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Las viejas políticas y los nuevos altos mandos militares

Las viejas políticas y los nuevos altos mandos militares

Durante décadas, los presidentes mexicanos han hecho caso omiso de la necesidad de unificar a las Fuerzas Armadas en una sola estructura y en una sola entidad administrativa. Aunque eso no erradicaría por completo las rivalidades entre mandos y objetivos militares, sí reduciría su campo de posibilidad. Unificar a las Fuerzas permitiría sentar las bases de una política de defensa, equilibrar los recursos de los ejércitos de tierra, mar y aire, diseñar la fuerza militar que el país necesita y definir una política militar acorde a los objetivos nacionales.
 
En el corto plazo, la unificación de las Fuerzas Armadas incrementaría la efectividad en el cumplimiento de las misiones militares, facilitaría el control civil y, sobre todo, aumentaría la racionalidad en el gasto militar.
 
Pero eso parece lejos de ser una prioridad para el nuevo gobierno, quien al parecer se decidió por retornar al viejo estilo priísta de mantener la lealtad militar y controlar a los militares: preservamos sus prerrogativas, mantenemos intocables sus estructuras, pero a cambio les pedimos que no intervengan en el gobierno.
 
Por el momento no hay ningún plan manifiesto, ni siquiera a nivel de ideal a seguir o concepto, para desarrollar en el futuro, para unificar al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en una sola Secretaría de la Defensa Nacional, crear un comando conjunto de las Fuerzas Armadas y designar a un cuerpo de civiles que, junto con los militares, ejecute la política de defensa nacional, defienda su presupuesto y diseñe planes de desarrollo integrales del sector militar.
 
Por ahora existe lo contrario: no hay política de defensa nacional, cada fuerza define su propio presupuesto, no hay una interfase civil entre los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina y el presidente de la República, y la relación entre ambas partes –la militar y la civil– se entiende como una relación castrense entre los altos mandos y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
 
En los hechos, la lucha contra las organizaciones criminales ha servido para uniformar los esfuerzos militares y establecer bases mínimas de coordinación, pero no para realizar las misiones de defensa nacional, sino para reemplazar a las corporaciones de la Policía Federal y llenar el vacío que han dejado décadas de corrupción, abandono y abuso de poder por parte de ellas. Lejos de llevar un beneficio para los planes de desarrollo militar nacional, la forma en la que los sucesivos gobiernos han llevado a los militares a convertirse en policías militarizadas ha provocado el sentimiento militar generalizado de que los civiles “han usado” a los militares sin darles los instrumentos legales para actuar.
 
El primer paso del presidente Enrique Peña Nieto fue seleccionar a sus colaboradores militares más cercanos: el general Salvador Cienfuegos Zepeda, por el lado de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, por el de la Secretaría de Marina. Estas designaciones podrían inclinar ahora la balanza en favor del Ejército, en perjuicio de las otras dos fuerzas, la Aérea y la Marina de guerra.
 
La designación de Cienfuegos Zepeda como general secretario evidencia el peso de la antigüedad en el escalafón militar y la decisión presidencial de reconocerlo. Aunque existían generales de ala, miembros de la Fuerza Aérea con antigüedad y capacidades semejantes para encabezar la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente no podía elegir a uno de ellos como el alto mando militar porque la ley establece que el general secretario deberá ser un “general del Ejército”. Esta ley sigue representando la prerrogativa más importante del Ejército que es la de mantener el mando militar dentro de las filas de la Infantería, la Artillería o la Caballería, y fuera de la organización de la Fuerza Aérea.
 
Aunque el presidente tiene el derecho de designar como secretario de la Defensa Nacional a cualquier militar que ostente el grado de general de división del Ejército, Peña Nieto designó a Cienfuegos como secretario no sólo por su antigüedad, sino también por su trayectoria militar: Cienfuegos ha sido un generador de doctrina castrense, ha sido el mando de cuatro regiones militares estratégicas para el país, incluida la primera, que abarca al Distrito Federal y el Estado de México, y en donde ambos, el presidente y el general secretario, tuvieron la oportunidad de convivir directamente cuando el primero fue gobernador mexiquense y el segundo el jefe de la primera región militar.
 
El presidente no tomó en cuenta de la misma manera el escalafón naval para designar al secretario de Marina. Al designar a Soberón Sanz como secretario de esta dependencia, la decisión presidencial desplazó a mandos navales con más antigüedad, como el entonces subsecretario de Marina en el gobierno anterior, Jorge H Pastor, quien tenía el grado de almirante desde 2007 y encabezaba el escalafón de la Armada de México, sólo por debajo del entonces almirante secretario Mariano Francisco Saynez.
 
Soberón Sanz, exsecretario de Saynez Mendoza en el gobierno anterior, fue ascendido apenas el 20 de noviembre de 2012, y se convirtió así en el almirante más joven de la Armada de México. Aunque su juventud puede representar una visión renovadora de la política naval, el almirante secretario no ha tenido la experiencia de otros almirantes que sí han encabezado regiones navales. Conocedor de la Fuerza Naval del Pacífico (pues ha sido comandante de flotilla), Soberón Sáenz podría encabezar los esfuerzos gubernamentales para recuperar los territorios a lo largo de la costa del Golfo de México que han estado bajo el control de los cárteles del Golfo, Los Zetas y otras organizaciones criminales.
 
Ésta no es, por supuesto, la primera vez que un presidente designa como secretario a un general o almirante situados al final del escalafón militar, sin embargo el nombramiento de Soberón Sanz podría obligar al retiro anticipado de los almirantes con más antigüedad y al cambio en la composición del almirantazgo.
 
Hasta el cierre de este artículo, el secretario de Marina no había dado a conocer las designaciones de sus colaboradores cercanos. En el sitio de internet de esta dependencia sólo estaba el perfil del almirante Soberón Sanz, sin nombramientos en las jefaturas de las regiones navales, la oficialía mayor, el Estado Mayor Naval y otros cargos.
 
El general secretario Cienfuegos conservó básicamente la estructura de mandos militares y conservó el nombramiento del jefe de la Fuerza Aérea. Otros generales de división que pudieron haber sido designados también en el cargo de secretario de la Defensa están en el organigrama de los mandos militares, con excepción, hasta este momento, del subsecretario y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
 
De esta manera, el peso diferenciado del escalafón en ambas designaciones podría terminar inclinando la balanza del poder militar hacia el Ejército. Aunque pertenecen a distintas fuerzas, los generales y los almirantes respetan entre sí la jerarquía militar, y saben cuando el mando castrense que tienen enfrente tiene más autoridad. Lo menos que podría esperar este gobierno –y con él la misma sociedad– es que esta diferencia de antigüedad, aunque no de rango, no merme y divida el ejercicio del poder militar.
 
Lo que sigue ahora es ver los nombramientos finales en la estructura de la Armada de México y del Ejército y observar cómo el nuevo presidente priísta reconstruye las relaciones civiles-militares después de 12 años de gobiernos encabezados por presidentes provenientes del Partido Acción Nacional.
 
Salvo el nuevo equilibrio entre las Fuerzas Armadas, nada hace prever, sin embargo, que vaya a ocurrir un cambio fundamental en la estructura de las Fuerzas Armadas y la forma en la que los gobernantes civiles han usado la fuerza militar.
 
Lo único cierto es que la relación entre el presidente y los altos mandos militares seguirá siendo de carácter castrense, las fuerzas seguirán divididas y los recursos seguirán definiéndose de manera separada, aun cuando el reto de la violencia originada por las organizaciones criminales y la persistencia del tráfico de drogas siga siendo la herencia más importante que dejó el gobierno anterior.
 
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional, en Washington
 
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Fuente: Contralínea 316 / Enero de 2013