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En México la vida vale muy poco para nuestras autoridades, al menos eso es lo que le han hecho sentir a las madres, padres y familiares de los miles de desaparecidos en los últimos años. Pero no sólo a ellos: la mayoría de los mexicanos se siente absolutamente indefensa ante los secuestros, asesinatos y desapariciones perpetrados por el crimen organizado, las Fuerzas Armadas y las diferentes corporaciones policiacas. Además, padecemos la ineptitud, lentitud y falta de compromiso en el proceder de nuestras autoridades para impartir justicia. La cifra de personas no localizadas –de acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva– es de 24 mil 800, y día a día se incrementa en un laberinto de agencias gubernamentales y personal burocrático que no ha dado resultados ni siquiera en la contabilización de las víctimas, pues la cifra cambia según la dependencia o funcionario. Baste recordar que en febrero de este año Amnistía Internacional calificó de escalofriante la cifra de 27 mil desaparecidos durante el gobierno de Felipe Calderón, misma que fue dada a conocer por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, y que no pudo ser corroborada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (Fabiola Martínez, La Jornada, 22 de febrero de 2013). ¿Entonces ya encontraron a más de 2 mil de ellos? Esa y muchas otras preguntas son las que se hacen diariamente los familiares de los desaparecidos.
 
 
Un puñado de madres y un padre andan fatigados de peregrinar de un lugar a otro, de entrevistarse con múltiples autoridades de los diferentes niveles de gobierno y de los grupos defensores de los derechos humanos, así como de diversas agencias de investigación: Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO); Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros; Procuraduría General de la República (PGR); Policía Federal (PF) y en una infinidad de ministerios públicos. Enervados de escuchar siempre que no se tienen ni los recursos económicos ni el personal necesario ni capacitado para realizar la búsqueda de sus hijos. Varios de ellos, quebrados económicamente por haber destinado sus pocos recursos a realizar una tarea que debe hacer el gobierno, batidos por sobrevivir en una búsqueda interminable, por rogar a las autoridades que hagan su trabajo (por el que nosotros les pagamos exorbitantes sueldos con nuestros impuestos, que a ellos sí les permiten tener guaruras y sistemas de seguridad para sus seres queridos). Cansados de no obtener resultados y en el marco de múltiples y multitudinarias protestas a lo largo del país por la crisis de los miles de desaparecidos (Fernando Camacho Servín, La Jornada, 11 de mayo de 2013).
 
Ellos y un activista, hartos de la corrupción y la burocracia padecida en sus indagatorias iniciaron el pasado 9 de mayo, en la víspera del festejo del día de las madres, una huelga de hambre en un plantón sobre la avenida Reforma, frente a la PGR en el Distrito Federal. Se trató de un acto desesperado para exigir a nuestras autoridades que encuentren a sus hijos desaparecidos. Su principal petición: que Enrique Peña Nieto los recibiera y atendiera sus demandas, creyendo que nuestro señor presidente tiene las facultades, el talento y la sensibilidad para ordenar y organizar la localización de sus hijos. ¿Pero cómo creer eso si cuando fue gobernador del Estado de México las desapariciones de personas fueron cotidianas? Una investigación de Esteban Contreras da cuenta de ello. De acuerdo con el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (CICPC), entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012 el Estado de México reportó 2 mil 552 desaparecidos, con 15.1 millones de habitantes. Entonces, desaparecen 17 personas por cada 100 (“Desaparecidos e invisibles”, Reporte Índigo, www.reporteindigo.com/reporte/guadalajara/desaparecidos-e-invisibles, 12 de abril de 2013).
 
Los números son nada prometedores en el currículum del actual ocupante de Los Pinos; más aún, cuando en su búsqueda los resultados obtenidos por su administración estatal son vergonzosos, como señala en su reportaje Marcela Turati (“Rabia e impotencia”, Proceso, 2 de junio de 2013).
 
Aun a costa de su salud, esas madres y ese padre se emplazaron en una protesta inhumana: Margarita López, madre de Yahaira Guadalupe Bahena, desaparecida en Oaxaca el 13 de abril de 2011; Ana María Maldonado, madre de Carlos Palomares, desaparecido el 22 de septiembre de 2010 en la colonia Narvarte del Distrito Federal; Dolores Rodríguez, madre de Juan Eduardo Olivares Rodríguez, desaparecido el 1 de septiembre de 2011, en Tampico, Tamaulipas; Irma Alicia Trejo Trejo, madre de Francisco Albayera, desaparecido el 26 de marzo en la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal; Nancy Rosete Núñez, madre de Elvis Axell Torres, desaparecido el 30 de diciembre de 2010 en un viaje rumbo a Tamaulipas; Érika Montes de Oca Marín, tía de Sergio Eduardo Guillén, desaparecido el 28 de noviembre de 2012 en la Ciudad de México; y el único padre: Atanasio Rodríguez, en búsqueda de su hijo Alejandro Rodríguez González, quien tras la detención que sufrió por policías municipales de las patrullas 1250 y 1440 de San Luis Potosí, el 19 de julio de 2010, no volvió a ser visto. De acuerdo con los huelguistas, durante el plantón el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, les mandó decir con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, que “estaba muy molesto” por la instalación del campamento y que ellos no responderían por su salud o lo que les sucediera. En México si eres víctima del crimen también lo eres de las autoridades, pues por principio de cuentas son éstas las que han prohijado el crecimiento de las bandas criminales desde hace mucho tiempo y aquí no se puede hablar de una u otra administración, de uno u otro partido, en general los encargados de gobernarnos y de “velar por nuestros intereses” han estado más preocupados en su imagen, en ganar elecciones con dinero del erario robado al pueblo y en mantenernos a raya, en la ignorancia, lejos de la toma de decisiones y sumidos en la preocupación de obtener alimentos y medicinas para sobrevivir el día a día, y así evitar actos contestatarios y de crítica como el plantón del 10 de mayo.
 
¿Qué lograron los progenitores en 9 días de huelga de hambre? Que el 17 de mayo en la PGR, en una rueda de prensa, Murillo Karam reconociera que las pesquisas para la localización de los desaparecidos, en muchos casos ha llegado tan lejos como lo han logrado los mismos padres, en un comentario que intentó mostrar su apoyo y reconocimiento a los familiares que han realizado las más de las veces una investigación sin el apoyo de las autoridades y salvando los múltiples obstáculos burocráticos, de corrupción y de indolencia de éstas. Comentario que sólo hizo más evidente la incompetencia de su jefe, la suya y la de sus subalternos. Además, Murillo Karam y Osorio Chong aseguraron que en 8 días estaría lista una nueva unidad de búsqueda especializada en desaparecidos, por lo que los reclamantes aceptaron levantar sus carpas y terminar la huelga de hambre, esperanzados de la próxima reunión en la que se anunciaría la creación formal de la mencionada unidad.
 
El 27 de mayo en las instalaciones de la PGR, en una reunión con funcionarios del más alto nivel, a la cual no asistió Peña Nieto, quien estaba ocupado en Los Pinos hablando del promisorio futuro económico de México, en un discurso como los que otros presidentes han dado en las últimas décadas y que no han sido más que palabrería llena de promesas que adornan su falsa preocupación por nuestro bienestar. Mientras, en la PGR las madres y padres de los desaparecidos fueron “atendidos” por Osorio Chong, Murillo Karam, Plascencia Villanueva y García Cervantes, pues Lía Limón y el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón Ikalb, entre otros funcionarios, sólo se subieron al estrado para tomarse la fotografía.
 
Y cuando digo “atendidos” me refiero a que les dieron un discurso también lleno de promesas: el anuncio de la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) que se dedicará en “cuerpo y alma” a la búsqueda de los desaparecidos, integrada por 12 agentes del Ministerio Público federal y un equipo especial de elementos de la PF, del cual no se mencionó la cifra –lo único nuevo después de la reunión del 17 de mayo– para atender más de 24 mil casos. A menos que esos elementos sean superhéroes, dudo mucho que resuelvan tal cantidad de investigaciones en la ventanilla única que Murillo Karam les dijo a los padres sería el único lugar a donde deberían dirigirse en adelante y en donde se les resolverían sus casos. Ni Murillo ni Osorio sabían el monto de los recursos asignados ni de donde los obtendrán y tampoco mencionaron la dirección exacta donde se ubicará la Unidad. Los padres salieron devastados y decepcionados, mientras se preguntaban: ¿dónde está la ventanilla, la Unidad? Y, como siempre, ¿qué sigue, a dónde dirigirse, a quién exponerle su caso? Además, en la reunión ni siquiera se les asignó un lugar al frente del salón, ya no digamos en el estrado, y en la que ninguno de los oradores se refirió a ellos por su nombre ¿Qué tan difícil era saberse sus nombres, los de seis madres y un padre desahuciados por su gobierno? En el acto sólo se le permitió la voz a Jaime Olivares, vocero del grupo y padre del desaparecido Juan Eduardo Olivares Rodríguez, quien, por solidaridad con sus compañeros, rechazó participar, pues la idea de ellos era hablar todos en la voz de los otros miles de padres y familiares que aún esperan una respuesta y resultados satisfactorios de sus autoridades.
 
Esos “detalles” de falta de atención para con las víctimas sólo muestra la indolencia de nuestras autoridades y su falso proceder. Un día después y ante la andanada de críticas en los medios por lo anunciado, Murillo Karam dijo que junto a los 12 agentes ministeriales ya se encontraban trabajando 30 policías federales (Gustavo Castillo García, La Jornada, 29 de mayo de 2013). Asimismo, García Cervantes sumó nuevas promesas y buenos deseos a los ya hechos por su jefe, al decir que se anunciarán los compromisos que asumirán los procuradores de todo el país, que no sólo serán 12 agentes y 30 policías, que los recursos ya se tienen y no faltarán, aunque no precisó montos y sólo señaló que se tomarán de los gastos de investigación (Castillo García, La Jornada, 30 de mayo de 2013). En lo que parece más una sucesión de ocurrencias que un plan bien detallado para la conformación de la UBPD, pues ahora se “atiende” a los familiares de los desaparecidos en una sede provisional en la calle de López, número 12, colonia Centro, Distrito Federal, en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, en donde Salomón Baltazar Samayoa lleva los casos de los desaparecidos, y aunque en diversos medios Murillo Karam ha dicho que Baltazar será el encargado de la UBPD, hasta ahora los familiares de los desaparecidos que han asistido al lugar no tienen certeza de ello.
 
En resumidas cuentas, la reunión del 27 de mayo sólo sirvió de reflector para que nuestros altos funcionarios se tomaran la fotografía y aprovecharan la ocasión para ejercer sus facultades oratorias, al anunciar formalmente la creación de la UBPD de la manera más informal y con un alud de promesas que esperemos no terminen en mentiras para los padres, que a razón de la realización de ésta levantaron su plantón el 17 de mayo. El gobierno logró su cometido: no le conviene la imagen de un grupo de quejosos en la principal avenida del país y ante los ojos del mundo, víctimas que simplemente piden encontrar a sus hijos. Situación que evidencia el Estado fallido, con un gobierno incapaz de garantizar el derecho a la vida; encontrar a miles de desaparecidos; devolver a sus padres un hijo… No es un gobierno; es una pantomima. De la incompetencia de nuestras autoridades para gobernar e impartir justicia no nos debemos sorprender, pues ésa ha sido una de sus constantes, además de la corrupción; pero como sociedad sí nos debemos asombrar de la triste y vergonzosa situación de esas madres y padres que han perdido lo más valioso que les dio la vida: uno o varios hijos. Debemos involucrarnos en su lucha, sumarnos a ellos y abogar por su causa, pues todos somos tan vulnerables como ellos y estamos diariamente en riesgo de ser desaparecidos o de que lo sean nuestros familiares, pues vivimos en un país donde La vida no vale nada o vale muy poco para nuestros gobernantes: una unidad sin sede, 12 agentes especiales y tomarse la fotografía en una reunión que carecerá de todo sentido si en breve no se localiza un considerable número de los miles de desaparecidos y en algo se restituye el dolor, el sufrimiento y el quebranto económico de las madres, padres y familiares de esos que nuestros gobernantes han reducido a números en cifras dispares y que han olvidado en el laberinto de la corrupción y la burocracia.
 
*Maestro en ciencias; arqueólogo subacuático; diseñador gráfico; integrante del taller Madre Crónica
 
 
  
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 Fuente: Contralínea 339 / junio 2013
 
 
 
 

 

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