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Ante las evidencias de que al menos un defensor de los derechos humanos mexicano habría sido espiado por empresas de servicios privados de comunicación, organizaciones de la sociedad civil –acompañadas por la Casa de los Derechos de los Periodistas– solicitaron al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) que realice una investigación a fondo.

 
 
El objetivo, indicaron en un comunicado de prensa, es saber si empresas proveedoras de internet podrían estar vigilando tanto a defensores como a periodistas en México, “lo que representa una grave violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión”.
 
El boletín –firmado por la directora de la Casa de los Derechos de Periodistas, Martha Olivia López– indica que las empresas presumiblemente involucradas en el espionaje en México son Iusacell, SA de CV, y UNINET, SA de CV.
 
La solicitud de investigación busca que el Ifai inicie el procedimiento de verificación contemplado en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Ésta fue presentada el 19 de junio por Propuesta Cívica, representada por Pilar Tavera, el ContingenteMx, que representó Daniel Gershenson, y como acompañante la Casa de los Derechos de los Periodistas.
 
Según el comunicado, “la directora de Propuesta Cívica indicó que hace 1 mes fue detectado un caso de espionaje a un defensor de derechos humanos y el hecho fue denunciado ante una agencia del Ministerio Público federal”. Tavera añadió que “hay varios casos más que nos han referido”.
 
La defensora de los derechos humanos también explicó que “en junio de 2012 el programa Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, Canadá, publicó una investigación sobre un programa de cómputo que por sus características se clasifica como spyware (tecnología informática que está diseñada para recopilar secretamente información sobre un usuario) de nombre Finfisher, promocionado por la empresa británica Gamma, Ltd”.
 
“Citizen Lab probó que algunos elementos del programa Finfisher eran usados para vigilar y monitorear a activistas de derechos humanos. Los servidores de puerta trasera de FinSpy –un componente de la solución de monitorización FinFisher– están ubicados en 19 países y en la nueva lista aparecen México, Canadá, Bangladesh, India, Malasia, Serbia y Vietnam.”
 
De acuerdo con la información proporcionada al Ifai, en México se detectó dicha tecnología “en un servidor de la empresa proveedora de internet UNINET, SA de CV, y en la empresa mexicana Iusacell, SA de CV, pero alojado en Malasia”.
 
El boletín de prensa concluye que, “dadas las características intrusivas del programa Finfisher analizadas y demostradas por Citizen Lab y la eventual violación a la legislación mexicana sobre privacidad y protección de datos personales, es que estas organizaciones de la sociedad civil han diseñado una estrategia jurídica para, en uso de los derechos contenidos en la normatividad, conocer si el programa mencionado es operado en México o accede a información protegida”.
 

 

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