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Funcionarios del gobierno de Estados Unidos, por conducto de sus áreas de inteligencia y policiales, dicen estar preocupados por la enorme corrupción e impunidad que ha desbordado a todos los órganos de vigilancia, auditoría, fiscalización y procuración de justicia de México; lo que, consideran, se ha traducido en una complicidad cínica y descarada del gobierno de Felipe Calderón.
 
Ante ello, el Departamento de Estado ha dado instrucciones al Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Agencia estadunidense contra las drogas (DEA) y hasta a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para investigar y denunciar ante la justicia de ese país hechos de corrupción en México que están impunes, sin importar que éstos no tengan vínculo alguno con la administración de justicia de Estados Unidos, lo que sirve para presionar y disminuir ese problema que se ha convertido en un cáncer social.
 
La opinión del gobierno de Washington es que la corrupción y la impunidad han alcanzado tales niveles en México, que la democracia y la seguridad nacional están en riesgo, y compartir una enorme frontera con un país extremadamente corrupto termina por contaminar a las autoridades vecinas, las cuales tampoco se caracterizan por su honestidad y transparencia en su actuar.
 
Por eso preocupa a Estados Unidos un caso de corrupción, soborno y contrabando de textiles que durante más de 10 años ha afectado las finanzas y la industria de México, y sus autoridades se niegan a investigar y procesar a los responsables que se esconden en la comunidad judía que vive en el país. Se trata, principalmente, de empresarios de origen judío que armaron desde el año 2000 una maquinaria de corrupción y complicidad aduanal para traer telas desde China y Korea, y cruzarlas por territorio estadunidense para evitar pagar los impuestos correspondientes amparados en el Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN).
 
Este importante caso que le ha significado al fisco mexicano dejar de cobrar impuestos por miles de millones de pesos en más de una década, fue descubierto por el ICE estadunidense e investigado directamente por el Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, cuyos agentes especiales armaron un expediente completo, con pruebas y declaraciones suficientes, que entregaron a México por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Administración General de Aduanas.
 
A pesar de ello, las autoridades mexicanas han sido incapaces de concluir la averiguación previa y consignarla ante un juez federal que lleve ante la justicia a unas 15 empresas y sus dueños por los delitos de fraude, evasión fiscal, contrabando, soborno y los que resulten.
 
Este tema, que dimos a conocer por primera vez en esta columna el 26 de agosto pasado, ha arrojado nuevos datos: por ejemplo, que fueron los mismos empresarios mexicanos involucrados quienes compraron directamente en los países asiáticos las telas y armaron una red de complicidades con empresas de Estados Unidos para que la mercancía fuera recibida en ese país y allí falsificaran facturas y certificados de origen, a fin de exportarla a México sin el pago correspondiente que, según expertos en cuestiones fiscales, se trata de miles de millones de pesos en más de 10 años que tienen de aplicar este sistema de contrabando textil.
 
Los empresarios mexicanos de origen judío constituían empresas fantasmas que eran las receptoras de la mercancía en México, de tal manera que cuando los investigadores del SAT llegaban  a sus domicilios, éstas habían desaparecido y no había forma de localizarlas.
 
Los empresarios cómplices habían constituido una verdadera maquinaria de corrupción y complicidad con algunas autoridades hacendarias que los solapaban y encubrían; por eso ahora que el expediente de Estados Unidos fue entregado al gobierno mexicano, éste no tiene justificación para archivar la información y dejar en la impunidad un verdadero caso que afecta a las finanzas públicas y en general a la industria textil del país.
 
El proceso que se sigue en Estados Unidos –de donde este reportero obtuvo la información, porque en México nadie quiere hablar del tema– lo lleva el fiscal Roel Canales, en el Distrito de Texas, División de Laredo; mientras que por México tienen conocimiento de este hecho de corrupción que sigue impune después de más de 10 años: el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña; el jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; la procuradora General de la República, Marisela Morales; el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios Mójica; el administrador General de Aduanas, Gerardo Perdomo Sanciprián; el administrador General de Auditoría Fiscal Federal, Alberto Real Benítez, y el administrador Central de Programas Especiales de la Administración Federal del SAT.
 
De acuerdo con el expediente abierto en Estados Unidos y cerrado en México, se trata de una red muy bien articulada que opera en México, Estados Unidos, China y Corea, dedicada a contrabandear productos textiles fabricados en esos países asiáticos y que son introducidos a México de manera ilegal vía Estados Unidos, en donde se elaboran facturas y certificados de origen falsos para eludir el pago de los impuestos correspondientes.
 
De acuerdo con documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, los empresarios involucrados son destacados miembros de la comunidad judía en México, y sus empresas habrían sido las beneficiadas con el contrabando de productos.
 
Aunque la investigación se inició formalmente en 2010, fue hasta 2011 cuando se abrió la averiguación previa UEIDFF/FISM08/185/2011 por los delitos de fraude fiscal y contrabando de productos textiles procedentes de varios países asiáticos, en donde se adquiría la mercancía para luego ser introducida a territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos. Empresas estadunidenses les otorgaban facturas y certificados de origen amparados en el TLCAN, con el fin de engañar al gobierno mexicano de que dichas mercancías se producían en Estados Unidos y por eso estaban exentas de impuestos.
 
Con base en el Acuerdo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre las Administraciones de Aduanas y en apego al Plan Estratégico Bilateral del 13 de agosto de 2007, la Administración Central de Investigación Aduanera mexicana solicitó el 9 de febrero de 2010, mediante el oficio 800-05-00-00-00-2010-0609, el apoyo de las autoridades de Aduanas de Estados Unidos para verificar la existencia de las compañías estadunidenses NY Aynilian & Co, Inc, y Lulú Fashions, Inc, ambas con domicilio en Nueva York, así como para validar la autenticidad de facturas comerciales y certificados de origen expedidos por dichas empresas a favor de la compañía mexicana Comercializadora Luna Blue, SA de CV.
 
Mientras en México el caso está prácticamente cerrado –por lo menos en lo que concluye la actual administración– en el expediente de Estados Unidos se afirma que entre los involucrados destacan Elías Hamul, presunto socio de Fred Lukach y quien se encargaba de obtener el pago o soborno de los empresarios para posteriormente contactarlos con Vahram Aynilian.
 
La lista de empresarios mexicanos que son investigados por Estados Unidos, según documentos oficiales del ICE, son: José Husni Micha; Salomón Cojab Fallena; David Cojab Cohen; Mosiés y Jaime Betch, dueños de Forromex; Noel Venado; Manolo Lua, dueño de Textiles Lua; Jack Casaab Attie, dueño de la empresa Casti y Casbo; Charlie Kim, dueño de Cini de México; Jorje Kim, de Kim textiles y Grupo Cyprus; Mauricio y Eduardo Atri; Simón Shamosh, copropietario de Loubeck; Ronald Joseph Akiki Beirut; César y Ulises Sánchez; Mauricio Niño Mora.
 
*Periodista
 
 
Fuente: Contralínea 302 / Septiembre de 2012
 
 
 

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