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Se anuncia la visita del presidente estadunidense Barack Obama a México, prevista para mayo próximo, y ya se ha desatado la euforia. Por lo pronto, el priísta guanajuatense Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ha presumido que “las relaciones bilaterales México-Estados Unidos atraviesan por un buen momento.
 
“Los temas con el vecino del Norte son amplios –declaró–. Lo que observamos, con un enorme optimismo y gusto, es que la relación con Estados Unidos no sólo ha mejorado, sino que en el propio gobierno norteamericano [sic] han visto el peso específico que tienen los temas tan trascendentes, importantes, como el de los asuntos migratorios. Creo que puede ser una visita muy rica en esta reactivación de las relaciones internacionales de México”. Arroyo Vieyra destacó que la política exterior que ha emprendido el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha sido fructífera. ¿Será?
 
Obama ha sido reelecto y Peña comienza su gobierno. ¿Cuál será la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y México? El gobierno de Washington, y en particular la administración de Obama, ha salido avante en su plan de integración política, económica, cultural y militar con México. Los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) han ido avanzando, paso a paso, en todas las líneas que les marca el gobierno estadunidense, por lo que Peña será tan incondicional del gobierno del país vecino como lo fue Calderón, pues es un gobierno sujeto completamente al neocolonialismo.
 
Luego de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, y de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en 2005, se intensificó la integración económica y se ha llevado a cabo la integración política con la operación del bipartidismo PRI-PAN, con la alternancia de ambos partidos que tienen secuestrado al gobierno de México. Luego del fraude e imposición de Felipe Calderón en la Presidencia de la República –que contó en todo momento con el apoyo de Washington–, el gobierno mexicano operó todas las líneas que le llegaban desde la Casa Blanca.
 
El siguiente paso –que se ejecuta actualmente– es el de la integración militar. Con la Iniciativa Mérida en 2007, el gobierno de George W Bush dio inicio formal a la integración militar. Si la administración de Bush dio el primer paso, la de Obama se metió hasta la cocina. En 2009 comenzó en serio el proceso de integración militar Estados Unidos-México a partir de la visita de Hillary Clinton, y empezó la andanada de medidas intervencionistas estadunidenses en territorio mexicano: se abrió la Oficina Binacional de Inteligencia, cuyas instalaciones se encuentran en Reforma 265 –en el corazón de la Ciudad de México– y donde opera, a unos metros del Ángel de la Independencia, personal del Pentágono asignado a la Agencia de Inteligencia Militar, a la Oficina Nacional de Reconocimiento y a la Agencia Nacional de Seguridad; así como agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, del Departamento de Justicia, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; agentes de Inteligencia de la Guardia Costera; de la migra u Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; igualmente operan efectivos de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros, que representan al Departamento del Tesoro; todas, dependencias gubernamentales estadunidenses.
 
Luego de esa visita de Hillary Clinton, se integró la Armada de México a las maniobras navales Unitas 50-09 en Mayport, Florida, del 20 de abril al 5 de mayo (casualmente cuando se dio el escándalo de la epidemia de influenza) y se aprobó el sobrevuelo de drones o naves aéreas no tripuladas sobre el espacio mexicano, naves que han causado alrededor de 4 mil muertos en Pakistán, Yemen, Afganistán, al dedicarse a bombardear blancos y ocasionar numerosas víctimas inocentes en los últimos 5 años, a las que simplemente las etiquetan como “daños colaterales”. Por otra parte, se anunciaron las aduanas internas para tener agentes gringos en México y revisar la mercancía en nuestro país para que se lleve directamente a Estados Unidos sin detenerse en la frontera. Todo esto es una violación flagrante de nuestra soberanía.
 
En los años posteriores se profundizó la intervención con la instauración de la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial, en San Salvador Chachapa, Puebla, inaugurada en mayo de 2012 por el embajador estadunidense Anthony Wayne; además de la presencia (secreta) de militares estadunidenses en la frontera Norte (denunciado por el diario The New York Times el 8 de agosto de 2011); las maniobras militares conjuntas que se han ido desarrollando, por ejemplo, entre Texas y Tamaulipas, del 2 al 9 de mayo de 2012, por parte de ambos ejércitos; aunado al envío de armas, de la que la operación Rápido y Furioso es un botón de muestra.
 
Al mismo tiempo que se habló de “alianza estratégica” y “cooperación” se construía el “muro de la muerte” en la frontera y aumentaban los asesinatos contra mexicanos en aquella zona. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en los últimos 5 años, desató agresiones sistemáticas contra los mexicanos al recurrir al asesinato en ambos territorios.
 
Varios mexicanos han sido asesinados en territorio mexicano por disparos de la Patrulla Fronteriza desde el otro lado de la frontera. También han sido asesinados del lado estadunidense, como fue el caso de Anastasio Hernández, de 32 años, el 20 de mayo de 2010, cerca de San Diego, que fue muerto a patadas por 19 agentes gringos (consta en un video que incluso se puede ver en YouTube), o el del joven de 17 años Ramsés Barrón, en la frontera Arizona-Nogales, el 5 de enero de 2011; también se han multiplicado los homicidios por parte de los agentes fronterizos en nuestro propio territorio, como sucedió con Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años, que el 8 de junio de 2010, en el Puente Negro de Ciudad Juárez, Chihuahua, al estar del lado mexicano, recibió un disparo en la cabeza por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza. Los estadunidenses se justificaron al acusar al joven de que estaba aventando piedras; a José Alfredo Yáñez Reyes, de 40 años, lo asesinaron el 21 de junio de 2011 en Tijuana, Baja California, a la altura de la colonia Castillo, del lado mexicano, con un disparo por parte de la misma Patrulla Fronteriza a través de la malla que denota la frontera; hecho que dejó huérfano a un recién nacido.
 
El año pasado, el 7 de julio, fue asesinado Guillermo Arévalo, de 36 años, con armas de fuego por agentes de la Patrulla Fronteriza estadunidense en el paraje El Patinadero, cerca del Río Bravo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde celebraba el cumpleaños de su esposa junto con sus dos hijas. Por otra parte, el 9 de julio de 2012, Juan Pablo Santillán, de 30 años, fue asesinado en Matamoros, Tamaulipas, por agentes de la misma Patrulla Fronteriza, muy cerca del Puente Internacional, en el lugar conocido como Los Tomates, cuando estaba cortando leña en territorio mexicano. El 10 de octubre de 2012, a José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, le dispararon 11 balazos en Nogales, Sonora. Su cuerpo fue encontrado del lado mexicano, y a él también lo acusaron del “delito” de arrojar piedras.
 
Estos arteros asesinatos han sido constantes y los asesinos se mantienen, sistemáticamente, en la impunidad.
 
El descontento popular contra el PAN y sus gobiernos es mayúsculo, pero gracias al bipartidismo impulsado por Washington y desde luego a los descarados fraudes electorales que se realizan en México (también en Estados Unidos como, por ejemplo, en la elección de Bush), garantizan instalar en el gobierno federal al PRI, que va a continuar la integración militar que inició el PAN. El gobierno de Peña sigue la línea neoliberal y neocolonial que inauguraron Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, que continuó Ernesto Zedillo como último presidente del PRI del siglo XX y luego profundizaron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, del PAN. Ahora, con el regreso del Revolucionario Institucional y las firmas del Partido de la Revolución Democrática y el PAN en el Pacto por México (que es un Pacto anti-México), está más que claro que Peña continúa, con total fidelidad, las líneas que le dicta el gobierno de Washington. En Estados Unidos, Barack Obama ha sido reelecto: el Premio Nobel de la Paz que rompió récord en redadas, deportación de migrantes y asesinatos con su Patrulla Fronteriza contra mexicanos y centroamericanos indefensos; que invade Libia, que bombardea Pakistán y Yemen; que mantiene ocupada Irak; que mandó más tropas a Afganistán; que realiza maniobras militares masivas en la Península de Corea; que intervino en México como ningún otro; que mantiene Guantánamo y el bloqueo a Cuba… Fue electo por Wall Street para seguir construyendo el imperio yanqui, por lo que no hay duda alguna que va a continuar con los planes agresivos contra México. El TLCAN, la ASPAN y la Iniciativa Mérida buscan el control y sometimiento de nuestro país para explotar nuestra mano de obra y saquear nuestras riquezas. Los gobiernos de Calderón y Peña, el PRIAN con la reforma laboral, y ahora las reformas energética y fiscal, tienen ese objetivo. Buscan mano de obra sin derechos, la privatización de petróleo, electricidad y gas, además de aumentar el IVA para que el pueblo cargue con el muerto. Todas estas políticas vienen dictadas por los organismos financieros internacionales, ya sea el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que controla Washington. La relación de Obama y Peña será de estrecha cooperación y en detrimento de nuestra soberanía.
 
Hoy por hoy, Barack Obama busca la guerra presionando sobre Corea del Norte, China, Rusia, y con la integración militar quiere que México sea un aliado en su política intervencionista y belicista. El gobierno de Peña y la Secretaría de Relaciones Exteriores ya han caído en ese juego al responsabilizar a la República Popular Democrática de Corea (o Corea del Norte) por el conflicto que generaron las maniobras militares masivas de Estados Unidos en la zona. México debe ceñirse estrictamente al Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga la no intervención, la resolución pacífica de los conflictos, la autodeterminación de los pueblos y no integrarse a la política de guerra de Washington a la que ya han apoyado el PAN y el PRI.
 
La alternativa es la conquista de un gobierno que, apoyado en el pueblo de México, defienda la soberanía nacional y popular y rompa las cadenas de dependencia del imperio y los organismos financieros internacionales; de un gobierno que defienda la paz y el respeto a las leyes internacionales para buscar la armonía en el mundo actual.
 
*Politólogo y urbanista. Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía
 
 
 
 

 

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