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Dos gruesos legajos con cientos de averiguaciones previas y expedientes administrativos se acumulan en las oficinas de la Visitaduría General y del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República (PGR) que dirige el hidalguense Jesús Murillo Karam. Éste enfrenta el dilema de consignar las averiguaciones ante un juez federal por hechos de corrupción en la Dirección General de Servicios Aéreos, cometidos en los 6 años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa o darle vuelta a la página y dar borrón y cuenta nueva. Más aún cuando algunas acusaciones apuntan al exoficial mayor de la PGR, Jesús Naime Libién, primo del actual abogado de la nación.
 
Es tal el despilfarro de recursos públicos en 101 aeronaves de la PGR  que el mismo Murillo Karam se ha dado a la tarea de vigilar el proceso judicial de dichos expedientes. La razón es que hay una mafia en la Dirección General de Servicios Aéreos que involucra a muchos servidores públicos que, para impedir que avancen las indagatorias judiciales, hasta han amenazado de muerte a todo aquel que se atreva a intentar desmantelar la red de corrupción creada en torno a los aviones propiedad de la Procuraduría.
 
Para tener una idea de los intereses económicos que se mueven en esa Dirección General y las razones por las cuales nadie se ha atrevido a poner orden y enfrentar al cártel que controla el negocio de las aeronaves, nos remitimos al presupuesto público que maneja la Procuraduría para el mantenimiento de una flota aérea que desde el año pasado dejó de operar por estar simplemente en condiciones inservibles.
 
Hablamos de un gasto anual promedio de 100 millones de dólares que el gobierno de Calderón destinó durante todo su gobierno, lo cual multiplicado por los 6 años eleva la cifra a los 600 millones de dólares –unos 7 mil 800 millones de pesos a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar–, destinados a los servicios de 101 aeronaves que son sólo chatarra y que ya dejaron de volar.
 
¿A los bolsillos de quiénes fueron a parar esos miles de millones de pesos? Ésa es la respuesta que tendrá que contestar el procurador Jesús Murillo Karam.
 
A pesar de las cifras escandalosas del despilfarro del dinero público, en el último año de la administración calderonista, la procuradora Marisela Morales se vio obligada a dejar en tierra toda la flota aérea de la PGR y contrató a la empresa Rajet Aeroservicios, SA de CV, para el servicio de 10 aviones y dos helicópteros, a un costo de 5 millones de dólares en un periodo de 6 meses.
 
La razón de esa decisión de la ahora cónsul en Milán, Italia, se sustentó en una auditoría elaborada por la empresa estadunidense Joseph del Balzo Associates (JDA), en donde se concluye en tres informes parciales y otro final, la urgencia de retirar del espacio aéreo todas las aeronaves de la Procuraduría, porque no reúnen las condiciones internacionales y representan un alto riesgo porque se pueden desplomar en cualquier momento, como de hecho ocurrió en varias ocasiones.
 
Pero dicho contrato de 5 millones de dólares para el servicio de 12 aeronaves ya provocó un nuevo problema, pues la Procuraduría sólo ha pagado 2 millones de dólares a la empresa Rajet, con oficinas en las ciudades de Saltillo y Monterrey, y le adeuda el 60 por ciento, correspondiente a 3 millones, pero la PGR argumenta que dicha empresa norteña tiene penalizaciones equivalentes a 1 millón de dólares, dinero que primero tiene que pagar a la Secretaría de Hacienda para después poder cobrar el adeudo.
 
Esta deuda es negociada directamente por el procurador Murillo Karam, quien hizo la oferta a los directivos de la empresa Rajet de pagarles sólo 1 millón de dólares y finiquitar el contrato, lo cual fue rechazado y hay amenaza de demanda por incumplimiento.
 
Aunque se contaba con el presupuesto suficiente para mantener volando a dicha flota aérea, lo cierto es que trabajadores de la PGR se dedicaron a desmantelar los aviones y helicópteros y convertirlos en chatarra, o como dicen en el argot de la aviación, los aparatos de vuelo eran sujetos del “canibalismo”: les quitaban las piezas buenas para armar otras aeronaves, lo que impedía tener un control eficaz de éstas.
 
¿Qué hicieron los funcionarios responsables del manejo de esos recursos públicos? La única explicación que hay es el desvío de dinero y el enriquecimiento ilícito de directivos, administradores, almacenistas, pilotos y mecánicos de la PGR.
 
Uno de los dos legajos corresponde a la investigación del Órgano Interno de Control, en donde aún se espera finque sanciones administrativas a oficiales mayores, directores de servicios aéreos, pilotos, mecánicos y otros funcionarios que despacharon en los últimos 6 años en esa Procuraduría.
 
Un segundo legajo con cientos de expedientes se integra en la Visitaduría General de la PGR, a cargo de María Concepción Cornejo Oliver, quien es la responsable de dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas por probables actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
 
En las averiguaciones previas que ahí se integran por el uso indebido de miles de millones de pesos, se pretende fincar responsabilidades penales a quienes hayan abusado de su cargo y se hayan enriquecido ilícitamente con el dinero público.
 
El problema de la flota aérea de la PGR era de tal dimensión, que el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el gobierno anterior, Dionisio Pérez-Jácome, advirtió a la entonces procuradora Marisela Morales que dejara de utilizar esos aviones porque eran un peligro y podría tener algún accidente en cualquier momento.
 
Aunque en enero de 2012 la SCT envió un documento oficial a la PGR en donde daba cuenta de las fallas en cada una de las aeronaves de esa dependencia, y también sugería retirar del aire a toda la flota, el entonces director general de Servicios Aéreos de la Procuraduría, Pedro Alberto Alcalá López, le decía al oficial mayor Enrique Girón Zenil que todo estaba bien con los aviones y que no había que hacer caso a las recomendaciones de Comunicaciones y Transportes.
 
Aunque ya no hay aviones en la PGR que puedan volar, una mala señal en esa dependencia fue la designación como director general de Servicios Aéreos de Jaime Alcántara Silva, exdiputado federal priísta y exsecretario particular de Beatriz Paredes, quien su conocimiento sobre el tema de los aviones se limita a viajar en líneas comerciales. Lo que revela que el problema no tiene solución y la pregunta es cómo transportaran ahora a reos de un penal a otro, pues ésa era la principal función de los aviones y helicópteros oficiales.
 
Una anécdota que les gusta recordar a los trabajadores de la PGR fue cuando la procuradora Marisela Morales se dirigía a Chile y recibió una llamada de México que le advertía que el avión oficial en el cual viajaba estaba reportado como peligroso para volar, pues tenía el parabrisas astillado, lo que podría provocar que el aparato se colapsara en el aire y explotara. En ese momento la aeronave había hecho una escala en Ecuador y Marisela Morales decidió que el avión siguiera su viaje, pero se aseguró de que ninguno de sus acompañantes de enterara del reporte que un subalterno le había dado. Para el regreso de Chile, la procuradora y las otras personas que la acompañaban decidieron abordar otro avión.
 
En la gestión de la exprocuradora había 300 pilotos contratados para tripular sólo 30 aviones que se utilizaban, pero lo más grave es que ninguno de ellos había pasado el examen de confianza que en la PGR es indispensable. En el último año del gobierno de Calderón, Marisela Morales cesó a 195 pilotos.
 
*Periodista
 
Fuente: Contralínea 339 / junio 2013
 
 
 

 

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