Motozintla es sólo una advertencia para el gobernador de Chiapas, Juan Sabines. Su gestión sólo ha generado desconfianza de los ciudadanos y violencia en los municipios. La perversidad de los tribunales electorales estatal y regional agravan la situación.

 

Sí, el mandatario estatal cumplió con su promesa al periodista Juan de Dios García Davish, director de Quadratín Chiapas, y corresponsal de Milenio: fueron detenidos por agresión y lesiones ocho policías estatales y dos agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas. Pero no resolvió el conflicto de fondo: lo electoral.

 

El vicecoordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso Raya, acusa al gobernador Juan Sabines de ser directamente responsable de la violencia en Motozintla y del peligro de estallido en los municipios del estado con resoluciones electorales pendientes. Debe detener su prepotencia y perversidad, advirtió el legislador.

 

El que parece resuelto es el tema de la Reforma Laboral. No puede regresar con correcciones del Senado a los diputados, porque se congela, pierde su carácter de “iniciativa preferente” y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el bloque de izquierda ya pactan para evitarlo.

 

Con ese objetivo se reúne el senador del PAN y presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero, y el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano. Acuerdan no hacer ninguna modificación al texto enviado por la Cámara de Diputados: “que pase, así, como iniciativa preferente”.

 

Aún cuando se opusiera el Partido Revolucionario Institucional e insistiera el grupo encabezado por el senador Emilio Gamboa, la izquierda y los panistas harían valer sus 66 votos de 128 posibles en el Senado para pasar la reforma.

 

Hay que revisar el texto del artículo 371 sobre la democracia sindical, insiste el senador del PRI, Isaías González, también líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; y las prestaciones y las pensiones, insiste por separado el líder de la Confederación de Trabajadores de México en Puebla, Leobardo Soto.

 

Pero ambos coinciden con el senador del priísta Omar Fayad: “es la reforma posible, no la necesaria ni la deseable, pero sí la única posible”, avancemos en lo que se puede, luego podemos corregir las fallas, errores y carencias, dice el legislador. Ojalá no pasen otros 42 años.

 

El costo político es alto, acepta el vicecoordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, pero para los trabajadores es peor: no se hace nada por el 90 por ciento de los trabajadores del país que no tienen sindicato o tienen uno fantasma, mientras que el otro 10 por ciento habrá de soportar lideres eternizados y dirigencias heredadas.

 

Pueden estar tranquilos los Manuel Espino, Francisco Hernández, Víctor

Flores, Napoleón Gómez Urrutia (Napito, por ser heredero del liderazgo sindical minero de su padre, Napoleón Gómez Sada). Tranquilos, pueden seguir en asambleas sin votos en contra ni abstenciones, al puro estilo del Movimiento Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador.

 

 

*Periodista