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Negocios, contaminación y violencia parecen condenar a la extinción a una cultura de siglos: la de los pescadores brasileños. Pueblos enteros son desplazados por Petrobras y por guardias blancas. Persecución y asesinatos enfrentan quienes integran tal vez la última generación de un oficio y una cultura

Mario Osava/IPS
 
Río de Janeiro, Brasil. “Mis hijos serán cualquier cosa, pero pescadores jamás”, sentencia el más joven de los dirigentes de la Asociación de Hombres y Mujeres del Mar (Ahomar), el brasileño Maicon Alexandre, de 32 años, realzando la opinión compartida por sus compañeros.
 
Uno de los que coincide es el presidente de Ahomar, Alexandre Anderson de Souza, quien vive más intensamente el drama. Es que, además de tener una mayor responsabilidad por el destino de su pueblo pescador, su vida pende de un hilo muy frágil.
 
Anderson de Souza, de 41 años y líder de la que puede ser la última generación de pescadores artesanales de la bahía de Guanabara, fue blanco de varios atentados y amenazas de muerte. Ahora vive con escolta permanente de dos policías militares, movilizados por un servicio oficial de protección desbordado por la cantidad de conflictos que buscan resolverse a balazos por todo el Brasil.
 
Ese riesgo nada tiene de abstracto o supuesto. Desde 2009 han sido asesinados cuatro miembros de la Ahomar, allegados a Anderson de Souza.
 
Los dos últimos murieron ahogados en junio, luego de ser arrojados con las manos y pies atados a las aguas donde solían pescar, uno de ellos con su barco agujereado a tiros. La policía no logra esclarecer ningún caso hasta ahora.
 
“Fue una tortura, los hicieron morir poco a poco” en el mismo lugar de trabajo, como un aviso a sus colegas, destaca Anderson de Souza, una de las 30 personas más amenazadas en la lista de la Comisión Pastoral de la Tierra, un organismo de la Iglesia Católica que divulga anualmente un informe sobre conflictos en el campo brasileño.
 
El año pasado había casi 350 dirigentes sociales en “riesgo de vida”, según el último informe de la Pastoral hecho público en mayo pasado.
 
Desafiar a la muerte se sumó a la misión que la dirigencia de la asociación empieza a admitir como casi imposible: preservar en la bahía de Guanabara las condiciones ambientales para continuar con la pesca artesanal.
 
Guanabara, en cuya costa Suroeste se fundó la ciudad de Río de Janeiro, tiene cerca de 22 mil pescadores registrados: “pero hoy sólo unas 6 mil familias viven de esa actividad, distribuidas en cinco colonias’”, estima Anderson de Souza.
 
 
La pesca fue normal hasta 2000: “no permitía una vida maravillosa, pero sí digna”. Dice que se lograban pescar hasta 100 kilogramos en un día de suerte, pero “hoy no se alcanzan ni los 10”, compara Paulo Cesar, de 56 años y en la actividad desde los 11, cuando ingresó de la mano de su padre y de su abuelo en Magé, municipio al Norte de la bahía.
 
En enero de 2000, un oleoducto tendido entre una refinería y un puerto de la zona derramó 1.3 millones de litros de petróleo y contaminó unos 50 kilómetros cuadrados, equivalente al 12 por ciento de la superficie de la bahía, incluyendo manglares, islas y playas.
 
La vida acuática no se recuperó de aquel golpe, según los pescadores, aunque la empresa estatal Petrobras, responsable del accidente, alega haber promovido estudios que comprobaron el éxito del rápido esfuerzo de descontaminación, y que en 2001 ya se habían recuperado los volúmenes anteriores de pescado.
 
Pero la pesca en la bahía, rodeada por la región metropolitana de Río de Janeiro, con 12 millones de habitantes, está condenada también por la propia operación normal de la economía petrolera que vive una fuerte expansión en los alrededores de esta urbe, según De Souza.
 
Hay 16 oleoductos que cruzan la Bahía de Guanabara por donde pasa petróleo, derivados y gas entre la Refinería Duque de Caxias, y almacenes y plantas procesadoras instaladas en dos islas en el centro de la bahía y en puertos cercanos.
 
A ello se suman embarcaderos y navíos en cantidad creciente que, como las tuberías, generan “zonas de exclusión” de centenares de metros donde se veda la pesca, vigiladas por guardias privados de seguridad que “disparan a los barcos pesqueros que se acercan”, acusa Paulo Cesar, y exhibe fotografías de embarcaciones agujereadas por los balazos.
 
Los oleoductos, con petróleo caliente para asegurar su fluidez o muy fríos para transportar gases, hacen variar mucho la temperatura del agua, ahuyentando así a los peces. El mismo efecto produce el ruido y la trepidación de esos equipos por los cuales se bombean los hidrocarburos a alta presión, explica Anderson de Souza.
 
El Complejo Petroquímico del estado de Río de Janeiro, cuya inauguración está prevista para 2015, ampliará esa infraestructura y la actividad petrolera en la Bahía de Guanabara.
 
Su ubicación en el municipio de Itaboraí, en el Noreste de la región metropolitana, se justifica por la infraestructura logística local y la “sinergia” con unidades de la empresa ya existentes del otro lado de la bahía, según autoridades de Petrobras, también dueña del proyecto que comprende una refinería para 165 mil barriles diarios de crudo y siete plantas petroquímicas.
 
A esa contaminación se agrega la producida por el vertido urbano y de numerosas industrias menores aledañas, que viene acumulándose y creciendo junto con la cantidad de habitantes de la zona. Un programa de descontaminación de la bahía costó muchísimo dinero sin que se obtuvieran buenos resultados.
 
Ahomar, con sus 1 mil 873 socios y su pobre sede en la playa Mauá del municipio de Magé, enfrenta poderes “demasiado desproporcionados” para sus fuerzas, sostiene Anderson de Souza refiriéndose a Petrobras, que en 2011 se ubicó en el puesto 23 entre las mayores empresas del mundo según la revista estadunidense Fortune, y a otros intereses petroleros.
 
Su movilización, empero, mostró fuerza en abril de 2009, cuando los pescadores bloquearon con sus pequeños y numerosos barcos la instalación de un nuevo oleoducto. Durante la manifestación, Anderson de Souza sufrió un atentado a tiros, y tres semanas después, el tesorero de Ahomar, Paulo Santos, fue torturado y ejecutado delante de su familia.
 
“Somos una especie en extinción”, resume. Él, como sus compañeros, desciende de una familia pesquera de varios siglos.
 
“Los camarones saltaban en la playa”, recuerda Ezelina Moren, lamentando la desaparición de los crustáceos que capturaba desde niña. A los 58 años, tiene seis hijos, tres de los cuales son también pescadores: “Pero mis nietos no lo serán”, sostiene.
 
Anderson de Souza se convirtió en una referencia internacional entre los afectados por proyectos de hidrocarburos. Invitado a visitar locales de conflicto, estuvo en Argentina, Colombia y Ecuador, donde Petrobras desistió de explorar yacimientos en el Parque Nacional Yasuní ante la oposición indígena.
 
Además participó en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, y llevó su experiencia a colegas pescadores de varios estados brasileños que enfrentan presiones similares.
 
 
Alrededor de Río de Janeiro, la tradición pescadora de siglos también parece llegar al fin. En la bahía de Sepetiba, en el extremo Oeste de la ciudad carioca, la pesca profesional “no durará más de cinco años”, vaticina Isaac de Oliveira, presidente de la Asociación de Pescadores de Pedra de Guaratiba, un barrio local.
 
Esta antigua playa, “donde jugábamos al futbol”, fue cubierta por 1.5 metros de fango, precisa a Inter Press Service mientras muestra en la ensenada todo un síntoma de deterioro ambiental. Un puerto de exportación de minerales y productos siderúrgicos más un polo industrial cercano provocaron esa sedimentación y el desequilibrio ecológico, según él.
 
De Oliveira, sin embargo, formó un discípulo de 17 años: “Trabaja conmigo desde que tenía ocho” y tiene la vocación típica de los pescadores, dice. Al cumplir 18, tendrá el registro profesional para que en el futuro “pueda decir que fue un pescador, preservando la memoria” de una tradición de la bahía de Sepetiba, indica.
 
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Fuente: Contralínea 297