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El ímpetu de los adolescentes latinoamericanos, que han retado a varios Estados de la región porque han sentido conculcados sus derechos, no sólo se manifestará en las calles. Varios países se ven obligados a analizar la pertinencia de establecer como mayoría de edad los 16 años. Los jóvenes quieren intervenir en la composición de sus respectivos congresos y gobiernos

 
Marcela Valente/IPS
 
Buenos Aires, Argentina. Un proyecto para bajar de 18 a 16 años la edad mínima para votar camina a paso firme hacia su aprobación en el parlamento de Argentina, un avance que ya rige en Cuba, Brasil, Ecuador y Nicaragua, y comienza tímidamente a debatirse en Bolivia, Chile y Uruguay.
 
“El joven tiene un pensamiento crítico y autónomo que es ignorado por quienes dicen que no tenemos conciencia. Los que creen eso son los que no tienen nada que ofrecernos”, sostiene Nicolás Cernadas, de 17 años, vicepresidente del centro de estudiantes de la escuela secundaria Normal 1, de Buenos Aires, y militante del izquierdista Partido Obrero.
 
En diálogo con Inter Press Service (IPS), dice que no sólo está a favor de bajar la edad para votar sino que reclama incluso más derechos.
 
“Un adolescente es tan influenciable como alguien de 40 años, y tampoco cambia mucho esperar a los 18. Yo no soy tonto hasta mi próximo cumpleaños ni paso a tener toda la conciencia porque llegué a los 18”, objeta.
 
El gobernante Frente para la Victoria, la corriente centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista), con mayoría absoluta en el parlamento, presentó un proyecto para instaurar el voto optativo para los argentinos de 16 a 18 años y para los extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.
 
El objetivo, se indica, es construir “mayor ciudadanía” para la juventud y los inmigrantes. Significa “profundizar un proceso de participación política” y responde a “una demanda cada vez mayor de participación” de los jóvenes.
 
Los partidos de oposición aparecen divididos, aunque los que están a favor cuestionan la oportunidad o piden que el voto sea obligatorio como lo es para los mayores de 18 años.
 
El debate está instalado y habrá una serie de audiencias públicas con expertos en educación, sicólogos y dirigentes estudiantiles, entre otros sectores, que plantearán las distintas posturas ante la propuesta, que sería aprobada sin mayores inconvenientes dada la unidad de acción del oficialismo.
 
“No está mal ampliar derechos, pero si la edad adulta empieza a los 18, debería haber coherencia con eso”, dice a IPS, en tono crítico, la experta Julia Pomares, del no gubernamental Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
 
Pomares entiende que hay “otras prioridades”, tanto en lo electoral como en las políticas juveniles.
 
De todos modos, cuestiona a los opositores que rechazan el proyecto con el argumento de que los adolescentes están desinformados, o que puede beneficiar al partido de gobierno.
 
“Hay gente de 50 años que no está informada. De lo que se trata es de tener autonomía”, subraya. Tampoco puede “inhabilitar la discusión” el presunto beneficio electoral al partido de la presidenta Cristina Fernández.
 
Nadie cuestiona hoy que el voto femenino, aprobado en 1947, era un derecho ineludible reclamado desde la década de 1930 ni se fijan en que favoreció la reelección presidencial de Juan Domingo Perón, cuya esposa, Eva Duarte (Evita), había logrado desde su liderazgo que las mujeres se equipararan a los hombres en las urnas.
 

Los adelantados en América

 
El voto desde los 16 años de edad es obligatorio en Cuba y Nicaragua y es optativo hasta los 18 años en Ecuador y en Brasil, donde comenzó a aplicarse en las elecciones presidenciales de 1989.
 
El politólogo Jairo Nicolau, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, dice a IPS que en esa época “el ambiente era de libertad y concesión de derechos”, por lo cual “no hubo grandes debates” ni notorios opositores. También “facilitó su aprobación” el hecho de que fuera optativo, remarca.
 
La participación adolescente en las urnas fue muy alta en el primer año de entrada en vigor de la ley, pero luego comenzó a disminuir. Así, el porcentaje de votantes de esa franja etaria fue, en 2006, 7 por ciento mayor que en 2010, según el Tribunal Superior Electoral.
 
También Chile se propone transitar el mismo camino. El senador Alejandro Navarro, del Movimiento Amplio Social (MAS), informa a IPS que en el proyecto de reforma constitucional que tiene a estudio la Cámara de Diputados se baja la edad del voto obligatorio.
 
Las masivas movilizaciones estudiantiles que coparon las calles chilenas en los últimos años, con el protagonismo de alumnos secundarios, instaló en la sociedad la idea de que los jóvenes tienen derechos y que deben ejercerse en el voto desde los 16 años, explica.
 
No obstante, Navarro descarta que los partidos de la coalición centroderechista que sustentan el gobierno de Sebastián Piñera apoyen una iniciativa de este tipo, cuando lo que buscan es limitar el ejercicio de esos derechos.
 
Sin embargo, “en Chile están dadas las condiciones para bajar la edad del voto y eso está probado con la ley de juntas de vecinos, que habilitó ese derecho y demostró que los jóvenes sí se incorporan cuando tienen la posibilidad”, indica. La alusión es a la norma de su autoría, que otorgó hace tres años el derecho a sufragar en esa instancia municipal a los mayores de 14 años.
 
 
La discusión se desvió entonces hacia imponer la responsabilidad penal a los adolescentes. “Me parece que así como tienen deberes, también tienen derechos”, subraya.
 
Similar controversia se abre paso en Uruguay, donde la oposición ligó los planteamientos de derechos electorales desde los 16 años a la propuesta de reforma constitucional para aplicar el Código Penal de adultos a partir de esa misma edad.
 
La responsabilidad penal en Uruguay rige desde los 14 años, pero hasta los 18 actúa la justicia de menores, con obligaciones y derechos ajustados a convenios internacionales.
 
La iniciativa para cambiar esa norma, presentada por el senador derechista Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, reunió las firmas requeridas para ser plebiscitada en las elecciones de 2014. Cuenta con el respaldo del centroderechista Partido Nacional, y con el rechazo del gobernante e izquierdista Frente Amplio.
 
En medio de este debate, el diputado nacionalista José Cardoso se manifestó confiado en que pueda avanzar su proyecto para ampliar el voto obligatorio a partir de los 16 años, presentado en junio de 2011 precisamente como condición para apoyar la rebaja de la edad de imputabilidad penal.
 
“La visión tiene que ser completa y equilibrar constitucionalmente obligaciones con derechos”, dice el legislador a IPS. “Del reconocimiento de que a los 16 [años de edad] se es apto para tomar una decisión derivan dos vertientes: la punitiva y la de derechos”, argumenta.
 
Añade que “la consecuencia de la primera es la imputabilidad, y la consecuencia de la segunda es el voto”. “La participación de menores en hechos delictivos ha promovido encendidos debates y, en ese marco, han ganado terreno posiciones a favor de la rebaja de la edad de imputabilidad en el entendido de que en el contexto de las sociedades actuales la condición de minoridad se abandona a edades más tempranas”, sostiene Cardoso.
 
Con esa premisa, el legislador insistirá durante septiembre con su proyecto de voto desde los 16 años, aceptando incluso que son dos temas independientes.
 
La senadora izquierdista Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, se expresó a favor de bajar la edad de votación en comicios generales, pero insistió que es un asunto separado del debate sobre imputabilidad. Empero, no toda la izquierda se ha definido. (Con información de Marianela Jarroud, Fabiana Frayssinet y Darío Montero).
 
 
 
Fuente: Contralínea 307 / Octubre de 2012
 

 

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