Autor:

Edith Meneses*
Como recordarán, hace unos años (el 1 de marzo de 2008 para ser exactos), en una provincia de Ecuador, un campamento diplomático de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encabezado por Raúl Reyes, fue atacado con bombas de origen estadunidense por el ejército de Colombia. En ese campamento habían cinco estudiantes mexicanos: cuatro murieron, sólo una sobrevivió. Cuando el hecho se dio a conocer a la opinión pública, Ecuador y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas con Colombia, pero en México no pasó nada. Felipe Calderón aceptó sin más que el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe llamara “terroristas, traficantes y secuestradores” a los estudiantes. Pero el silencio de Calderón y sus numerosas visitas a Colombia desde iniciada la “guerra contra el narcotráfico” fueron claras indicaciones de sumisión a una política dictada desde Estados Unidos a través de Colombia (estaba a punto de instaurarse el Plan Mérida).
La mayoría de los medios nacionales hicieron eco de las declaraciones de Uribe y descalificaron a los estudiantes que sucumbieron (y a las universidades de las que procedían). Al tiempo, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) inició la persecución de Lucía Morett, única sobreviviente mexicana al bombardeo; pero de justicia no se habló. El crimen hoy sigue impune; por ello, desde hace 4 años, mes con mes, protestan frente a la Embajada de Colombia los familiares y amigos de las víctimas de Sucumbíos, para reclamar justicia.
En este contexto, los ponentes de la mesa coincidieron en que efectivamente en México hay una injerencia del Estado colombiano que viene desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por Calderón y que amenaza continuar Peña Nieto. Esta afrenta contra la soberanía nacional tiene como figura más visible a Óscar Naranjo Trujillo  (con su conocida trayectoria de masacres y que también participó en la Operación Fénix, que sirvió para eliminar toda posibilidad de diálogo con las FARC).
Por ello, para López y Rivas, la presencia de Naranjo en la política nacional es la constatación de la continuidad de la política del terror en México, pues se está viviendo un fenómeno muy semejante al de Colombia y la presencia de asesores colombianos es un hecho (la semejanza entre el Plan Colombia y el Plan Mérida no es casual). La estrategia de esta política es la movilización del Ejército en todo el territorio, dirigido contra su propio pueblo: contra la oposición, contra los más pobres y sobre todo contra los jóvenes, porque en el fondo se trata de una guerra social y el narco es el pretexto perfecto. Pero lo más importante es que esta política del terror (que también es la responsable del paramilitarismo que vive México y vivió Colombia, y que antes ya la han vivido otros, como Palestina) forma parte de un terrorismo global de Estado. En ese contexto, Naranjo es un símbolo del proyecto militar y económico trasnacional.
Durante su participación, José Reveles dijo que desde 2007 México calificó para ser el aprendiz perfecto de los métodos de espionaje y combate de la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés), de la Oficina Federal de Investigación y demás agencias estadunidenses; por ello, más de 11 mil mexicanos fueron a Colombia a recibir entrenamiento. Hizo hincapié en la triangulación para la compra de tecnología israelí, misma que en 2008 fue usada para el Operativo Fénix; llamó la atención de cómo infiltraron a las FARC y les dieron seguimiento a través de la venta de armas y tecnología desde Miami, algo muy parecido a lo que se intentaba hacer –según aceptó Estados Unidos– con el Operativo Rápido y Furioso.
Para Enrique González Ruiz, lo más lamentable es que en México no ha habido una reacción proporcional a lo que implica la asesoría de Naranjo. Observó que es claro que Peña Nieto hizo una campaña para agradar a Estados Unidos (por la incertidumbre que él representaba), y Naranjo fue el tranquilizante perfecto; sin tomar en cuenta el precepto nacionalista que hace inconstitucional que Naranjo pueda ejercer como asesor o como servidor público por ser extranjero. Por ello, González Ruiz remarcó que Naranjo es símbolo del desprecio de la lucha social.
Blanche Petrich habló de la responsabilidad del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y demás agencias estadunidenses –según los cables de Wikileaks entregados a La Jornada– de la injerencia en México y en Colombia. Las declaraciones del entonces embajador de Estados Unidos en Colombia (hoy en Afganistán), dijo, revelaron que nuestro país fue considerado como un “alumno excelente” al que se le ha asignado un rol de entrenador entrenando. Destacó el adiestramiento elite Junglas (contrainsurgente) como parte del programa para México y subrayó la secuencia de un ajedrez global que se replica sin importar quién esté en el poder en Estados Unidos (demócratas o republicanos). Luego lamentó que Colombia sea “el reino de la propaganda engañosa” y que, con base en ello, Uribe haya logrado tanta popularidad como “libertador incuestionable” (con el operativo Jaque Mate) y haya evadido la justicia por el caso Sucumbíos.
Posteriormente, Adrián Ramírez habló del estado de simulación donde no se combaten las conductas que permiten la violencia por el negocio que representa (la industria de las armas, la trata de personas, etcétera). Recordó que los operativos Rápido y Furioso y Receptor Abierto son sólo dos ejemplos de la injerencia directa de la DEA y la CIA, que se evidenció cuando dos de sus agentes murieron en acción en México. Por otro lado, el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) señaló que, a pesar de la desconfidencialización de un sin fin de documentos contra militares de alto rango, prevalece la impunidad por la falta de mecanismos; por ello, apremió la necesidad de modificar las leyes para dar vigencia a los preceptos de la Corte Penal Internacional. Dijo que con ello será posible llevar ante los tribunales a Uribe, Santos, Naranjo y toda la cadena de mandos implicados en el Operativo Fénix. Adrián Ramírez también advirtió que México sufre hoy una de las crisis humanitarias más graves en el mundo por la cantidad de muertos, desaparecidos, desplazados y encarcelados, de los que son responsables el narco y el Estado policiaco-militar mexicano, por lo que México requiere de la solidaridad de todos los países.
Finalmente todos los integrantes de la mesa y la APFVS coincidieron en hacer un llamado por escrito (junto con las firmas de ciudadanos) a los tres Poderes de la Unión, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para manifestar el rotundo rechazo a la contratación de Naranjo Trujillo en cualquier nivel de gobierno, y exhortaron a que se considere una persona non grata y que se abstengan de pedir cualquier tipo de colaboración a extranjeros en temas de seguridad nacional. Asimismo se pronunciaron a favor de la exigencia de la justicia para las víctimas de Sucumbíos y del rechazo total a la intervención de otros países en seguridad nacional bajo el pretexto de “cooperación económica en especie o técnica”.
*Responsable de Enlace y Coordinación de la Limeddh
Textos relacionados:
Fuente: Contralínea 314 / diciembre 2012