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Hace un par de semanas se aplicó en el país el quinto gasolinazo del año. Los precios de los combustibles siguen al alza provocando un efecto inflacionario en los productos de primera necesidad al incrementar los costos del transporte de las mercancías; en tanto, la nueva refinería prometida desde el sexenio pasado, planeada en el municipio de Tula, Hidalgo, sigue arrumbada en el desván de los buenos propósitos oficiales.
 
 
 
Reflejo del desinterés por iniciar su construcción es que ni siquiera se ha terminado de levantar en su totalidad la barda perimetral que rodea el terreno donde, al menos en proyecto, se erigirá la magna obra que deberá ayudar a aminorar el grave déficit de gasolinas que enfrenta México y que nos ha llevado, a pesar de ser un país petrolero, a importarlas, lo mismo que sucede con el gas natural que compramos a Bolivia a un precio de referencia de Estados Unidos, y cuyo incremento en su costo es la excusa presentada por el gobierno de Peña Nieto para disparar un 8.4 por ciento de incremento las tarifas eléctricas, al señalar que es por medio del consumo de este combustible como se produce la mayor parte de la energía eléctrica en el país.
 
Nadie asume el costo de la irresponsabilidad por quemar a diario miles y miles de metros cúbicos de gas natural en nuestro país, mismo que compramos a precio elevado en el extranjero, como tampoco ninguna voz oficial se alza para exigir a la pasada administración panista rinda cuentas sobre el millonario quebranto ocasionado a las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el incremento en la participación de la paraestatal en la firma española Repsol, que representó una erogación de 20 mil millones de pesos, de los cuales, ya 10 mil pueden darse por perdidos al derrumbarse las acciones de la firma ibérica.
 
En el más elemental y lógico sentido común resulta inaceptable que se hayan preferido tirar millonarios recursos en una descabellada estrategia que, supuestamente, apuntaba a la internacionalización de Pemex, en vez de haberlos invertido en echar a andar la refinería en Tula. Pero contrario a lo que debería ser un adecuado reencauzamiento de la política energética en el nuevo sexenio, nuevamente se destinan fondos de la entidad para auxiliar a otra empresa española; ahora, y como ya anunció la Dirección General de Pemex, se trata de ir al rescate de los dueños del astillero en quiebra, Hijos de J Barreras, ubicado en Vigo, España, y para lo cual ya se desembolsaron 160 millones de pesos.
 
Los “expertos” de Pemex justifican la alianza al señalar que construirán hoteles flotantes que necesita la paraestatal en sus labores de exploración y producción en alta mar. El problema es que la firma española está prácticamente sin un centavo y será la entidad la que tenga que aportar la mayor parte del capital; es decir, hacer negocio total con el dinero de los mexicanos a favor de los empresarios ibéricos, que con tan ventajoso trato no sólo se salvan de la ruina, sino que aseguran la permanencia de su empresa al obtener jugosas ganancias.
 
Resulta preocupante que en la anunciada Estrategia Nacional de Energía no se vislumbre un cambio de rumbo, sino que por el contrario se insista en ahondar el desmantelamiento de la capacidad de producción de Pemex al abrir sus áreas estratégicas al capital privado, y pareciera que no se quiere entender lo que se ha demostrado hasta la saciedad en los hechos como una errática política energética que desde el sexenio de Carlos Salinas promovió la atomización de la paraestatal en cuatro subsidiarias, con lo cual le restó importancia a sectores vitales como la refinación y la petroquímica.
 
De hecho, y desde entonces, Pemex ha abandonado su esfuerzo por aumentar la producción nacional de gasolinas, de tal suerte que mientras el consumo interno creció en un 50 por ciento en los últimos 10 años, la producción tuvo sólo un crecimiento marginal que en nada subsanó el creciente déficit. Actualmente las consecuencias son onerosas y dramáticas para la economía nacional, pues se calcula que México importa diariamente un promedio de 400 mil barriles de gasolinas para satisfacer el consumo interno.
 
Al pagar un precio alto se impacta directamente en la economía de la población de menores recursos, que deben sufragar con sus raquíticos ingresos el incremento mensual (los gasolinazos), con el que desde hace varios años se viene compensando la irresponsabilidad oficial por haber puesto a la deriva un área de primera importancia para el desarrollo del país. De hecho, especialistas en la materia señalan que también en buena medida parte de los ingresos petroleros obtenidos por la exportación de crudo se han visto seriamente menguados por la insalvable importación de gasolinas.
 
Una de las justificaciones expuestas por Felipe Calderón para anunciar la construcción de la nueva refinería fue precisamente la necesidad de hacer frente al creciente déficit de gasolinas en México. En 2010, el entonces director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, estimó que la capacidad de producción de la nueva planta sería de 300 mil barriles diarios, es decir, ayudaría en buena medida a abatir el enorme desabasto de combustibles.
 
El costo estimado de la obra que aún no comienza, 9 mil millones de dólares, ya hubiera sido en buena parte amortizado por el costo multimillonario que representa la importación de las gasolinas para nuestro consumo interno, y hasta sufragado en su totalidad por los excedentes petroleros –más de 10 mil millones de dólares–, de los que los gobiernos panistas no rindieron cuentas a los mexicanos.
 
Los autores de la Estrategia Nacional de Energía, además de pasar por alto las necesidades básicas del consumo interno de combustibles, están enfilando un peligroso haraquiri a las propias finanzas públicas, pues no hay que olvidar que por el injusto régimen fiscal impuesto a Pemex, es esta empresa la que ha subsidiado en la última década los crecientes déficits en los ingresos, vía impuestos, del gobierno federal. De hecho, buena parte de los evasores fiscales deben sus pellejos a las multimillonarias sangrías que anualmente se practican a los ingresos de la paraestatal.
 
Si la nueva administración abre de par en par las puertas de la rentable entidad a particulares, lo único que provocará será abrir dos flancos que darán al traste con los millonarios ingresos que actualmente reporta, pues dentro del pastel, los codiciosos inversionistas buscarán llevarse las rebanadas más grandes sin importarles el déficit fiscal del gobierno.
 
Por el momento, y en espera de la venta de garaje que se plantea en la Estrategia Nacional de Energía para acabar de desmantelar a Pemex, el país no tiene otra salida que seguir pagando, con la pobreza de millones de mexicanos, la costosa importación de gasolinas. Y todo porque siendo un país petrolero, sus políticos están empecinados en acabar con una empresa que es y debe ser patrimonio de la nación. Va siendo hora de que exijamos cuentas a los causantes de tan absurda y ruinosa política energética.
 
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
 
 
 
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Fuente: Contralínea 335 / mayo 2013
 
 
 
 

 

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