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En vísperas del arribo de Barack Obama al Distrito Federal para una visita de 2 días, el mundo político fue estremecido con las declaraciones del exsubprocurador José Cuitláhuac Salinas Martínez y la aprehensión del suegro y el cuñado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Ambos hechos tienen un común denominador: demostrar que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene voluntad de actuar con apego al estado de derecho.
 
 
Desde luego, la verdadera finalidad en ambos casos es política, orientada a patentizar al mandatario estadunidense que la estrategia de Peña Nieto contra la delincuencia organizada no implica cruzarse de brazos y evitar la captura de capos del narcotráfico, ni dejar impunes los crímenes cometidos al amparo del poder en el sexenio pasado. Así, las pláticas que tengan ambos jefes de Estado se guiarán por hechos consumados, no por promesas.
 
En la Casa Blanca saben perfectamente que el gobierno de Peña Nieto camina por el filo del precipicio, tanto porque la economía está tan endeble que un ligero ventarrón la puede hacer caer, como porque la impunidad con respecto a los abusos de poder del grupo cercano a Felipe Calderón tendría resultados calamitosos para la administración priísta en su sexenio de retorno a Los Pinos.
 
Con los hechos denunciados por el exjefe de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) hay elementos suficientes para proceder a una indagatoria que lleve a la aprehensión de los involucrados en el complot contra un grupo de militares encabezados por el general de división Tomás Ángeles Dauahare. Todos los involucrados son gente muy poderosa que sólo podría ser llevada a juicio contando con suficientes elementos para armar un proceso sin fisuras. No sólo se trata de la exprocuradora Marisela Morales ni de Genaro García Luna, sino de quienes los manipulaban, como apuntó el exsubprocurador, de quienes dijo estar temeroso de sufrir represalias.
 
Es obvio que si Cuitláhuac Salinas quiso hacer públicas tan graves denuncias es porque cuenta con la suficiente protección. Tiene más miedo de andar a salto de mata que cooperar con el gobierno de Peña Nieto, como si fuera un testigo protegido, sin presentarse como tal por el total descrédito en que cayeron éstos a raíz del fiasco de proceso en contra de los militares encabezados por el general Ángeles.
 
De igual modo, el hecho de que el suegro, el cuñado y otros miembros del cártel del Chapo Guzmán hayan sido detenidos con tanta facilidad demuestra que hubo un arreglo previo, muy explicable en cuanto a que es muy fuerte la presión pública en contra de dicho cártel, y las autoridades están obligadas a actuar a pesar de que se trata de la organización mejor estructurada y disciplinada, indispensable para mantener a flote un mercado de drogas del que es imposible prescindir.
 
Quedó muy claro, sobre todo para  Washington y para el gobierno de Peña Nieto, que la “guerra” de Calderón contra la delincuencia organizada no fue más que una pésima estrategia que dio resultados contraproducentes para el país, no para el grupo cercano al exmandatario. El problema mayor no fue el exceso de violencia, sino los terribles desajustes en el mercado de estupefacientes, al producirse graves desequilibrios en la oferta y la demanda. Con todo, el aspecto más significativo fue que los delincuentes comunes, como Los Zetas, no conocen los trasfondos del negocio, mucho menos se prestan a convenios y arreglos, como sí lo hacen los profesionales como el Chapo.
 
En estas semanas posteriores a la visita de Barack Obama estaremos viendo los resultados de las pláticas con Peña Nieto. El jefe de la Casa Blanca lo que menos quiere es otro sexenio en México como el que encabezó el hombre de la doble moral, a quien seguramente quitarán más pronto de lo previsto el apoyo que le brindan los ultraconservadores del grupo en el poder en Washington, a efecto de apoyar la gobernabilidad de nuestro país en un momento por demás crítico.
 
Las relaciones bilaterales entrarán en un periodo de recomposición indispensable, con el fin de evitar que México caiga en una crisis inmanejable que se pudiera convertir en una espléndida oportunidad para que las fuerzas progresistas avanzaran fácilmente hacia la toma del poder. De ahí el imperativo de saldar cuentas con el calderonismo, por encima de los acuerdos que hayan tenido Calderón y Peña Nieto.
 
*Periodista
 
 
 
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Fuente: Contralínea 334 / mayo 2013