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La magnitud del ataque al Casino Royale, con un saldo de 52 muertos, llevó al gobierno de Felipe Calderón a afirmar que existe en México el terrorismo vinculado a la delincuencia organizada. A más de un año de la tragedia, la justicia se muestra por lo menos deficiente: de los 26 presuntos delincuentes detenidos tras el ataque, sólo 13 han sido consignados. Mientras los niños que perdieron a sus padres están en el desamparo, los operadores de los negocios de apuestas siguen “trabajando” con nombres distintos

 
Celso Cantú/Contralínea Nuevo León
 
Monterrey, Nuevo León. La agresión cometida la tarde del 25 de agosto de 2011 en esta ciudad inició tras llegar al casino un convoy de cinco vehículos con hombres armados y una camioneta cargada con 10 bidones de 20 litros de gasolina cada uno.
 
Al Casino Royale, según los acusados, unos 13 jóvenes ingresaron portando armas largas, con las que aterrorizaron a unos 100 asistentes; luego empezaron a rociar el combustible sobre máquinas, alfombras y prendieron fuego. El incendio que provocaron causó la muerte de 42 mujeres, una de ellas embarazada, y 10 hombres.
 
Al día siguiente, el presidente Felipe Calderón decretó luto nacional y convocó a los líderes partidistas, coordinadores parlamentarios, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ministro Juan Silva Meza) y al líder del Consejo Coordinador Empresarial (Mario Sánchez).
 
Asimismo, a José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, para compartirles información del ataque y pedirles cerrar filas contra la delincuencia organizada.
 
Ante el hecho se suspendieron todo tipo de eventos en Nuevo León, algunos a destacar correspondieron al del Museo del Palacio de Gobierno, el cual anuló la fiesta por su quinto aniversario. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco), canceló el concierto estelar de la serie que organizó para celebrar sus 20 años.
 
 
Treinta horas después del ataque contra el casino Royale, iniciaron las controversias sobre cuál era el nombre del concesionario o el dueño del casino.
 
La autoridad estatal, encabezada por el gobernador Rodrigo Medina, pidió a la Secretaría de Gobernación que abriera los expedientes de los casinos para saber quiénes eran los verdaderos dueños.
 
Además anunciaba en conjunto con el municipio de Monterrey un plan de cinco puntos contra las casas de juego ilegales, advirtiendo que buscarían que ni un casino más fuera instalado en la entidad.
 
Como parte del programa instrumentado por el gobierno de Medina, José Alfonso Solís, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fue el primer servidor público que perdió su cargo tras el ataque al Casino Royale.
 
 
El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, insatisfecho, declaró que, aunque hubiera presentado su renuncia o lo “hayan renunciado”, era evidente que existía una relación del exfuncionario [Solís] con la delincuencia organizada y había que tomar otras medidas.
 
Por otro lado, durante una conferencia de prensa en Monterrey, Nuevo León, el ya fallecido secretario de Gobernación, Francisco Blake, y el entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, aseguraban que únicamente en la capital existían 17 casinos instalados, que contaban con licencia de uso de suelo o de construcción, otorgadas por el municipio.
 
Sin embargo, otros 12 no cumplían con este requisito y debían ser clausurados de inmediato.
 
Estos casinos carecían de los permisos federales y municipales que requerían para su funcionamiento, además de permitir juegos aún prohibidos por la ley, como la ruleta, los naipes y los dados.
 
El 27 de agosto de 2011, dos días después de uno de los actos más violentos que se registraron en el país, la empresa CYMSA Corporation aceptó públicamente ser la operadora del Casino Royale.
 
Declaró que se deslindaban de su responsabilidad de hacerse cargo de los gastos de las 52 víctimas y los 10 lesionados que dejó como saldo el ataque al casino, resaltando que únicamente responderían por los empleados sobrevivientes y las familias de aquellos que fallecieron en los hechos.
 
Posterior a esto, el 28 de agosto de 2011, las autoridades iniciaron los protocolos para hacer frente a la problemática legal con la que operaban los casinos en el área metropolitana.
 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el apoyo de policías federales, elementos del Ejército y de la Policía Federal Ministerial, incautó cerca de 3 mil 500 máquinas de 11 casinos en Monterrey.
 
Cuatro días después del crimen en el casino, la cúpula empresarial de Nuevo León se reunió con el presidente Felipe Calderón en la ciudad con el fin de dialogar sobre la agenda de seguridad en el estado y los avances la investigación sobre este crimen.
 
Entre los asistentes estuvieron los empresarios Adrián Sada, presidente de Vitro; Armando Garza, presidente de Alfa; Eduardo Garza, presidente de Frisa; Enrique Zambrano, director de Proeza; Eugenio Garza, presidente y director de Xignux; Federico Toussaint, presidente de Lamosa, y Francisco Garza, vicepresidente de Cemex México.
 
Una reunión similar a ésa únicamente se había registrado el 9 de septiembre de 2010, en Cintermex, luego del paso del huracán Alex.
 
El 29 de agosto de 2011, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León presentó a los sospechosos, quienes, según las autoridades, ya habían confesado su participación en el atentado. Su captura, dijeron oficialmente, se logró gracias a las huellas dactilares y la revisión de videos que permitieron identificarlos.
 
En una entrevista para medios electrónicos en la Ciudad de México, el vocero estatal de Seguridad, Jorge Domene, aseguró que los detenidos afirmaron haber sido “regañados” por sus jefes tras confirmarse la muerte de 52 personas. Además, que confesaron que la idea original del ataque era desalojar el lugar y posteriormente quemar el centro de apuestas.
 
De los primeros cinco detenidos, dijo Domene, dos condujeron los vehículos, uno realizó labores de halcón (vigilancia), y dos más rociaron la gasolina en el interior del sitio de apuestas.
 
Los capturados fueron Luis Carrazco, alias el Chihuas, de 25 años de edad; Javier Martínez, el Javo, de 37 años; Jonathan Gutiérrez, de 18; Juan Flores, el Casillas, de 20 años, y Julio Ramírez, el Julio Rayas, de 28 años.
 
En paralelo a esto, el gobernador Rodrigo Medina anunciaba también ya estar trabajando de manera conjunta con el gobierno federal en la búsqueda de los propietarios del casino, los hermanos Raúl y Jorge Alberto Rocha Cantú.
 
Ante estas declaraciones, el abogado del Casino Royale, Juan Gómez, declaró que los hermanos Rocha estarían dispuestos a colaborar con la investigación siempre y cuando existieran las condiciones óptimas para presentarse.
 
Para apoyar a las familias afectadas, Medina declaraba que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia estatal había otorgado apoyos de gastos funerarios a 26 de las víctimas del atentado y asesoría legal a 270 trabajadores del casino.
 
Agregó que seguirían otorgando becas educativas, asesoría legal a empleados, atención médica y sicológica, y apoyos sociales para las familias afectadas.
Corrían los días y ya se cumplía casi una semana del asesinato de las 52 personas en el Casino Royale. Entonces, un operativo militar apoyado por policías estatales y municipales cerró tres casinos que operaban sin licencias de desarrollo urbano.
 
Los casinos que cayeron bajo la presión de un gobierno queriendo mostrar que sí acatan la ley fueron el Yak de Plaza Cumbres, el Yak de Galerías Valle Oriente y el Winland, ubicado en la Avenida Garza Sada y Alfonso Reyes.
 
El 1 de septiembre de 2011 se cumplía una semana del ataque al casino y un policía de Seguridad Pública del estado era detenido por participar como halcón o espía del crimen organizado durante la masacre.
 
Durante una rueda de prensa en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Nuevo León, anunciaba que agentes de la Policía Federal arrestaron a Miguel Barraza, quien participó como chofer de una de las camionetas que arribaron al lugar y que además contaba ya con nueve años en la corporación de Seguridad Pública.
 
Con esta captura ya eran seis los detenidos por participar en el ataque al casino, una de la matanzas que ocuerren contra la población civil en México.
 

Buscan más culpables

 
El coordinador del Partido de Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Hernán Salinas, el 2 de septiembre de 2011, aseguró que hubo negligencia de Protección Civil del estado en la revisión del Casino Royale, por lo que la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León presentaría una denuncia ante el Ministerio Público.
 
El coordinador albiazul argumentaba en la demanda que dentro del inmueble había irregularidades en materia de protección civil, lo que había incrementado el número de víctimas en el lugar.
 
Por ello, Salinas manifestó que el principal responsable que debía presentarse a declarar era el actual titular de Protección Civil estatal, Jorge Camacho.
 
El 3 de septiembre de 2011, el atentado contra el Casino Royale ya era mencionado en el contexto de la entrega del Quinto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón.
 
“Tuvimos uno de los momentos de mayor alegría como mexicanos, el Bicentenario, pero también, declaró el titular del Ejecutivo federal.
 

Cierre de casinos

 
Inspectores del SAT, en colaboración con militares y fuerzas federales, rodearon el casino Abu Dhabi, cuyo establecimiento abrió sólo con un permiso de construcción otorgado en diciembre de 2010 por la administración del alcalde Benito Caballero, en Apodaca.
 
El segundo negocio clausurado fue el casino Hollywood Entertainment. Éstehabía iniciado sus operaciones a principios de 2010, luego de que el exalcalde de Monterrey, Adalberto Madero, autorizara su construcción antes de terminar su periodo.
 
El cierre de estos dos establecimientos se sumaba ya al de otros cuatro que había efectuado el municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, tras la tragedia del Royale.
 
Para el 5 de septiembre de ese año, Raúl Rocha, accionista de la empresa CYMSA Corporation y operadora del Casino Royale Monterrey, hizo su primera declaración pública, a través de una carta enviada al diario Reforma.
 
En dicha carta expresó a la sociedad de Nuevo León, a las autoridades y los medios de comunicación que él también era víctima y manifestaba que había cumplido con todas sus obligaciones con las familias de los empleados que habían perdido la vida en el atentado.
 
Aseguró que el Casino Royale era un negocio lícito, legítimo y legalmente en regla, que contaba con todos los permisos y autorizaciones necesarias para operar y con las certificaciones de las autoridades de Protección Civil que aplicaban para el establecimiento.
 
Agregó que estaría dispuesto a rendir su declaración cuando las autoridades le garantizaran que su vida no corría peligro.
 
Tras este acontecimiento, en donde Raúl Rocha prácticamente dijo temer por su vida, el asesor de éste, Juan Iván Peña, denunció ataques y hostigamientos hacia su persona antes y después del atentado a la casa de juegos del 25 de agosto.
 
En su declaración, el asesor aseguró que antes de la agresión al Royale, su casa en Morelia, Michoacán, fue saqueada con el propósito de robar información confidencial relacionada con la casa de apuestas.
 
Posteriormente, Juan Iván Peña fue detenido por agentes michoacanos, acusado del delito de violación, y luego de su detención, el dueño del Casino Royale, Raúl Rocha, señaló que el detenido no era representante legal de él ni de sus empresas.
 
 
A dos semanas de la masacre de las 52 personas, el 7 de septiembre la Procuraduría General de la República anunciaba la identificación de otros 18 supuestos implicados en el ataque.
 
Entre los sospechosos estaban el Comandante Quemado, señalado como el líder del grupo criminal en Nuevo León; y el Mataperros, supuesto líder de la “plaza” de Monterrey. Del resto de los implicados no se contaba con su identidad, solamente con algunos alias, según declaró en conferencia de prensa Cuitláhuac Salinas, titular de la Subprocuraduría de Control Regional de la PGR.
 
Con los 18 nuevos implicados sumaban ya 24 los atacantes identificados en torno a la masacre del 25 de agosto.
 
Días después, Salinas dio a conocer parte de la declaración que rindió el empresario Rocha ante la PGR. Supuestamente, éste revelaría que su casa de apuestas había enfrentado dos intentos de extorsión durante 2011, sin especificar si lo hacia el crimen organizado, las autoridades o servidores públicos.
 
El 15 de septiembre de 2011, a 20 días del ataque, la PGR identificó a cuatro de los 18 sospechosos que participaron en el ataque. Respecto de éstos, la PGR ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien aportara información que ayudara a su captura.
 
Entre los identificados con nombre y fotografía por Cuitláhuac Salinas, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y actual subprocurador de Investigación en Delincuencia Organizada, estaba Alberto Loera, el Voltaje, quien había sido policía de Nuevo León en 2010; los otros: Francisco Medina, el Quemado; Baltazar Sauceda, el Mataperros, y Roberto López Castro, el Toruño, expolicía municipal de Saltillo, Coahuila.
 
Además, el gobierno estatal informó que un trabajador del municipio de Monterrey había participado en el ataque al Casino Royale, rociando gasolina en el interior del negocio, de nombre José Rodríguez. El Tejón,  como se le conoce, fue detenido junto con Jonathan Pérez, el Tita, y Tomás Barbosa, el Tomy. El primero se desempeñaba como chofer y el otro como halcón, según Jorge Domene, vocero de Seguridad.
 
Al 21 de septiembre de 2011, casi un mes después del atentado, de los 24 sospechosos identificados y buscados, nueve habían sido capturados.
 
Una semana después, la PGR anunció la captura en Jalisco de Roberto López, elToruño, y José Loera, el Voltaje, señalados por las autoridades como dos de los cuatro cabecillas que cometieron la masacre en el Casino Royale.
 
Seguido de esto, el 14 de octubre se detuvo a Carlos Oliva, la Rana, identificado como el emisor de la orden del ataque aquel 25 de agosto, de acuerdo con las últimas investigaciones de la Procuraduría General de la República.
 
Así, a 61 días del incendio, la investigación no encontraba responsabilidades de servidores públicos (más allá de los policías municipales implicados), las 52 familias esperaban justicia y el resultado del peritaje aún no llegaba.
La detención de 15 presuntos implicados y las conclusiones de una “verdad” sin ninguna trascendencia judicial, eran los avances más significativos de la investigación respecto a uno de los casos más violentos en contra de la sociedad civil en México.
 
Luego de protagonizar una mala coordinación con el gobierno del estado en torno al peritaje del Casino Royale, el subprocurador de la PGR, Cuitláhuac Salinas Martínez, fue ascendido como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
 
Sin embargo, la PGR decidió que el funcionario seguiría al frente de la investigación del Royale, por ser uno de los colaboradores de más confianza de la procuradora Marisela Morales.
 
En ese contexto y ante la constante apertura de casinos en el estado, el municipio de San Pedro presentaría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la Secretaría de Gobernación, con el fin de evitar que operaran negocios cuyo giro no estaba contemplado en el Reglamento y Plan Municipal de Desarrollo Urbano, como el caso de los casinos. Dicha controversia se presentó en un momento en el que todavía no se sabía quién sustituiría al recién fallecido secretario de Gobernación Francisco Blake.
 
A 103 días de ocurrida la tragedia del casino, y después de múltiples retrasos, Cuitláhuac Salinas, ahora ya como titular de la SIEDO, y Adrián de la Garza, procurador de Justicia estatal, presentaron por fin el peritaje en materia de seguridad industrial y protección civil del casino.
 
Pese a versiones contrarias de sobrevivientes y personal de auxilio que intervino ese día, según la investigación, la tragedia fue causada exclusivamente por los integrantes del crimen organizado que irrumpieron armados. Con ello se desechaba la idea de una eventual negligencia por parte del casino y de las autoridades.
 
Desesperados, a cinco meses de la tragedia y ante la falta de resultados, los propios familiares de las víctimas mortales hicieron un llamado a clientes y trabajadores que estuvieron en el lugar al momento de la tragedia, para que apoyaran en una reconstrucción de hechos.
 
Edmundo Jiménez, quien perdió a su esposa Rosa María Ramírez en el atentado, detallaba que la Procuraduría estatal había autorizado darles acceso al inmueble para realizar una inspección; sin embargo, ésta no tendría ninguna trascendencia.
 
Para el 5 de enero de 2012, la PGR anunció la detención de Baltazar Saucedo Estrada, el Mataperros, señalado por la dependencia como uno de los líderes del narcotráfico que ordenaron el ataque al Casino Royale.
 
Después de la captura, fue hasta el 12 de febrero cuando la PGR emitió un comunicado diciendo que el Mataperros se encontraba internado desde el 9 de enero en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
 
Hasta entonces, los sobrevivientes y familiares de los fallecidos continuaban en espera de la ayuda prometida por las autoridades estatales y federales. Un ejemplo es el caso de Francisco Flores, de 60 años, y María Navarro, de 56, quienes pasaron de abuelos a padres cuando su hija Carmen Adriana murió en el atentado.
 
La pareja sobrellevaba los gastos de Abel Francisco, de 12 años, y Adriana Alondra, de 10, con sus propias pensiones, como la del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ninguna otorgada como ayuda a víctimas.
 
Meses después, respecto de los presuntos implicados, se anunciaba la muerte de Francisco Medina, el Quemado, señalado como uno de los autores intelectuales del incendio. De acuerdo con informes militares, el Quemado y tres de sus escoltas murieron tras un enfrentamiento con soldados en la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras.
 
El 25 de abril de 2012, al cumplirse ocho meses del ataque, los familiares de las víctimas recibieron respuesta al compromiso, por escrito, de ayuda de parte de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito. Las víctimas se entrevistarían con la procuradora Sara Irene Herrerías con el objetivo de que las promesas de apoyo que hicieron el presidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, por fin se cumplieran.
 
A más de un año de la tragedia, los familiares de las 52 víctimas del atentado contra el Casino Royale renovaron las cruces que recuerdan a los muertos. Aún continúan con la demanda de justicia.
 
Hasta hoy, los apoyos por parte del gobierno estatal se han limitado a becas de estudios para los menores huérfanos y la entrega de despensas.
 
Sin un apoyo total para las víctimas y a más de 25 meses del crimen, la justicia aún no llega para 52 familias afectadas. De los 26 presuntos delincuentes detenidos, sólo 13 han sido consignados y el Ministerio Público continúa un proceso en el que hay más de 400 pruebas por revisar.
 
No obstante, los negocios relacionados con el Casino Royale únicamente cambiaron el nombre de su operador para continuar activos, revelan documentos de la PGR y la Secretaría de Gobernación.
 
 
 

No más mentiras: deudos

 
Arely Ramos/Contralínea Tamaulipas
 
Monterrey, Nuevo León. La nebulosa gris que se desprendió del incendio provocado por integrantes de la delincuencia organizada la tarde del jueves 25 de agosto de 2011 sigue presente en la memoria de Héctor Lomelí y en la de sus hijos, quienes de manera inesperada y sin saber por qué, perdieron a Nora Elia Ortegón, su esposa y madre, respectivamente.
 
“Hemos decidido seguir adelante; no podemos estar tristes porque es parte de lo que ella sembró, tanto en mí como en mis hijos, al enseñarnos a vivir y a gozar sin importar lo que pase alrededor. Ella es para nosotros un ejemplo de vida y de entrega”, dice Héctor.
 
“Ella siempre nos preparó increíblemente para ese día. Hablaba de la muerte todos los días y decía que no te preocuparas por tal o cual cosa si a lo mejor mañana no estamos. Les decía claramente a nuestros hijos que iba a morir joven y Dios se lo concedió”, manifiesta el viudo, que ahora se encarga de la casa. El pasado 4 de agosto, apenas habrían celebrado sus 49 años.
 
Para él ha sido difícil aceptar que Nora ya no está físicamente. Recalca que no hay día en que deje de pensar en ella, debido a que pasó los mejores 30 años de su vida junto a “ese ser que siempre irradió felicidad. La sonrisa fue su mejor antídoto para vivir al máximo”.
 
Lomelí se refiere a ella: “Fue mi amiga, mi esposa y mi cómplice desde que la conocí hasta que se fue y estuvimos unidos prácticamente toda una vida, incluso le llegué a decir a sus padres que era más mía que de ellos”.
 
Ser padre y madre
 
“Eso de ser papá y mamá es complicado: la rutina cambia”, asevera Héctor. “Ya no está la encargada de mantener en orden la casa y distribuir esas dosis de alegría por cada habitación”.
 
Confiesa: “No sabía ir al súper, qué y cuánto comprar, no sabía qué pasaba. Ahora te preocupas por venir a trabajar e ir a la tintorería, supervisar si las hijas irán a comer a casa, entre otros aspectos como el de la convivencia diaria y los momentos en que sólo éramos ella y yo… Cambió todo”.
 

Exige justicia: “no más mentiras”

 
Hacer justicia ante sucesos delictivos y masivos como el ataque al Casino Royale no es cosa que les interese lo suficiente a las autoridades, puesto que no se han generado avances en el caso que aún mantiene con dudas a los familiares de las víctimas.
 
Héctor Lomelí resalta la inconformidad que siente con las mentiras que las autoridades han dicho. Señala la ineficiencia de éstas para esclarecer las dudas respecto al porqué se dio tan lamentable hecho, en el que su esposa y 51 personas más dejaron de existir.
 
“La justicia es algo que el humano siempre necesita; justicia es cuando menos saber por qué pasó todo eso. Pero aquí hay mentiras, secretos, cosas que no se dicen. Que no me engañen, que no me quieran ver la cara porque aunque hayan atrapado a algunos autores materiales, sé que hay algo más”, indica.
 
—¿Siente coraje o enojo? –se le cuestiona.
 
—Con quién me voy a enojar. ¿Con Dios? ¿Con el chavo que agarraron? No voy a ganar nada, sería como estar muerto en vida; pero si nosotros investigáramos ciertamente qué pasó, tendríamos una decepción del sistema de gobierno de este país –dice, molesto.
 
 
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Fuente: Contralínea 305 / Octubre de 2012
 
 

 

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