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Los sudafricanos vivieron 2012 entre la violencia y la esperanza. Mineros ponen al descubierto la persistencia del racismo y la explotación a 100 años de gobierno del Congreso Nacional Africano

Julio Morejón/Prensa Latina
 
 
Dos acontecimientos muy relevantes marcaron a Sudáfrica en 2012: el aniversario número 100 del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), y los disturbios huelguistas en varias minas del país, que causaron alrededor de medio centenar de muertos.
 
El 9 de enero pasado, el CNA, legítimo vencedor del régimen de segregación racial, cumplió su primer siglo en medio de un proceso de construcción institucional y perfeccionamiento democrático del país arcoíris, donde las contradicciones sociales y económicas pasadas aún definen en su presente.
 
Si bien en los últimos 12 meses ese Estado africano sobresalió por su papel en la arena internacional con sus acciones como miembro de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por su sigla en inglés) y del grupo BRIC –integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica–, todavía su razón política está muy comprometida con solucionar temas domésticos.
 
“El movimiento de liberación nacional surgió desde dentro de la intelligentsia de Sudáfrica, que fundó el Congreso Nacional Africano en 1912. Esa generación había sido testigo de las consecuencias del oro y los diamantes en la derrota de la resistencia militar al colonialismo y el rápido desgaste de los limitados derechos de los pueblos indígenas en El Cabo liberal”.
 
Así retrataba ese hecho hace 1 lustro el entonces secretario General del CNA, Kgalema Motlanthe, en el preámbulo del libro Clase y color en Sudáfrica, de los comunistas Jack y Ray Simons.
 
Las prioridades de la organización son fortalecerse como eje político, crear millones de empleos, disminuir la brecha económica en cuanto al poder adquisitivo, aumentar los beneficios públicos, como los servicios de salud y educación, y laborar en el desarrollo integral del individuo como garantía de su inserción en la nueva África.
 
Sin embargo, las condiciones en las que obra el gobierno del CNA presentan dificultades que van más allá de su voluntad política de cambio, en medio de un cuadro complejo de la realidad económica del país. Y es que de finales de 2011 al segundo semestre de 2012, una ola de huelgas en el sector minero causó pérdidas por más de 1 mil 140 millones de dólares.
 
El censo sudafricano de 2011, publicado por el Instituto de Estadística, develó las grandes diferencias entre negros y blancos heredadas del sistema apartheid, derrotado en 1994, y reconoció también los avances socioeconómicos de los recientes 18 años.
 
Los ingresos medios para los blancos son seis veces mayores que los de los negros, aunque éstos son el 79.6 por ciento de la población y sus hogares se triplicaron en los últimos 10 años, además de recibir sólo 6 mil 990 dólares anuales, menos de los 42 mil 150 dólares que obtienen las familias blancas, según el censo.
 
En el caso de los mineros, ellos integran un sector que es el pulmón económico del país al contribuir con el 9 por ciento del producto interno bruto y el 19 por ciento si se incluyen todas las actividades anexas, además de representar la mitad del valor de las exportaciones nacionales, de ahí lo riesgoso de sus huelgas.
 
El movimiento de paros en 2012 tuvo sus antecedentes en las discrepancias entre lo patronal y los sindicatos a finales de 2011, cuando los obreros demandaron a las trasnacionales que explotan los yacimientos el aumento de los salarios y la creación de condiciones de vida y seguridad laboral en sus zonas de residencia y de trabajo.
 
La ministra de Energía, Elizabeth Dipuo Peters, afirmó que los inversionistas extranjeros debían reconocer que las condiciones de los mineros tenían que mejorarse, una de las razones que explica los sucesos del yacimiento de Marikana, de la firma británica Lonmin, donde el 10 de agosto  del año pasado se desató la huelga de 3 mil mineros por mejoras salariales.
 
El personal de esa mina de platino cesó sus funciones para exigir un aumento de sueldo hasta los 12 mil 500 rands (1 mil 200 euros, aproximadamente), tres veces más que su retribución en aquel momento. Los patrones de la firma extranjera afirmaban que se habían erogado fondos que compensaban esa solicitud, por lo cual se opusieron a la petición.
 
Esa demanda entrañaba no sólo el asunto de las retribuciones monetarias, sino que se asoció con problemas de déficit de atención social, flujo migratorio interno y desde el exterior por necesidades laborales, además de las asimetrías de las posibilidades de avance en el seno de la sociedad sudafricana.
 
La huelga se tornó violenta y se complicó con choques entre sindicatos –uno que lo convocó y otro que lo rechazó– en un proceso que, según la policía, se salió de control el 16 de agosto, cuando abatió a 34 mineros. Días antes murieron otros ocho, al igual que dos agentes, para contar un total de 44 víctimas mortales.
 
Respecto de lo ocurrido se impone destacar que existe una división entre la Unión Nacional de Mineros (NUM, por su sigla en inglés), sindicato tradicional del ramo, y la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU, por su sigla en inglés), que se pronunciaba por una posición menos negociadora con la sección patronal.
 
La AMCU surgió en 1998 a raíz del descontento de muchos trabajadores con la NUM y sus posturas, pues una gran parte de los que se afiliaron eran antiguos activistas de la otra organización, lo cual indica reacciones distintas ante un problema común bien identificado.
 
“El presidente de la NUM gana 25 veces más al mes que los mineros que se unieron a la AMCU. Cuando apareció en la mina de Marikana, después de la masacre, no pudo salir del automóvil de la policía que lo transportaba por temor a que lo mataran”, apuntó el periodista John Carlin en un artículo en el diario español El País.
 
La huelga de los mineros causó decenas de heridos y 259 detenidos por los disturbios. La Fiscalía sudafricana inculpó a 270 por el delito de asesinato, lo cual fomentó el desasosiego por una acusación que no se refería a la acción de los policías, sobre quienes también estaba pendiente la realización de una investigación oficial.
 
No obstante, la Comisión Farlam –conocida así por el juez retirado que la dirige, Ian Farlam, instruida para el caso– se topó con dificultades como el retiro de fondos para la asistencia a las audiencias de familiares de víctimas, de acuerdo con los abogados de las asociaciones de mineros y de los afectados.
 
A lo ocurrido en la mina de platino de Marikana, donde la disputa se resolvió con un acuerdo entre las partes, se sucedieron otros paros mineros, además de que en el cierre del año hubo demandas en el sector agrícola.
 
Para algunos, las huelgas crearon un escenario apremiado por la necesidad de cambios en la redistribución de capitales, en gran medida para el bien público.
 
Lo ocurrido durante los meses de paro puso de manifiesto la realidad del subsuelo sudafricano: un problema no resuelto en el ámbito de las relaciones de propiedad en el contexto capitalista mundial, en el cual la competencia rige con más virulencia que cualquier decisión que entrañe algo de solidaridad humana.
 
 
 
 
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Fuente: Contralínea 322 / febrero 2013