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A principios de la década de 1990, la banca comercial encontró en las administraciones de los gobiernos estatales y municipales a los mejores clientes cautivos mediante el crédito. A ellos puede cobrarles tasas de interés estratosféricas sin que alguien proteste y sin importar la persona o partido político que esté en el poder, pues al final de cuentas las impagables deudas de gobiernos y municipios se heredan a las siguientes administraciones y éstas se garantizan ni más ni menos que con el presupuesto público.
 
El negocio resulta tan oneroso para la banca –debido a las altas tasas de interés aseguradas con dinero público– que para algunos bancos el 95 por ciento de sus clientes son los ayuntamientos y los gobiernos de los estados, los cuales concluyen sus gestiones con endeudamientos superiores a los que recibieron al entrar.
 
La mecánica de endeudamiento es muy simple: un empleado bancario llega hasta las oficinas gubernamentales y le ofrece a los responsables de la administración dinero fácil, rápido y sin aval, a fin de hacer solvente su ejercicio administrativo y que las autoridades locales cuenten con recursos frescos para pagar salarios, obras y servicios.
 
El banco le asegura a los empleados municipales y estatales que al principio tendrán una tasa de interés baja siempre y cuando cumplan puntualmente con el pago en los plazos establecidos; pero si fallan, como siempre ocurre por la demora en la entrega de los presupuestos federales, esa tasa supuestamente baja se incrementa brutalmente y la deuda simplemente se vuelve impagable y acumulativa con relación a la contratada originalmente.
 
Ante esas propuestas, la mayoría de gobernadores y alcaldes aceptan los créditos porque la oferta bancaria es acompañada con una simple recomendación: ustedes no tienen por qué pagar toda la deuda, pues ésta la heredarán a la siguiente administración y con ello no incurren en responsabilidad alguna, ya sea penal o administrativa.
 
Por lo anterior el Congreso de la Unión, que había sido omiso ante tan grave problema financiero enmarcado en la usura bancaria, ha rectificado y por fin en la Cámara de Diputados se han puesto los primeros candados mediante reformas constitucionales y un “sistema de alertas” para impedir que gobernadores y presidentes municipales contraten deuda indiscriminadamente.
 
Además, las autoridades estatales y municipales deberán hacer públicos todos los financiamientos y obligaciones crediticias de manera oportuna y transparente, a través de un registro público único.
 
Así, de acuerdo con los informes de la deuda pública de las entidades federativas y municipios que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el saldo de las obligaciones financieras muestra desde la década de 1990 una alarmante tendencia al alza, pero a partir de 2007 ese crecimiento se volvió mucho más acelerado.
 
Entre 1993 y 2012, el saldo de las obligaciones financieras de las entidades federativas pasaron de 18 mil 278 millones de pesos a 434 mil 900 millones; es decir, en 20 años la deuda de estados y municipios creció cerca de 2 mil 400 por ciento.
 
Para llegar a esta información, las autoridades hacendarias tomaron como base el monto de las obligaciones financieras observadas en las entidades federativas del país, en donde los estados menos endeudados son Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Querétaro, Colima y Tabasco, mientras que los más endeudados son el Distrito Federal, Nuevo León y el Estado de México; aunque hay que señalar que estos últimos tienen una deuda controlada, debido a que sus ingresos son los más elevados del país.
 
En el análisis del comportamiento de la deuda pública durante 2010, se observa que su incremento se asoció en buena medida a una política agresiva de contratación de créditos en ciertos estados de la República, de los cuales destaca Coahuila, cuyo gobernador era Humberto Moreira Valdez, quien incrementó su deuda al pasar de 1 mil 561.6 millones de pesos en 2009 a 36 mil 500 millones de pesos en 2012.
 
Algunos otros estados, como Morelos, Quintana Roo y Veracruz, también llaman la atención por el acelerado crecimiento de su deuda. Debe señalarse que, en términos de monto, el caso más alarmante es Coahuila y en éste los medios de comunicación han puesto toda la atención, pero se han olvidado de otros estados en donde el problema es casi igual: Veracruz, Quintana Roo y Sonora.
 
En el supuesto contrario se encuentra Campeche, que es la entidad con menor saldo registrado. Le sigue Tlaxcala, el cual de acuerdo con su legislación local, al cierre de cada ejercicio debe mantener en cero el saldo de sus obligaciones financieras, lo que obliga a las autoridades municipales y estatales a no endeudarse indiscriminadamente porque incurren en diversos delitos.
 
El importe de las obligaciones contraídas por una entidad no se constituye en un indicador relevante o único, ni debe considerarse exclusivamente para determinar la viabilidad o el riesgo que representa la deuda para una entidad de la República, sino que el análisis debe contemplar diversas variables que permitan ampliar el panorama y otorgar una visión clara y  objetiva de la situación financiera de las entidades federativas.
 
A pesar de que algunas entidades como el Estado de México y Jalisco tienen elevados niveles de deuda, su situación es equilibrada al tomar en cuenta que ambas entidades han mostrado una tendencia moderada de crecimiento y que en relación con variables, como participaciones federales o su producto interno bruto, se ubican en niveles intermedios.
 
Por el contrario, hay entidades que incluso con pasivos inferiores tienen mayores presiones financieras. En este supuesto se encuentran Coahuila, con una deuda equivalente a prácticamente tres veces sus participaciones federales; Quintana Roo, 216 por ciento; Nuevo León, 168 por ciento, Chihuahua, 125 por ciento, y Michoacán, 105 por ciento.
 
Las autoridades señalan que sobre el particular se debería evaluar por parte de los órganos de fiscalización de las legislaturas locales el destino de los recursos captados por endeudamiento y verificar que su ejercicio se haya constreñido a lo señalado por la ley.
 
Ahora que el Congreso de la Unión legisló para establecer obligaciones en materia de transparencia de los financiamientos de corto y largo plazo que se contraten, también deberían hacerlo los congresos estatales. Éstos deben determinar topes en la autorización de garantías y fuentes de pago de los créditos contratados, y para que la Secretaría de Hacienda realice un mejor ejercicio de registro, control y transparencia de la información sobre la deuda de estados y municipios, que se había convertido en una información reservada y confidencial.
 
De acuerdo con otro informe trimestral sobre la deuda pública de entidades federativas y municipios que publica la SHCP, el saldo de las obligaciones financieras de los municipios en el segundo trimestre de 2012 ascendió a 44 mil 859.1 millones de pesos.
 
Dicho monto está compuesto de la siguiente forma: a la banca comercial le corresponde el 49.4 por ciento; a la banca de desarrollo, 42 por ciento; a las emisiones  bursátiles, 2.9 por ciento, y a las Sofomes, Sofoles y acreedores diversos, el 5.7 por ciento.
 
Las entidades federativas con mayor monto de deuda municipal son Jalisco, con 8 mil 130.2 millones de pesos; Estado de México, con 5 mil 626.8 millones; Nuevo León, con 5 mil 237.1 millones; Baja California, con 4 mil 3.9 millones, y Veracruz, con 2 mil 840.8 millones. En conjunto estas cinco entidades abarcan el 57.6 por ciento del total de la deuda municipal de todo el país.
 
Lo deseable aquí es que la Auditoría Superior de la Federación revise si la deuda contraída por los municipios y los estados más endeudados fue invertida en beneficio de la población, pues mucho de ese dinero fue a parar a campañas políticas o simplemente sirvió para enriquecer a gobernadores, alcaldes y empresarios.
 
Las entidades con menor deuda municipal son Tlaxcala, con 62.5 millones de pesos; Hidalgo, con 112.5 millones; Zacatecas, con 130.8 millones; Campeche, con 133.4 millones, y Yucatán, con 147.4 millones.
 
Los municipios con mayor deuda al 30 de junio de 2012 fueron Guadalajara, con 2 mil 680.7 millones de pesos; Tijuana, con 2 mil 539.9 millones; Monterrey, con 2 mil 146.1 millones; Zapopan, con 1 mil 447 millones; Benito Juárez (Cancún), con 1 mil 365.9 millones; Nuevo Laredo, con 1 mil 114.7 millones; León, con 1 mil 14.7 millones; Mexicali, con 950.2 millones; San Nicolás de los Garza, con 901.8 millones, y Tlaquepaque, con 845 millones.
 
En conjunto, la deuda de estos 10 municipios representa el 33.5 por ciento de la deuda municipal de todo el país, y tres de estos municipios se ubican en Jalisco, dos en Baja California, dos en Nuevo León, uno en Quintana Roo y otro en Guanajuato.
 
*Periodista
 
Fuente: Contralínea 342 / julio 2013
 
 
 
 

 

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