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“Hay un pueblo en Sonora que se niega a morir; no permitirá un despojo más”, dice el indígena yaqui Tomás Rojo Valencia, segundo gobernador del pueblo de Vícam, Guaymas, Sonora.
 
Lo anterior, a dos semanas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparara a la tribu en contra de la Autorización de Impacto Ambiental, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para construir el Acueducto Independencia, que afectará las tierras de la comunidad indígena y a 22 usuarios en el sur del estado.
 
Éste es uno de los siete procesos legales que se llevan en diversas instancias judiciales contra la construcción de la obra, impulsada por el gobierno panista de Guillermo Padrés Elías, en 2010.
 
El abogado Ricardo Valenzuela Liera expone que con la construcción del Acueducto se viola la garantía de audiencia, garantizada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
 
Representante legal de los agricultores del Valle del Yaqui, arguye que el proyecto pasa por encima de decretos de veda de 1931, 1949, 1955 y 1982, mismos que “etiquetan toda el agua de la Cuenca del Río Yaqui para el uso de los habitantes de la misma”.
 
Además de que las transmisiones de títulos de concesión sólo pueden hacerse dentro de una misma cuenca hidrológica, según indica el artículo 34 de la LAN. En otras palabras, dice, “las Unidades de Riego de la cuenca Alta del Río Yaqui no pueden ceder sus derechos sobre las aguas superficiales para que estas sean trasladadas a otra cuenca”.
 
También viola el derecho a tener un medio ambiente adecuado, pues “no existe una disponibilidad efectiva del recurso hidráulico y no se respeta la Política Hídrica Nacional, que exige una adecuada administración del agua por cuenca hidrológica”, comenta el abogado.
 
Antes de la construcción del Acueducto Independencia no se respetó el derecho de audiencia a la tribu yaqui. No fueron consultados por la Semarnat, previo a que esta autorizara la Manifestación de Impacto Ambiental al Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, operador del proyecto. Situación por la que la Suprema Corte amparó a la tribu.
 
Con la puesta en marcha de este proyecto hídrico, el gobierno estatal dice que se pretende abastecer a la ciudad de Hermosillo de agua. Sin embargo, Humberto Borbón Valencia, gerente de operación del Distrito de Riego del Río Yaqui, indica éste argumento es contradictorio, ya que actualmente sólo son 14 familias las que acaparan los pozos que podrían dotar de líquido a la población, hay sobreexplotación, acaparamiento y desorden.
 
En octubre de 2012, Contralínea documentó que la construcción del Acueducto Independencia –que implica más de 3 mil 900 millones de pesos de inversión– no había garantizado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, con datos de la Auditoría Superior de la Federación. Además de que la asignación de los contratos se hizo sin la participación de testigos sociales que avalaran la transparencia de las licitaciones.

 

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