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El gobierno de Enrique Peña Nieto extradita a Alatorre Damy a Estados Unidos. En entrevista con Contralínea en 2008, el supuesto operador financiero del cártel de Sinaloa denunció que fue víctima de tortura en las instalaciones de la PGR. Aseguró que en el “interrogatorio” estuvieron presentes agentes de la DEA. El caso implicó a la Casa de Cambio Puebla en un hecho de lavado de dinero para el Chapo Guzmán

 
 
Tras perder definitivamente un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos, Pedro Alfonso Alatorre Damy –supuesto cerebro financiero del cártel de Sinaloa– fue entregado en días recientes a las autoridades judiciales del país vecino, informó el diario Reforma.
 
El Piri, como se le conoce a Alatorre Damy, fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita en la Casa de Cambio Puebla, a favor del cártel de Sinaloa, desde fines de 2007. Además del presunto lavado de dinero, se le imputó el cargo de delincuencia organizada.
 
En agosto de 2008, Alatorre Damy concedió una entrevista a Contralínea, en la que denunció que fue víctima de tortura:
 
“No voy a declarar hasta que venga mi abogado”, dijo Alatorre Damy. Frente a él, José Luis Marmolejo García –extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dependiente de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)– le solicitaba revelar su supuesto nexo con el cártel del Pacífico.
 
—Estábamos en un pequeño cuarto, tipo bodega, que se localiza en el interior de su oficina. En medio había una silla, donde me sentaron y amarraron. Además de Marmolejo, estaban tres agentes de la PGR, altos y corpulentos, y dos de la DEA (Agencia Antidrogas estadunidense). Estos últimos eran quienes formulaban las preguntas que Marmolejo finalmente me hacía.
 
La exigencia de “confesar” pasó a los gritos. “Iba in crescendo: de los gritos vinieron los jalones de cabello, los golpes, la asfixia”, contó Pedro Alatorre en el Reclusorio Oriente, donde se encontraba preso al momento de la entrevista. “Marmolejo no sólo coordinaba las torturas, también me golpeaba”.
 
Era el jueves 8 de noviembre de 2007. Por la mañana, Alatorre Damy había sido interceptado a las afueras de su domicilio por elementos de la Policía Federal: “Al final de la calle se me cerraron dos autos; bajaron varias personas armadas y vestidas de civil. Inmediatamente pensé que se trataba de un secuestro. A la altura del Auditorio Nacional hicieron el cambio de vehículos. Ahí ya se encontraban las cámaras de televisión y los reporteros daban cuenta del operativo que había llevado a mi captura”.
 
Alatorre Damy fue trasladado a las instalaciones de la SIEDO (ahora SEIDO), ubicadas en avenida Paseo de la Reforma, 75, colonia Guerrero.
 
“Trajeron la bolsa, el agua. Me desnudaron. No quería confesar porque no había hecho nada. Entonces, Marmolejo solicitó el botiquín. Sacaron una jeringa y una botellita con algo líquido; me lo inyectaron en los testículos. El ardor era insoportable. Aún así, me negué a confesar. Me sacaron de la bodega y trajeron a mi esposa. Dijeron que si era tan macho para ver cómo le hacían lo mismo. Accedí a firmar.”
 
Involucrado en el caso de Casa de Cambio Puebla, el Piri fue señalado por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Según la PGR y la DEA, el hombre identificado también como Pedro Barraza Urtusuástegui es operador financiero del cártel del Pacífico. Su esposa, mantenida en arraigo durante 90 días, no fue acusada de delito alguno.
 
Alatorre Damy, quien fuera gerente de la sucursal Aeropuerto de la Casa de Cambio Puebla, habría participado en las transacciones financieras que llevaron a la compra de activos utilizados en actividades ilícitas: “Como la aeronave DC9 matrícula N900SA, localizada en Campeche el 10 de abril de 2006, en la que se encontraron 5 mil 658 kilos de cocaína provenientes de Venezuela; y la aeronave matrícula N987SA, que se estrelló en Mérida, Yucatán, y que fue asegurada tras descubrir que transportaba aproximadamente 3 mil 300 kilos de cocaína”, indica el boletín de prensa 586/07 de la PGR.
 
No obstante, el expediente PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/119/2007, al cual se tuvo acceso, da cuenta de que las operaciones no sólo se realizaron en la sucursal Aeropuerto, sino también en otras filiales, entre las que destaca la del World Trade Center.
 
Alatorre Damy aseguró que participó en una de las cuatro operaciones que derivaron en la compra de un avión. Señaló que de ésta se conoce perfectamente el origen y el destino: fueron operaciones hechas por unos judíos cuya referencia directa la llevaba un intermediario financiero llamado Adrián Licona. Él recibió el dinero, luego lo cambió en la sucursal de Aeropuerto y en otras tres sucursales, “de las que yo no era responsable, no tenía injerencia”. A éste nunca lo mandaron llamar, dijo Pedro Alatorre durante la entrevista. Al poco tiempo, Adrián Licona se “suicidó”.
 
El Piri fue detenido “en el marco del seguimiento que se realizaba, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, a transacciones bancarias que presumiblemente se efectuaban para lavar dinero producto del narcotráfico”, refiere el boletín de la PGR. Añade que “la investigación se integra tanto con información proporcionada por las autoridades financieras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como del gobierno de Estados Unidos en sus respectivas competencias, y se centra en transferencias de fondos liquidados en efectivo, que fueron enviadas hacia ese país por 74 personas, tanto físicas como morales, a través de diversas sucursales de la Casa de Cambio”.
 
Entrevistado también a mediados de 2008, el doctor en derecho Mauricio Moreno, entonces abogado de Pedro Alatorre, indicó que la integración del expediente estaba llena de irregularidades y que las autoridades no tenían forma de probar que su cliente fue responsable de todas las operaciones que se le endilgan, pues él sólo era gerente de la sucursal Aeropuerto.
 
Para la PGR, sin embargo, el Piri adquiría divisas presuntamente provenientes del narcotráfico, que posteriormente eran lavadas a través de diversas casas de cambio en Puebla y el Distrito Federal (Oficio de papel, 30 de junio de 2008).
 

Casa de Cambio Puebla

 
Considerado por la PGR en el sexenio pasado como uno de los casos más relevantes en materia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la investigación de Casa de Cambio Puebla fue hecha en su totalidad por la DEA, revelan notas diplomáticas. La institución financiera fue vinculada con el cártel del Pacífico, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
 
El 16 de mayo de 2007, la Agencia Antidrogas estadunidense congeló 11 millones de dólares dosificados en 23 cuentas bancarias que la institución financiera mantenía en el banco estadunidense Wachovia. Ello, tras conseguir una orden expedida por la fiscal adjunta del distrito Sur de Florida, Andrea Hoffman.
 
La reacción de las autoridades mexicanas se dio 6 meses después: el 7 de noviembre integrantes de la entonces SIEDO catearon oficinas de Casa de Cambio Puebla y detuvieron a nueve personas, entre ellas a Pedro Alfonso Alatorre Damy o Pedro Barraza Urtusuástegui, el Piri, supuesto operador financiero del cártel del Pacífico.
 
El operativo fue impulsado por la propia DEA, que solicitó, a través de notas diplomáticas, la captura del Piri. Los documentos están firmados por David L Gaddis, director regional para México, Centroamérica y Canadá de dicha Agencia, y dirigidos a Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SIEDO.
 
El oficio MX-08-0017, con fecha del 31 de octubre de 2007 y sello de la Embajada de Estados Unidos en México, revela que, entre el 24 de agosto y el 3 de octubre de ese año, la DEA entregó a la PGR los resultados de su investigación sobre Casa de Cambio Puebla.
 
Dicha documentación constó de “aproximadamente 2 mil 130 páginas relativas a contratos de venta, correos electrónicos, transferencias electrónicas, instrucciones para la compra de aeronaves, estados de cuentas bancarias e instituciones relacionadas con esta investigación”.
 
La nota diplomática refiere que los documentos entregados a la SIEDO “señalan cómo fueron adquiridas las aeronaves e indican cuáles personas y empresas están involucradas”. Agrega: “Estamos trabajando para recolectar inteligencia adicional, una vez [que] la tengamos y sea verificada le informaremos inmediatamente. Si dentro de su investigación solicitan algún otro documento e información los haremos disponibles al momento que se requieran”.
 

Lavado de dinero

 
De acuerdo con el boletín de prensa 572/07 de la PGR, publicado el 8 de noviembre de 2007, Casa de Cambio Puebla era responsable de blanquear capitales, al incumplir el “régimen de prevención, detección y alerta de operaciones con recursos de procedencia ilícita a la que está obligada como toda institución financiera del país”.
 
Tal como lo adelantaba la DEA en su comunicación MX-08-0017, del 31 de octubre de ese año, la PGR incriminó a la institución financiera en la compra de activos utilizados en actividades ilícitas: “Como la aeronave DC9 matrícula N900SA, localizada en Campeche el 10 de abril de 2006, en la que se encontraron 5 mil 658 kilos de cocaína provenientes de Venezuela; y la aeronave matrícula N987SA que se estrelló en Mérida, Yucatán, y que fue asegurada tras descubrir que transportaba aproximadamente 3 mil 300 kilos de cocaína”.
 
Por este caso, ninguno de los principales ejecutivos de Casa de Cambio Puebla fue aprehendido por los supuestos delitos que persiguió la Procuraduría. Según las autoridades federales mexicanas, el responsable de todas las operaciones sería Alatorre Damy, quien fuera gerente de una de las 18 sucursales de dicha institución.
 
Entre los accionistas de Casa de Cambio Puebla se encontraban: Juan Manuero Romero García, presidente del Consejo de Administración; Juan Antonio Gutiérrez de Velasco Hoyos, representante legal; Gilberto Marín Quintero, también dueño de la productora de pañales Mabe, SA de CV, y presidente del capítulo México del Consejo Empresarial para América Latina; los dueños de la empresa galletera Italpasta, José Cernicchiaro Maimone y José Antonio Cernicchiaro Farazo.
 
Además, de acuerdo con el diario poblano Síntesis, estarían el expresidente municipal de Boca del Río, Veracruz, José Ramón Gutiérrez Velasco de Hoyos, y su esposa Irma de Hoyos González de Pérez Gil; Eusebio San Martín Fuentes, dueño de Beer Factory; Julián Gerardo García Carrera; Ángel Gerardo Barroso Pérez, dueño de la empresa constructora Fomento Inmobiliario de Tehuacán; Francisco Bada Sánchez, director del Crown Plaza Puebla; Willi Werner Steiner Herling, dueño de Victorinox México, SA de CV; los hermanos Santiago y Nicolás Alfredo Suárez Sevilla; Marcelino Noval Garrido; Xavier Noval Suárez; y José Antonio González Fernández, dueño de la Empacadora San Marcos.
 
El comunicado de prensa de la PGR asegura que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), monitoreó “en forma permanente la situación financiera de Casa de Cambio Puebla”, y practicó “una visita de investigación a la mencionada entidad, en la que se detectaron numerosas infracciones a las disposiciones de carácter general que le son aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo”.
 
Añade que “en virtud de la gravedad de las infracciones en que se presume incurrió dicho intermediario, la SHCP, con opinión de la CNBV, determinó notificar en esta misma fecha (8 de noviembre de 2007) el inicio del procedimiento para revocar su autorización para operar como casa de cambio”.
 
El doctor en derecho Mauricio Moreno, entonces abogado defensor de Alatorre Damy, explicó que en 2005 ni la CNBV ni Hacienda ni la PGR se pronunciaron respecto de las operaciones financieras, que sí fueron reportadas por Casa de Cambio Puebla. Añadió que con este proceso la DEA buscaba hacer una cacería de brujas en el sector financiero, arguyendo que no hay suficientes controles.
 
Mauricio Moreno consideró que las autoridades mexicanas no sólo están subordinadas a las estadunidenses, sino que permitían que la DEA violara la soberanía mexicana con operaciones encubiertas no autorizadas.
 
 

 

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