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Dos son las observaciones de las que se puede hacer mención respecto del caso de los integrantes de la estadunidense Agencia Central de Inteligencia que fueron heridos en la población cercana de Xalatlaco, Estado de México, el pasado 24 de agosto: la primera es el estratégico papel que viene desempeñando la Secretaría de Marina mexicana en el combate al narcotráfico, función que ha sido avalada por el presidente de la República y quien ha colocado su confianza en este actor; y la siguiente es la llegada del embajador Anthony Wayne, quien trajo como agregado militar a un exmiembro de la tropa de elite del ejército estadunidense, quien además tiene experiencia en la lucha contra el terrorismo. Es así que el contraalmirante Colin Kilrain se ha convertido en el punto clave para entender la relevancia y la preocupación que representa México para el gobierno de Estados Unidos.
 
No sólo es importante advertir la confianza que el presidente Felipe Calderón tiene en la Armada de México, también el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su aprobación al papel que ha desempeñado. Existen múltiples ejemplos de los que podemos echar mano para mostrar el agrado que manifiesta la administración de Obama con las acciones exitosas realizadas por la Secretaría de Marina mexicana en el combate al narcotráfico. Señalamos lo anterior a partir de que el propio exembajador estadunidense en México, Carlos Pascual, señaló en 2010 que se capacitaba a 5 mil 500 efectivos de la Policía Federal y a cuerpos de elite del Ejército Mexicano y la Armada de México, con un costo que alcanzaba para 2011 los 21 mil 700 millones de pesos. Los llamados “donativos” han permitido la capacitación del cuerpo de seguridad mexicano bajo los estadunidenses International Narcotics Control and Law Enforcement (Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley), Foreign Military Financing (Financiamiento Militar en el Extranjero), Counter-Terrorism Financing (Asistencia de Lucha contra el Terrorismo) y Export Control and Border Security (Control de Exportaciones y Seguridad de las Fronteras).
 
Bajo este escenario, la Iniciativa Mérida –que al interior del gobierno mexicano se entiende como un nuevo paradigma para enfrentar el combate al crimen organizado– ha significado para Estados Unidos un pequeño avance, tal y como lo expuso Wendy Sherman, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, en febrero pasado durante la conferencia de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Así, el gobierno estadunidense reconoce avances pero no significativos, pues existen contingencias o errores tácticos donde existe un apresurado momento político que busca que los logros trasciendan la esfera policial o militar para situarse como éxitos de la administración de Felipe Calderón, y que buscaban impactar positivamente en su desempeño gubernamental. El caso de la aprehensión del supuesto hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, es uno de ellos.
 
Jesús Alfredo Salazar, Alfredillo, supuestamente fue detenido en Zapopan, Jalisco, en junio pasado, e incluso existieron felicitaciones por parte de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés). Sin embargo, la Procuraduría General de la República tuvo que negar que se tratara del hijo del capo. La Secretaría de Marina y el gobierno federal tuvieron que revertir el carácter festivo de la detención, ya que al final esta acción militar se convirtió en un elemento más de los errores que la administración federal tendría que absorber y asumir como “costo” en la campaña electoral de junio pasado.
 
En suma, las acciones militares han tenido en la DEA un gran aliado que ayuda en los operativos. Desde esa lógica se establecen acciones que han permitido que al cártel [de los hermanos Beltrán Leyva] que ocupa la “plaza” cercana al lugar de los hechos ocurridos el 24 de agosto se le haya dado uno de los golpes más duros de los que se pueda tener noticia en el sexenio de Felipe Calderón.
 
En diciembre de 2009, la muerte de Arturo Beltrán Leyva y los múltiples ataques han permitido que ese grupo delictivo sea el más combatido en el sexenio. Sus “plazas” han sido donde las acciones militares tuvieron mayor éxito. De hecho una de las hipótesis que empieza a circular señala que los miembros de la Embajada de Estados Unidos estaban realizando actividades encubiertas que pretendían conformar la estrategia de combate contra el cártel del Pacífico Sur.
 
Desde esta sintética revisión, entender lo que ha ocurrido en Xalatlaco nos obliga ahora a preguntarnos ¿qué actividad encubierta estaban efectuando los agentes estadunidenses? ¿Quién define y cómo se establecen los acuerdos de cooperación internacional entre México y, especialmente, Estados Unidos? ¿Sabía la comisión permanente del Congreso de las acciones encubiertas?
 
Finalmente, como lo establece el interesante artículo de Zósimo Camacho en Contralínea del pasado 5 de agosto, el documento Estrategia nacional contra la delincuencia organizada, que surge en diciembre de 2006 como el proyecto de política pública que Felipe Calderón se planteó para atacar el crimen organizado, nos invita a entender sus acciones y cómo asumió el presente gobierno federal la cooperación internacional con Estados Unidos que le permitiera la resolución contra el narco. Es así que se toma que la cooperación internacional –como una acción de responsabilidad compartida– podría ofrecer resultados exitosos; sin embargo, entendemos también que esta responsabilidad compartida que se plantea entre las naciones que viven el problema no es una acción suficiente ya que, retomando las tesis de Norberto Emmerich, la lucha contra el narcotráfico y las políticas de seguridad deben considerar que para entender el narcotráfico se requiere definir cinco problemas que transversalmente redefinen las agendas internas de los países involucrados, lo que implica que no es un problema de soberanía o de jurisdicciones lo que resuelve o hace viable los acuerdos internacionales. El narcotráfico como fenómeno social nos hace situarlo en cinco ejes:
 
1. El narcotráfico no es un asunto sólo de seguridad, sino también es político.
 
2. El narcotráfico se debe valorar no sólo bajo el esquema del impacto económico que representa, sino también como un actor político.
 
3. El narcotráfico es un problema global que en el ámbito nacional aprovecha las condiciones estructurales del país donde se asienta, para determinar su territorialización y expansión geográfica y financiera bajo esquemas de acumulación de capital.
 
4. El narcotráfico, por su propia estructura, tiene la capacidad de concentrar en sus manos los diversos tentáculos del crimen, pues es el gran articulador del crimen en amplios espacios del territorio. De esta manera debemos valorar el papel que ha jugado su intensificación y expansión en actividades que lógicamente estaban fuera de su influencia, es decir, su ingreso a actividades como son giros negros, la búsqueda de contar con casinos, el tráfico de personas, la búsqueda de las bolsas que reparte la Lotería Nacional como objetivo para lavar dinero, el financiamiento de campañas electorales, etcétera, son mecanismos de su brazo financiero ejecutor.
 
5. El narcotráfico por su propia lógica de reproducción rebasa las capacidades de las políticas de seguridad, lo que provoca el congelamiento de las decisiones gubernamentales vía los programas o políticas públicas ejecutadas, ya que la relación ley-policía-justicia-prisión son modelos que no contienen o limitan el avance e impacto que esta actividad ilegal tiene en la vida social.
 
La visibilidad y su capacidad camaleónica de encontrar en esferas distintas a las dominantes en su actividad criminal, el narcotráfico supera la capacidad de decisión y de combate por la propia lógica de la reproducción de la administración gubernamental. De esta manera, la política “apela a la excepción” como forma de reproducción. De ahí que la decisión se convierte en un mecanismo de respuesta siempre deficitario de información, o de lectura incorrecta: la acción gubernamental se traduce en prácticas reactivas, que buscan corregir las prácticas disruptivas. Ése es el sello de su capacidad de acción en el terreno público. Es así que el resultado del combate al narcotráfico se reduzca a atrapar a pequeños distribuidores u operadores como la “gran acción” de los gobiernos. Y dichas capturas son posibilitadas porque esos personajes detenidos se mueven en los espacios territoriales y del crimen atentatorio del orden social, es decir, su visibilidad permite subordinar los programas de seguridad a acciones reactivas de desestructuración, mas no de prevención o de buscar atacar con mayor eficiencia las finanzas del narcotráfico, que poco a poco ha logrado convertirse en una rama de la actividad económica de cualquiera de las naciones que se ven expuestas a sus tentáculos.
 
*Maestro en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y doctorante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM; profesor asociado “B” de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública
 
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