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La política de vivienda en México está enfocada en la compra-venta más que en la recuperación. Las más beneficiadas son las constructoras, no los compradores directos. El arquitecto e investigador, Guillermo Boils señala que se trata de “políticas de exclusión”. Necesarias, viviendas populares de mejor calidad y la incidencia del Estado: necesarias, 14 millones 840 mil acciones de mejoramiento y ampliación  

Aunque las condiciones de la vivienda en México han mejorado, al menos durante los últimos 6 años, asegura Gabriela Ponce —investigadora del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados—, aún existen importantes rezagos que debieran ser resueltos por una política gubernamental más apegada a las necesidades reales de la población mexicana.
 
“La política de vivienda ha apoyado más la compra-venta de vivienda nueva o usada que la recuperación”, dice la investigadora de la Cámara de Diputados. Además, explica que en la construcción de viviendas en unidades habitacionales los mayores beneficios son otorgados a las constructoras y no a los compradores directos.
 
“La falta de prioridad de nuestros funcionarios” deja de lado otras posibilidades de proveer vivienda de calidad a la población mexicana, expone el doctor Guillermo Boils, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto, porque las políticas que hasta ahora se tienen “son políticas de exclusión”. Es necesario que se fortalezca el mercado interno, que se generen nuevos empleos y que se incremente el salario mínimo para que las familias puedan acceder a otro tipo de viviendas. Los programas de apoyo para la construcción, rescate y mejora de vivienda serían necesarios. Sin embargo “el Estado no se mete, hay una abdicación de su función. Incluso del control de calidad de las construcciones: no hay inspectores, en parte también, por la corrupción”.
 
El apoyo al transporte público es una alternativa que debiera emplearse para mejorar los tiempos de desplazamiento de aquellas familias que viven en los alrededores de la ciudad. Una política en donde se privilegie el transporte público por encima del privado podría incidir en la calidad de vida de este sector de la población.
 
Además, el subsidio al arrendamiento sería una alternativa para impedir la reproducción de la pobreza, explica la investigadora Gabriela Ponce. Es decir, si el 70 por ciento de quienes abandonan su hogar por mala calidad y ubicación se reubican en la ciudad en condiciones de hacinamiento, una política de subsidio al arrendamiento les podría ofrecer la posibilidad de una vivienda digna en espacios privados y así impedir la reproducción de la pobreza y de esquemas de violencia.
 
 
El arquitecto Guillermo Boils asegura que, en gran medida, desde la academia se puede incidir en el mejoramiento de la vivienda popular. El investigador y catedrático explica que además de formar arquitectos que se perfilen exclusivamente para la construcción de grandes corporativos es necesario formar arquitectos que diseñen vivienda popular de mejor calidad.
 
Para solventar las necesidades actuales de la vivienda en México harían falta 14 millones 840 mil acciones de mejoramiento y ampliación –que incluyen instalaciones al interior, construcción, separación de espacios, entre otros– asegura el estudio sobre vivienda y pobreza realizado por el CESOP.
 
 
 
 
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  Fuente: Contralínea 322 / febrero 2013
 

 

 

 

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