Durante un buen tiempo, en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto se desmintió que una serie de empresas utilizaran tarjetas Monex para diversos fines. La refutación venía de los dirigentes tricolores y de las consideradas “plumas del PRI (Partido Revolucionario Institucional)”, mismas que cambian según la ocasión; en este último caso, son diversos columnistas que desacreditan a quien ose criticar al partido político más longevo de México.

 

Algunos comunicadores, especialmente Carmen Aristegui, hablaban de esas formas de pagar los servicios más extraños. Eran, se decía a través de los plumíferos, inventos para atacar al abanderado que ganaría incluso antes de iniciar la contienda de 2012. Hasta que en una entrevista radiofónica, el actual procurador General de la República, entonces parte del equipo peñista, Jesús Murillo Karam, dijo que sí existía una forma muy elaborada para darle lana a los operadores generales y a otros cuadros del PRI. La operación era encabezada por Monex.

 

Luego la polémica siguió acerca de si esos arreglos financieros eran de procedencia lícita o ilícita. No se olvide que en México se lavan 10 mil millones de dólares al año, básicamente del narcotráfico, y que hay agrupaciones, como el banco HSBC, que han sido multadas ampliamente por esos ilícitos en Estados Unidos, aunque en México se les castiga con el aleteo de una mosca.

 

Ahora sabemos, gracias a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) que, en efecto, no únicamente Monex operó a favor del antiguo partidazo, sino que muchas de las empresas que se mencionaron (Efra, Inizzio, Alkino y otras más), participaron en esta novedosa forma de gastar millones de pesos. Aunque según esa oficina electoral no hubo nada irregular en los emolumentos que se hicieron antes de julio de 2012.

 

Al seguir con el razonamiento de los muchachos que despachan por el Sur del Distrito Federal, lo máximo que ocurrirá es que el PRI reciba una sanción económica por haberse excedido en sus gastos de campaña. Nada más. Es decir, don Enrique puede seguir adelante en sus tareas de pacificar México, hacer actos a favor de las víctimas de la guerra del becario en Harvard (Felipe Calderón), puede seguir nombrando a sus cuates en una buena cantidad de posiciones y llevar a cabo una nueva cruzada contra la pobreza, asunto enarbolado desde hace varios sexenios; aunque fue Carlos Salinas de Gortari (¡curioso!) quien ensayó el Programa Solidaridad para impresionar a los pobres.

 

Pero no se crea que la multota o exigua remuneración fue aprobada. Y es que al estar a la cabeza electoral el señor ¡4 millones! (salario que gana en un año), Leonardo Valdés, todo puede suceder. Es cuestión de recordar que este individuo dijo, sin embozo, que los pasados habían sido los comicios más transparentes e inobjetables en nuestro país. Algo que desmiente esta investigación, aunque sea incompleta.

 

Lo anotó muy bien en su comentario radiofónico alguien inobjetable, Jorge Alcocer. Señaló el director de la revista Voz y Voto: de existir cualquier sospecha de ilícito, las autoridades electorales deberían recurrir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que no sirve para mucho y (añadidos míos), la Procuraduría General de la República (en manos de Jesús Murillo Karam) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (conducida por Luis Videgaray, el principal operador de Peña Nieto).

 

Estamos, nuevamente, en un caso donde las transgresiones a las normas son peccata minuta. Únicamente en 2000, el PRI, con Francisco Labastida, tuvo una ejemplar sanción por el llamado Pemexgate, y Vicente Fox, el panista, otra menor por el caso de los Amigos de Fox. En aquel entonces, el jefe del sindicato petrolero era Carlos Romero Deschamps, hoy otra vez senador priísta, lo que demuestra que la transa sí paga, y que no importando el descrédito que se tenga en un momento dado.

 

A decir de la autoridad, una comisión en donde están los consejeros Lorenzo Córdova, Alfredo Figueroa, Benito Nacif y Sergio García Ramírez (quien se excusó de participar en la misma porque tiene relaciones con algunas de las mencionadas empresas, aunque luego reculó) ha dejado en claro que hubo una cantidad impresionante de anuncios espectaculares, como a todos nos constó, y lo cual documentó muy bien el periódico Reforma, desde abril de 2012. Por lo que debería de haber castigo.

 

Respecto a Monex, el PRI dice que los 50 millones de pesos erogados eran para su estructura partidista. En tanto, los consejeros aseguraron que tal cantidad fue un gasto operativo de campaña, cuestión que todos sabemos.

 

Así pues, no hay duda: hubo abusos en la forma de presentar a un candidato, se hicieron triangulaciones extrañas y existen quejas de panistas y perredistas, que en algunos casos están sustentadas. Pero los consejeros del Instituto exoneraron al PRI y al Partido Verde Ecologista de México del caso Monex.

 

Una muestra evidente de que el IFE no sirve para los fines que se esperaban. Más bien, protege a quienes están fuera de las normas. Algo tan común en México que ya no debería sorprendernos. Pero sabemos que el descrédito de un país va minando no sólo la democracia o las instituciones, sino todo aquello que tenga que ver con la legalidad.

 

Véanse si no los recientes casos de los generales que serán liberados por falta de pruebas (se les encarceló por razones políticas). Y el de Florence Cassez, quien ya vive en París, desde donde evidencia que en México la justicia es un arma cargada de vicios.

 

Estos dos casos fueron a cuenta de Felipe Calderón.

 

¿Habrá empezado la era Peña Nieto?

 

*Periodista

 

 

 

Fuente: Contralínea 320 / febrero 2013