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Un área natural protegida es el destino del cascajo y la basura que genera la construcción de la Supervía Poniente. El proyecto concesionado a las trasnacionales OHL y Copri por el gobierno de Marcelo Ebrard no sólo implica la tala de miles de árboles por los que correrá la carretera privada, sino también la destrucción de una extensa área de conservación ecológica en las faldas del Ajusco: las tierras del pueblo originario de San Nicolás Totolapan. Una vez destruido el bosque, se utilizará el cascajo para aplanar la zona y establecer negocios como gotchas y pulquerías, denuncian ejidatarios. El Gobierno del Distrito Federal asegura que los desechos generados por la Supervía sólo se depositan en “lugares autorizados” y que ya se han clausurado cinco tiraderos clandestinos en la zona

 
Una docena de perros se aprestan furiosos a la entrada del bosque. La intensidad de sus ladridos crece con cada metro avanzado. El grupo compuesto por alrededor de 40 ejidatarios y vecinos -entre ellos adultos mayores- recoge piedras para defenderse de los furiosos animales.
 
Los perros se acercan, acechan el paso. Se percibe hostilidad en el ambiente. Han caminado unos 200 metros desde la carretera sobre una brecha de tierra para introducirse en el bosque. Los perros se cansan y cejan en su intento por atemorizar.
 
De pronto, aparece una imagen bárbara en el paisaje: cientos de montículos de cascajo, tierra y basura emergen entre los árboles, mudos testigos de la destrucción.
 
Algunos con 10 metros de altura, han llegado a la mitad de la copa de los arboles. Los ejidatarios, indignados, empiezan a escalarlos para visibilizar mejor el tamaño del problema. La imagen los impacta.
 
Se trata del paraje Los Resumideros en la Reserva Ecológica Comunitaria San Nicolás Totolapan, perteneciente al ejido del mismo nombre, ubicado en los límites de la delegaciones Tlalpan y La Magdalena Conteras, en el kilometro 10 de la carretera Picacho-Ajusco, al Sur de la Ciudad de México. La reserva fue declarada bajo la categoría de Zona de Conservación Ecológica el 29 de noviembre de 2006 por el gobierno del Distrito Federal.
 
El objetivo de la declaratoria era claro: “Mantener los suelos, así como cuidar su permanencia, mediante la realización de actividades de mantenimiento que protejan y resguarden a la zona de mayores daños ambientales y ecológicos, con el fin de conservar y restaurar los recursos naturales con lo que aún cuenta el ejido”, según consta en el artículo cuarto del Decreto expedido por el gobierno del Distrito Federal.
 
El artículo séptimo del mismo, señala que está prohibido usar el espacio para el establecimiento de cualquier asentamiento humano irregular, la realización de actividades que afecten los ecosistemas del área, el depósito de residuos de cualquier tipo, y la interrupción o afectación del sistema hidrológico, entre otros.
 
 
El cuidado del bosque permitiría mantener la recarga de los mantos acuíferos, capturar carbono, generar oxígeno, mantener la biodiversidad, realizar actividades con fines de investigación, promover la educación ambiental, y la creación de zonas de esparcimiento para practicar turismo alternativo.
 
No obstante, la realidad es otra. Hace ocho meses los ejidatarios y comuneros de San Nicolás comenzaron a percibir la entrada irregular de camiones de volteo a la Reserva: “Los camiones llegan atascados de cascajo, basura y tierra y lo tiran dentro del bosque; sabemos que todo ese desperdicio lo traen de la Supervía”, comentan indignados los ejidatarios.
 
Contralínea documenta gráficamente las montañas de desperdicio que se levantan en medio del bosque; contrastan con la tonalidad verdosa del lugar, donde cientos de arboles has sido derribados por los camiones de volteo.
 
“¿Quién chingados permitió esto?” “¡Esto es un abuso inadmisible!” “¡Se están acabando nuestro bosque poco a poco!” “¿Qué les va tocar a nuestros niños?”, son algunas de las exclamaciones y cuestionamientos irritados de los pobladores más viejos de la comunidad. Se esfuerzan por no dejar salir las lágrimas.
 
Todavía se alcanzan a ver las huellas, aún frescas, del último camión que entró a tirar cascajo. Al lado de las montañas de tierras se pueden ver tirados escusados rotos, mezclados con la trastocada flora del lugar.
 
En medio de la destrucción sobresalen negocios de venta de cerveza y pulquerías, donde se observan señores sin playera que se embriagan y tiran basura alrededor. También se aprecian viviendas improvisadas con tablas, casi a punto de caer, pero todavía funcionales para sus habitantes que, curiosos, observan a los ejidatarios.
 
Juegos mecánicos descompuestos, oxidados y motores carcomidos y amontonados de tráileres ya son parte de la perturbadora escena.
 
El grupo parece no dar crédito a lo que ve. Antes de salir, los perros vuelven a acechar. Los pobladores -envueltos en la indignación- parecen no escuchar sus ladridos; quizá ya no les importa lo que puedan hacerles los desnutridos animales.
 
A lo lejos, los supuestos responsables de permitir que la zona se convierta en un tiradero vigilan el paso del grupo. Son familiares de José Camacho, a quien se le acusa de lucrar con el territorio de propiedad ejidal.
 
—¡Gerardo, llévate a esta gente de aquí! ¿A qué vienen? ¡Lárguense cabrones, esto no es de ustedes! –Le gritan en tono altanero a uno de los ejidatarios que acompaña al contingente que va de salida. Sus gritos se fusionan con los ladridos de los perros.
 

El recibo

 
Con el espíritu lánguido, el grupo no responde, pero a lo lejos alguien ve un camión de volteo: “¡Vamos a agarrarlo!”, claman recuperando los ánimos. Se olvidan de los perros y los gritos. Todos corren hacia la entrada e increpan al chofer.
 
Se le pregunta de dónde viene y quién lo deja entrar.
 
—Yo no sé nada, a mí sólo me paga mi patrón. Me dicen “ve a tirar a tal o cual lado”, pero hasta ahí –responde, con evidente nerviosismo, el chofer que se identifica como Francisco Alfredo Navarro Piña.
 
—Pero esto es lo que sacan de la Supervía, ¿no?
 
—Sí. Pues me dan un recibo y yo le pago a don José [Camacho] 150 pesos por camión que tiró; él recibe los pagos; ellos son los que nos dan chance. Ya he entrado varias veces y cuando se descomponen los camiones aquí los dejamos.
 
—¿Cuántos camiones entran al día?
 
—Más o menos como 15; pero si no podemos tirar aquí, pues nos vamos a otro lado, como Tláhuac.
 
El camión rojo con placas del estado de Michoacán MZ-45-954 porta en su parte lateral el logotipo del Sindicato Libertad  -encabezado por Hugo Bello-  y de la Controladora Vía Rápida Poetas.
 
A Controladora Vía Rápida Poetas se le concesionó la explotación, el aprovechamiento y la administración de la Supervía Poniente. Esta empresa se conformó con Obrascón Huarte Lain Concesiones México, SA de CV (OHL); Inmobiliaria Copri, SAPI de CV; y constructora Atco (Contralínea 191).
 
La empresa es representada por José Andrés de Oteyza, quien fuera titular de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial durante el sexenio de José López Portillo; después fue embajador de México en Canadá, y posteriormente presidente de OHL México.
 
 
El chofer del camión -en tono conciliador- explica que OHL y la Inmobiliaria Copri contrataron los vehículos para la tira de cascajo. Para demostrarlo, entrega un recibo -del cual este semanario posee copia-  a los ejidatarios.
 
El recibo 161235 del 30 de junio de 2012 es de la empresa de construcciones Noerma, contratada para el acarreo de los desperdicios. En éste, figura como cliente la Controladora Vía Rápida Poetas; y como obra, la Supervía. Asimismo, señala que la actividad que realiza es el acarreo de 16 metros cúbicos de escombro, En el apartado “observaciones” sólo se escribió “caseta Corena”, en referencia a la Comisión de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito federal (SMA).
 
La Secretaría de Obras y Servicios, a través de Salvador Martínez Silva, director de comunicación social de la dependencia, dice a Contralínea que el cascajo de la Supervía es tirado en Gravamex, un sitio autorizado ubicado en el Estado de México.
 
Además, “una parte del material de los túneles 4 y 5 se reaprovecha en el Programa de restauración del Suelo del Área Natural Protegida La Loma, por instrucciones de la SMA”.
 
Argumenta que los acarreos de cascajo están centralizados con una empresa que trabaja con tres sindicatos de transporte que llevan el material al lugar autorizado.
“El volumen del material es reportado en los informes mensuales entregados por la Supervisión Ambiental y contiene las boletas de control de los acarres, con los sellos en el origen y en el tiro. La Supervía Poniente no dispone de material en sitios no autorizados.”
 
Finalmente, señala que el material de las demoliciones tuvo como destino la planta de concretos reciclados en un porcentaje indicado por el resolutivo de la SMA.
 

La empresa no ha cumplido

 
La resolución administrativa SMA/DGRA/DEIA/004374/2010 en su página 25 señala que: “Con fundamento en el artículo quinto de la Ley Ambiental del Distrito Federal, se prohíbe la disposición final de cualquier tipo de residuo generado de la excavación y desarrollo del Proyecto en parques y jardines, plazas ajardinadas o arboladas, barrancas, jardineras, zonas con cualquier cubierta vegetal en vía pública, alamedas y arboledas y demás áreas análogas o sitios no autorizados por esta Autoridad”.
 
En la actualización del 30 de abril de la resolución, se señala que lo anterior no se ha cumplido por la empresa: “Se ha observado el manejo inadecuado de los residuos sólidos y residuos peligrosos en la mayoría de los frentes de trabajo. Los residuos de excavación en algunos frentes de trabajo se observan fuera del derecho de vía, lo cual se ha reportado a la coordinación ambiental de la constructora para que realice los trabajos de limpieza o las acciones correctivas para solucionar la situación”.
 
Trinidad Eslava y Gerardo Camacho, presidente y secretario del comisariado ejidal respectivamente, explican que pasarán decenas de años para recuperar lo perdido: “El daño hecho al ecosistema es muy grande; no se va a recuperar pronto. Son, por lo menos, 11 hectáreas de suelo de reserva las afectadas por la tira irregular de escombro.
 
“Con el cascajo se obstruye la filtración de agua a los mantos acuíferos y se interrumpe su ciclo; esto es un verdadero desastre; es una afectación a todo el bosque: el suelo, el agua, la flora y la fauna”, mencionan indignados.
 

Negocios redondos

 
El suspiro del aire se percibe fresco a pesar de estar a pocos metros del bullicio citadino de la carretera. La atmosfera hace parecer que el lugar abundante de ocotes, encinos y oyameles está enclavado en el corazón del bosque; sin embargo, es sólo la entrada a La Calavera, otra zona de la reserva ecológica.
 
El musgo del accidentado pedregal hace difícil caminar sin tropezar. El trino de las aves se mezcla con el sonido de las ramas que se rompen al caminar. De pronto una imagen rompe la fastuosa vista: montañas de basura, tierra y cascajo se aprestan a impedir el paso, resguardados por piedras -cuidadosamente colocadas-  y rejas metálicas.
 
El acceso es difícil: Rafael Sánchez, excomisariado ejidal de San Nicolás Totolapan, se encuentra resguardando el lugar y no permite el acceso a los ejidatarios. La situación se vuelve tensa.
 
De pronto, la discusión crece. Los cerca de 40 ejidatarios se niegan a regresar sin inspeccionar el daño ecológico que padece su bosque; mientras, familiares del excomisariado corren apresurados por pistolas de gotcha para impedir la entrada del contingente. A punto de iniciar una riña entre ambos grupos, se decide que se permitirá el acceso a los vecinos y ejidatarios, sólo si Rafael Sánchez los acompaña en el recorrido.
 
Miradas de tristeza y rabia son síntoma de la indignación de los habitantes del ejido que, lentamente, recorren la zona afectada.
 
Los habitantes acusan al excomisariado de cobrarle dinero a los camiones para que tiren el cascajo ahí: “El cascajo va aplanando el suelo, eso le sirve a Rafael para su negocio de gotcha. Gana con el cobro del tiro y también con la renta del lugar para el gotcha. No se vale”, comentan.
 
Después de varios minutos de recorrido por el bosque, se encuentran cientos de autos desvalijados y siniestrados,  acomodados en filas. La imagen, otra vez, impresiona a los de Totolapan: es un deshuesadero en medio del bosque resguardado por los hermanos Sergio, Isidro y Celso Gallegos Vértiz, los cuales rentan el espacio como depósito de chatarra, denuncian los ejidatarios.
 
Vehículos de las empresas Zeta Gas, Multipack y Sabritas aparecen en el ya socavado suelo donde se une el poco musgo, la tierra y el aceite de motor que emerge de los autos en los que el óxido sobresale.
 
Las llantas ponchadas, los parabrisas estrellados, baterías usadas, motores, radiadores y líquido anticongelante se mezclan con los oyameles, ocotes, encinos y zacatones.
 
El ruido de la compresora que utilizan para reparar los coches es ensordecedor. Sergio Gallegos tiene que decirle a un muchacho de unos 12 años que la apague para que el contingente escuche su reclamo.
 
Al igual que en Los resumideros y La Calavera surgen las mismas interrogantes: “¿Qué hacen aquí?” “¿Quién los dejo entrar?” “¡Esto no es suyo!”, vocifera, alterado, Sergio Gallegos.
 
Trinidad Eslava le explica que esta zona pertenece al ejido y no solamente a una persona y que sólo harán un recorrido por el lugar que es de todos, por lo cual no debe de impedir el paso.
 
Una vez más la misma imagen: cerros de cascajo y basura rompen la tranquilidad del paisaje.
 

Tradición de lucha

 
San Nicolás Totolapan es el ejido más grande del Distrito Federal. Comprende alrededor de 2 mil 200 hectáreas actualmente. El nombre náhuatl, Totolapan, se traduce al español como “En el agua de las aves”. La historia de despojo que ha padecido este pueblo se remonta a la época prehispánica.
 
Nahuas y ñañus poblaron lo que hoy se conoce como la sierra del Ajusco. Ahí comenzaron a desarrollar actividades que permitieron el florecimiento de la comunidad.
 
Hace 477 años -en 1535, 14 años después de la caída de Tenochtitlán-  los habitantes del lugar levantaron los títulos primordiales de su territorio que les pertenecían antes de la llegada de los españoles. El objetivo de presentar los títulos era asegurar la posición de ellos frente a los europeos.
 
Un año después, Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, otorgó la merced real: reconocía ante la corona española 7 mil varas radiales de territorio al pueblo.
 
En ese tiempo, la hacienda Eslava -asentada en el corazón del pueblo y de la cual todavía existen vestigios-s funcionaba con el sistema de caciques y peones. Los hacendados mantenían en situación de esclavitud a los trabajadores y cobraban precios elevados por la utilización de los recursos del bosque a sus propios habitantes.
 
No se podía disfrutar ni disponer libremente de la madera de los arboles, ni del agua de los ríos del bosque de coníferas. Por lo tanto, en 1782 hubo un alzamiento popular contra los hacendados, que dejó como saldo más represión y hacinamiento a los habitantes y también un mayor acaparamiento de los recursos por parte de la hacienda.
 
A principios del siglo XX el pueblo participó activamente en la Revolución Mexicana. Era una zona estratégica para el paso de las tropas revolucionarias que venían de estados del Sur y llegaban a la Ciudad de México.
 
Los habitantes -muchos peones y arrieros, familiares de trabajadores de la hacienda Eslava- apoyaron al bando zapatista: en sus casas, parcelas y bosque, ocultaban a las tropas rebeldes; incluso tropas de San Nicolás a cargo del general zapatista Genovevo de la O llegaron a explotar trenes que abastecían de armas al gobierno federal de aquella época.
 
En 1913 las tropas zapatistas y los habitantes de Totolapan tomaron la hacienda Eslava: administradores, caciques y hacendados fueron “ajusticiados” por los alzados.
 
El pueblo fue señalado por la prensa nacional de aquel tiempo como “madriguera de zapatistas”, en la que era difícil acceder las fuerzas federales, debido al desconocimiento y las complicaciones del inhóspito y frío terreno boscoso.
 
Los habitantes más sobresalientes en la lucha zapatista fueron Julián Gallegos y Pablo Vértiz, quienes llegaron a ocupar los grados de generales en el Ejército Libertador del Centro-Sur. Hoy, algunos de sus descendientes dejan pasar a los camiones que tiran el cascajo, acusan los ejidatarios inconformes.
 
En 1919 los habitantes solicitaron al gobierno de Venustiano Carranza la restitución de tierras comunales. Sin embargo, la Comisión Nacional Agraria se negó a reconocer sus títulos originales, en respuesta a la participación de los pobladores del lado zapatista.
 
Fue hasta 1939 que el gobierno otorgó al pueblo 2 mil 704 hectáreas. Pero, a partir de 1976 se comenzaron a expropiar varios terrenos. Ese año, la Comisión Federal de Electricidad expropió más de siete hectáreas.
 
Cuatro años después, la Comisión de Regularización de Tenencia de la Tierra (Corett) expropió casi 340. Y en 1990 fueron 142 hectáreas las que tomó dicha institución.
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se adjudicó 17.5 en 1993, pero aún el proceso está en trámite. Finalmente, en 1997 la Corett expropió 67.5 hectáreas. En ese sentido, el 95 por ciento de las expropiaciones han incorporado territorio a suelo urbano.
 
 

Deterioro ecológico

 
Los ejidatarios argumentan que el gobierno del Distrito Federal, al permitir la el depósito de cascajo en la reserva ecológica, está violando el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cuál señala que se “dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación y crecimiento de los centros de población; para preservar y resguardar el equilibrio ecológico”.
 
Además, explican que las delegaciones Tlalpan y La Magdalena Contreras son omisas en el cumplimiento de los artículos 158 y 163 de la Ley General de de Desarrollo Forestal Sustentable, ya que permiten el cambio de uso de suelo forestal.
 
También, señalan que los funcionarios cometen el delito de ejercicio indebido de servidor público, asentado en el artículo 214, 215 y 418 del Código Penal Federal, los cuales señalan que los servidores públicos deben de cuidar los lugares que se encuentren bajo su cuidado, no abusar de su autoridad, y no permitir el corte de arboles, respectivamente.
 
La SMA estaría violando los artículos 9 y 210 de la Ley Ambiental para El Distrito Federal.
 
En ese sentido, el jefe de gobierno del Distrito Federal, la SMA, las delegaciones Tlalpan y La Magdalena Contreras, la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con su omisión, violan los artículos 259, 343, 344, 345 y 345 Bis del Código Penal del Distrito Federal.
 
Los ejidatarios comentan que las autoridades de la SMA, a cargo de Martha Delgado, no los han atendido y sólo mandan funcionarios de bajo nivel que no tienen la autoridad para resolver el caso. La Fiscalía para Delitos Ambientales en el Distrito Federal, a cargo de Enrique Hernández Lugo, también ha hecho caso omiso para resolver el desastre ecológico.
 
Los ejidatarios explican que de continuar las afectaciones no sólo la flora sino también la fauna desaparecerán poco a poco. Cometan que en la reserva existen 357 variedades de plantas y 115 especies de animales vertebrados y 10 especies de reptiles.
 
 
 
Ya se han clausurado cinco tiraderos clandestinos: SMA
 
Jorge Fuentes, enlace de comunicación de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, explica a Contralínea que la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental ha realizado trabajos de vigilancia en coordinación con representantes del Comisariado Ejidal de San Nicolás Totolapan atendiendo múltiples denuncias; las cuales han motivado cinco clausuras en la zona por diversas contravenciones a las leyes ambientales.
 
“Estas clausuras cuentan con dos denuncias penales interpuestas por esta autoridad por los delitos de violación al estado de clausura, aparte de que representa el delito por depósito de material residual en suelo de conservación”, comenta el funcionario.
 
Señala que en el ejido realizaron tres operativos en 2011para recuperar el suelo de conservación dentro del área natural protegida que era utilizado como suelo habitacional; además, se llevaron a cabo “acciones puntuales para inhibir asentamientos y depósitos de tierra y cascajo”.
 
“El pasado 3 de agosto, se realizó un nuevo recorrido con representantes del Comisariado Ejidal y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial con el fin de iniciar a la brevedad acciones de remediación del predio afectado, encaminadas a resolver la problemática citada.”
 
Respecto a que se ha señalado que la tira de cascajo, tierra y desechos proviene de la Supervía, comenta que “haría falta una investigación más a fondo”.
 
No obstante, los representantes del Comisariado Ejidal señalan que dichas acciones sólo han alargado la solución al problema, toda vez que se sigue tirando cascajo en la zona a la vista de todos. “La dimensión del problema es más grande, no se puede solucionar con acciones pequeñas y poco contundentes”.
 
 
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Fuente: Contralínea 300 / Septiembre de 2012