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La Comisión Federal de Electricidad provoca un severo daño ecológico a la Laguna de Tampamachoco, en Tuxpan, Veracruz. La operación del complejo hidroeléctrico Adolfo López Mateos ha degradado 70 hectáreas y el 50 por ciento de los manglares de la zona con el derrame de combustóleo, residuos industriales y lluvia ácida. La merma en la producción de camarón, ostión, escama y peces mantiene en jaque económico a más de 600 pescadores

 
Laguna de Tampamachoco, Tuxpan, Veracruz. A decenas de kilómetros de este otrora oasis de la costa veracruzana se divisa la nube toxica que emana de las enormes chimeneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cubren la atmósfera de dióxido de azufre (SO2). Desde hace 10 años, éste se desploma en forma de lluvia ácida y, por eso, ha degenerado el ecosistema de este remanso de agua, del que dependen económicamente unos 600 pescadores.
 
El problema ya llegó a los tribunales: un juez de Distrito condenó a la paraestatal a indemnizar con 1 mil 580 millones de pesos a los afectados, pero con maniobras legaloides ésta incumple la resolución judicial, además de que tampoco ha remediado el daño a la flora y fauna ni evita su deterioro constante.
 
Por la impunidad con que actuó la CFE, con Jaime González Aguadé como su director, y la complacencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el periodo de Rafael Elvira, el problema fue heredado al gobierno de Enrique Peña Nieto, denuncian los agraviados.
 
La Laguna de Tampamachoco se localiza en la costa de Veracruz, a 9 kilómetros al Noreste de la ciudad de Tuxpan, limitada al Norte por la Sierra de Ocontepec, al Sur por la Sierra de Papantla y al Poniente por la Sierra Madre Oriental, en las porciones de Huayacocotla y Chicontepec. De forma alargada y paralela a la línea de la costa, la Laguna tiene una longitud de 10.6 kilómetros y una anchura de 2.7 kilómetros, cerrada hacia el Golfo de México por una barrera arenosa –Barra Galindo– situada al Norte, indica el trabajo Moluscos de la Laguna Tampamachoco, Veracruz, México: sistemática y ecología, de Martha Reguero y Antonio García-Cubas.
 
Es aquí donde, de manera paulatina, la generación de lluvia ácida, el derrame de combustóleo y residuos industriales, el desalojo de agua caliente y la succión del agua de mar provocan el azolve de los bancos ostrícolas y la mortandad de especies (camarón, ostión, jaiba, robalo y sargo), en las que, según un estudio del Instituto Politécnico Nacional, se encontraron concentraciones mayores al límite permitido de cadmio (de 0.2 miligramos por kilogramo, que establece la norma, a 0.5 miligramos por kilogramo).
 
Para los pescadores, hay contubernio entre las autoridades federales y estatales para deslindar a la CFE de su obligación de resarcir los daños causados.
 
Y es que al resolver el juicio ordinario civil 4/2005, el Juzgado Séptimo de Distrito en Veracruz condenó a la CFE a tomar las medidas necesarias para la restauración integral del ecosistema de la Laguna de Tampamachoco y el pago de 1 mil 580 millones de pesos. Sentencia hasta ahora incumplida.
 
Dicha resolución fue emitida el 25 de noviembre de 2010, tras un proceso que comenzó en 2005 con una demanda interpuesta por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera del Puerto de Tuxpan de Bienes y Servicios, SCL de CV.
 
Los peritajes determinaron que al descargar las aguas utilizadas en el complejo termoeléctrico se incrementa la temperatura de las aguas costeras adyacentes, lo que produce un impacto ambiental relevante que elimina las posibilidades de vida del material genético de los recursos biológicos, principalmente por el SO2.
 
Tan sólo en 2004 se emitieron a la atmósfera más de 232 mil 125 toneladas de SO2, en tanto que para 2006 la emisión total anualizada de dióxido de azufre fue de más de 185 mil 744 toneladas.
 
 
El biólogo Raúl Enrique Arriaga Becerra, perito tercero en discordia en materia de impacto ambiental adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito, determinó en su dictamen sobre las zonas de interacción de los sistemas marino y costero y sitios internos de la Laguna de Tampamachoco que descargar las aguas utilizadas en la termoeléctrica a una mayor temperatura elimina las posibilidades de vida del material genético de los recursos biológicos. Resaltó que el dióxido de azufre contenido en las emisiones, al precipitarse y combinarse con el agua, se transforma en ácido sulfúrico, que acidifica el agua y los suelos adyacentes a la Laguna.
 
Otros contaminantes de generación esporádica producen un impacto ambiental sinérgico, entre los que se encuentran el cloro, utilizado en la limpieza de las tuberías del complejo termoeléctrico, señaló el perito.
 
Estos elementos químicos (cloro y dióxido de azufre) afectan el desarrollo y la maduración de las crías de camarón, robalo y lebrancha, especies que utilizan las lagunas costeras con ese propósito.
 
 
El detrimento de la ecología de la zona es provocado por la presencia de partículas suspendidas, óxido de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido y bióxido de carbón, resultantes de la quema del combustóleo que se emplea en la operación del generador de energía eléctrica, refirió el dictamen especializado.
 
Con base en los resultados de muestreos y análisis realizados por Laboratorios y Suministros Industriales, SA de CV, en febrero de 2008, y que los quejosos presentaron como prueba ante el Juzgado, la empresa identificó como contaminantes el arsénico, cianuro, cobre, mercurio, níquel, cinc, plomo y cadmio. Tomó en cuenta los resultados sobre la temperatura del agua, tales como la acidez o alcalinidad, grasas y aceites, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno, coliformes fecales (bacterias), fósforo, nitrógeno total y materia flotante.
 
Al determinar las consecuencias de la presencia de contaminantes encontrados en la vida acuática, el perito dijo que “los efectos sinérgicos, acumulados y residuales sobre la fauna bentónica han sido la mortandad de larvas y semillas, por la toma y descarga de agua con el contaminante; [la] reducción de la población adulta, por la excesiva muerte de estadios de desarrollo temprano que inciden en la población de ostión y deterioro de sus bancos de genoma; [la] reducción de zooplancton y fitoplancton para su alimentación, como consecuencia directa de su exterminio desde antes de que éste entre en el cuerpo lagunar por shock térmico y filtración mecánica en la toma de agua”.
 
 
El biólogo Arriaga Becerra dio cuenta al juez de la causa de la necesidad de establecer programas de remediación ambiental del sistema lagunar de Tampamachoco, en un periodo de entre 10 y 15 años –mediante la eliminación de las fuentes contaminantes en un periodo no mayor a 3 años–, y advirtió que en el caso de no llevarse a cabo, “en un horizonte de 10 años, provocará la total desaparición de las posibilidades de uso y aprovechamiento de los recursos pesqueros de escama, crustáceos y ostión”.
 
De realizarse las acciones de remediación, añadió en su dictamen, se favorecerá la entrada de material genético y de recursos biológicos que ya no serán destruidos por la operación de toma y descarga del complejo termoeléctrico de la Comisión Federal.
 
Pero en lugar de remediar el deterioro ambiental que provoca de manera constante, la CFE denunció penalmente a los pescadores ante la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, por los delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, en la modalidad de obstruir el acceso a las instalaciones o inmuebles del complejo hidroeléctrico Adolfo López Mateos.
 
Bajo la causa 83/03 radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito de Tuxpan, resultaron penalmente responsables de esos delitos Víctor Manuel Cruz Rodríguez, Víctor Cruz Reyes, Enrique Mendoza Torres, Noé Blasco Cruz y Rubén Rodríguez Navarro, el 2 de diciembre de 2004. Los pescadores, en su lucha para presionar a la CFE para que resolviera sus demandas, fueron procesados por supuestos daños patrimoniales a la paraestatal.
 
A pesar del fallo de la jueza Emma Villagómez O (del Juzgado Séptimo de Distrito de Veracruz), para que sean indemnizados los pescadores, la paraestatal sigue derramando combustóleo, residuos industriales y emisiones de lluvia ácida por las miles de toneladas de dióxido de azufre que emite el complejo termoeléctrico.
 
Los afectados exigen el pago inmediato de la indemnización por los daños ocasionados por la planta industrial de la CFE, en virtud de las mermas económicas que han padecido a lo largo de 1 década y que se han reflejado en los ingresos per cápita y de conjunto de la sociedad cooperativa de producción pesquera, por la baja producción y su consecuente afectación comercial.
 
También exigen la instalación de una malla de protección para el zooplancton, ya que desde la puesta en operación de la planta termoeléctrica, las turbinas absorben el producto pesquero que debiera entrar a la Laguna; es decir, matan indiscriminadamente dichos productos.
 
 

La versión oficial

 
La CFE, por conducto de la apoderada legal Dulce María Gisela Rodríguez, acusó a los pescadores de actuar con mala fe al señalar que resulta absurdo que la cooperativa reclame daños desde hace 10 años, “siendo que los permisos de pesca comercial son de 2003 y 2004, cuando todavía no tenían concesiones de las autoridades correspondientes”.
 
En su escrito de respuesta a la demanda interpuesta por la cooperativa, la abogada de la Comisión Federal de Electricidad rechaza los argumentos de los pescadores afectados y señala entre otros puntos que “las obras de toma y descarga de canales de aguas de la Central no tienen contacto ni directo ni indirecto con el sistema lagunar de Tampamachoco, sino que son tomadas y descargadas directamente de las aguas del mar del Golfo de México”.
 
Igualmente sostiene que “si el complejo termoeléctrico no tiene comunicación directa con el sistema lagunar de Tampamachoco, es obvio que no puedan existir derrames de combustóleo, residuos industriales, desalojo de agua caliente, azolvamiento de bancos ostrícolas, mortandad de organismos que sean provocados por la operación de la Central”.
 
Carlos Álvarez, presidente de la asociación civil México, Comunicación y Ambiente, refiere que desde antes de la instalación de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en Tuxpan, los pescadores ya explotaban las especies de la Laguna de Tampamachoco, de tal manera que resultan infantiles los argumentos de la representante legal de la paraestatal.
 
El ingeniero Álvarez lamenta la negligencia de la CFE al negarse a pagar los 1 mil 582 millones de pesos a los productores agraviados, pues esto ha provocado la migración de los mismos. Y es que la baja productividad de crustáceos y peces de la Laguna, aunado al incumplimiento del laudo judicial, mermó a la población de pescadores: de 600 que eran hace 20 años, hoy sólo quedan 100, que se mantienen en lucha por recuperar su fuente de trabajo.
 
El ambientalista refiere que la CFE ha incurrido en desacato al negarse a cumplir con la sentencia de la jueza Séptima de Distrito en Veracruz desde hace 2 años, a pesar de que fue ratificada por un tribunal colegiado de circuito.
 
Ya desde 2001, el biólogo Rubén Rodríguez Navarro, consultor en pesca, acuacultura y medio ambiente, de la subsecretaría del ramo del gobierno de Veracruz, realizó un estudio para determinar las causas de la baja producción pesquera de la Laguna. Su muestreo incluyó el análisis de las descargas industriales, hospitalarias y municipales, y recomendó fincar responsabilidades a quienes violen las normas oficiales de contaminación del aire, agua, suelo, manglares y organismos acuáticos.
 
Los resultados del estudio denominado Evaluación de las condiciones de productividad de esteros y lagunas causadas por la presencia de sustancias tóxicas en Tuxpan, Veracruz, fueron contundentes: “[…] se determinaron 15 fuentes de contaminación potencial del Río Tuxpan; de la Laguna de Tampamachoco y de la zona costera; 10 son industrias, entre las que destaca el complejo termoeléctrico Adolfo López Mateos; dos descargas municipales y un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social […]”.
 
Así, luego de 2 años de incumplimiento de la sentencia judicial para resarcir los daños e indemnizar a los pescadores de la región, los inconformes exigen al gobierno de Enrique Peña Nieto que haga valer la ley y ordene a la Comisión Federal de Electricidad a actuar en consecuencia con el mandato del Juzgado Séptimo en materia civil de Veracruz.
 
 
 
 
Contralínea 322 / febrero de 2013
 
 
 
 

 

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