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“¿Pueden los ciudadanos de la Unión Europea costear sus medicamentos?”, era el tema del seminario del Parlamento Europeo que reunió a expertos de organizaciones de la sociedad civil ante un problema que hasta ahora combatían en los países empobrecidos del Sur. La pregunta ha adquirido enorme relevancia ante la crisis y el aparente agotamiento de un modelo de acceso a medicamentos esenciales que excluye a núcleos crecientes de población, escribe Gonzalo Fanjul, quien formaba parte del equipo del Instituto de Salud Global de Barcelona (Isglobal).
 
Se centraron en los partes de guerra de los países europeos más afectados. La representante griega estremeció a los participantes describiendo la situación trágica del sistema de salud en su país, en el que inmigrantes, pensionistas y familias con hijos recurren a la atención médica de las organizaciones no gubernamentales de manera sistemática. La retirada y el desabastecimiento de medicamentos esenciales y la exclusión de extranjeros están a la orden del día.
 
Hasta hace pocos años se contemplaban los problemas sociales de los países menos ricos de la Unión Europea con cierta displicencia por malas prácticas, corrupción y pedestres economías de casino; pero hoy se vive en las propias carnes de España, de Italia y de Francia que se ven envueltas en el implacable marasmo de los grupos financieros trasnacionales que son los que deciden los destinos de los europeos. Mientras una de cada cuatro familias españolas ha caído en la exclusión social, la red de seguridad que proporciona el sistema de salud se debilita cada día. Desde el incremento del copago de los tratamientos a la deconstrucción de la atención a personas dependientes y otros grupos vulnerables o la infame restricción del acceso a la salud para inmigrantes irregulares, la inseguridad sanitaria se extiende como una mancha de aceite.
 
Aunque tardaremos en evaluar las consecuencias de este retroceso, Fanjul afirma que existen serias razones para preocuparnos: familias de bajos ingresos con enfermos de cáncer que ven triplicada su factura sanitaria; patrones de nutrición infantil afectados por la eliminación de becas de comedor y el desplome de la renta de sus padres; jóvenes inmigrantes que mueren de tuberculosis desatendidos; profesionales médicos recortados, denigrados y despedidos… Una sociedad sometida a la retirada de la protección sanitaria del Estado, como ocurre en otros países de la Unión Europea.
 
El análisis de la situación española debiera poner a nuestros indecentes políticos en la picota. Es difícil evaluar las reformas cuando éstas se producen sin un serio debate público. El ocultamiento o distorsión de las cifras que justificaron la exclusión sanitaria de los inmigrantes es un asunto inquietante. El gobierno de Partido Popular, que está llevando al país a situaciones tan injustas y agobiantes para millones de ciudadanos que podrían reventar en un estallido social de consecuencias inimaginables, multiplicó por cinco los trabajadores extracomunitarios en situación irregular, omitió cualquier estimación del costo de sobrecargar las urgencias e ignoró el riesgo sanitario de las enfermedades infecciosas fuera de control.
 
Las medidas que se están introduciendo en nuestros países suponen una vía de agua en el contrato social que sostiene el sistema europeo de protección sanitaria. Si los inmigrantes fueron excluidos como parte de un programa de reducción del “fraude”, ¿cuántos años de crisis tardaremos en extender esa lógica a los discapacitados totales o las amas de casa que nunca cotizaron? Transitamos de un sistema de derechos a un sistema de seguros.
 
Se discuten en Ginebra las inexcusables medidas de transparencia, equidad e innovación ante un posible Tratado de Investigación y Desarrollo de medicamentos en el ámbito global. Cuando Europa defina su posición en este tema capital debería recordar que son sus propios intereses los que están en juego, además de los de los países pobres.
 
Las intervenciones de muchos de los asistentes al seminario dejaron un regusto amargo respecto de las instituciones europeas. Reconoce Gonzalo Fanjul que “cada uno de nosotros –griegos, españoles, portugueses, italianos– se desayuna cada semana con la penúltima ocurrencia de la Comisión en materia de contratos laborales, reducción del déficit o flexibilización financiera. Pero en ningún momento hemos percibido su aliento en el cogote cuando se trata de garantizar el derecho a la salud al que nos hemos conjurado como Unión Europea”.
 
Eso es precisamente lo que reclaman los organizadores del seminario. Ya nunca podremos aducir que no conocíamos las cargas de destrucción masiva que están diseminando los responsables de esta criminal catastroika que nos oprime.
 
 
*Profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid; director del Centro de Colaboraciones Solidarias
 
 
 
 
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Fuente: Contralínea 336 / mayo 2013
 
 
 
 

 

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