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Guatemala copia el “modelo México” de “guerra” contra el narcotráfico y obtiene los mismos resultados: incremento exponencial de las ejecuciones, violaciones masivas a los derechos humanos… Todo, mientras los negocios de la delincuencia organizada florecen como ninguna industria legal

 
Randy Saborit Mora/Prensa Latina
 
Guatemala, Guatemala. Aquí matar por un celular es un hecho recurrente, casi siempre relacionado con el narcotráfico o la criminalidad organizada, que prosperan como negocios rentables en la región más violenta del mundo, advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
 
Con más de 15 años desde la firma de los Acuerdos de Paz en esta nación, luego de un devastador conflicto civil de 36 años, la guerra de la violencia cotidiana hace que el guatemalteco camine desconfiado y ligero de equipajes por las calles con el temor de perder la vida en el minuto siguiente.
 

Espiral de violencia

 
El actual presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, prometió mano dura para combatir la inseguridad imperante, sin embargo, tras siete meses en el poder, una fuente oficial reportó 2 mil 887 asesinatos de enero a julio de este año. La mayoría, con armas de fuego.
 
Del total de muertes durante ese periodo, 2 mil 403 fueron consecuencia de agresiones armadas, señala un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) divulgado el pasado 13 de agosto.
 
Según el texto, en ese mismo lapso, otros 3 mil 466 individuos resultaron heridos, de los cuales 2 mil 285 sufrieron lesiones provocadas por armas de fuego.
 
Del 1 de enero al 18 de julio de este año la PNC decomisó 2 mil 370 pistolas, ametralladoras, revólveres, escopetas y fusiles de asalto.
 
La cifra de decomisos es ínfima en comparación con las 800 mil armas ilegales (dos terceras partes más que las legales) que circulan en territorio guatemalteco, destacan estimados de organizaciones no gubernamentales.
 
La cantidad de armamento ilegal en esta nación llega a 800 mil y entra por la frontera desde El Salvador, Honduras o provienen de México vía Belice, señala Carmen Rosa De León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, institución de la sociedad civil sin fines de lucro.
 
A su juicio, el tráfico de armas es consecuencia del desvío que se produce desde los ejércitos y las policías de América Central.
 
Por su parte, el ministro de Gobernación, Héctor López, admitió que casi el 85 por ciento de los crímenes en Guatemala se generan por embates armados, lo cual indica un incremento en el tráfico de esos artefactos.
 
De acuerdo con investigaciones de la PNC, en el mercado ilegal las armas se consiguen mucho más baratas que en los establecimientos legales de venta.
 
Las pesquisas de ese cuerpo policial relevan que adquirir una pistola de manera ilegal cuesta entre 2 mil 500 y 3 mil quetzales (de 316 a 379 dólares), mientras en una armería legal el mismo artículo está valorado en 6 mil quetzales (758 dólares).
 
 

¿Luz verde a la despenalización de drogas?

 
El mandatario Pérez Molina propuso la despenalización de estupefacientes, iniciativa impugnada por unos y apoyada por otros.
 
En tanto, el exjefe de Estado guatemalteco, Álvaro Colom, desestimó que la despenalización de narcóticos ilegales sea la solución para erradicar el consumo y el alto índice de violencia.
 
“Deben fortalecerse las políticas y los mecanismos de extradición para combatir el narcotráfico”, comenta a Prensa Latina durante el tercer Foro Esquipulas, desarrollado en esta capital recientemente.
 
Contrario a este criterio, Vinicio Cerezo (otro exmandatario guatemalteco) insta al Ejecutivo a dar luz verde al propósito de despenalizar los estupefacientes en el istmo:
 
“El presidente Pérez Molina debe seguir dándole aire y trabajando en profundidad su planteamiento inicial de la despenalización de las drogas, porque hay expectativas de diferente naturaleza para enfrentar este problema.”
 
Sintonizado con esa opinión, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Francisco Dall’Anese, es partidario de proporcionar el alucinógeno gratis al adicto con el objetivo de mejorar la seguridad en las calles.
 
Despenalizar la droga no convertiría al país en un destino de “narcoturismo”, opina Dall’Anese en el citado cónclave. Considera que el negocio quebraría para los criminales si el enfermo adquiere el estupefaciente en la farmacia.
 
Asimismo, el comisionado de la Cicig llama a apoyar la propuesta de Pérez Molina de crear una corte regional contra el narcotráfico, porque los Estados de manera individual no han podido combatirlo.
 

Fracaso de políticas de seguridad

 
La pregunta de por qué han fracasado las estrategias sobre seguridad regional puso a pensar a diversas personalidades durante el referido Foro Esquipulas.
 
El expresidente colombiano Ernesto Samper respondió esa interrogante con una frase del célebre físico Albert Einstein: “Es una locura seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes”.
 
Samper convidó a repensar la manera de trazar una política regional efectiva para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado en el istmo donde, según afirmó, circulan 300 mil armas ligeras ilegales.
 
Al respecto, el excanciller guatemalteco Edgar Gutiérrez sostuvo que el trasfondo de la derrota es haber desconocido la naturaleza económica del narcotráfico.
 
De su lado, el presidente del Instituto Internacional de la Cultura Democrática, Jorge Nieto, advirtió que no hay economía ilegal sin apoyo de la legal.
 
En ese sentido, ejemplificó cómo en México no han cancelado ninguna cuenta bancaria de los responsables de más de 60 mil asesinatos registrados en los últimos seis años a lo largo y ancho de su territorio.
 
Sin embargo, el viceministro de Gobernación de Guatemala, Arkel Rodríguez, consideró que si el asunto fuera sólo económico, los narcotraficantes serían los más ricos en este país.
 
Aseguró que el problema es multidimensional y precisó que el mandatario Pérez Molina ha sido enfático en generar oportunidades para los jóvenes y garantizar un hogar seguro.
 
Discordante de esa opinión, el promotor cultural Doryan Bedoya recordó cómo han visto a distintos gobernantes guatemaltecos hablar de políticas de juventud, que luego van a parar a un refrigerador.
 
El Ministerio de Cultura y los gobiernos municipales deben invertir al menos el 5 por ciento de su presupuesto en proyectos culturales, propuso Bedoya, director de la organización Caja Lúdica que desde hace 12 años trabaja en comunidades marginales.
 
Según el reporte 2011 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las tasas de homicidios llegan a 82 por cada 100 mil habitantes en Honduras, 65 en El Salvador y 40 en Guatemala.
 
Como causas del incremento de los números de delincuencia en la referida zona, la JIFE citó al narcotráfico, la violencia juvenil o pandillas callejeras y la amplia disponibilidad de armas de fuego.
 
Aparte de las temibles bandas de narcotraficantes, que emplean armas con calibres superiores a las de las fuerzas policiales, unas 900 maras (pandillas) operan en América Central con más de 70 mil miembros, apunta Naciones Unidas.
 
 
 
 
Fuente: Contralínea 300 / Septiembre 2012
 
 
 
 

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