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Cada año el presidente de México, ocho secretarios y la procuradora general de la República cobran, del erario, entre 500 mil y 600 mil pesos por un “bono por riesgo”. Con ellos, otros 2 mil 250 funcionarios de primer nivel reciben la dádiva que “protege” la integridad de quienes supuestamente arriesgan la vida por su labor. Excluidos de la prestación, los más de 100 mil soldados, marinos y policías federales desplegados en ciudades, carreteras, caminos y poblaciones rurales para “enfrentar” a las bandas del narcotráfico. Sólo en este año, el gobierno federal gastará en el “Pago extraordinario por riesgo” 1 mil 130 millones de pesos. A la cúpula de Ejército y Marina, el 70 por ciento del gasto

 
 
 
El presidente Felipe Calderón Hinojosa encabeza una lista de 2 mil 260 funcionarios de alto nivel del gobierno federal que este año cobrarán un “bono por riesgo” de hasta 598 mil pesos. En su mayoría, los beneficiarios reciben más de medio millón por ese concepto, mientras que una minoría obtiene entre 441 mil y 92 mil pesos anuales.
 
Por el “Pago extraordinario por riesgo” de ese puñado de servidores públicos, el erario federal desembolsará 1 mil 130 millones de pesos tan sólo en este año. El monto equivale a 34 veces el presupuesto 2012 del municipio más pobre del país: Cochoapa el Grande, Guerrero . Los apenas 33 millones 125 mil pesos que ejercerá ese ayuntamiento de la Montaña guerrerense se cubrirían sólo con 66 de los más de 2 mil bonos.
 
Aunque se trata de una prestación para los funcionarios que supuestamente corren peligro por su labor, no se otorga a los 70 mil soldados y marinos ni a los 34 mil 415 policías federales involucrados en la “guerra” contra el narcotráfico. Más aún, quienes sí reciben estos bonos son también quienes cuentan con escoltas pagados con recursos públicos, como la guardia presidencial de Felipe Calderón Hinojosa o el personal de seguridad de los secretarios y subsecretarios de Estado.
 
Y es que la prestación se creó para beneficiar sólo a las cúpulas: más de medio millón de pesos anuales se destinan para el presidente de la República, ocho de los 18 secretarios de Estado, el procurador general, los subsecretarios, subprocuradores, oficiales mayores, jefes de unidad, directores y coordinadores generales; 441 mil 732 pesos anuales, para directores generales adjuntos; 332 mil 436, para directores; 142 mil 440, para subdirectores, y 92 mil 124 pesos, para jefes de departamento.
 
El general Francisco Gallardo señala que estas prerrogativas y las leyes que les dan sustento deben ser revisadas para evitar el dispendio del gasto público. Agrega que ningún servidor público “debería traer escoltas con personal militar. Sin embargo, queda a discreción del presidente, a través de un reglamento, dar o no a los servidores públicos este tipo de seguridades”.
 

Los beneficiarios

 
Por el “peligro” que enfrenta, el panista Felipe Calderón cobrará un bono de 597 mil 60 pesos. Pero ésta no es la única prestación que le pagará el erario por las supuestas amenazas que recibe: el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 establece que “en aquellos puestos de personal civil y militar de las dependencias, cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse la potenciación del seguro de vida institucional y un pago extraordinario por riesgo hasta del 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual”.
 
Así, tanto el presidente como los 2 mil 259 “funcionarios en riesgo” sumarán al bono de medio millón la “Potenciación del seguro de vida institucional”. En el caso del aún mandatario de México, se trata de otros 233 mil 386 pesos. En total, el peligro en que supuestamente vive el presidente costará este año 830 mil 446 pesos a las finanzas públicas.
 
En la lista de beneficiarios le siguen los secretarios de Estado Guillermo Galván Galván (Defensa Nacional, Sedena), Mariano Saynez Mendoza(Marina), Genaro García Luna (Seguridad Pública), Alejandro Poiré Romero (Gobernación, Segob), José Antonio Meade Kuribreña (Hacienda y Crédito Público), Rafael Morgan Ríos (Función Pública, SFP), Patricia Espinosa Cantellano (Relaciones Exteriores), Dionisio Pérez-Jácome Friscione (Comunicaciones y Transportes), y la procuradora General de la República, Marisela Morales, con bonos por 580 mil 596 pesos.
 
También destacan, con “Pagos extraordinarios por riesgo” de 579 mil 636 pesos anuales, los subsecretarios de Defensa, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa; de Marina, Jorge Humberto Pastor Gómez; los subsecretarios de la Segob:?de Gobierno, Obdulio Ávila Mayo; de Enlace Legislativo, Rubén Alfonso Fernández Aceves; de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Max Alberto Diener Sala; de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Gustavo Mohar Betancourt; y los subprocuradores de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Cuitláhuac Salinas Martínez; de Investigación Especializada en Delitos Federales, Irving Barrios Mojica; de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Miguel Ontiveros Alonso; Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alejandro Ramos Flores; y de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Victoria Pacheco Jiménez.
 
La lista incluye con bonos de 565 mil 188 pesos al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Jaime Domingo López Buitrón; y a su secretario general, Monte Alejandro Rubido; al procurador Federal de Protección al Ambiente, Hernando Guerrero Cázares; a la comisionada General de la Policía Federal, Maribel Cervantes Guerrero; al consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio Robles; al jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río Madrid.
 
Por los “riesgos” que corre al cumplir su labor, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también obtendrá del erario 565 mil pesos en 2012. Recientemente, Guillermo Babatz Torres avaló multar por sólo 379 millones de pesos a HSBC, institución que según el Senado de Estados Unidos lavó 7 mil millones de dólares del narcotráfico mexicano entre 2007 y 2008. La sanción apenas representó el 0.4 por ciento del monto presuntamente blanqueado.
 

Dependencias que otorgan la dádiva

 
Aunque no lo entregan a la tropa que se despliega en ciudades, carreteras, caminos y poblaciones rurales para “enfrentar” a las bandas del narcotráfico, las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina concentran el 70 por ciento del gasto de los “bonos por riesgo”: de los 2 mil 260 beneficiarios, 1 mil 642 corresponden a la cúpula militar. De éstos, 852 son de la Sedena; 421, del Estado Mayor; y 369 de Marina.
 
Estos números revelan un crecimiento exponencial, pues en 2010 la Sedena y el Estado Mayor “protegían” con este bono a sólo 652 funcionarios, que equivalen al 51.2 por ciento de los actuales; mientras que la Secretaría de Marina “protegía” a 190, 51.4 por ciento de los que ahora reciben el bono.
 
Para el general Francisco Gallardo, tanto los aumentos al sueldo de los militares como el “bono por riesgo” que se le paga a la cúpula de la Sedena y Marina “iban encaminados a cooptar a los altos mandos militares. Ahora los generales ganan muchísimo dinero. Supuestamente se iba a dar un apoyo a la tropa, pero más del 80 por ciento del gasto corriente se va a las cúpulas, al alto mando militar. El resto, el 20 por ciento, es el que se reparte a la base”.
 
El docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México opina que son las bases las que verdaderamente se exponen a una situación de riesgo. “Los altos mandos militares nunca han estado expuestos, en primera línea, a situaciones que los pongan en riesgo de perder la vida. [El bono] sólo tiene el objetivo de legitimar la ‘guerra’ contra las drogas de Calderón”.
 
Por número de funcionarios favorecidos, le siguen el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con 238; la Procuraduría General de la República, con 170; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con 67; el Servicio de Administración Tributaria, con 43; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 20; la Secretaría de la Función Pública, con 19; la Secretaría de Seguridad Pública, con 16; la Policía Federal, con 13, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con 10.
 
En la Presidencia de la República, además de Calderón Hinojosa, otros ocho servidores públicos obtienen “bonos por riesgo” de entre 565 mil 188 y 441 mil 732 pesos. En Gobernación, ocho funcionarios de alto nivel se benefician de esa prerrogativa. En Relaciones Exteriores, además de la secretaria Espinosa Cantellano, se le otorgan 579 mil pesos a uno de sus cuatro subsecretarios.
 
En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de Migración sólo los titulares obtendrán más de medio millón por el bono del miedo.
 

Discrecionalidad legalizada

 
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2012, la Secretaría de la Función Pública es la encargada de evaluar la gravedad del riesgo y de determinar el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, de autorizar el pago, previo al dictamen favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito presupuestario.
 
Consultada sobre la manera en cómo y a quién se asigna el bono, la SFP indica a Contralínea que el “Pago extraordinario por riesgo” es un “porcentaje por el factor del riesgo en función de un puesto específico, que queda sujeto a la disponibilidad presupuestal de la institución de que se trate. De esta suerte, la información en poder de esta Secretaría no incluye, en la mayoría de los casos, el nombre de los servidores públicos que ocupan los puestos a los que les fue autorizado el pago por riesgo, ni mucho menos el monto que efectivamente se le paga”.
 
Para “justificar” que no se trata de un pago discrecional, la dependencia que encabeza Rafael Morgan –quien recibirá un bono de 580 mil pesos por este concepto– arguye que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos confirmó la reserva respecto del nombre del puesto y del servidor público en los casos de la Sedena, Marina, Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Procuraduría General de la República y SFP.
 
Francisco Gallardo advierte que el gobierno federal se resiste a transparentar el tema, porque nunca hay disposición de publicar abiertamente el manejo de los recursos del Estado: “La autoridad siempre va a dar la información que le conviene, no la que puede esclarecer asuntos que tienen que ver con el interés público”. Por ello, indica que se deben hacer reformas a las leyes que permitan conocer el uso del erario y los resultados de las políticas públicas.
 
En su tarjeta informativa, la Secretaría de la Función Pública agrega que los “Pagos extraordinarios por riesgo” se autorizan “conforme a las reglas que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación del año correspondiente y a los lineamientos que emite la propia Secretaría”. Y que es la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, a cargo de Raúl Arceo Alonzo, la que autoriza cada “bono por riesgo”.
 
Para evaluar el peligro al que supuestamente se enfrentan los funcionarios, la SFP aplica la siguiente fórmula: factor de riesgo es igual a la exposición por la frecuencia por la incidencia entre 100. Sobre los valores, sólo aclara que en la exposición se toman en cuenta las funciones y responsabilidades del servidor público, su nivel jerárquico, la clasificación de la información que maneja, los riesgos inherentes a la institución en la que labora, así como la ubicación de su residencia y de su centro de trabajo.
 
Respecto de estos últimos, identifica como zonas de alto riesgo, en el Distrito Federal, las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A Madero e Iztapalapa. Y al interior del país, a Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y los “estados fronterizos del Norte”.
 
 
Las instituciones que, considera, entrañan un riesgo mayor son Presidencia, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración y Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
 
El “Pago extraordinario por riesgo”, indica el general Gallardo, “es un mecanismo de cooptación del gobierno federal para mantener bajo su control la voluntad del alto mando [en la milicia], para mantenerlos controlados. Ellos [los beneficiarios del bono] no corren ningún riesgo; lo corre la tropa, lo corren los oficiales de mandos medios que están en los retenes militares, confrontándose directamente con las fuerzas del crimen organizado. Esto es un dispendio y un abuso de los altos funcionarios [respecto] de estos recursos públicos, que son escasos y son necesarios para asuntos como la educación, la seguridad social, la salud pública”.
 
 
 
Necesario, ombudsman militar
 
La instauración de un ombudsman militar “permitiría transparentar el ejercicio del mando y el respeto a los derechos humanos que debería tener el Ejército Mexicano hacia dentro y hacia fuera en contacto con la sociedad”, indica el general Francisco Gallardo.
 
En entrevista, el politólogo señala que esta figura permitiría conocer con puntualidad cómo se usan los recursos que da el Estado a los militares para los actos de defensa. Por ello, apunta que la necesidad de contar con el ombudsman que propuso desde hace 18 años está vigente.
 
 
 
 
 
 
 
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Fuente: Contralínea 297
 
 
 

 

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