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La aprobación en la Cámara de Senadores de las reformas a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental produjo una escena que ni mandada a hacer para plasmarse en un cuadro surrealista. A favor de transparentar los gastos en los tres órdenes de gobierno se manifestaron personajes como el exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, ahora miembro del Senado y principal encubridor de la corrupción oficial del sexenio, de la cual fue partícipe su propia esposa.
 
En su inviable calidad de “iniciativa preferente”, la propuesta de Felipe Calderón resultó una cómica expiación de culpas de última hora, algo así como el regreso del transgresor a la escena del crimen, suplicando, entre lloriqueos, el perdón de su víctima. Los latrocinios y delitos cometidos en menoscabo de los recursos públicos ya no podrán ser resarcidos con la mascarada legislativa de Calderón a la que, erróneamente, como sucedió en la Cámara de Diputados con la reforma laboral, se sumaron los senadores priístas y sus comparsas del Partido Verde Ecologista de México.
 
Al cuarto para las doce, el hombre que prometió como candidato presidencial un gobierno de manos limpias, y que se la pasó violentando el estado de derecho, clama a la República castigos ejemplares a los corruptos que atentan contra las arcas públicas, y trata de ocultar sus manos sucias y manchadas de complicidad al permitir que en sus narices se realizaran innumerables negocios ilícitos por parte de sus allegados y familiares.
 
De acuerdo con los cambios aprobados en el Senado, los tres órdenes de gobierno tendrán la obligación de subir a internet, de manera trimestral, sus estados financieros. Ello con el fin de que todos los ciudadanos accedan a esa información, con lo que las entidades, dependencias y demás órganos de gobierno ya no podrán invocar el secreto bancario para ocultar el manejo de sus recursos.
 
Habría valido la pena que Calderón planteara esa transparencia en la rendición de cuentas al Poder Legislativo al inicio de su gobierno, pues con ello los recursos públicos no tendrían las multimillonarias sangrías que ahora presentan. A lo largo de su mandato, sus intenciones por disminuir la corrupción fracasaron. Por ejemplo, ¿de qué sirvieron los cambios a la Ley de Adquisiciones? ¿En qué contribuyó el portal Compranet para abatir los negocios turbios? Sin dejar de mencionar el papel de comparsa que ha realizado la Secretaría de la Función Pública.
 
Demasiado tarde Felipe Calderón saca las aspirinas con las que pretende aliviar el avanzado cáncer de la corrupción y la ineficiencia en su gobierno, en el cual la impunidad se regodea por todas las dependencias y entidades de la administración federal. En materia de deuda pública, por ejemplo, todo el país se hubiera enterado –o mejor dicho, aterrado– de la forma vertiginosa en que fue creciendo la deuda pública del hombre que también prometió a los mexicanos la fórmula mágica de un “crecimiento sin deuda”. Esto, si teóricamente los cambios a su iniciativa preferente operaran desde hace seis años.
 
En este renglón, trimestralmente, habría tenido mucho que explicar el mandatario, resultándole imposible detallar a la población por qué en sólo seis años acrecentó la deuda de 2 billones a 5 billones 473 mil 658 millones de pesos, cuyo costo representa, hoy en día, el 36.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el pago por intereses de 1 billón 258 mil millones de pesos. Inmensos recursos que no han servido en lo absoluto para estimular la economía, generar empleos bien remunerados y elevar el bienestar de los mexicanos.
 
Un oportuno detector de corrupciones habría sacado a la luz algunas de las evidentes causales del creciente y absurdo endeudamiento público, como lo es el financiamiento, vía Pidiregas (proyectos de inversión diferidos en el registro de gasto), de muchos de los proyectos de generación de energía a favor de monopolios extranjeros en entidades como la Comisión Federal de Electricidad. La “empresa de clase mundial” tan sólo en 2011 arrojó pérdidas por más de 17 mil millones de pesos.
 
El país se habría enterado a detalle del tráfico de influencias que no sólo contribuyó a elevar el monto de los quebrantos a la hacienda pública sino además ocasionó lamentables tragedias, como la muerte de 40 niños en la Guardería ABC, en Sonora. Si la pregonada transparencia de última hora funcionara desde hace años, la opinión pública se hubiera enterado del porqué de la ilícita entrega de concesiones del Instituto Mexicano del Seguro Social a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la primera dama, Margarita Zavala, para operar guarderías en Hermosillo: el tráfico de influencias que prohijó el fatal incidente aquel 5 de junio de 2009.
En otro caso, los gasolineros se hubieran ahorrado muchos millones por las extorsiones de que fueron objeto por parte de los verificadores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), controlados por Gladis López Blanco, subprocuradora de Verificaciones y esposa del entonces secretario de la Función Pública y hoy flamante senador por el Partido Acción Nacional, Salvador Vega Casillas; el mismo que, entusiasta, votó a favor de la iniciativa de su paisano Felipe Calderón. Como común denominador, en ambos casos, fueron terceros los que pagaron las consecuencias de la desatada y permitida corrupción. A la prima de Margarita Zavala el poder judicial la exoneró de los cargos en su contra a finales de 2011; y a la esposa del senador michoacano, el titular de la Profeco, Bernardo Altamirano, la limpió de toda culpa al promover el encarcelamiento de seis verificadores cuyo único delito fue seguir al pie de la letra las órdenes de su jefa inmediata.
 
Tal vez también el país se hubiera evitado la vergüenza de soportar a diario, en pleno Paseo de la Reforma, la presencia de la Estela de Luz (Estafa de Luz), monumento que por sus gigantescas dimensiones le hace honor al tamaño de la corrupción sexenal. Esta obra, que debió ser motivo de orgullo de las fiestas del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, se convirtió en emblema de la rapiña calderonista al elevar su costo inicial de 497 millones de pesos a casi 1 mil 100 millones. Por eso, tenemos la certeza de que la sesión del Senado en la que se aprobó la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental sería el marco perfecto para una de las obras del pintor surrealista Salvador Dalí, o del dramaturgo rumano Eugéne Ionesco, maestro del teatro del absurdo: Salvador Vega Casillas –cómplice del saqueo al país– convertido en paladín legislativo de la transparencia, vitoreando desde su escaño a Felipe Calderón, el improvisado adalid de la moral pública. Ver y leer, para creer.
 
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
 
 
 
Fuente: Contralínea 312 / Octubre de 2012
 
 
 

 

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