las advertencias del veterinario o la ira de la gente– no insta la práctica de prueba alguna, porque él no sospecha nada de nada ni de nadie, cualquier reporte adverso a los ganaderos, toreros y empresa carecerá de valor jurídico. Sin la petición del juez todo queda en presunto fraude y las observaciones en meras “opiniones”.
 
Debajo de las anotaciones, Calva Rodríguez subrayó que los jueces Gilberto Ruiz Torres, Jorge Ramos y Jesús Morales nunca requirieron análisis formales. Antes era una obligación hacerlos, “pero desde que la empresa reformó [sic] el reglamento no ha habido solicitudes”, sólo “dos o tres”, acusa Calva.
 
La realización de revisiones con valor probatorio a los toros lidiados en la Plaza México está supeditada no sólo a la voluntad de los jueces de plaza, quienes rotan el puesto cada semana: si por equivocación uno de ellos mandara realizarlos, los veterinarios no podrían acatar la orden por dos motivos: ninguna autoridad garantiza que no sean agredidos por los subordinados de Miguel Alemán o el propio Rafael Herrerías al ir a recoger las muestras biológicas… además, desde 2001 el laboratorio de la Plaza México está “con llave”.
 
—Hemos contestado [a las “dos o tres” peticiones] que no tenemos un despacho para trabajar como marca el reglamento –confiesa el veterinario, también catedrático de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
 
—¿No bastaría la revisión visual para cumplir con la petición del juez?
 
—No. Necesitamos las pruebas biológicas. Si nosotros decimos que [los bureles] no tienen edad debemos comprobarlo y esto lo hacemos con un pitón o la boca. Para ello hace falta un notario, porque hay que recoger las muestras y necesitamos a alguna autoridad [de la delegación] presente para que firme que las muestras recabadas son de cada animal para después llevarlas al laboratorio.
 
 
El veterinario asegura haber buscado el apoyo de la delegación Benito Juárez, pues de ésta recibe sus honorarios. Sin embargo, “en estos años no hemos recibido respuesta sobre el laboratorio y la seguridad. Entonces no ha habido nada de nada”, reclama.
 
“El examen post mórtem debería ser un trabajo ordinario, normal, para que la afición se sienta tranquila de que la empresa adquirió a lo largo de la temporada ganado con la edad reglamentaria”, dice en entrevista José Francisco Coello Ugalde, director del Centro de Estudios Taurinos de México.
 
Simplemente no nos dejan comprobar que el pasto es verde. Si el pasto es verde, no tenemos ningún problema; pero si tenemos la sospecha de que el pasto ha sido pintado, de que el pasto ha sido alterado… pero la [sociedad de la] Plaza México se ha convertido en un poder fáctico, impune”, apostilla el historiador.
 
“Estamos en un candado y esto se arregla cuando la autoridad quiera: cuando tenga lo necesario para poner un hasta acá”, dice Benjamín Calva al tiempo que entrecierra las manos y las sacude de arriba abajo con las palmas hacia el cielo, no en forma de plegaria sino figurando unos testículos.
 
—Desde hace más de 10 años la Plaza México cerró su laboratorio. ¿Cuál es la postura de la delegación ante ello? –se le pregunta a Orlando Martínez, actual coordinador taurino de la demarcación encargada de expedir los permisos a Productora Global EMT.
 
—Es inexistente el laboratorio a pesar de que el reglamento exige a la Plaza contar con un lugar adecuado para la realización de los exámenes. El punto de vista de la delegación en cuanto a los laboratorios es que son inexistentes en la Plaza [sic] –evade el funcionario panista.
 
—¿Tiene algún plan la delegación para cambiar esto?
 
—Evidentemente con la empresa tenemos una comunicación constante. Una comunicación real [sic] y pues en cuanto a lo que es el laboratorio para los post mórtem no lo hemos platicado –dice, con desparpajo, el coordinador taurino.
 
La Comisión Taurina del Distrito Federal tampoco ha presionado en el tema y ha hecho como si el artículo 48 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal no existiera.
 
Aunque dicha ley señala que “la autoridad, a petición del juez de Plaza o de la Comisión Taurina del Distrito Federal, podrá valerse de cualquier método disponible para corroborar la edad de los toros previamente declarada”, los doctores tampoco recibieron petición alguna por parte de la Comisión.
 
Así, ni los jueces ni la delegación ni la Comisión osan molestar al poderoso propietario de la aerolínea Interjet –hoy consultor de Miguel Ángel Mancera en materia turística– ni a su socio taurino. “La autorregulación impuesta por Herrerías [con los Alemán detrás] ha forzado a que la autoridad simplemente sea observadora, cómplice, porque en ese laissez faire, laissez passer [dejar hacer, dejar pasar] permite a la empresa hacer a sus anchas lo que quiera. La impunidad es absoluta”, alega Coello.
 
Y añade: “Por ello los aficionados no tenemos las condiciones para saber lo que nos ofrecen y esto es algo que hemos tenido que asumir los aficionados. (…) Compro mi boleto con el mea culpa de convertirme en cómplice. Voy a los toros… pero bajo protesta”.
 
—¿Qué le dice al aficionado que asegura que un toro no es tal, sino un novillo? –se le pregunta a Calva Rodríguez, quien ha revisado los toros caídos en La México durante los últimos 13 años.
 
—Que le doy la razón…
 
 

Los jueces, sometidos

 
En el transcurso de la Temporada Grande pasada, Contralínea consultó a los tres jueces de plaza de la Monumental Plaza de Toros México. Recién terminados los festejos, a la puerta del “palco de la autoridad”, los representantes del jefe de gobierno respondieron con campechanía, nerviosismo y molestia. Cada uno contestó algo diferente, como si la ley fuera personalizada y los aficionados no pudieran consultar lo escrito en ella.
 
Quien menos dificultades tuvo al responder fue el matador de toros en retiro Gilberto Ruiz Torres, pues sencillamente se desentendió de sus facultades y, sin más, afirmó que las solicitudes las debe hacer “la Comisión Taurina cuando cree que viene al caso”. Problema resuelto para él.
 
Jesús Morales se enredó al tratar de inventar una explicación:
 
—¿Se mandarán a hacer los post mórtem del día de hoy? –se le preguntó tras la cuarta corrida del serial 2012-2013.
 
—Aquí desgraciadamente no lo hay [sic]; pero se lo llevan los médicos veterinarios, lo hacen y no ha habido ninguna queja.
 
—¿Pero usted solicitó que se hicieran?
 
—Sí, sí, desde luego. En cuanto llega la corrida de toros el lunes, inmediatamente el veterinario mete su petición para que después en el rastro corten los pitones y se los lleven […]; aquí no hay corrida que no se vaya sin [analizar], al menos las que yo he presidido como asesor y como juez. Allá están los veterinarios y los encargados de eso para llevarse los pitones […] para analizar todo, todo, no sólo pitones sino la edad también –concluye.
 
Por último, Jorge Ramos no sólo aceptó que corresponde a los ocupantes del biombo pedir la realización de estudios sino que aseguró que es una labor llevada a cabo “cada 8 días”:
 
—¿Será sometida a prueba la corrida de esta tarde?
 
—Por obligación solicitamos a los médicos veterinarios que hagan un examen post mórtem, nos hacen un reporte y lo adjuntamos al que hacemos al Gobierno del Distrito Federal y a la delegación.
 
—Entonces confirma que hoy habrá análisis de la corrida de La Estancia (ganadería lidiada ese día).
 
—Cada 8 días se hacen los exámenes a los toros –sentencia el ocupante del cargo que en España se llama presidencia.
 
“Todo es falso, deberían hacerles a los jueces estas preguntas cuando estamos presentes [los veterinarios]. Me gustaría escuchar si cambian de opinión”, replica Benjamín Calva, quien remarcó en sus informes que jamás hubo solicitudes a pesar de sus señalamientos.
 
Los estudios no se hacen porque “no podemos tocar una sola muestra del rastro y se debe tener una petición por parte del juez para realizarlos”. El reglamento “marca que ellos deben solicitarlo por escrito. ¿Lo han hecho?”, remata el médico.
 
Los jueces de plaza, al igual que la Comisión Taurina, ejercen puestos “honorarios”, simbólicos. Han sido abandonados por la autoridad en graves momentos. Las amenazas de muerte, golpizas, insultos y malos tratos han quedado en la impunidad, arrojando el resultado popularmente percibido: en el palco superior el empresario Miguel Alemán tiene un hombre más a su servicio.
 
“El día de la recepción, no habiendo dado el peso [mínimo de 450 kilogramos] y viniendo el toro en el cajón [algo también ilegal], lo que han realizado los jueces es obligar a otra persona a subirse al cajón para que en la báscula en la plaza diera el peso… Eso queda como anécdota pero habla de las tropelías en las que llegan a caer”, cuenta Francisco Coello.
 
Los encargados de hacer respetar la ley así como de velar por los intereses de la afición permanentemente son reprochados por aceptar toros indignos hasta para una “feria de pueblo”, que después ellos mismos devuelven por la presión del público a la hora de la corrida; permitir suertes de varas [pica] absolutamente transgresoras de las normas del toreo, consentir la lidia de astados enfermos o con los pitones descaradamente serruchados…
 
Ya sea por sometimiento o colusión, admiten o rechazan, castigan o ignoran, siempre y cuando la orden venga de los dueños de la tauromaquia en la capital del país. “Yo creo que a nadie se le ha pasado observar ese pañuelo blanco que sale por ese palco [de la empresa] y cómo inmediatamente el juez corresponde con otro”, añade Calva sobre el otorgamiento de trofeos a los toreros (orejas y rabos), otra potestad ejercida fácticamente por el hombre del bigote.
 

Toronovillos, inexistentes para la autoridad

 
El 10 de enero de 2001 la Comisión Taurina del Distrito Federal, consejera simbólica del jefe de gobierno, denunció públicamente que más de la mitad de los toros lidiados en las primeras ocho corridas de la Temporada Grande 2000-2001 habían sido novillos, incluso becerros, pues contaban con apenas 3 y 2 años de edad al momento de ser estoqueados en el ruedo de la Plaza México.
 
La aseveración se basó en los resultados obtenidos en laboratorio en cada corrida por los doctores Benjamín Calva Rodríguez y Santiago Aja Guardiola.
“Cuando nosotros fuimos nombrados, el reglamento nos obligaba a hacerlos… y los hicimos. […] Muchos no cumplieron con la edad y no cumplieron con la integridad en la cornamenta”, recuerda en entrevista con Contralínea el médico veterinario zootecnista Benjamín Calva, quien entonces ejercía por vez primera en una temporada grande como miembro de la delegación Benito Juárez.
 
Lo dicho significa que los astados toreados en el ruedo de la Plaza México no sólo no tenían 4 años, edad mínima para ser considerados como toros –antiguamente era a partir de 5–, sino que los pitones habían sido rasurados. Unos meses antes, los debutantes veterinarios ya habían descubierto a un becerro de Teófilo Gómez declarado como novillo en un festejo de temporada chica, también con los pitones amputados.
 
Tanto la minoría de edad de los animales como el serruchado del diamante de los cuernos están prohibidos en el Reglamento Taurino y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, cuyo capítulo de sanciones dicta que en caso de reincidencia procedería la revocación de oficio del permiso dado a la empresa. Sin embargo, al contrario de lo conducente tras la comprobación del fraude, ese hecho representó un quiebre a favor de Alemán, a cargo del inmueble de la familia Cossío.
 
“Se dio a conocer a la opinión pública, salió esto y lo único que generó fue que se cambiara el reglamento para evitar nuevas pruebas”, rememora Calva Rodríguez, golpeado por Herrerías unos días después de darse a conocer el fraude.
 
—¿Hubo otras represalias?
 
—¡Por supuesto! Fuimos amenazados, insultados y agredidos. Hubo amenazas contra mi familia, contra nuestra integridad. Por supuesto, la delegación fue informada. Pero ahí quedó todo.
 
No fue lo único. La Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia (ANCTL) demandó a los veterinarios apoyándose en el médico enviado por la Plaza México, doctor Javier García de la Peña, quien ahora ocupará el lugar de Santiago Aja como representante de la delegación.
 
En cuanto a la Comisión Taurina, a menos de 10 días de haber hecho la denuncia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador separó del cargo a su presidente, Julio Téllez, provocando la renuncia del resto de los miembros en forma de protesta, entre ellos el maestro fallecido Alí Chumacero.
 
“Después de este escándalo, la empresa cambió el reglamento. Canceló muchos artículos. Dentro de éstos, el de los exámenes post mórtem. Ahora sólo se pueden hacer si hay una solicitud expresa del juez de plaza”, reafirma Calva.
 
Contralínea solicitó a la delegación Benito Juárez y al Gobierno del Distrito Federal copias de los análisis de los encierros involucrados. Ambos negaron su existencia.
 
La demarcación panista encargada de sancionar lo ocurrido en La México se negó en primera instancia a entregar los documentos aduciendo que los jueces no habían solicitado su realización (oficio DGDD/ DPE/CMA/UDT/694/2013).
 
Al interponer Contralínea un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (Infodf), se le ordenó cambiar la respuesta dada, pues en el año 2000 –cuando se dieron las corridas denunciadas– aún no se reformaba el reglamento, entonces era obligatorio hacer los estudios y resguardarlos. La delegación acató limitándose a asegurar que, tras una “búsqueda exhaustiva”, no encontró los documentos porque sencillamente “no les fueron entregados”. El Infodf dio por buena la respuesta y cerró el caso.
 
“Se hicieron los exámenes y se entregaron los resultados junto con las muestras biológicas y se guardaban en un refrigerador en la parte baja del edificio delegacional con toda la información. No sé dónde están estas muestras pero fueron entregadas con recibo”, alega el doctor Calva Rodríguez tras conocer lo aseverado por la demarcación.
 
Por su parte, el maestro en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) José Francisco Coello Ugalde, quien entonces era miembro de la Comisión Taurina implicada, asegura que los informes revelados eran verídicos y explica cómo después de ese episodio la Comisión no ha dejado de ser un “fantasma”, pues nunca ha aparecido formalmente en el organigrama del Gobierno del Distrito Federal. No tiene oficina ni percibe honorarios y tampoco cuenta con archivo, “lo cual hace que sea una especie de instancia con voz pero sin voto”.
 
Ninguna de las ganaderías señaladas (Rancho Seco, Teófilo Gómez, Javier Garfias, Los Martínez, San Lucas y Marco Garfias) fue sancionada. Es más: la mayoría siguió mandando toros cada temporada grande, con la única diferencia de que el poder de La México ya había llegado a la Asamblea Legislativa para modificar la ley y el reglamento, y con ello lograr que únicamente recayera sobre los jueces de plaza el riesgo –“de muerte”, según las amenazas– de pedir análisis probatorios de lo que todos ven salir por toriles.
 
Aunque un juez pretendiera “hacer su trabajo, está definitivamente limitado, reducido, sobre todo condicionado a intereses por encima de él”, remarca Coello Ugalde.
 
 “Se tapó todo y todos siguen en calma, pues vivimos en un país de impunidad y de corrupción. Hoy los estudios son optativos”… son una opción que nunca se toma, concluye con resignación el veterinario.
 
Contralínea contactó vía telefónica con el coordinador taurino Orlando Martínez y siguió las indicaciones dadas por él para solicitar “formalmente” una entrevista sobre el proceso en el cual su oficina declaró la “inexistencia” de los documentos. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta. Lo mismo ocurrió con los dirigentes de la Plaza México.
 

Oficial: cero exámenes post mórtem en 18 años

 
La delegación está “materialmente imposibilitada” para entregar los exámenes solicitados: es la respuesta con la que pincha en hueso el aficionado que desee verificar si sus dudas sobre la edad o la integridad de alguna corrida tenían fundamento o sólo era un exceso de perspicacia.
 
De acuerdo con las respuestas e información entregada a Contralínea por la delegación Benito Juárez, por lo menos en 18 años no se han realizado análisis probatorios de edad e integridad a los toros lidiados en la llamada “plaza más importante de América”. Si se hicieron, la autoridad no cuenta con registros.
 
En primera instancia, este semanario pidió copias de los estudios hechos a los toros lidiados cada 5 de febrero hasta 2012, desde que Miguel Alemán y su socio institucionalizaran la fecha como la más importante del calendario taurino mexicano en 1995.
 
Es la tarde en la que la plaza registra su mejor entrada, los alrededores se llenan de camionetas de lujo y al pie de las taquillas los revendedores quintuplican el valor de las localidades. La conmemoración de la apertura del foro (ocurrida en 1946) es el día de los aficionados a las fotografías de la prensa rosa y los lentes de aviador, cuyos guraruras superan en número a los policías enviados por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito federal. “Es la corrida de las figuras”, dicen, con entusiasmo. Si un torero triunfa en esa fecha tan especial tiene listo el ambiente para la temporada europea, corean los “periodistas”.
 
La coordinación taurina de la demarcación gobernada por el Partido Acción Nacional entregó las pruebas correspondientes a los festejos de aniversario de 2001 y 2002 a la vez que declaró la inexistencia de los 16 restantes ante el Infodf (expediente RR.SIP. 2034/2012). Es decir que, para la delegación, de 18 “magnos” eventos taurinos sólo dos fueron escrutados.
 
Curiosamente, el primer reporte entregado a Contralínea corresponde a la temporada 2000-2001, la de los “26 novillotoros” de los que la misma delegación aseguró no tener copia alguna.
 
En los 5 de febrero de 2001 y 2002 en realidad tampoco se verificaron clínicamente los toros muertos en dichas tardes. Según el formato de 2001 aún existía un laboratorio en la Plaza México –aunque los veterinarios anotaron que no se les dejó recoger muestras–, mientras que en el de 2002 ya no había tal. La “revisión” había sido practicada en la “instalaciones de la plaza”.
 
—¿Cuáles instalaciones? –se le pregunta a Benjamín Calva.
 
—Ningunas. Sólo el espacio que con una seña nos marcó en el piso un golpeador de la empresa.
 
Así las cosas, los médicos no volvieron a examinar ninguna muestra en laboratorio. Oficialmente los orgullosos empresarios no pueden refutar con pruebas en la mano a quienes afirman que el cumpleaños de la Monumental se celebra con becerros y novillos.
 
No sólo en los festejos de aniversario, incluido el del 5 de febrero último, no se han practicado análisis a los toros tras ser estoqueados en el ruedo; en ninguna otra, asegura la delegación.
 
En el transcurso de los últimos meses se solicitaron copias de estudios realizados en distintos años. En cada caso la delegación negó la información dando desiguales argumentos hasta responder a la solicitud 0403000025813 –aun cuando la petición en nada tenía que ver con “festejos de aniversario”– de la siguiente forma:
 
“La autoridad indicada para solicitar dicha información es el juez de plaza y fue un hecho que únicamente aconteció para algunas corridas de aniversario” [sic]. Sin importar la fecha requerida por el aficionado, los encargados de sancionar toda tropelía aseguran no tener más que dos pruebas del periodo transcurrido de 1995 a 2013 en el que se dieron alrededor de 400 corridas de toros.
 
La Productora Global EMT ha sido tan afortunada que las autoridades se encuentran “materialmente imposibilitadas” para brindar información sobre la edad o la integridad de los astados vendidos como toros a la gente. Para ellas, oficialmente se han hecho cero exámenes post mórtem en 18 de los 20 años en los que Miguel Alemán ha dominado la Plaza México por medio de Rafael Herrerías.
 
 

El verdadero peligro para la Fiesta

 
“¿Cuál es el principal enemigo de la Fiesta?”, preguntó el programa andaluz Toros para todos a una serie de matadores. Dos se sinceraron. El rejoneador (torero a caballo) Diego Ventura confesó, categórico: “Los propios taurinos; entre todos: ganaderos, toreros, empresarios, hacemos lo peor”. El caballista ha venido a México y en la mayoría de las plazas en las que actuó, incluido el coso de Insurgentes, fue acusado de torear becerros al igual que Pablo Hermoso de Mendoza, primera figura del rejoneo y principal rival de Ventura.
Por su parte Iván Fandiño, quien aún no ha toreado en ruedos mexicanos, fue más claro: “la mentira y los intereses son lo que está corroyendo todo esto”, respondió sin dudar. Y añadió: “Creo que todas las cosas, en la profesión y en la vida, cuando se hacen de verdad y con honradez se marcan con un sello de calidad”.
 
El toro es el eje de esta práctica, presente en la Ciudad de México desde el siglo XVI. El sacrificio de un animal poderoso, noble y bravo a la vez, que inspira el mayor de los temores, y el valor de un hombre que le permite pararse artísticamente frente a él y matarlo de frente son los principales fundamentos del espectáculo.
 
“La fiesta de los toros es un cúmulo de emociones generadas durante la salida del toro. Cuando sale un toro, un verdadero toro, hasta la gente se calla. La gente no habla. ¿Por qué?, porque hay un peligro en el ruedo (…). Un toro con edad, un toro con integridad, da miedo”, dice el veterinario Calva Rodríguez.
 
—¿Qué tan frecuente pasa eso?
 
—Yo creo que sale uno cada 20 años. Eso se está perdiendo, por eso la gente ya no va. Porque ya no le interesa ni le transmite ninguna emoción –se lamenta el albéitar.
 
“Un toro sin fuerza [ni edad] es la negación de la fiesta”, declaró Fernando Savater al blog aficionadosaltoro.blogspot.mx. “La fiesta de los toros, al carecer del toro negro, renegrío, el cinqueño bravo y pujante, agoniza. No es la misma que dio motivo a Federico [García Lorca] para ejemplificar la identidad entre el duende y la muerte”, escribió el también filósofo José Cueli en el diario La Jornada el 23 de noviembre de 2009.
 
El adagio que dictaba “toro de cinco, torero de 25” desde hace mucho se perdió en la Plaza México –apunta Francisco Coello–. “Eso hace que el público tenga una de dos: resignarse y ser cómplice silencioso o levantar la voz y decir ‘¡ya basta!’. Lamentablemente ese ‘ya basta’ se va apagando poco a poco porque se va colmando la paciencia, se va desgastando el sustento y todo queda en nada”.
 
Ante los ataques antitaurinos, diversos aficionados piden a los legisladores no entrometerse por medio de prohibiciones y dejar al toreo morir “de forma natural”, gangrenado por la corrupción de los mismos actores y “la doble moral de un mundo carnívoro”.
 

Sobre el Roe

 
“Una cosa es el Roe [Registro Obligatorio de las Edades de los Astados], un libro que llevan los ganaderos con copia a la delegación, y otra lo que sale por toriles… no tienen nada que ver”, afirma el médico veterinario zootecnista Benjamín Calva.
 
El también conferencista y catedrático de la UPAEP explica cómo el Reglamento Taurino para el Distrito Federal permite a los ganaderos registrar los animales 8 meses después de supuestamente haber nacido o, incluso, hacerlo tras el herradero, 30 días más tarde. “O sea que les da casi 9 meses de margen para poderlos registrar en sus libros (…). Al nacer los marcan como día de herradero, por lo tanto automáticamente ya tienen 9 meses más. Entonces vienen a la plaza de toros de 3 años 3 meses, 3 años 4 meses cumpliendo oficialmente los 4 años”.
 
Tras las reformas hechas al reglamento taurino en la Asamblea Legislativa por impulso de la sociedad de la Plaza México –que ha cambiado varias veces de denominación y hoy es Productora Global EMT, SA de CV– el Roe pasó a ser controlado por la ANCTL. Desde entonces los ganaderos se “vigilan entre ellos mismos y su única obligación es dar una copia del Roe a la delegación, la cual no duda de la veracidad de su información.
 
“La edad la cotejamos en el registro que tenemos aquí, brindado por el jefe de la ANCTL. Además recibimos una declaratoria del ganadero donde nos dice bajo protesta que las reses no han sido toreadas ni objeto de manipulaciones”, dijo a Contralínea el también panista Daniel Chimal antes de dejar la coordinación taurina en diciembre pasado en busca de un mejor puesto en la demarcación.
 
“Habría que sospechar que el ganadero entrega un registro a su conveniencia, pues no le conviene decir que el animal no tiene siquiera 3 años y lo pasa por ganado de 4 [años] falseando la información, y eso es un delito”, sostiene Coello Ugalde.
 
Sin embargo, “ha sido una tranquilidad para los involucrados que año tras año, temporada tras temporada, mandan este tipo de ganado a la plaza. Por eso la afición protesta por el trapío, o el supuesto trapío de un supuesto toro que no está llenando los requisitos de una corrida para cual la gente pagó una determinada cantidad. Se trata al público como retrasados mentales”, remata el excomisionado taurino.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Fuente: Contralínea 342 / julio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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