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⇒ Parte I: Ley antilavado, tardía e incompleta
Parte II: Instituciones financieras, sin mecanismos para detectar lavado

Trece años después de que México se comprometió a combatir el blanqueo de capitales, entrará en vigor la ley antilavado. Fue el último mecanismo de combate contra el narcotráfico en la supuesta “guerra” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, será vigente a partir de junio próximo

 
 
Sigue el dinero (follow the money) sentencia el dicho de quienes combaten el lavado de dinero. Pero, ¿todo el dinero? Ésa es la duda que cabe entre los especialistas que analizan la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o ley antilavado.
 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, pero que será vigente a partir de junio próximo, fue el último mecanismo de combate contra el narcotráfico en la supuesta “guerra” emprendida por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa.
 
Sin embargo, ésta llega 13 años después de que México asumiera un compromiso con la comunidad internacional para combatir este ilícito, al firmar la Convención de Palermo, en 2000. También, seis años más tarde del inicio de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado, actividades sumamente rentables.
 
El diputado Jorge Herrera Delgado, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante del Partido Revolucionario Institucional, considera que la ley antilavado  “viene a cubrir un espacio que no se tenía. La parte financiera había estado muy descuidada, con vulnerabilidad. Ahora se fijan montos específicos y, en ese sentido, se avanza”.
 
El lavado de dinero es la punta del iceberg en las operaciones realizadas por el crimen organizado, explica José Morera, mánager de la empresa española Aplicaciones en Informática Avanzada. Esta práctica permite que las organizaciones lo constituyan en una actividad rentable porque pone en circulación los beneficios de las actividades criminales.
 
Entre otros aspectos, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece límites al uso de dinero en efectivo para operaciones relacionadas con la adquisición de bienes y establece un catálogo de “actividades vulnerables” (juegos, apuestas, concursos y sorteos, comercialización de tarjetas de crédito o de prepago, otorgamiento de préstamos o créditos, transacciones en casas de empeño, construcción, desarrollo y compra-venta de bienes inmuebles, adquisición de vehículos, aviones y yates).
 
Sin embargo, Herrera Delgado señala que, como todas las leyes, esta también es perfectible y “tiene que avanzarse más”. Por eso, “es importante escuchar la opinión de académicos y expertos. Son temas que rebasan el común del conocimiento para detectar operaciones y tener mayor control del sistema financiero, en México nos hace falta trabajar mucho”.
 
El legislador agrega que hay que normar las operaciones en instituciones de crédito múltiple, casas de cambio, sociedades de ahorro y préstamo. “Habría que ser autocríticos y darnos cuenta de que estos recursos están en la economía, son grandes volúmenes de dinero y están en las economías de todo el mundo. Todavía hace falta un análisis mayor, es un avance, pero insuficiente”.
 
 
El informe A bilateral study on money laundering in the United States and Mexico, elaborado por investigadores de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, indica que el lavado de dinero tiene efectos desalentadores sobre la economía de un país. Las autoridades carecen de datos adecuados que les ayuden a cuantificar el fenómeno y tomar las medidas pertinentes en contra de este procedimiento.
 
“Con el debilitamiento de las operaciones colombianas de tráfico de drogas ilegales, en las últimas 2 décadas las organizaciones mexicanas han adquirido un poder sin precedentes. El auge de los cárteles de la droga puede atribuirse a varios factores, incluso a la preexistente corrupción y a la incapacidad gubernamental para contrarrestar a los cárteles”, refiere el documento.
 
Expone que, en la actualidad, los gobiernos y los ciudadanos de Estados Unidos y México comparten una preocupación adicional: el aumento del nivel de violencia en el segundo país. Éste se ha atribuido a la estrategia del expresidente Felipe Calderón para, supuestamente, abatir a las organizaciones de tráfico de drogas ilícitas.
 
El impacto del blanqueo de capitales reside en que “éste permite a los grupos delictivos disfrutar de los beneficios, ampliar sus operaciones y perpetuar el crimen organizado en el país. En el caso del crimen organizado, particularmente el producto [económico] de las actividades ilícitas se concentra en unos pocos grupos poderosos”, indica el reporte.
 
En cuanto al impacto económico, expone que “el lavado de dinero socava al sector privado, por ejemplo, cuando las empresas de fachada que son utilizadas por los lavadores de dinero ofrecen sus productos y servicios por debajo de las tasas del mercado. Debido a su acceso a los fondos de actividades ilícitas, estas empresas fantasma tienen una ventaja sobre las empresas legítimas que se basan en los mercados financieros de capital. Las empresas legítimas por lo tanto terminan compitiendo con empresas con fondos subsidiados, lo que podría desplazarlas”.
 
 
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Fuente: Revista Contralínea 329 / abril de 2013
 

 

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