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Funcionarios y delincuentes se disputan el récord para ver quién agrede más a los periodistas e incluso compiten por cometer más homicidios contra reporteros. Unos y otros secuestran a los trabajadores de la información y la crítica. En medio de la violencia –que continúa por todo el país– es que los sicarios del crimen y los guaruras de esos dizque políticos, caciques en los municipios y las entidades, insisten en silenciar a los medios de comunicación, comenzando por eliminar a los periodistas, destruir los edificios de los diarios y con amenazar para obligar a esos medios a pasar por alto los hechos de la delincuencia organizada con funcionarios que pretenden que no salgan a la luz pública sus corrupciones, sus abusos de poder y otros desmanes.

 

Si algo une a los funcionarios con los delincuentes (aparte de los sobornos de éstos para aquéllos), es la complicidad para querer silenciar a los medios de comunicación.
 
Éstos van, sobre todo, contra quienes ejercen en calidad de periodistas los derechos, cuyos fines y libertades están cada vez más desdibujadas por las reformas y contrarreformas (ahora mismo de los peñistas que nos quieren dar gato por liebre), para informar a la opinión pública en la radio, medios audiovisuales y la sobreviviente prensa escrita que libra batallas, con la mira puesta en la libre manifestación de las ideas; que contra viento y marea de la censura previa y demás obstáculos a editores y concesionarios (como acaba de suceder por parte del Grupo Radio Centro, que canceló el programa Religiones del mundo conducido por el investigador y periodista Bernardo Barranco) realiza dignamente su trabajo. Pero tanto delincuentes como funcionarios están decididos a impedir el trabajo de la comunicación para informar y exponer críticas.
 
Cuando no es en Veracruz es en Sonora o en Sinaloa, en Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas u otro estado y así en todo el país. Tal como acaba de suceder en Durango, donde el presidente municipal de la capital, Adán Soria Ramírez, ordenó a sus guardaespaldas (sus pistoleros) secuestrar al periodista Fernando Miranda Servín. Éste es el director del periódico Raza Cero. Periodismo ciudadano. Por esas páginas, su director y sus reporteros hacen circular información veraz y críticas como corresponde al trabajo del contrapoder: es un periódico que publica, con la máxima libertad constitucional, cuanto abuso de los funcionarios de la entidad y de los municipios tiene lugar. Cosa que no le ha parecido a ese alcalde.
 
Los funcionarios locales han estado amenazando a Raza Cero. Periodismo ciudadano para que deje de informar y de criticar. Pero al no ceder terreno su director, bajo constantes presiones, finalmente fue objeto de un secuestro que no llegó a su última etapa para desaparecerlo, porque cuando (delante del alcalde) los ciudadanos que se dieron cuenta del hecho intervinieron para defender al periodista, lograron ponerlo a salvo.
 
El déspota presidentito municipal Adán Soria Ramírez ya ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Durango, ante la Fiscalía de la Procuraduría General de la República y ante los órganos de defensa del periodista, pues ha orquestado una campaña de amenazas contra el periódico Raza Cero. Periodismo ciudadano y contra su director, Fernando Miranda Servín, quien señaló al funcionario como quien, con sus empleados y pistoleros, insisten en que deje de publicar el periódico y en que no siga informando sobre un millonario fraude donde son presuntos responsables Adán Soria Ramírez y el presidente municipal de Poanas, Raúl Piedra Macías. No solamente la libertad que en su labor debe ejercer el periodista ha sido puesta en peligro, sino también su vida en caso de que se cumplan las amenazas.
 
*Periodista

 

  

 Fuente: Contralínea 335 / mayo 2013

 

 

 

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