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A pesar de las irregularidades en que incurrió Mexlub, y que significan pérdidas económicas para Petróleos Mexicanos por casi 40 mil millones de pesos, la subsidiaria Pemex Refinación decidió iniciar una “nueva relación” comercial con la empresa. En 20 años de sociedad, Mexicana de Lubricantes nunca reportó a la paraestatal un sólo centavo de ganancias

 
El caso de Mexicana de Lubricantes (Mexlub) es un ejemplo de que la asociación de Petróleos Mexicanos (Pemex) con capital privado no es garantía de eficiencia y transparencia ni es la panacea para su desarrollo. Luego de casi dos décadas, tres sexenios, varios directores corporativos y pérdidas económicas en perjuicio del erario por 40 mil millones de pesos, el Consejo de Administración de Pemex Refinación acordó “el restablecimiento de la vida corporativa y comercial en Mexlub, sin que implique ningún tipo de impunidad jurídica”.
 
En la sesión del 21 de agosto pasado –prevista para el miércoles 22, pero que se adelantó por la agenda del director general de Pemex, Juan José Suárez Coopel– el Comité de Auditoría y Evaluación de Desempeño (grupo de profesionales independientes de la paraestatal) avaló la propuesta que presentó el titular de la Oficina del Abogado General (OAG) de Pemex, Marco Antonio de la Peña Sánchez, sobrada de irregularidades en que habría incurrido Mexlub, como se adelantó en el Semanario Contralínea edición 37, del 19 de agosto de 2012.
 

Entre las anomalías destacan: el desistimiento de todos los juicios penales, mercantiles y laborales, sin reserva de acción alguna de las partes; solventar los créditos irregulares otorgados por Mexlub a otras empresas y los contraídos con bancos; dictámenes fiscales de Mexlub no presentados ante el Servicio de Administración Tributaria; adeudos a cargo y garantías otorgadas por esta empresa a Sultana de Lubricantes y Lubrimar, y presentados como “operaciones normales”; o desistimiento de la denuncia penal por administración fraudulenta en contra de Salvador Martínez Garza, presidente de Mexlub.
 
Además, la Comisión Federal de Competencia emitió una resolución por la que se acreditó la comisión de prácticas monopólicas por parte de Pemex Refinación, debido a los contratos de exclusividad contenida en los contratos de franquicia con Impulsora Jalisciense, dueña de la marca Mexlub.
 
Mexicana de Lubricantes se constituyó el 19 de enero de 1993. El contrato de coinversión fue firmado por Fernando Manzanilla Sevilla, entonces director general de Pemex Refinación, y Martínez Garza, administrador único de Impulsora Jalisciense. Pemex Refinación adquirió 147 mil acciones de la serie B de la empresa, por una suscripción total de 176 millones 204 mil pesos; en cambio, 153 mil acciones de la serie A, por un monto de 183 millones 396 mil pesos, estuvieron a cargo del otro socio.
 
En el lucrativo negocio de lubricantes el problema estriba en que aún cuando Pemex posee el 49 por ciento de las acciones, en los 19 años de existencia de la compañía, la paraestatal quedó al margen de toda decisión y, peor aún, no ha obtenido ni un solo peso de ganancia. Las pérdidas ascienden a casi 40 mil millones de pesos.
 
Entre los asuntos comerciales propuestos por Mexlub para el cierre del conflicto está un contrato de venta de primera mano de aceites básicos (paranínficos y nafténicos), donde Pemex Refinación se obliga a suministrar a Mexicana de Lubricantes 4 millones 500 mil litros (por mes) durante un lapso de 10 años; la extinción de la obligación de exclusividad de venta de lubricantes, la terminación del contrato de maquila y la apertura de una licencia de uso de marcas.
 
Al estampar su firma en el acuerdo, los miembros del Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño de Pemex avalaron el acuerdo para dar por concluido el contrato de coinversión entre ambas empresas, cuyo clausulado el propio Comité independiente desconoce, por lo que habrían incurrido en responsabilidad sancionada por la Secretaría de la Función Pública.
 
La propuesta de la Oficina del Abogado General de Pemex, cuyo titular es Marco Antonio de la Peña Sánchez, fue dada a conocer al Comité independiente el 15 de febrero pasado, denominada propuesta de la Administración de Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación para el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes, de conformidad con el acuerdo CA-070/2011 del Consejo de Administración del 5 de julio.
 
Para dar cauce a la propuesta, el Consejo de Administración de Pemex mandató la creación de un comité especial en la asamblea de accionistas de Mexlub, celebrada el 27 de julio de 2010, informe contenido en la exposición que realizó el titular de la OAG de la paraestatal ante los miembros del Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño el 15 de febrero de 2012, en el que se abordaron las múltiples irregularidades de Mexlub.
 
En el Informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación considera que Pemex Refinación no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, por lo que el dictamen de la revisión financiera y de cumplimiento 10-1-18T4M-02-0731 fue negativo (Contralínea 288).
 
En los estados financieros de 2010, Pemex presenta 157 millones 93 mil pesos por acciones en Mexicana de Lubricantes; además, una reserva del 80 por ciento (más de 600 millones de pesos), que no fue sustentada. La inversión del ente gubernamental en Mexlub, hasta el momento, ha sido infructífera e inútil: no ha obtenido dividendo alguno.
 
 
A partir del 15 de diciembre de 2004, los contratos se suspendieron debido a las resoluciones dictadas por la autoridad judicial. Desde entonces, transcurrieron casi ocho años y Pemex Refinación no llevó a cabo acciones suficientes en el seguimiento de este asunto. Hay 14 juicios, algunos de ellos aún bajo el escrutinio del Órgano Interno de Control y de la Procuraduría General de la República, por premeditada negligencia de funcionarios adscritos a la Oficina del Abogado General.
 
Gabriel Reyes Orona, director de Transparencia Nacional, define el caso de Mexlub como “uno de los cinco que más ha impactado las finanzas de Pemex”. Destaca el papel de los abogados de Pemex, quienes, “se vieron implicados en omisiones y actos deliberados para que el asunto fuera contrario a Petróleos Mexicanos” (Contralínea 288).
 
Así, dice el especialista, el caso de Mexlub es un ejemplo de que la asociación de Pemex con capital privado no es garantía de eficiencia y transparencia, ni es la panacea para su desarrollo.
 
Sin duda el negocio petrolero ha sido redituable, tanto que el director de Mexlub se hizo dueño de uno de los equipos de futbol más taquilleros del país, el emblemático Club Deportivo Guadalajara (conocido popularmente como las chivas rayadas), equipo que conoció como patrocinador de la marca Texaco que el rebaño sagrado portó impreso en la parte frontal de sus playeras durante la temporada 1993-1994. Aficionado a este deporte y cierto del lucro que éste representa, el socio de Pemex proyectó en 2011 la compra de otro equipo, el Atlas o los zorros rojinegros, cuya marca está valuada en 60 millones de dólares (Contralínea 288).
 
La propuesta, presentada ahora por las administraciones de Pemex y Pemex Refinación, ha sido respaldada por el Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño: José Fortunato Álvarez Enríquez, presidente, Fluvio César Ruiz Alarcón y Héctor Moreira Rodríguez, vocales, miembros con voz y voto.
 
Álvarez Enríquez, en la 32 Sesión Ordinaria del Comité realizada el 15 de febrero pasado, señaló: “Estimo conveniente establecer un convenio con Impulsora Jalisciense, con la orientación a que Pemex Refinación no tenga desventajas, más de las que ya ha obtenido, reconociendo que ha habido una administración en Mexicana de Lubricantes, si bien no reconocida como fraudulenta, sí irresponsable y ventajosa al actuar de manera unilateral sin tomar en cuenta al socio minoritario”.
 
En su boletín 48/2012 del 21 de agosto pasado, titulado “Se reúne el Consejo de Administración de Pemex Refinación”, la paraestatal da cuenta de los acuerdos aprobados en la sesión, entre los que destacan: “reiniciar las sesiones periódicas del Consejo de Administración de Mexicana de Lubricantes, revisar y aprobar los estados financieros que estén pendientes, determinar el cobro de dividendos para recuperar capital y realizar la apertura del mercado de lubricantes en las estaciones de servicio.
 
También se acordó implementar medidas de gobierno corporativo que garanticen a futuro los derechos de minoría de Pemex Refinación, así como establecer controles que mejoren la vigilancia, la rendición de cuentas y el desempeño de la empresa a fin de optimizar las  inversiones.
 
En este sentido, Petróleos Mexicanos asegura que se constituirán un comité de auditoría y un  comité de remuneraciones, cada uno de ellos presidido por un consejero independiente. Asimismo, Pemex Refinación designará a un subdirector de Finanzas en Mexicana de Lubricantes.
 
 
 
      
 
 
 

Violaciones al Contrato de Coinversión Pemex-Mexlub

 
Al ratificar el Comité de Auditoría y Evaluación de Desempeño la ratificar el Comité de Auditoría y Evaluación de Desempeño la propuesta de la administración de Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación para el restablecimiento de las relaciones comerciales y corporativas con Mexicana de Lubricantes, sus miembros estarían avalando la violación del contrato de coinversión –cuyo contenido al parecer desconocen– entre ambas empresas.
 
El contrato de coinversión establece que Pemex tendría acceso irrestricto a los libros, registros, archivos e instalaciones de la empresa durante horas y días hábiles a fin de inspeccionar, fotocopiar y examinar los mismos; a la fecha, esto no ha ocurrido. No obstante, sí se le obligó a incluir en sus contratos de franquicia con las gasolineras una estipulación en virtud de la cual, éstas deben comprar únicamente aceites y grasas de Mexlub.
 
Mexicana de Lubricantes, a la fecha inaugural, debía comprometerse al pago de 508 millones 400 mil pesos por equipo, maquinaria y derecho de usos de marcas a Petróleos Mexicanos, más el impuesto al valor agregado. Asimismo, informar periódicamente sobre el desarrollo del negocio, de manera enunciativa y no punitiva, bajo los principios de rendición de cuentas y transparencia; presentar oportunamente todas las declaraciones fiscales y pagar el gravamen correspondiente; notificar por escrito la existencia de cualquier litigio, arbitraje o procedimiento que pudiera afectar sustancial y adversamente sus operaciones comerciales o posición financiera.
 
El otorgamiento de préstamos y garantías a través de fianzas o avales; hipotecas sobre cualquiera de sus bienes o activos; contratos para la adquisición o arrendamiento de inmuebles, equipos, servicios o gastos; la celebración, modificación o terminación de cualquier contrato de Mexlub con Impulsora Jalisciense; y el allanamiento, desistimiento o transacción de arbitraje judicial, debía consentirse por el organismo público del gobierno federal. Sin embargo, desde la creación de Mexlub, el 19 de enero de 1993, ha actuado con libre albedrio.
 
 
 
Fuente: Contralínea 299 / Agosto de 2012
 
 

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