Por Gerardo Ramos Minor

Reynosa, Tamaulipas

 

Para la Procuraduría General de la República (PGR), el sexenio de Felipe Calderón ha sido de vergüenza y olvido.

Durante los últimos seis años, la dependencia encargada de la procuración de justicia en el país, ha incurrido en graves errores en casos de alto perfil que no sólo le han ganado el escarnio público, sino que también han permitido que algunas personas que han sido señaladas como presuntos delincuentes, hoy gocen de su libertad.

EN años recientes la dependencia ha tenido que trabajar bajo la sospecha pública de que está siendo utilizada como un arma de castigo político, pues la mayor parte de los casos que le ha tocado manejar y echar a perder, corresponden a personajes que están relacionados ya sea con el Partido de la Revolución Democrática o el Revolucionario Institucional.

La primera y quizás una de las más recordadas pifias de la PGR es conocida como “el michoacanazo”, y consistió en el arresto y encarcelamiento de once presidentes municipales, 16 funcionarios estatales y un juez del estado de Michoacán en el año 2009.

En un impresionante operativo, en el que participaron elementos de la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano, estas personas fueron detenidas y trasladadas a penales federales donde se les abrió un proceso penal por presuntos nexos con la delincuencia.

Desde el primer momento, el entonces gobernador de extracción perredista, Leonel Godoy, denunció que este caso tenía tintes políticos pues la mayor parte de los aprehendidos militaban en las filas del Partido de la Revolución Democrática.

Lo más vergonzoso de todo este caso, es que poco a poco las acusaciones en contra de los detenidos se fueron cayendo por falta de pruebas y, a la fecha, todos los involucrados ya se encuentran en libertad.

El principal error de la PGR fue utilizar como base de sus acusaciones las versiones de los llamados “testigos protegidos”, como se les conoce a los delincuentes que aceptan colaborar con las autoridades a cambio de reducciones en su condena.

Esta colaboración consiste en delatar a funcionarios públicos quienes, supuestamente, recibieron beneficios por parte de bandas delincuenciales.

Sin embargo este esquema ha demostrado su fragilidad, pues a la fecha la mayoría de las personas que son detenidas por el testimonio de un “testigo protegido” logra sortear las acusaciones en su contra por la falta de evidencias.

 

EL CASO TAMAULIPAS

 

Generalmente, las acciones de la PGR en contra de funcionarios y ex funcionarios tamaulipecos venían precedidas de una serie de filtraciones publicadas en medios de comunicación.

Sin embargo, en ocasiones, se demostró que estas notas estaban basadas en documentos falsos que únicamente buscaban desprestigiar a figuras

del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Un ejemplo son los documentos presentados por el periódico texanos The Monitor de McAllen, Texas, que el 11 de febrero pasado presentó un reportaje sobre una supuesta investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de 39 funcionarios de la actual administración tamaulipeca.

La citada nota, redactada sin firma, en inglés y que tiene como título “Tamaulipas officials under investigation by Mexican, U.S. agencies” (Oficiales de Tamaulipas bajo investigación por agencias mexicanas y norteamericanas), se basa en una oficio fechado el 24 de enero de este año que resultó ser falso.

En el citado documento, Juan Manuel Llera Blanco, coordinador de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia de la República, envía al titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) “una lista de Servidores Públicos de la Administración 2011-2016 del Gobierno del Estado de Tamaulipas, quienes están siendo investigados por la Procuraduría General de la República”.

De acuerdo al oficio apócrifo, que cuenta con el supuesto folio F-6582602-2012, este listado “tiene relación con el expediente PGR/UIEDF/UEIDCSPCAJ/3054-57A/2011. Donde se señala la participación de funcionarios, de la administración pública de Tamaulipas. Como cómplices y operadores en la investigación que se le sigue al ex gobernador Eugenio Javier Hernández Flores (sic.)”.

El problema es que este oficio es falso, lo que fue confirmado por el propio Llera Blanco, actual secretario Ejecutivo de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima), una dependencia recientemente creada por el gobierno Federal.

Entrevistado vía telefónica, el funcionario no sólo rechazó ser el autor de ese oficio, sino que dijo que es “imposible” que lo hubiera redactado pues el 24 de enero de este año (fecha cuando supuestamente se elaboró), ya tenía más de tres meses de haber abandonado su puesto como coordinador de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia de la República.

“Rechazo categóricamente ser el autor de ese documento”, expresó.

Para el ex gobernador, Manuel Cavazos Lerma, una de las personas involucradas en este escándalo, esta acción forma parte de la “guerra sucia” que el PAN ha ejercido en su contra desde hace años.

“Esto no es un hecho aislado, esto es prácticamente una costumbre”, dijo.

Y añadió: “Esa tendencia de usar la guerra sucia y la guerra negra ya era manifiesta, pero en donde no tuvo nombre fue en el año 2006, en la elección de Jalisco, donde yo era delegado.

“Nuestro candidato a la gubernatura (Arturo Zamora Jiménez) era un hombre probo, íntegro, impecable, maestro universitario, notario ameritado y le echan encima a la PGR con una serie de infundios, uno tras otro, tras otro, tras otro, incluso violando la ley”, sentenció.

 

INICIA LA OFESIVA CONTRA TOMAS

 

La estrategia de atacar a ex funcionarios tamaulipecos por medio de notas basadas en hechos, también alcanzó al ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba de quien se dijo, había sido detenido en la Isla del Padre el pasado 9 de febrero.

“Agencias federales en los Estados Unidos no confirmaron el arresto. Sin embargo, oficiales de ambos lados de la frontera, que no estaban autorizados para hablar públicamente, dijeron que Yarrington había sido detenido como parte de una investigación conjunta entre Estados Unidos y México”, publicó el medio texano.

Sin embargo, el 17 de febrero (seis días después de que se publicó el reportaje), el ex gobernador Yarrington Ruvalcaba no sólo reapareció ante la opinión pública y rechazó haber sido detenido, o que se encuentre escondido o prófugo de la justicia.

“No estoy desaparecido ni tampoco detenido y mucho menos prófugo de la justicia (…) Estoy en Estados Unidos y si en verdad la (agencia anti drogas) DEA tuviera algo en mi contra, ya me hubiesen agarrado. Si el gobierno norteamericano localizó a Bin Laden, imaginen lo que me sucedería a mí”, dijo.

Yarrington Ruvalcaba insistió en que estas filtraciones forman parte de la “guerra sucia” que se ha estado realizando desde hace varias semanas para “golpear al PRI”, sus militantes y próximos candidatos a un cargo de elección popular.

El ex gobernador manifestó que estas prácticas no sólo buscan destruirlo políticamente, sino que también quieren afectarlo en lo personal.

“No me opongo a que me investiguen, sólo quiero respeto. No quiero ser atropellado, ahora ni nunca. No se vale que por medio de filtraciones se destroce el nombre, la reputación de un hombre y su familia sin que haya sustancia.

Estamos en el peor de los mundos: hoy en la mañana dijeron que estaba arrestado o que me había entregado. Ayer  fui condenado y no hay averiguación”, reclamó.

 

MAS ACUSADOS

 

Aunque quedó comprobado que las filtraciones en contra de los ex gobernadores tamaulipecos estaban basadas en mentiras, la ofensiva en su contra no cesó, sino que incluso se incrementó.

Todo inició como un devastador rumor que sacudió a la clase política tamaulipeca, que no ocultó su sorpresa al enterarse de que de un Ministerio Público Federal había solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que registrara y le informara de todos los viajes y salidas al extranjero de tanto los tres ex gobernadores, como los integrantes de una lista conformada por más de 40 integrantes del mundo de la política y la iniciativa privada.

De hecho, los primeros datos aseguraron que existía una alerta migratoria en contra de Cavazos Lerma, Yarrington Ruvalcaba y Hernández Flores, quienes incluso tenían prohibido abandonar el país.

De inmediato, las sospechas sobre quién pudo haber sido el responsable de filtrar ese documento a los medios recayeron en Gilberto Estrella Hernández, delegado de la SCT en Tamaulipas, activo militante panista y personaje muy cercano al ex alcalde de Reynosa, Francisco García Cabeza de Vaca.

Y aunque el delegado intentó deslindarse de la filtración de esos documentos, la sospechas persisten, pues estas comunicaciones intersecretarías tienen que pasar por su escritorio debido a su investidura.

El primero en salir ante los medios de comunicación fue Cavazos Lerma, quien dijo desconocer por qué la PGR ha iniciado una averiguación previa en su contra.

En conferencia de prensa, el senador electo aseguró que en lo personal tiene su conciencia tranquila, pues “no debe nada”.

Ante ello, no tiene intenciones de renunciar a su candidatura a la Cámara Alta.

“No tengo ni la remota idea (por qué se le investiga), pero el que nada debe nada teme”, sentenció.?

Cavazos Lerma adelantó que va a contrademandar al gobierno Federal, quien esta usando la información judicial (que se supone debe de ser secreta), para desprestigiar al Revolucionario Institucional y sus candidatos.

“Parece lamentable que se haga -aparentemente- este uso indebido de instrumentos del Estado con propósitos político-electorales.

“Es sospechoso y sistemático que en pleno proceso se haga esta situación. Hay elementos de duda que pretenden empañar la imagen de un priista y de varios priistas. “No es la primera vez que se usa el aparato de la procuración de la justicia con propósitos de proselitismo”, enfatizó.

Por su parte Tomás Yarrington volvió a defenderse, pero ahora por medio de las redes sociales. En su cuenta de Twitter (@TomasYarrington) el ex mandatario tamaulipeco escribió: “Me entero de que mi nombre aparece en una alerta migratoria. Espero que la autoridad aclare el motivo y los alcances de la misma”.

Posteriormente correspondió a Eugenio Hernández Flores responder a las filtraciones de la PGR, al asegurar que no le ha llegado ningún requerimiento oficial con respecto a la supuesta alerta migratoria.?

“No tengo ninguna información oficial al respecto de esta alerta migratoria”, sentenció.

El ex gobernador de Tamaulipas emitió un comunicado de prensa fechado en la Ciudad de México, en el cual afirmó que se ha enterado de esta situación a través de los medios de comunicación.?

“No se absolutamente nada sobre el motivo que haya provocado esta alerta migratoria que tengo entendido es solamente para monitorear los movimientos de los enlistados y no restringe la salida del país”, indica el documento.?

Mencionó que está “como siempre” a la orden de la autoridad para hacer cualquier aclaración respecto a cualquier investigación que se lleve a cabo, “pidiendo solamente imparcialidad y que no se politice el tema por asuntos electorales”.

 

SE RETRACTA GOBIERNO FEDERAL

 

Un día después de las filtraciones, el gobierno Federal -por medio de un comunicado conjunto de la PGR y la SCT-, aclararon que no existe ninguna alerta migratoria o prohibición para que los ex mandatarios tamaulipecos pudieron salir del país.

En un comunicado conjunto publicado en el portal de la Procuraduría Federal, se confirmó que existe una averiguación previa que involucra a los priistas tamaulipecos, sin embargo no se ha dicho qué delitos se investigan o si los ex mandatarios aparecen como testigos o indiciados.

En su boletín la PGR aclaró que solicitó a Comunicaciones y Transportes información sobre registros de entrada y salida del país de distintos ciudadanos, entre los que se encuentran los ex mandatarios tamaulipas, además de algunos integrantes del mundo político y empresarial.

La Procuraduría explico que las versiones de la alerta migratoria surgieron después de que el comandante del aeropuerto de Tampico pidió el apoyo del Instituto Nacional de Migración para no autorizar la salida del país de los ciudadanos incluidos en la petición del Agente del Ministerio Público, sin embargo -agregó la PGR- “dicho servidor público se extralimitó en sus funciones, por ha sido separado de su cargo”.

Por su parte el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, también reconoció que las versiones de que existía una alerta migratoria “fue un error” de un funcionario de la SCT.

Y aunque al final y ante la inminencia de las campañas políticas la dirigencia del PRI decidió dejar solo a Tomás Yarrington, el dirigente nacional del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que en una democracia estas conductas son “inadmisibles”. ?

“La difamación y la filtración mal intencionada de posibles investigaciones son ilegales y corresponden a prácticas de un gobierno autoritario, quien en años recientes ha dado claros ejemplos de estas actitudes en entidades donde se van a realizar elecciones y los candidatos del tricolor van a la delantera”, sentenció.?

Y agregó: “El PRI no defenderá a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco acepta el manejo faccioso de la justicia, por lo que basta ya de usar los instrumentos de la justicia con fines electorales”.

 

CATEOS Y DETENIDOS

 

Conforme fueron pasando los meses, la presión en contra de Yarrington Ruvalcaba fue incrementándose, al grado de que algunos personajes como el empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza, Eduardo Rodríguez Berlanga y Zonia de Pau, esposa del empresario constructor, Fernando Cano; fueron detenidos y puestos bajo arraigo por la PGR.

De acuerdo a las autoridades, todas estas personas habían servido como prestanombres del ex gobernador para actividades de lavado de dinero.

Al mismo tiempo, elementos de federales, apoyados por el Ejército Mexicano, catearon en diversas ocasiones oficiales y propiedades del ex gobernador, Eugenio Hernández Flores, quien nunca fue acusado formalmente de algún delito.

Tras 80 días de encierro, cada una de las personas que fueron señaladas como delincuentes fueron puestas en libertad por falta de pruebas.

Y aunque se dijo que había una orden de aprehensión en contra de Yarrington Ruvalcaba, esta versión se acabó diluyendo… como el resto de las acusaciones.

 

AHORA CONTRA LOS ALCALDES

 

Tras el fracaso del caso Yarrington/Hernández Flores, nuevas filtraciones periodísticas hacen pensar que la PGR ha puesto su mira en contra de ex alcalde tamaulipecos de extracción priista.

Una nota de El periódico El Norte, asegura que un supuesto testigo protegido identificado con el nombre clave de “Oscar”, aseguró que los ex presidentes municipales de Reynosa, Humberto Valdez Richaud y Serapio Cantú Barragán, además de los de Matamoros, Mario Zolezzi García y Baltazar Hinojosa Ochoa, recibieron dinero de la delincuencia.
"Óscar" indicó en su declaración que a partir de 1998 él se encargó de entregar “maletas con dinero” a los ex alcaldes, hechos que, incluso, fueron presenciadas por el ex gobernador Tomás Yarrington.

Al igual como ha sucedido con el resto de los casos, ninguna de estas acusaciones fue sustentada con pruebas.