Ex gobernadores, ex alcaldes y hasta funcionarios de la actual administración estatal (incluyendo a sus familiares), han sido señalados en las primeras planas de estos periódicos como prestanombres de grupos delincuenciales.

El problema es que, sin excepción, cada uno de los políticos que se dice están ligados con los criminales, pertenecen a las filas del Partido Revolucionario Institucional.

Curiosamente, ninguna de las filtraciones de los supuestos testimonios de los testigos protegidos (bandidos quienes venderían hasta a su propia madre por ver reducidos sus tiempos de encarcelamiento), mencionan como cómplices del crimen a funcionarios pertenecientes a las muchas administraciones panistas que han existido en la entidad.

Además, no hay que perder de vista que en política la forma es fondo, y las notas periodísticas que juzgaron y condenaron a estos políticos priistas, comenzaron a surgir semanas antes del arranque del proceso electoral.

¿Más detalles curiosos? La primer víctima de esta andanada de rumores y notas sin confirmar fue el ex gobernador, Manuel Cavazos Lerma, quien de inmediato denunció que esta campaña era parte de una vieja estrategia panista que desde hace años ha intentado (sin éxito) de desprestigiarlo.

Incluso, una investigación periodística realizada por el periódico Hora Cero, demostró que la fuente de algunas de las filtraciones realizadas en contra del ex gobernador y un grupo de funcionarios estatales, eran unos documentos falsificados.

De unas semanas a la fecha, el ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba fue literalmente crucificado en los medios de comunicación, al ser señalado como beneficiario del cobro de millonarias cuotas de grupos criminales.

Uno a uno, ex colaboradores del ex mandatario fueron detenidos, sus propiedades cateadas y dos de ellos llegaron a permanecer más de 80 días encerrados bajo el vetusto esquema del arraigo que, básicamente, es que la autoridad te priva de tu libertad en lo que encuentra las pruebas en tu contra para, entonces, privarte de tu libertad.

Sin embargo, como se ha vuelto una costumbre en estos casos, las acusaciones de la Procuraduría General de la República se han venido abajo por la falta de pruebas en contra de los indiciados.

Uno a uno, aquellos que han sido detenidos, mancillados moralmente y tratados como delincuentes, han abandonado la cárcel sin recibir, siquiera, una disculpa por parte de las autoridades.

Como si fuera un acto de magia, las acusaciones que un día llenaron las primeras planas de los periódicos han ido desapareciendo, sin que nadie ofrezca una explicación de por qué se puede lesionar a una persona con tanta impunidad.

Hoy, se ha agregado a la lista de presuntos cómplices de la delincuencia los nombres de un grupo de ex alcaldes de la ciudad de Matamoros y Reynosa.

Siguiendo el mismo modus operandi (que ha demostrado ser un verdadero fracaso), surgen notas que hablan de pagos ilegales, tratos en lo oscuro y arreglos tenebrosos… verdaderas novelas que serían la envidia de Agatha Christie.

Si las cosas siguen su curso normal, en unas semanas veremos cómo, después de detenciones ilegales y escarnio público, éstos ex alcaldes y algunos de sus colaboradores van a ser liberados de toda culpa sin que nadie les diga, siquiera , “perdón… nos equivocamos”.

Y una aclaración: aquí no se trata de defender a nadie. Investigaciones periodísticas mucho más serias han demostrado que personajes como Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores tienen varios “pecadillos” cometidos durante su administración de los dineros de los tamaulipecos, mismos que merecen ser investigados por las autoridades.

Si en verdad se desea aplicar la justicia, hay tela de dónde cortar.

El problema es que para esta administración panista, la procuración de justicia no más que un arma para agredir al contrincante político.

Cuando se tiene un motivante tan vil, el resultado siempre será el fracaso.