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En el sexenio de Calderón, la industria de la seguridad privada se expandió entre el 10 y el 15 por ciento cada año mientras que el conjunto de la economía aumentó alrededor del 2 por ciento. Sin embargo, la proliferación de firmas y servicios no derivó en mayores garantías para la seguridad física de familias y empresas, ni de sus bienes y valores: de los 6 mil 600 prestadores de servicios de seguridad privada, apenas el 50 por ciento cuenta con autorizaciones gubernamentales y sólo el 3 por ciento, con certificados de calidad. Ahora el reto es depurar la oferta, coinciden empresarios consultados 

En México 3 mil 356 empresas privadas están autorizadas para prestar servicios de seguridad. De ellas, 557 recibieron sus respectivos permisos durante 2012, el último año de gobierno de Felipe Calderón.
 
De acuerdo con el informe Memoria documental. Creación y actualización del padrón único de empresas de seguridad privada –elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública federal al final del sexenio pasado, y del cual Contralínea posee copia–, actualmente 1 mil 90 empresas de seguridad privada cuentan con autorización federal para ofrecer sus servicios en dos o más entidades de la República Mexicana. Las otras 2 mil 266 sólo cuentan con las autorizaciones de gobiernos estatales.
 
Sin embargo, un reporte del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial señala que en el mercado son alrededor de 6 mil 600 compañías las que ofrecen sus servicios en alguno de los aspectos de la seguridad privada: custodia y traslado de personas, bienes y valores; instalación de sistemas de alarmas; monitoreo electrónico; seguridad informática o blindajes.
 
Así, según la empresa privada, sólo alrededor del 50 por ciento de las compañías del sector cuentan con autorizaciones expedidas por el gobierno federal o por las administraciones estatales. Además, apenas 200 –el 3 por ciento del total– están certificadas con el ISO-9000 o con evaluaciones especializadas, “lo que representa un grave riesgo para la seguridad de los mexicanos”.
 
Entrevistados al respecto, representantes de las organizaciones empresariales líderes en el sector de la seguridad privada coinciden en que los altos índices de crecimiento registrados durante el sexenio pasado no fueron uniformes, y que para la industria fue lesiva la súbita proliferación de espontáneos que, sin los permisos correspondientes, se pusieron a ofrecer servicios de seguridad privada en todas sus vertientes.
 
También aseguran que es falsa la idea generalizada de que entre más violencia e inseguridad padece una sociedad, más beneficios registran los empresarios dedicados al sector de la seguridad privada.
 
“Somos empresarios: lo que queremos es un entorno armónico para hacer negocios; a todos nos conviene que bajen los índices de inseguridad”, dice al respecto el presidente de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia, AC (Amsiria), Alberto Rivera Armendáriz.
 

El crecimiento del sector

 
Nadie en las cámaras y asociaciones empresariales niega que la inseguridad que vive la sociedad mexicana desde el gobierno de Felipe Calderón esté directamente relacionada con el crecimiento acelerado del sector. Sin embargo, los representantes de la industria advierten que no necesariamente crecieron a tasas altas las empresas legalmente establecidas. También señalan que un crecimiento basado en la violencia y el miedo sólo puede estar garantizado por un corto periodo de tiempo.
 
Santiago Jiménez Dueñas, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), dice que el robo de vehículos en México aumentó casi al ciento por ciento durante el sexenio pasado. Mientras que en 2006 se reportaron alrededor de 42 mil robos de automóviles, para 2011 se alcanzó la cifra de 83 mil 500. “En 2012 hubo una baja sustancial: los robos de vehículos ascendieron a 73 mil 800; pero todavía sigue siendo muy alta la cifra”.
 
Jiménez Dueñas señala que, para la ANERPV, las entidades con mayor número de robos de vehículos son el Estado de México, el Distrito Federal, Morelos, Veracruz y Jalisco.
 
“Se puede observar que los estados donde más robos se presentaron también son los que mayor número de gente y de automóviles concentran. Ahora bien, los estados donde se ha presentado el mayor crecimiento de robos, a nivel porcentual, son Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Sinaloa.”
 
La delincuencia se industrializó, a decir del también director general de Sky World Protection, SA de CV. Pero no sólo la inseguridad motivó el crecimiento del sector, particularmente en el rubro de rastreo de vehículos se abarataron los costos.
 
De acuerdo con datos de ANERPV, que afilia a 32 empresas, los empleos fijos en el sector ascienden a más de 5 mil plazas.
 
Humberto Yúdico Padilla, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital, AC (Amesis), explica que, a pesar de un “contexto económico mermado”, las compañías y familias mexicanas sí realizaron gasto para proveerse de algún recurso de seguridad. Por ello el sector global de la seguridad creció, en algunos años, hasta 20 por ciento anual.
 
La comisión de delitos y la contratación de servicios de seguridad sí mantuvieron un crecimiento proporcional durante el sexenio pasado. Humberto Yúdico ejemplifica. “Sí encontramos un incremento muy importante en el robo de vehículos en los últimos años, y sí se reflejó en el incremento de los servicios de rastreo y protección de automóviles”.
 
En la popularización de los servicios de rastreo también ha influido el abatimiento de costos de la tecnología. “Al paso de los años esta tecnología ha ido disminuyendo de tamaño y de precio; ha habido más competencia y los productos y servicios han llegado a ser accesibles; se pueden tener esquemas de pagos mensuales”.
 
Yúdico Padilla señala a las entidades de Puebla, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero y Morelos como las que más casos de asalto y robo a transportes padecen, según las propias estadísticas de la Amesis.
 
 
Ernesto Mizrahi Haiat, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), reconoce: “el crecimiento registrado se debió claramente a los problemas de inseguridad que se viven en el país”.
 
También director general de Blindajes Epel Especiales Ligeros, SA de CV, Mizrahi Haiat aclara que el crecimiento registrado en el subsector del blindaje, en 2012, se ubicó entre el 8 y el 10 por ciento. “Fue pequeño, porque esperábamos crecer alrededor del 15 por ciento, como en los años anteriores”.
 
Explica que el crecimiento observado en las siete empresas que integran la AMBA ha permitido la generación de más de 1 mil empleos permanentes de soldadores, dobladores, latoneros, blindadores y personal administrativo.
 
En el caso del blindaje de vehículos, Ernesto Mizrahi informa que el 40 por ciento de los clientes se encuentran en los gobiernos federal y estatales. El otro 60 por ciento, en compañías de la iniciativa privada y usuarios particulares.
 
La inseguridad del sexenio pasado provocó que secretarías de Estado y de gobierno relacionadas con la seguridad blindaran la totalidad de sus flotillas vehiculares. También empresas transportistas se vieron obligadas a salvaguardar las vidas de los operadores y la integridad de las mercancías que transportan. Por ello la industria comenzó a blindar también tractocamiones.
 
Al respecto, Mizrahi señala: “el tema de autotransportes tuvo un crecimiento muy importante. Adicional a la custodia y al sistema GPS, muchas empresas vieron la necesidad de blindar la cabina”.
 
—¿Se mantuvo el blindaje de autos como un servicio que adquieren sólo funcionarios y grandes empresarios?
 
—Desafortunadamente la delincuencia no discriminó clases sociales. La inseguridad se padeció a nivel general. Por ello también familias de clases medias o empresas medianas consideraron oportuno blindar sus autos. Se crearon mecanismos para ofrecer los mismos blindajes a sectores más amplios por medio de financiamientos, arrendamientos y otros esquemas.
En materia de blindaje existen alrededor de 45 empresas registradas. Las siete de la AMBA cubren aproximadamente el 60 por ciento del mercado. No se tiene noticia del número de empresas blindadoras que no cuentan con los permisos oficiales para prestar el servicio.
 
El rubro de la videovigilancia y las tecnologías en red para seguridad mantuvo un crecimiento aún más dinámico. Jörg Altenheimer, director gerente de Key Business Solutions, SA de CV, señala que su empresa cuenta con más de 1 década en el mercado, pero durante los últimos 4 años el crecimiento anual se mantuvo por arriba del 45 por ciento.
 
La distribuidora mayorista de marcas como Mobotix, 3S y del teléfono de comunicación ciento por ciento encriptada, Criptophone, cuenta como principales clientes a los gobiernos, las universidades y las cámaras empresariales. “No estamos autorizados a decir exactamente con quién estamos, porque es confidencial”, aclara Altenheimer.
 
Explica que el crecimiento también estuvo impulsado por los clientes que se agregaron de las pequeñas y medianas empresas (Pyme). “Logramos integración de servicios de gran empresa a precio Pyme, con costos de alrededor de 600 dólares”.
 
Altenheimer, cuya empresa cuenta con 45 empleados, considera que la demanda de productos y servicios de videovigilancia seguirá a la alza. “En el primer trimestre de 2013 crecimos 50 por ciento”, informa.
 

La regulación

 
En México, los servicios de seguridad privada están regulados por la Ley Federal de Seguridad Privada, pero también por las leyes estatales en la materia que generan los congresos de los estados y que, respectivamente, promulgan los ejecutivos locales.
 
La ley federal vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2006. Su reforma más reciente data del 17 de octubre de 2011. En su artículo 2 define el objeto de regulación: “Seguridad privada: actividad a cargo de los particulares autorizada por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares, a la función de seguridad pública.”
 
En cada una de las exposiciones de motivos presentadas para que los legisladores discutieran por primera vez la ley y luego para analizar las reformas en años subsiguientes, se identifica como un problema el establecimiento de empresas que ofrecen sus servicios sin contar con el registro ni la autorización de la autoridad facultada para supervisar a la industria: hasta el sexenio pasado la Secretaría de Seguridad Pública federal, ahora Comisión Nacional de Seguridad Pública, integrada a la Secretaría de Gobernación.
 
Cada reforma se justificó, en parte, con el objetivo de mejorar los mecanismos de control sobre las empresas y los servicios de seguridad privada. El gobierno de Felipe Calderón reconoció de manera tácita su fracaso en la materia con la publicación del último documento emitido por la Dirección General de Seguridad Privada de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, días antes de que concluyera el sexenio: Memoria documental. Creación y actualización del padrón único de empresas de seguridad privada.
 

En el documento se señala que hasta el 16 de febrero de 2009 se “asumió el compromiso de crear un sólo padrón a nivel nacional”. Y luego, hasta el 24 de agosto de ese año, se realizó la primera reunión de trabajo “en la que se aprobaron los elementos mínimos que contendría el Padrón Único de Empresas de Seguridad Privada. Hasta el 30 de abril de 2012 se inició la integración de la información relacionada con armas, uniformes e insignias de las empresas, mediante el software Módulo de Empresas de Seguridad Privada, concentrado en la Plataforma México. El registro total de empresas asciende a 3 mil 356. El resto, alrededor de 3 mil 300, ofrecen servicios al margen de la ley.
 
Santiago Jiménez Dueñas, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, considera que el control y el registro de empresas en el sector de la seguridad privada “va avanzando gradualmente”.
 
El también director general de Sky World Protection, SA de CV, señala que durante el sexenio pasado “surgieron muchísimas empresas”, las cuales, sin contar con infraestructura de operación ni personal propio o capacitado, se pusieron a ofrecer servicios en seguridad privada.
 
“Eso envició todo el sector. Primero, fue perjudicial para la ciudadanía porque no se le garantiza seguridad en realidad. Segundo, afectó a las empresas que sí estamos legalmente establecidas y que cumplimos con los requisitos que marcan las leyes, pues las empresas ilegales ponen precios risibles y la ciudadanía se va por el precio; es una competencia desleal. Y tercero, también generan conflictos con las autoridades: como no están registradas ni certificadas, sus elementos constantemente se ven envueltos en actos delictivos, que luego son adjudicados a todo el sector”.
 
Alberto Rivera Armendáriz, presidente de Amsiria, coincide: “Nos pega demasiado el que existan empresas que ni siquiera están registradas. La gente se va al menor costo. Piensan que contratar a un par de personas medianamente uniformadas les va a garantizar protocolos, registros, capacitaciones, calificaciones”.
 
Los empresarios entrevistados concuerdan en que no faltan mecanismos legales para el registro de empresas, sino que se apliquen los existentes a todos los que ofrecen sus servicios en el mercado.
 
Santiago Jiménez Dueñas considera que el problema de las empresas ilegales no se resolverá con imponer más requisitos, “porque está visto que los requisitos sólo afectan a quienes sí están dentro de la ley”.
 
El vicepresidente de la ANERPV agrega: “El sector de la seguridad privada está muy sobrerregulado [sic]. Inclusive las empresas de esta industria padecemos doble tributación. Tenemos que pagar una serie de trámites y derechos ante las autoridades federales, pero también ante las estatales. Un ejemplo claro del problema se presenta con las empresas de rastreo satelital: muchos de los clientes están domiciliados en el Distrito Federal, pero sus vehículos entregan mercancías en toda la República, y cada estado exige permisos; ¡tenemos que tramitar 32 permisos!”.
 

Cultura de la seguridad

 
La seguridad no es una moda, coinciden los representantes del sector entrevistados. Tampoco se debe considerar como una reacción ante el incremento en los índices delincuenciales. Para ellos es prevención, logística, información y manera de vivir: una cultura de la seguridad.
 
Por ello a Jörg Altenheimer, director gerente de Key Business Solutions, le gusta decir que su empresa no ofrece un producto sino “soluciones”. Asegura que en el ramo de la videovigilancia no sólo se provee de cámaras. Explica: “Es muy diferente cómo opera un negocio que tiene computadoras, sistemas, tecnología, a uno que no lo tiene. Por supuesto que es importante el aspecto de la seguridad, pero sólo es un aspecto, un detonante para crear una sinergia con los demás procesos y áreas de la empresa. Si tenemos cubierta la parte de la tecnología, también tenemos cubierta la parte de la seguridad y viceversa”.
 
Santiago Jiménez Dueñas, vicepresidente de la ANERPV y director general de Sky World Protection, señala el caso de la industria de rastreo vehicular: “El sistema GPS no necesariamente es una herramienta de seguridad. Claro, coadyuva de manera importante a que se pueda ubicar exactamente el vehículo y que desde el satélite se pueda parar el motor. Pero tiene otras aplicaciones más relacionadas con la logística, como saber si se ponchó una llanta del camión, si necesita gasolina, si se tomó la ruta adecuada, si se llegará a tiempo, etcétera”.
 
“Es como exigir transparencia o información, un derecho; así es la seguridad: toda una actitud. No se trata de decir: ‘ten cuidado porque te puede pasar algo’, es más prevención”, dice Humberto Yúdico Padilla, presidente de la Amesis.
 
Un rubro que formalmente no está asociado a la seguridad privada sino al de la salud es el de las urgencias médicas. Sin embargo, la profundización de la inseguridad durante el sexenio pasado provocó que este sector se vinculara estrechamente a las empresas de seguridad. Así nació una nueva modalidad que se inscribe más en la cultura de la seguridad: el de las escoltas o custodios paramédicos.
 
Dulce Martell Rojas, presidenta de la Asociación Mexicana de Técnicos en Urgencias Médicas, SC (AMTUM), lo explica así: “El sector de la seguridad privada no es tan nuevo, pero el tema de la capacitación de los elementos sí. El cliente se ha dado cuenta de que no basta con que tenga a sus espaldas a un grandote de 2 metros, muy fuerte y con cara de malo. Un escolta vive, duerme, come, coexiste con el funcionario o el empresario y no siempre las emergencias son del tipo de un asalto o secuestro; muchas veces son de infarto… Y se muere el funcionario o el empresario porque el escolta no supo qué hacer”.
 
Agrega: “Hemos tenido casos reales en que el funcionario ha sido herido, los escoltas repelen la agresión y la amenaza se va; y el funcionario muere porque no se supo cómo detener una hemorragia”.
 
Por ello, desde hace 11 años la AMTUM inició una serie de cursos y capacitaciones destinados al personal de la seguridad privada. Sin embargo, no fue sino en los últimos 6 años cuando el curso de paramédico táctico para escoltas y guardias se volvió el “curso estrella” de la asociación. En el sexenio pasado se capacitaron 390 personas en todos los rubros: desde primeros auxilios hasta técnico en urgencias médicas.
 
Sin embargo, Martell Rojas aclara que aún son muy pocas las empresas que invierten en este tipo de capacitación para sus trabajadores. Muchos de los cursos los paga el custodio o guardia de su propio bolsillo. La cultura de la seguridad no es algo que haya permeado de manera general aún entre los propios empresarios de la seguridad privada ni entre los funcionarios y empresarios que requieren el uso de escolta.
 
“Si los funcionarios o empresarios quieren un abrepuertas disfrazado de guardia, pues eso es lo que van a seguir teniendo. Deben estar conscientes de que si a un fornido le agregan la capacidad de decidir, de atender una reanimación cardiopulmonar, de cohibir una hemorragia o de activar una ambulancia, su inversión y su seguridad va a estar garantizada. Pero esto ya es un asunto cultural.”
 
 
Amsiria, la generación del mapa delictivo
 
“Violencia genera más violencia. Si pretendemos que vamos a acabar la delincuencia a balazos estamos equivocados. De lo que se trata es de generar prevención, planeación, inteligencia”, señala el presidente de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia, AC (Amsiria), Alberto Rivera Armendáriz.
 
Una de las contribuciones del sector de la seguridad privada ha venido de la Amsiria. Las 70 empresas de rastreo satelital y de servicio de custodios que la integran han generado un mapa delictivo de la República Mexicana. En él se detalla en qué lugares, carreteras, calles, colonias, esquinas, autopistas ocurren hechos delictivos; también de qué tipo, contra qué vehículos, a qué líneas de transporte afectan o tipo de carga.
 
El mapa cuenta con descripciones de los hechos delictivos y las averiguaciones previas generadas, en algunos casos. “Y ya estamos construyendo el siguiente paso, que es el Mapa Informativo México, en donde además de los delitos se va a señalar en qué lugar faltan luces, dónde hay parques sin atención, baches o calles sin arreglar”.
 
Rivera Armendáriz informa que la Amsiria ha firmado un convenio de colaboración con la Policía Federal y con policías de los estados para que, “con su respectiva confidencialidad”, consulten los datos generados por la Asociación.
 
“La seguridad debe ser más preventiva que reactiva. Y la seguridad privada puede ser una gran aliada de la seguridad pública. Nosotros estamos proponiendo esquemas y dispuestos a participar en lo que la autoridades consideren”.
 
 Fuente: Contralínea 335 / mayo 2013