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A más de 11 de años de la invasión estadunidense, el saldo social para Afganistán es peor que el que padecía durante la tiranía de los talibanes: casi el 73 por ciento de la población carece de acceso al agua potable, el 95 por ciento está fuera de los servicios de saneamiento básico, y las enfermedades diarreicas cobran la vida a más de 48 mil 500 niños cada año

Armando Reyes/Prensa Latina

 
 
 
Los ciudadanos de a pie en Afganistán irán directo al paraíso tras un calvario en vida capaz de hacerlos purgar por sus propios pecados y hasta los de otros.     
 
Las calamidades de los residentes en ese país de Asia central incluyen la falta de agua, de servicios básicos, inexistente educación y el riesgo de morir en lugares públicos, o por visitar o estar en el momento y sitio equivocados, entre otras circunstancias.
 
Entre las mayores contradicciones existentes en Afganistán se encuentra la escasez de algo tan valioso como el agua potable, pues aunque la naturaleza dotó al territorio de suficiente, según los expertos, la carencia de infraestructura y la situación política actual los obligan a vivir en medio de un desierto.
 
Datos extraoficiales refieren que casi el 73 por ciento de la población afgana carece de acceso al acueducto, mientras que el 95 por ciento está fuera de los servicios de saneamiento básico, y como resultado inmediato, las enfermedades diarreicas cobran la vida a más de 48 mil 500 niños cada año.
 
Se trata de un problema crónico en las zonas rurales y en la mayoría de las ciudades, incluida la capital, Kabul, donde apenas 25 por ciento de sus residentes, de acuerdo con reportes, disfruta de agua con tratamiento industrial.
 
La mayoría de los afganos debe acudir a fuentes abiertas: ríos, manantiales, arroyos, estanques y pozos. Esto a pesar de que la mayor parte de ellas está contaminada por el hábito del fecalismo, la falta de higienización o la presencia de animales infectados.
 
El país centroasiático dispone de 2 mil 775 metros cúbicos de agua de superficie por habitante al año, y se estima que son suficientes 1 mil 700 metros para satisfacer las necesidades de uso doméstico, producción industrial y energética sin afectar el equilibrio ecológico.
 

La salud

 
Un sondeo realizado en 2012 por la denominada Campaña Unida Nacional de Consolidación reveló que por cada 7 mil afganos hay un trabajador de salud.
 
La escasez de maestros también resulta notoria, con un profesor por cada 101 estudiantes, y una maestra por cada 344 alumnos.
 
Los resultados de una encuesta realizada en 2010 indican que poco más del 57 por ciento de la población afgana reside a 1 hora de viaje de un centro público de salud.
 
El gobierno de Afganistán se comprometió a que, para 2014, alcanzará los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre ellos incrementar el acceso de agua potable de 27 a 50 por ciento y a elevar de 5 a 50 puntos porcentuales la posibilidad de saneamiento adecuado para los habitantes; además, para 2020 a llevar esa cobertura a toda la población.
 
Empero, el desarrollo no planificado de las ciudades, la falta de alcantarillado, la migración a las zonas urbanas, sumados a la inestabilidad política y social, así como a la situación de guerra interna, convierten en promesas sin fundamento los planes del Ejecutivo respecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
 
Ante la situación que enfrentan los afganos, la organización no gubernamental Derechos de Servicios al Consumidor exhortó al gobierno y a entidades internacionales a trabajar por el desarrollo y aplicación de una política integral de salud, a la colaboración intersectorial y a incluir a las comunidades en esa cruzada por mejorar las condiciones de vida.
 
El acceso al agua potable y al saneamiento básico constituyen derechos fundamentales de los ciudadanos afganos, pero por ahora y en lo inmediato, al parecer, se mantendrán viviendo en un desierto con tanta agua…
 

Las minas de la muerte

 
Otra de las penurias vividas por los afganos, ligada a la invasión estadunidense, resulta de la proliferación de artefactos explosivos sembrados u olvidados que pululan en todo el territorio.
 
En una situación de guerra interna como la existente, tanto los ocupantes de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, como el Ejército local y la oposición armada acuden a este tipo de recurso con vistas a limitar el movimiento de uno u otro bando.
 
Una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos destaca en un informe reciente que desde la invasión y ocupación del país asiático, los bombarderos estadunidenses regaron 5 mil bombas de racimo sin explotar.
 
El investigador Mark Hiznay precisó que esos artefactos se han convertido en minas terrestres antipersonales que representan un peligro extremo para la población civil ahora y en los próximos años.
 
La guerra ha causado discapacidad física y mental en unos 800 mil afganos, los cuales no hayan empleo, son analfabetas y carecen de atención médica adecuada.
 
Encuestas recientes dan cuenta de que en uno de cada cinco hogares en Afganistán vive una persona con limitaciones físicas o mentales.
 
Los opositores armados también colocan ingenios explosivos en avenidas por donde con frecuencia transitan los efectivos de las tropas ocupantes de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad o suicidas se hacen estallar cargas letales que llevan en su cuerpo.
 
Ese sistema de combate, además de derivar en bajas, incluye un componente sicológico que ocasiona un estado de paranoia y miedo que impide a los militares conducirse con objetividad.
 
La proliferación de dispositivos mortales ha despertado los apetitos de algunas empresas dedicadas a la desactivación de bombas, como es el caso de la denominada Operaciones Globales Sterling, cuya gerencia declaró que en unas pocas semanas obtuvo ganancias por unos 30 millones de dólares en tareas de desminado.
 
Esa entidad estadunidense firmó un contrato que se centrará en la eliminación de minas y municiones sin estallar detectadas en los alrededores del campo aéreo de Bagram, cercana a la tenebrosa cárcel con reclusos afganos controlados por las autoridades estadunidenses.
 
 
 
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Fuente: Contralínea 323 / febrero 2013
 
 
 
 
 

 

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