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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gasta más de 1 millón 500 mil pesos en cuatro estudios de opinión para valorar la percepción de los ciudadanos respecto de su actuar en el proceso electoral 2012. Los estudios, cuyo gasto individual asciende a 385 mil pesos, se planearon para marzo, junio, septiembre y diciembre, revela información oficial obtenida por Contralínea. El TEPJF avaló la elección presidencial en medio de protestas ciudadanas que exigen la reposición del proceso y califican como un “fraude” la elección presidencial

 
La Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) gasta 1 millón 540 mil 108 pesos en cuatro estudios de opinión cuantitativos. El objetivo: conocer la percepción de los ciudadanos respecto de su actuación en las pasadas elecciones de julio, revela el Informe de seguimiento de requisiciones 2012, obtenido por Contralínea.
 
De acuerdo con los datos oficiales de la Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, por cada análisis, el erario pagará 385 mil 27 pesos. Los primeros dos estudios abarcaron el periodo preelectoral (marzo y junio de 2012) mientras que los dos últimos comprenderán un periodo poselectoral (septiembre y diciembre).
 
En el caso del análisis de septiembre, éste se realizará en un contexto de movilizaciones sociales que exigen al TEPJF  ordenar la anulación de la elección presidencial. Los argumentos de los inconformes: la presunta compra masiva de votos y los gastos que excedieron el tope presupuestal. Irregularidades que el movimiento de las “izquierdas”, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, atribuye en sus alegatos a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, y al candidato Enrique Peña Nieto.
 

El fallo del Tribunal, sin embargo, avaló la “legalidad” de la controvertida elección presidencial. Y es que antes de juzgar los elementos presentados a las autoridades electorales, el propio magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, advirtió el 2 de julio pasado que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”.
 
Así, el servidor público se adelantaba a la impugnación de la elección presidencial hecha por López Obrador, candidato de la coalición Movimiento Progresista.
 
Para el doctor John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, “las declaraciones de Luna Ramos fueron una grave irresponsabilidad que, desde luego, resta credibilidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
 
En entrevista, el experto en derecho electoral indica que “lo más grave es que no fue un simple exabrupto de su parte, sino un reflejo fiel de la lógica conservadora, minimalista y cómplice que predomina en el Tribunal Electoral”.
 
El autor del libro Autenticidad y nulidad agrega que si el TEPJF quiere recuperar “algo de prestigio”, tendría que transformar radicalmente su manera de entender el derecho electoral y asumir sus facultades legales; una de ellas, la anulación de las elecciones cuando las circunstancias así lo ameriten.
 
 

Temor en el Tribunal

 
Luego de dictaminar la “legalidad” de la elección presidencial, el 1 de diciembre próximo se dará el cambio en el gobierno federal. En ese mismo mes, el Tribunal Electoral evaluará la opinión que sobre su imagen tendrán los ciudadanos.
 
El doctor John Ackerman indica que “estamos ante un escenario muy similar al de 2006, cuando la falta de transparencia sobre la calidad del proceso electoral generó muchos problemas de legitimidad para Felipe Calderón Hinojosa. Solamente que en este caso la situación es peor, porque las acusaciones son más graves y el movimiento social es más amplio”.
 
Y es que las “protestas antifraude” –encabezadas por el movimiento estudiantil Yo Soy 132– han aglutinado a varios sectores inconformes con los resultados del proceso electoral, al cual califican como “ilegal e ilegítimo” por incurrir en delitos como la compra y coacción masiva de votos, los gastos excesivos de campaña e incluso el financiamiento a través de esquemas de lavado de dinero .
 
Respecto de las manifestaciones de inconformidad, el 23 de julio pasado, el magistrado Pedro Esteban Penagos López dijo que en la decisión del TEPJF “no influyen las declaraciones que en un momento dado pudieran hacerse a nivel de medios de comunicación; no influye como consecuencia, y esto lo digo con todo respeto, marchas, manifestaciones, ¿por qué?, porque el sistema democrático en México por voluntad del legislador quedó completamente arreglado”.
 
Sin embargo, al interior del Tribunal las protestas sí habrían generado temor y es en esas circunstancias en las que se habrían contratado los cuatro estudios de opinión. Como lo informó este semanario, los magistrados Luna Ramos, Penagos López, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar y Flavio Galván Rivera ordenaron blindar sus instalaciones, en particular la Sala Superior (ubicada en la avenida Carlota Armero 5000, Culhuacán CTM, Coyoacán), que es donde ellos sesionarán el día en que avalen la elección presidencial.
 
El argumento que esgrimieron los siete árbitros electorales fue que necesitaban garantizar su seguridad personal ante la violencia que asola al país. Protección Institucional fue el área que se encargó de contratar los servicios del blindaje, con un costo por alrededor de 300 mil pesos. A este monto se le sumaron otros 38 mil pesos para “acorazar” la puerta, mecanismo que resiste desde disparos de bazucas y hasta bombazos (Contralínea 292).
 
El blindaje también se extendió a los vehículos que les paga el erario a los magistrados. Previo al proceso electoral de julio pasado, estos servidores públicos se autorizaron camionetas blindadas modelo Gran Cherokee, con un valor aproximado de 1 millón 500 mil pesos; ello, a pesar de que cada uno tiene ya a su disposición dos automóviles que paga el erario del Tribunal Electoral, incluida la gasolina, la reparación y el mantenimiento, como informó la columna Oficio de papel , publicada el 25 de junio de 2012 en Contralínea 290). Cada magistrado, incluso, recibió un bono por riesgo de medio millón de pesos tres días antes de las elecciones presidenciales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas de seguridad

 
El Informe de seguimiento de requisiciones 2012 revela más gastos del Tribunal Electoral en materia de seguridad. Uno de ellos es la compra de cinco “equipos regionales para continuidad de operación de la seguridad perimetral”.
 
Asiami, SA de CV, fue la empresa contratada para el “licenciamiento y mantenimiento anual a equipos de seguridad perimetral”, y el costo ascendió a 607 mil 527 pesos.
 
A inicios de este año, el TEPJF también contrató a la empresa Sistemas de Vigilancia y Seguridad Especializada por 755 mil 716 pesos, para el servicio de “seguridad y vigilancia de las instalaciones”.
 
Otros convenios firmados en 2012 son para el mantenimiento de sus sistemas de seguridad ya existentes. Entre éstos, dos signados con Controlsec, SA de CV, para el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de rayos X y los arcos detectores de metal. Uno de ellos por 125 mil 489 pesos, el otro por 302 mil 131.
 
También se cuenta la contratación de Marco Antonio Pale López para el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de control de acceso, por 49 mil 938 pesos.
 
Los automóviles y las camionetas de los magistrados no sólo cuentan con blindaje, sino también con tecnología sofisticada para su localización. Este año, el Tribunal ha firmado cuatro contratos con Car Mart Comunicaciones, SA de CV, para el servicio de localización satelital y radiolocalización de vehículos. Los costos ascendieron 227 mil 692 pesos en total: 109 mil 926 (localización satelital); 103 mil 248 (radiolocalización), 8 mil 296 (satelital) y 6 mil 222 pesos (radiolocalización).
 
El próximo 6 de septiembre vence el límite para que el Tribunal Electoral emita su fallo sobre la elección presidencial, y desde mediados de agosto pasado, varios sectores sociales se declararon en alerta ante la “previsible imposición de Peña Nieto”, en particular el movimiento estudiantil Yo Soy 132.
 
 
 
Outsourcing, en el Tribunal Electoral
 
En el primer trimestre de 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmó 18 contratos que recurren a la figura del outsourcing, a pesar de que las subcontrataciones están prohibidas en la ley laboral. Se trata de los servicios de limpieza y de jardinería, que involucran un gasto total más de 18 millones de pesos.
 
 
 
 
 
 
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Fuente Contralínea 300 / Septiembre de 2012