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⇒ Parte I: Biometrópolis a la congeladora por litigio

Un litigio por la propiedad de Los Encinos mantiene en la congeladora al proyecto más ambicioso del gobierno del Distrito Federal: Ciudad del Conocimiento, Campus Biometrópolis. Pese a que Miguel Ángel Mancera pretende concretar el megaproyecto iniciado por Marcelo Ebrard Casaubón, un juicio de más de 30 años se lo impide 

 
 
Los Encinos, terreno de 71 hectáreas donde el gobierno de la Ciudad de México pretende construir la Ciudad del Conocimiento, campus Biometrópolis, está bajo litigio. Pequeños propietarios y comuneros llevan más de 30 años en querellas judiciales contra la empresa Grupo Frisa, de los hermanos Alberto, Gaspar y Alejandro Rivera Torres Prado.
 
Sin resolución legal, uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno del Distrito Federal, cuyo costo asciende a los 23 mil 256 millones de pesos, se encuentra en la congeladora y al borde de ser desechado.
 
A decir de los demandantes, la batalla jurídica de al menos 3 decenios se agudizó cuando, en 2001, se transmitió el dominio del terreno a la Inmobiliaria El Encino, SA de CV –también de los hermanos Rivera Tores– y se extinguió el fideicomiso que controlaba el predio, como consta en el instrumento notarial 111,364 con el que se inscribió el terreno en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad.
 
Debido a su ubicación, colindancias y vialidades, Los Encinos posee un alto valor comercial y se encuentra en permanente asedio por empresarios y autoridades que buscan insistentemente y por la vía jurídica su urbanización.
 
Al predio, ubicado en la delegación Tlalpan, se puede acceder por Periférico Sur o la carretera Picacho-Ajusco. Es contiguo a Televisión Azteca, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Pedagógica Nacional, la editorial Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la unidad habitacional Emilio Portes Gil, comúnmente conocida como Pemex.
 
 
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Inmobiliaria El Encino, SA de CV, y BBVA Bancomer Servicios, SA de CV, a la Secretaría del Medio Ambiente capitalina para la construcción de Biometrópolis, el predio se encuentra fraccionado y pertenece a las empresas Vistas del Pedregal, SA de CV; Inmobiliaria El Encino, SA; Desarrollos Modernos del Sur, SA; Hermanos Rivera Torres, e Inmobiliaria y Constructora Géminis, SA de CV.
 
Las empresas, a través del Convenio de Concertación para la Creación del Campus Biometrópolis –pactado entre el Gobierno del Distrito Federal y los supuestos propietarios del predio, y del que Contralínea posee copia–, reconocen que Los Encinos ha sido objeto de procedimientos judiciales y administrativos relativos a su titularidad y aseguran contar con los documentos y certificados que acreditan su “legítima y plena propiedad de los predios”.
 
No obstante que en la cuarta cláusula del Convenio de Concertación, “Permisos y vialidades; incentivos fiscales”, el Gobierno del Distrito Federal se compromete, a manera de incentivo para el desarrollo del campus Biometrópolis, a coadyuvar con la obtención expedita de permisos, licencias y autorizaciones que se requieran, una resolución judicial se lo impide.
 
La orden judicial bajo el número de expediente TUA353/2010 obliga al jefe de gobierno del Distrito Federal a suspender cualquier tipo de autorización, licencia, permiso y/o cualquier otro acto que haya otorgado o pretenda otorgar a Frisa, Inmobiliaria Frisa, SA, o a cualquier causahabiente de ella, sea persona física o moral, para desarrollar Biometrópolis.
 
El documento también ordena a Grupo Frisa que se abstenga de construir en el predio en litigio hasta en tanto se resuelva lo que en derecho procede. De no cumplir con dicha suspensión, se le impondrá una multa de hasta 120 días de salario mínimo vigente en la ciudad.
 
La sentencia, ratificada el 6 de marzo de 2013, se deriva de un juicio de restitución de propiedad promovido por la Comunidad Agraria de Magdalena Contreras ante el Tribunal Unitario Agrario.
 
De acuerdo con Carlos Elías Butrón, representante de la Comunidad, en el Códice de Techiloyan, que data de 1532, autentificado por autoridades del Archivo General de la Nación, queda asentado que los comuneros son los legítimos propietarios de las 71 hectáreas que conforman Los Encinos.
 
Además de la Comunidad, José Ángel Romero Morales; Cosme y Alberto Torrado; Víctor González Avelar, y la Compañía Explotadora de Bosques de San Nicolás, representada por Víctor González Avelar y Héctor Sánchez Palacio, llevan una batalla en los juzgados contra Grupo Frisa por la propiedad de Los Encinos.
 
José Ángel Romero Morales inició una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 2012 en contra de la Inmobiliaria El Encino, SA de CV, y de quien o quienes resulten responsables por el delito de fraude procesal.
 
Romero Morales demanda la restitución del inmueble con número de lote 4,145 y superficie de 24 mil metros cuadrados o el pago de su valor actualizado.
 
De acuerdo con Romero Morales, la señora Adelina Rivera Torres viuda de Díaz le entregó la superficie de terreno en fideicomiso al Banco Mercantil del Norte, Grupo Financiero, Institución de Banca Múltiple en la Escritura Pública 70,387, fechada el 4 de julio de 1973.
 
Según la denuncia de hechos que presentó, al constituir el fideicomiso los contratantes ubicaron el terreno en la delegación Gustavo A Madero (donde no existe) y al extinguir el fideicomiso cambiaron la ubicación para hacerlo aparecer ahora en la delegación Tlalpan, como consta en instrumento notarial 111,364, inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 27 de julio de 2001.
 
“Inmobiliaria El Encino, SA de CV, dolosamente se atribuyó la propiedad del terreno sin acreditar con documento público alguno, aduciendo que el mismo forma parte de otro terreno de mayor extensión con superficie de 93 mil 399 metros 71 decímetros cuadrados.”
 
La operación, denuncia Romero Morales, fue avalada ante el notario 116 del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, quien se desempeñara como procurador General de la República y embajador de México en Francia durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
 
Como se puede leer en la denuncia de hechos, los supuestos responsables de fraude  son los apoderados de Inmobiliaria El Encino, SA de CV, Luis Javier Zepeda Vázquez, Edgar Porras Hernández y Enrique Zepeda Trujillo, quien acusó penalmente a Romero Morales de despojo del terreno en cuestión en 1990.
 
Debido a que Romero acreditó la propiedad del inmueble, el 14 de diciembre de 1990 se decretó su libertad al no haberse comprobado el cuerpo del delito imputado.
 
Víctor González Avelar, como representante legal de Inmobiliaria Estrella del Pedregal, SA de CV, demandó en 2011, en la vía ordinaria civil, a Inmobiliaria El Encino.
 
Mediante el escrito presentado en la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, González Avelar solicitó sea declarado y confirmado por resolución judicial y sentencia firme que Inmobiliaria Estrella del Pedregal es la única propietaria y titular de la propiedad del inmueble ubicado en Periférico Sur 4111, con extensión de 24 mil metros cuadrados, y sea declarada la nulidad absoluta de la Escritura Pública 111,364, de fecha 12 de junio de 2001.
 
En el escrito, González Avelar sostiene que compró a Grupo Cav, SA de CV (entonces de José Ángel Romero, quien a su vez compró la propiedad a Compañía Explotadora de Bosques y a través de un juicio de prescripción positiva se dio por sentada la adquisición), y dice contar con la Escritura Púbica 58,658, de fecha 7 de mayo de 1991, que lo acredita como legítimo propietario.
 
En virtud de ello, demanda el pago de una renta mensual computada a partir de la fecha de presentación de la demanda y hasta que le entregue la posesión material.
 
Al darle la razón la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a los hermanos Rivera Torres, González Avelar solicitó amparo en contra de la sentencia dictada bajo el número 786/2011/3, y el 15 de noviembre de 2012 la protección de la justicia le fue concedida.
 
El hecho deja insubsistente la sentencia reclamada por González Avelar y obliga a las autoridades judiciales a revisar los agravios denunciados en un principio.
 
Tanto José Ángel Romero como González Avelar y el representante de la Comunidad Agraria dijeron a Contralínea que de restituirles el terreno, urbanizarán en el lugar.
 
Infografía:
 
⇒ Parte I: Biometrópolis a la congeladora por litigio
 
 
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Fuente: Contralínea 334 / mayo 2013
 
 
 

 

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